Reforma eléctrica en México dispararía emisiones y precios de la luz, advierte EU

EL UNIVERSAL

De aprobarse la reforma eléctrica que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se dispararían hasta en 65% las emisiones de dióxido de carbono en México y y los costos de la electricidad hasta 54%, advierte un borrador del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Con base en un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) del Departamento de Energía, al que obtuvo acceso el portal financiero Bloomberg, la reforma que se propone en México para modificar la Constitución y dar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una mayor participación en el mercado energético significaría usar menos parques solares y eólicos en el país.

Lo anterior, impactaría en el aumento de entre 26% y 65% en las emisiones de carbono en el país, así como en un aumento de entre 32% y 54% en los costos de generación de electricidad. Los cambios también podrían aumentar la probabilidad de cortes de energía entre un 8 y un 35%, según el NREL.

En un borrador del informe del NREL al que tuvo acceso la agencia estadounidense que reveló los impactos que causaría la reforma eléctrica de AMLO, se lee que de aprobarse podría “potencialmente distorsionar el principio de despacho económico, aumentando los costos de producción y amenazando los compromisos de cambio climático a corto plazo del país”.

Con reforma, industria pagará más en tarifa eléctrica, coinciden legisladores y especialistas

Ante ello, grupos ambientalistas y compañías de energía renovables han criticado a la administración  de López Obrador por impulsar una agenda de combustibles fósiles, cuando a nivel mundial son más las naciones que buscan reducir sus emisiones.

No obstante, el jefe del Ejecutivo apuesta por darle al Estado más poder sobre la industria eléctrica otorgando el 54% de la generación eléctrica a la CFE. Y busca echar para atrás las reformas del sexenio de Enrique Peña Nieto, las cuales se lee en el documento “atrajeron inversiones internacionales en desarrollos petroleros, solares y eólicos”.

La respuesta de la CFE ante las críticas de legisladores, empresarios, expertos y fuerzas políticas nacionales e internacionales, ha sido que la reforma no busca que los privados salgan del mercado de producción eléctrica de México, sino que la reforma busca nivelar el mercado.

Cabe recordar que Morena y sus aliados necesitan el apoyo de los legisladores de la oposición para alcanzar la mayoría de dos tercios que estable la ley y aprobar la propuesta de reforma eléctrica de AMLO, por lo que aún cabildean.

Las asociaciones de energía solar y eólica de México , AMDEE y ASOLMEX, dicen que la reforma socavaría las promesas que hizo México en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reforma-electrica-en-mexico-dispararia-emisiones-y-precios-de-la-luz-advierte-eu

TEPJF aplaza fallo sobre firmas para la revocación

MAGALI JUÁREZ / LA RAZÓN DE MÉXICO

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó pendiente la resolución sobre el proceso para la recopilación de firmas para convocar al ejercicio de revocación de mandato, el cual fue impugnado por Morena, por lo que el magistrado presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, consideró que es necesario hacer un análisis más profundo.

Durante la sesión pública, los magistrados acordaron, a petición de Rodríguez Mondragón, retirar el asunto 415 en el que estaba registrado el recurso en contra de las modificaciones a los lineamientos para la organización de la revocación de mandato, que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE).

El partido reclamó que la autoridad electoral administrativa rebasó sus facultades al imponer en los lineamientos criterios que son superiores a la legislación en la materia, ya que privilegia la recopilación de firmas a través de la app del INE y limita a 204 municipios —catalogados como de mayor marginación— las firmas en papel.

El proyecto de resolución, en manos de la magistrada Mónica Soto, planteaba otorgarle la razón al partido guinda; sin embargo, el magistrado presidente del TEPJF consideró que es necesario hacer un análisis más profundo y esperar a sumar todos los recursos.

“Se requiere un mayor análisis para el tema y resolverlo en una sesión próxima extraordinaria, junto con otros juicios que están presentados, relativos a la misma temática y que, inclusive, se han recibido en el Tribunal las demandas durante esta semana y en los días posteriores al Consejo General, en donde emitió un acuerdo diverso que está siendo impugnado.

“Lo que yo les propondría es tener una sesión pública extraordinaria en donde se atiendan todos los juicios que se han presentado, las demandas, y se puedan resolver en su conjunto estos asuntos”, indicó.

Por otra parte, el TEPJF resolvió reabrir las investigaciones por la supuesta distribución indebida de tarjetas durante la campaña de Adrián de la Garza, que contendió bajo las siglas de la coalición PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León.

Morena impugnó la resolución del Tribunal Electoral local sobre las tarjetas “Por ti mujer fuerte” y “Por ti en compañía” que prometían un depósito bimestral.

De acuerdo con la resolución de la Sala Superior, las autoridades electorales locales deben investigar exhaustivamente si las tarjetas constituyeron propaganda válida o si se trató de un elemento para coaccionar el voto.

https://www.razon.com.mx/mexico/tepjf-debe-mayor-analisis-impugnaciones-revocacion-reyes-rodriguez-457319

Grupos que ahora defienden a la UNAM, conservadores e hipócritas: Sheinbaum

EL UNIVERSAL

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló como hipócritas a movimientos conservadores que antes estaban en contra de la UNAM y que ahora defienden a la universidad, ante las críticas que ha lanzado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria señaló que estos mismos grupos buscaron “privatizar” a la Universidad Nacional Autónoma de México “durante el neoliberalismo”.

“En su momento, hubo movimientos conservadores dentro de la propia universidad, que siempre han existido, porque la universidad es plural, pero esos que hoy salen a la defensa de la universidad pública son los que se han opuesto a que la universidad sea gratuita, son los que se han opuesto a que haya investigación dentro de la Universidad Nacional, y esos son los que ahora –la verdad, desde mi punto de vista– muy hipócritamente salen en su defensa”, dijo el miércoles en conferencia de prensa.

Lee también: Es importante ventilar los asuntos de la UNAM, como el salario de Graue: AMLO

La jefa de gobierno señaló que los “partidos conservadores” antes buscaban elevar el precio de cuotas o el pase automático de alumnos de las preparatorias.

“Aun cuando hay autonomía, me parece que sí es importante que se discuta la distribución del presupuesto universitario, cómo ha crecido la burocracia universitaria, yo creo que son temas que los universitarios tienen que discutir y tienen que plantearse, y no está mal que se abra esa discusión dentro de la universidad y fuera de la universidad”, opinó.

Críticas de AMLO a la UNAM

El presidente López Obrador ha criticado en la última semana a la Universidad Nacional asegurando que fue sometida al régimen “neoliberal”, que “se derechizó”, y que sus facultades “se llenaron de conservadores” y se convirtió en “individualista”.

También cuestionó las irregularidades en el manejo del presupuesto de la UNAM y el salario del rector “superior a los 200 mil pesos mensuales”. López Obrador dijo que “es importante que se ventilen estos asuntos”.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/grupos-que-ahora-defienden-la-unam-conservadores-e-hipocritas-sheinbaum

Menores usan más armas en pandemia

YULIA BONILLA / LA RAZÓN DE MÉXICO

Los delitos de narcomenudeo, homicidios y los vinculados al uso de armas, cometidos por adolescentes, aumentaron 61, 7.9 y 96.9 por ciento respectivamente, durante el primer año de la contingencia sanitaria por Covid-19, apuntó el Inegi en su informe de resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2021.

Según el reporte, que reunió información correspondiente al 2020, los delitos cometidos por adolescentes durante el primer año de la pandemia aumentaron 0.89 por ciento, al pasar de cuatro mil 590 a cuatro mil 991.

De los 204 mil 012 delitos en las causas penales ingresadas, cinco mil 880 fueron cometidos por adolescentes, de los cuales mil 899 correspondieron al narcomenudeo; es decir, 722 más que en 2019; mientras que en la clasificación de los delitos federales contra la salud, relacionados con narcóticos, la cifra pasó de 118 a 250.

Los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos aumentaron 96.9 por ciento respecto al mismo periodo, ya que la cifra pasó de 99 a 195 delitos registrados en las causas penales ingresadas.

Mientras tanto, los homicidios se incrementaron 7.9 por ciento, al pasar de 227 a 245 en ese año.

Respecto a las demás faltas cometidas por este grupo etario, cuyas edades no precisó el informe, el robo disminuyó 23.3 por ciento; las lesiones, 21.61 por ciento, y la violación, 17.29 por ciento.

IMPUTADOS

Respecto a las imputaciones en 2020, 214 mil 572 personas fueron procesadas e imputadas en las causas penales ingresadas, de las cuales cinco mil 867 eran adolescentes.

Sobre las 66 mil 758 personas imputadas, a las que se les realizó el control de legalidad en la detención, que, de acuerdo con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se refiere a la medida para evitar una aprehensión arbitraria, con tortura o malos tratos, el 3.9 por ciento fueron adolescentes.

Gráfico

VINCULACIONES A PROCESO

En ese año, los poderes judiciales estatales reportaron 68 mil personas procesadas en el país, de las cuales dos mil 553 (3.7 por ciento) correspondieron a menores de edad; solo 185 no fueron vinculados a proceso. En este caso, se observó que la imputación de adolescentes disminuyó 18.67 por ciento respecto al 2019.

Sobre la cifra general en México, hubo una disminución de 26.8 por ciento de personas sujetas a proceso.

Según el Sistema Penal Acusatorio, Guanajuato, Sonora y Sinaloa presentaron el mayor porcentaje de personas vinculadas a proceso.

Precisó que este apartado no incluyó a Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas, debido a que no contaron con datos para responder al tema, mientras que la información proporcionada por el Estado de México y Zacatecas no se incluyó porque estaba en revisión.

CAUSAS PENALES CONCLUIDAS

De acuerdo con los poderes judiciales de cada entidad, se registraron 24 mil 660 causas penales concluidas, de las que 911 fueron contra adolescentes, cuyo 95.3 por ciento correspondió a sentencias sancionatorias; 2.5 por ciento, a absolutoria, y 2.2 por ciento fue mixta.

Por otra parte, la Ciudad de México y el Estado de México concentraron el 23.1 por ciento de los 70 mil 294 servidores públicos adscritos a los poderes judiciales estatales.

https://www.razon.com.mx/mexico/menores-armas-pandemia-457375

Revertir “asfixia” y “sequía” presupuestal en la ciencia mexicana requiere 10mmdp

ISAAC TORRES CRUZ / LA CRÓNICA DE HOY

Tras un año sin fideicomisos, después de los estragos que dejó la pandemia, el cisma de Conacyt, tres años de “asfixia” presupuestal e “inoperatividad” del sector, y frente a una próxima Ley General de ciencia, llegó el momento de una nueva discusión para intentar subsanar el presupuesto destinado a la investigación científica dentro del paquete presupuestal. Sin defender en años anteriores por la dependencia a cargo del sector, son los miembros de la comunidad quienes han presentado ante los diputados un plan para terminar con la “sequía”.

Al igual que representantes de otros sectores ciudadanos, industria y sectores productivos, miembros de la comunidad científica y de la red nacional de científicos ProCienciaMx participaron en las Mesas de Diálogo de Parlamento Abierto rumbo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, que se lleva a cabo esta semana en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la organización, se requieren, al menos, 10 mil millones de pesos más a los poco más de 29 mil millones asignados al Ramo 38, que ejerce Conacyt, y que forma parte del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022, que para el sector completo es de poco más de 93.5 mil millones de pesos más casi 20 mil aportados por las propias instituciones, para un total de 113 mil millones.

“Si queremos revertir la crisis en la ciencia mexicana después de tres años de asfixia presupuestal, necesitamos 10 mil millones más, que es la tercera parte de lo que se necesita realmente”, dijo Brenda Valderrama, ex presidenta y fundadora de la Academia de Ciencias de Morelos e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la miembro de ProCienciaMx explicó que este aumento tampoco puede ser un cheque en blanco para Conacyt, por lo que esos recursos se deben etiquetar en el PEF en los siguientes porcentajes:

Brenda Valderrama durante su participación en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados.

Brenda Valderrama durante su participación en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados.

La mitad para ciencia básica; 15% en desarrollo tecnológico –prototipos, patentes…–; 15% en el fomento a la innovación y vinculación de academia-empresa para la transferencia de tecnología; 15% en infraestructura y el 5% restante para la formación de talentos. Sobre este último punto enfatizó que las sociedades científicas “nos quedamos fuera de Conacyt porque ya no acepta asociaciones civiles como beneficiarias de recursos, entonces ya nadie está formando nuevos talentos ni preparando a los jóvenes en las olimpiadas del conocimiento”.

Durante su participación, Martha Espinosa, académica del Cinvestav, explicó que tan sólo esta institución recibirá 37.5 millones de pesos menos y dado que el 78% de su presupuesto es para pagar salarios, impactará los gastos de operación. “No podemos recibir más recortes sin ver afectada nuestra labor de excelencia, producción de conocimiento y formación de nuevos estudiantes”.

CONACYT.

Anteriormente, Valderrama explicó Conacyt no sólo tiene pocos recursos, sino que además no se destinan a la investigación.

“Conacyt tiene un peculiar retroceso presupuestal de 10 años, pero tiene un presupuesto programático de 25. La reducción presupuestal y desaparición de fideicomisos tienen a un Conacyt que sólo maneja tres programas presupuestales: dos transferencias directas y uno a inversión. De los 113 mil millones que tiene el Anteproyecto 2022, sólo el 1% es para inversión en investigación, mil 200 millones, pero que además están en un programa que nació viciado porque no es concursable, sino de asignación directa”.

En los últimos tres años, añadió, desaparecieron todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la investigación científica en el largo plazo: generación de plazas, nuevos empleos, construcción y mantenimiento de infraestructura, investigación básica, investigación aplicada, fomento a la innovación, divulgación… “Desaparecieron de la matriz programática de Conacyt, que se reducen a esos tres programas (…) Si queremos revertir esta sequía en la ciencia mexicana se necesita aplicar el presupuesto correcto y de la forma más productiva, etiquetado y que deba concursarse y no seguir con asignaciones directas, porque eso sólo beneficia a menos de 20 grupos en el país, en tanto que somos 30 mil científicos”, tan sólo en el Sistema Nacional de Investigadores.

Agregó que también se debe hacer un seguimiento a la inversión, puesto que, por ejemplo, la mitad del presupuesto anterior no es posible rastrearlo en la cuenta pública. “Es imposible saber qué pasó con esos recursos por lo que se deben etiquetar correctamente”.

La científica enfatizó además que los recursos presupuestales para el sector sólo es la mitad de la ecuación, la otra es la normatividad, es decir, una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que “pronto pasará por sus manos”, dijo a los diputados. “Si tenemos dinero y una mala ley es como si no lo tuviéramos, necesitamos las dos piezas”. En ese sentido, recordó que ProCienciaMx elaboró una propuesta de Ley General obtenida a través del consenso y participación de grupos científicos en todo el país y que ya presentaron al Senado. “Dejamos el laboratorio por hacer una ley porque nos queda claro que es para los próximos 20 o 30 años y porque una mala ley afectará a generaciones completas”.

DATOS DESALENTADORES.

Durante el parlamento abierto realizado el pasado martes, un análisis de Fabián Rosales Ortega, investigador del INAOE y miembro de ProCienciaMx, expuesto por Eric Rosas, de Ciencia Brillante, recordó que, si bien la propuesta presupuestal para el sector tiene un aumento del 4% en términos reales respecto al año pasado, la inflación pronosticada del 6% cancela cualquier incremento real.

El académico expuso que el estancamiento y decrecimiento en el financiamiento del sector pone en riesgo la operación de muchos de sus proyectos. Aunque se prevé un aumento presupuestal para Conacyt del 7.3% en términos reales, éste será marginal en programas como las becas de posgrado, a los Centros Públicos de Investigación. Los que tendrían mayor aumento es el Sistema Nacional de Investigadores –que obedece más a un déficit presupuestal que buscan aligerar– y a sus programas de investigación (PRONACES), que tendrán un incremento del 67%.

Análisis de Fabián Rosales sobre el presupuesto de Conacyt y su ejercicio en los últimos años.

Análisis de Fabián Rosales sobre el presupuesto de Conacyt y su ejercicio en los últimos años.

Añadió que por una parte se asigna poco dinero y por otra hay que analizar cómo se usa cualitativamente. “De acuerdo a lo expuesto en el Tercer informe de gobierno, el gasto ejercido en investigación por Conacyt han tenido un decremento en términos reales del 32%”.

Adicionalmente, recordó que el número de proyectos de Conacyt aprobados en lo que va del sexenio han tenido una caída aparatosa: 108 proyectos financiados en 2021, lo cual representa una disminución del 96% respecto al máximo alcanzado en 2017. “Es irrisorio e indica que el dinero destinado para hacer ciencia y tecnología no alcanza para hacerla”.

Entre las conclusiones de los científicos destacan que los efectos negativos de la disminución presupuestal se agudizaron con la extinción de fideicomisos que este año “ya tienen al sector de rodillas, haciéndolo prácticamente inoperable”.

Eric Rosas enfatizó que es una falacia decir que México no invierte por ser un país pobre, en cambio “México no puede recuperarse de sus rezagos porque no se ha decidido a invertir como debe en ciencia, tecnología e innovación”.

https://www.cronica.com.mx/academia/revertir-asfixia-sequia-presupuestal-ciencia-mexicana-requiere-10mmdp.html

Confirmado: La Unión Tepito cobra derecho a piso a comerciantes en La Roma

ALBERTO GARCÍA Y LIZETH HERNÁNDEZ / LA CRÓNICA DE HOY

“La pandemia nos ha dejado bastante afectados, ya hemos sufrido mucho desde pérdidas monetarias, hasta familiares, apenas y juntamos lo de la renta y ahora hay que entrarle con las cooperaciones, si las cosas continúan así lo mejor va a ser quitar el puesto”, comenta Erick vendedor ambulante en la colonia Roma.

Colonia Roma

Colonia Roma

Desde la calle Mérida, Zacatecas, Manzanillo e incluso en Álvaro Obregón grupos delictivos, algunos identificados bajo el nombre de la “Unión Tepito”, ofrecen protección a los ambulantes que se han instalado en la zona. A cambio los obligan a pagar una cuota obligatoria la cual va desde los 200 hasta los 700 pesos diarios.

Es el mismo modus operandi que aplican en la colonia con comerciantes establecidos, los cuales denunciaron a este diario que han recibido amenazas de que incendiarían sus locales de no hacer caso a sus exigencias.

Colonia Roma

Colonia Roma

Ahora son los comerciantes informales los que están bajo la mira de estos grupos delictivos, quienes ante las presiones han comenzado a abandonar sus negocios.

“Estamos invadidos por La Unión Tepito. Todos los días tenemos que pagar 200 pesos por vender en la vía pública, a parte tenemos que cumplir con nuestra cuota diaria con las autoridades locales”, comenta una de las comerciantes en la calle Zacatecas.

Los entrevistados por Crónica señalan que son hombres armados los cuales pasan a diferentes horas del día para exigir el cobro a los ambulantes.

Durante un recorrido realizado por esta casa editorial se observó que la presencia de policías era nula, pues únicamente en la avenida Álvaro Obregón un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recorría la zona.

Al preguntarle sobre estas practicas el oficial, quien decidió no identificarse, comentó: “No tenemos conocimiento de este tipo de actividades, trabajamos de la mano con los comerciantes por lo que esta situación es desconocida para nosotros”.

Colonia Roma

Colonia Roma

De acuerdo con los comerciantes semifijos este método es reciente, ya que desde las últimas tres semanas las intimidaciones y amenazas se han dado de forma constante.

“Prácticamente estamos secuestrados por La Unión, ya nos invadieron y estamos atados a hacer lo que ellos quieran. Ya no sabemos si es prudente acudir a las autoridades, pues nos hemos enterado que hay oficiales coludidos con ellos”, dijo un vendedor ambulante.

En la calle Álvaro Obregón son más de 50 puestos los cuales van de la avenida Cuauhtémoc hasta el parque España los que también se han visto afectados por esta modalidad de extorción, a pesar de que los comerciantes pagan una cuota a la alcaldía esto no los exenta de el derecho a piso que se les ha impuso por estos grupos delictivos.

“A diario tenemos que pagar 700 pesos del cobro que se nos ha impuesto, estas personas nos tienen bajo amenazas al igual que a nuestros empleados, no cuento con más ingresos que los de mi negocio”, comenta preocupado Manuel, quien ante las amenazas a accedido a pagar el derecho de piso.

Debido a esta situación son varios los comerciantes que han decidido abandonar sus puestos para buscar suerte en otros estados.

Araceli, a quien se le ha cambiado el nombre por cuestiones de seguridad, señala que luego de poner un negocio de tacos de guisado en la calle Durango fue abordada por sujetos quienes se identificaron como integrantes de la “Unión Tepito”.

“Me pedían 600 pesos al día, cantidad no que accedí a pagar por lo que comenzaron a hostigarme y luego siguieron las amenazas, debido a la presión decidí cerrar el negocio”.

Narra a Crónica que en repetidas ocasiones atentaron contra su bienestar, al igual que el de sus dos hijos, tras haber invertido todos sus ahorros en su micro negocio, ahora la mujer ha quedado endeudada.

“No es justo que este tipo de cosas nos pasen a nosotros, de que sirve pagarle a la delegación o las autoridades si al fina del día nos dan la espalada”, remata en tono molesto.

Los comerciantes esperan que las autoridades hagan algo al respecto, pues los estragos de la pandemia sumado ha estas practicas los ha puesto en una situación de la cual no creen resistir por más tiempo.

https://www.cronica.com.mx/metropoli/confirmado-union-cobra-derecho-piso-comerciantes-roma.html

Controlaría CFE compra y venta de energía

REFORMA

La CFE no sólo será un monopolio al tener el control de todo el mercado eléctrico, también se convertirá en un monopsonio al ser el único comprador de energía privada y el único vendedor a usuarios finales.

Montserrat Ramiro, ex comisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), explicó que en un monopolio una sola empresa genera un bien o servicio, pero se convierte en monopsonio cuando es la única que puede comprar el producto.

Expuso que esto le permitirá a la CFE determinar el precio, a quiénes y bajo qué condiciones se compra.

“Esto es peligroso porque imagina que los empresarios de algún estado están ejerciendo algún tipo de presión política y se quejan continuamente del servicio, pues simple y sencillamente (CFE) podría decidir no venderles energía y prácticamente apagar a un estado o a una industria”, advirtió.

Óscar Ocampo, coordinador de Energía del IMCO, explicó que con el cambio se le va a pedir atender a toda la cadena sin apoyo alguno, lo que representa riesgos operativos y financieros.

“La Comisión Federal de Electricidad no tiene los recursos para absorber hoy en día todas las actividades, no únicamente de ella, también de los privados; se debilitaría a la Comisión porque ya no habrá diferencia entre suministro básico y suministro calificado, será un solo suministrador para todo el País, obligándola a comprar energía más costosa.

“Además, encarecer un insumo tan importante y tan fundamental como es la energía eléctrica, a las empresas se les está encareciendo su producción y eso eventualmente va a acabar reflejándose en los precios a los consumidores y en los precios de la canasta básica”, acusó el especialista del Imco.

 

https://www.reforma.com/controlaria-cfe-compra-y-venta-de-energia/ar2286205?v=2

Acusan por desfalco de 2 mmdp a los tesoreros de J. Duarte

REFORMA

Cuatro de los principales colaboradores de Javier Duarte en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefipan) de Veracruz fueron vinculados anoche a proceso por un presunto desvío de 2 mil millones de pesos del sector educativo en el 2012.

Los procesados son Tomás José Ruiz González y Fernando Charleston Hernández, ex Secretarios de Finanzas; así como Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas; y José Francisco Díaz Valenzuela, ex subdirector de Operación Financiera de la dependencia.

Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa, Veracruz, procesó a los cuatro ex funcionarios por el delito de peculado y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

Este es hasta ahora el presunto desvío de mayor cuantía que la Fiscalía General de la República (FGR) ha llevado ante los tribunales contra ex colaboradores del ex Gobernador de Veracruz, preso en el Reclusorio Norte.

El delito imputado se castiga con una pena que va desde los 2 años y 8 meses de prisión hasta los 18 años con 8 meses de prisión, debido al monto y porque se trata de aportaciones federales, según la fracción primera del artículo 223 del Código Penal Federal.

En una audiencia que inició ayer a las 8:00 horas y concluyó a las 21:30 horas, el juez Negrete ratificó lo decidido en la audiencia inicial, de no imponerles medidas cautelares a los procesados, porque siempre han comparecido ante autoridades ministeriales o judiciales.

Los fiscales federales Rodrigo Arellano Sandoval y Gilberto Salazar Aguilar atribuyeron a los ex funcionarios haber tenido bajo su administración y desviado 2 mil millones de pesos, derivados de la “Solicitud y Entrega de Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables”, del 12 de diciembre de 2012.

Dichos recursos fueron aportados por la Federación con base en el Convenio de Apoyo Financiero, celebrado por la Secretaría de Educación Pública con el Gobierno de Veracruz.

Formalmente, el Gobierno de Duarte tramitó la solicitud del financiamiento como un “apoyo para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios en educación en el estado”, con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2012.

De acuerdo con los informes recabados, esta nueva imputación judicializada tiene su origen en una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en los testimonios rendidos por Tarek Abdalá, ex Tesorero de Duarte y hoy testigo colaborador de la FGR.

Abdalá presuntamente estuvo relacionado con desvíos por 57 mil millones de pesos en el Gobierno de Javier Duarte, y por tal motivo se le iniciaron 11 averiguaciones previas y 32 carpetas de investigación. También le fue girada una orden de aprehensión.

Sin embargo, el 31 de octubre de 2018 consiguió la inmunidad penal en las investigaciones, gracias a que logró negociar un criterio de oportunidad con la FGR para colaborar en los juicios contra otros imputados.

En sus testimonios, Abdalá dice que por órdenes de Duarte, la Sefiplan de Veracruz omitió información en los estados financieros para no romper sus acuerdos con bancos y acreedores, ocultó déficits presupuestarios y reportó ahorros netos inexistentes.

“En la cuenta pública consolidada del año 2011 se había establecido que existía un ahorro neto del ejercicio que ascendía a 2 mil 699 millones 141 mil 7 pesos, cuando en realidad existía un déficit presupuestario de aproximadamente 12 mil millones de pesos anuales”, declaró.

Con base en sus dichos y las denuncias de la ASF, en breve la FGR presentará nuevas imputaciones contra diversos ex funcionarios duartistas.

 

https://www.reforma.com/acusan-por-desfalco-de-2-mmdp-a-los-tesoreros-de-j-duarte/ar2286414?v=2

Durante la pandemia de Covid-19, siete de cada diez personas LGBTIQ+ perdieron sus ingresos: Experta

REDACCIÓN / DIARIO NOTICIAS WEB

Ante diputadas de la Comisión de Diversidad, representantes de asociaciones civiles y activistas LGBTIQ+ externaron sus inquietudes y posturas respecto de la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2022, a fin de que este tema sea considerado.

La presidenta de la Comisión de Diversidad, diputada Salma Luévano Luna (Morena), sostiene que la población LGBTIQ+ ha sido invisibilizada por muchos años en todos lopandemia, pérdida de empleoss rubros de la sociedad, incluyendo las políticas públicas del sector gubernamental, y desafortunadamente el presupuesto público no es la excepción.

Refirió que según un análisis de la Universidad Autónoma del Estado de México, la población LGBTIQ+ representa un grupo segregado en diversos ámbitos de la vida, lo que incluye el presupuesto, ya que, a pesar de las problemáticas de la población, los esfuerzos en materia financiera por parte del gobierno son insuficientes.

Dijo que es oportuno tomar en cuenta a la diversidad sexual como parte de una política concreta, porque falta especificar un presupuesto y esfuerzos a fin de contrarrestar la discriminación hacia estas poblaciones, evitar crímenes de odio, e impedir acciones como el no reconocerles derechos civiles elementales.

Afirmó que trabajará de la mano con las organizaciones y sociedad civil para avanzar en la política pública a favor de la población LGBTIQ+, lo que es urgente, y evitar que quede como letra muerta. Sus propuestas nos ayudan a nutrir la agenda, informar y sensibilizar.

Atender necesidades de población LGBTIQ+

Oyuki Martínez Colín, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), activista LGBTIQ+ y especialista en temas de salud sexual, prevención y atención de VIH/SIDA, solicitó atender las necesidades de una de las poblaciones más olvidada y discriminada, como es la trans.

Consideró vital establecer mecanismos y protocolos de atención para el acceso a la salud, sensibilización de personal especializado, homologar las políticas públicas y las leyes con los tratados internacionales, además de generar acciones en coordinación con los tres niveles de gobierno para atender a la población LGBTIQ+.

Es la población más soslayada

Libia Edith Alonso Sánchez, representante del Movimiento Feminista de Mujeres Diversas, sostuvo que mujeres y hombres trans conforman la población más soslayada y consideró importante transversalizar el tema de la salud. Subrayó que también se han dejado de lado a las adultas mayores.

En el tema de acceso al trabajo, comentó que se tiene un planteamiento que va más allá de crear políticas que den incentivos a las empresas para que contraten a hombres y mujeres de la diversidad.

Garantizar los fondos y recursos

Rocío Suárez, directora general del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, A.C, afirmó que se deben garantizar los fondos y recursos para que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) pueda operar. La Comisión de Atención a Víctimas debería retomar el tema de la violencia hacia las poblaciones LGBTIQ+, arguyó.

Resaltó que también debe garantizarse presupuesto al Censida para atender a las poblaciones que lo requieran. Es necesario revisar la parte legislativa a fin de que las instituciones creadas incorporen el enfoque de diversidad sexual y de género; al hacerlo, tendrían que destinar o determinar presupuesto.

Personas LGBTIQ+ perdieron sus ingresos en la pandemia

La coordinadora de Yaaj México, Alejandra Paredes, aplaudió estos espacios para la discusión y análisis de acciones que aseguren el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género. Considerar a la sociedad civil en las decisiones del gasto y distribución de fondos es fundamental.

Mencionó que durante la pandemia de Covid-19, siete de cada diez personas LGBTIQ+ perdieron sus ingresos, total o parcialmente; por ello, es vital reflexionar sobre los temas que atañen al gasto público, subrayó.

Precisó que en el tema de acceso a la salud, un tercio de la población se atendió en consultorios de farmacia, y el 25 por ciento de la comunidad LGBTIQ+ tuvo que interrumpir diversos tratamientos en materia de salud mental.

Urgió a armonizar las leyes federales con los tratados internacionales suscritos, a fin de asegurar que el presupuesto cumpla con las obligaciones que el país firmó contra toda forma de discriminación e intolerancia.

Durante la pandemia de Covid-19, siete de cada diez personas LGBTIQ+ perdieron sus ingresos: Experta

 

Las luchas de la UNAM contra el neoliberalismo y el intervencionismo presidencial

FELIPE LEÓN LÓPEZ / ASTILLERO

Apuntes sueltos

Hay demasiada especulación sobre el objetivo político del presidente Andrés Manuel López Obrador para acusar que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha derechizado desde la década de 1990.

Ha trascendido que habría dos intereses detrás: que su grupo político obtenga la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios (algo que han intentado en tres ocasiones anteriores sin éxito), llevar a cabo un proceso de democratización para romper el modelo semi feudal de gobierno donde un reducido grupo de notables (Junta de Gobierno) toma las decisiones centrales y, lo más descabellado, imponer un modelo educativo popular teniendo como “piloto” lo que están experimentando en la Universidad Autónoma de Zacatecas y liderado por el subsecretario de Educación Luciano Concheiro (destacado ex cuadro del Partido Comunista Mexicano, hermano de Elvira Concheiro, actual Tesorera de la Federación y ex cuñado del varias veces ex diputado Pablo Gómez Álvarez).

Esto último quizá suene descabellado, pero no sería un salto automático y no sin provocar resistencias de las élites científicas y burocráticas de la UNAM, además de que un amplio sector estudiantil podría no estar totalmente de acuerdo dados los antecedes que se tienen en la UACM y ahora con las “universidades Benito Juárez”, las cuales son campos de batalla de las tribus académicas morenistas en perjuicio de su misión educativa y popular.

El tema no es nuevo para AMLO. Ya en los arranques de su “gobierno popular y democrático” de Tabasco de 1989, se apropió de las ideas de un destacado universitario y constructor de los proyectos populares de educación: Rogelio Díaz Barriga, fundador y primer rector de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCh), la cual se fundó formalmente hasta 1995 como una alternativa para los trabajadores, estudiantes campesinos e indígenas que no eran admitidos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Con apoyo de estudiantes, activistas y sobre todo, comunidades eclesiásticas (encabezadas por el padre Avelino Cortés Téllez), Díaz-Barriga edificó este modelo educativo que luego quiso replicarse -sin éxito- con otros planteles en Centla, Paraíso y Tlacotalpa.

Mucho antes que la UPCh, estuvo el modelo “Universidad Pueblo”, encabezado por José Enrique González Ruiz y Rosalío Wences Reza, ex rectores de la Universidad Autónoma de Guerrero. Carlos Ímaz, quien también formaba parte de este proyecto, reapareció hace unas semanas en las páginas de La Jornada casualmente, aunque en política no existen casualidades- Entre 1981 y 1985, aproximadamente, la “Universidad Pueblo” era muy radical en su concepción llevar un título universitario a todos los niveles sociales: puertas abiertas para todos (albañiles, campesinos, curanderos, músicos, poetas, artistas plásticos), creación de escuelas donde hicieran falta, vinculación del servicio social a las necesidades del pueblo y una política de extensión universitaria asistencialista como bufetes Jurídicos y clínicas médicas a todos las regiones como pasó en la Montaña, la Tierra Caliente, la Costa Grande y Costa Chica. Como todo lo que toca la política partidista, los grupos caciquiles de la UAGro terminaron por arruinar la misión de este modelo educativo.

La fuerza de la razón contra el olvido de AMLO

Andrés Manuel se afilió al PRI en 1976 con el fin de hacer carrera política y luego de haber participado en la campaña para senador del poeta Carlos Pellicer. Para entonces la UNAM había sido protagonista de dos grandes movilizaciones: las de 1968 y la de 1971, y en las décadas de 1970 y 1980, de sus aulas surgieron cientos de activistas que dieron origen a organizaciones sociales y estudiantiles más radicales, incluso de guerrilla rural y urbana.

En 1983, el ahora presidente fue dirigente estatal del PRI en Tabasco y ejercía un liderazgo impositivo que terminó enfrentándolo con los alcaldes y el gobernador Enrique González Pedrero. Era la época del “foco guerrillero” y la “guerra sucia”, en el que el viejo régimen se lanzó con estudiantes de la UNAM y otras universidades a los que persiguió, encarceló, exilió, desapareció y aniquiló cualquier intento revolucionario en su contra.

Cuando AMLO sale de Tabasco y se incorpora al Instituto Nacional del Consumidor (INCO) en 1984 y seguía soñando con ser postulado a presidente municipal de Macuspana por el PRI, los trabajadores, estudiantes y académicos de Universidad Nacional ya venían luchando contra la política económica del gobierno de Miguel de la Madrid, quien acorde con las políticas económicas impuestas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, dictaban reducir al Estado en su máximo expresión, y ahí, confusamente, el gobierno mexicano recortó la educación pública en general, y en especial a la educación media y superior, dándoles menos del 5 por ciento del PIB, cuando la UNESCO recomendaba al menos 8 por ciento.

Los trabajadores, estudiantes y académicos de aquellas épocas se movilizaron por doquier contra esta directriz. Hubo agitaciones estudiantiles en Sinaloa, Coahuila, Puebla, Oaxaca y, por supuesto, la Ciudad de México, exigiendo fin a los recortes presupuestales y el fortalecimiento de la educación pública. También se protestó contra el pago de la deuda externa, contra la política antisindical, contra la aniquilación del principal programa de abasto popular (Conasupo) y contra la política de austeridad que dejaba a miles de burócratas en las calles.

El gobierno de Miguel de la Madrid, primero con Jesús Silva Herzog y después con Gustavo Petricioli, al frente de Hacienda, no dio marcha atrás, porque quien manejaba la política del gasto público era el bloque más duro de los tecnócratas encabezados por Carlos Salinas de Gortari (conocido como “Recortari” por recortar el gasto público), en el cual estaban Manuel Camacho Solís, María de los Ángeles Moreno, Pedro Aspe, Emilio Lozoya, entre otros.

La justificación de los recortes era que luego de 12 años de populismo y corrupción (la “docena trágica”), la economía del país estaba quebrada, que las empresas del Estado eran elefantes blancos que sólo representaban gastos y eran nidos de corrupción, clientelismo e ineficiencia.

A los estudiantes y académicos de aquella época, la rectoría de Jorge Carpizo elaboró un diagnóstico llamado “Fortalezas y Debilidades de la UNAM”, el cual ponía como responsables de la mala calidad de la enseñanza, de la falta de competitividad de sus egresados por el paso automático y las cuotas insignificantes que se pagaban.

Las movilizaciones no se hicieron esperar, y el trabajo de los colectivos estudiantiles, círculos de estudio marxistas, leninistas y trotskistas dieron como fruto al Consejo Estudiantil Universitario, el CEU (algunos de sus activistas fueron Jesús Ramírez, Claudia Sheinbaum, Martí Batres, Antonio Santos, Óscar Moreno, Ulises Lara y dicen que hasta Hugo López Gatel, entre otros hoy flamantes cuadros de la 4T).

Entre 1984 y 1987, Andrés Manuel era un cuadro firme del PRI, un burócrata del Poder Ejecutivo federal y nunca hubo de su parte un pronunciamiento de apoyo al CEU de la UNAM que se movilizó contra la política de recortes presupuestales, pero se dejó inconclusa la transformación democrática, que era una de los objetivos. ¿Por qué se dejó inconclusa esta tarea? Porque muchos de estos dirigentes del CEU histórico (Carlos Ímaz, Claudia Sheibaum, Rosario Robles, Armando Quintero) y de la CRU (Martí Batres, Ulises Lara) abandonaron el activismo universitario para pasar al activismo partidista en la formación del “Movimiento al Socialismo” (MAS) y sumarse al FDN, después PRD y hoy MORENA.

Las demandas del CEU se quedaron en el aire, porque muchos de esos cuadros se fueron de candidatos y en 1997 asumieron cargos públicos, cuotas clientelares en el gobierno del Distrito Federal con Cuauhtémoc Cárdenas. Por eso se desmovilizó gran parte de la UNAM y hubo un impasse a las demandas democratizadoras durante la gestión de José Sarukhán.

Con el rectorado de Francisco Barnes de Castro, otro intento por reformar a la UNAM so pretexto de ajuste presupuestario, se generó entre 1999 y 2000, cuando el Consejo General de Huelga (CGH) tomó a la universidad contra la política económica y de exclusión que ya se sentía con más fuerza en el país a los egresados de esta casa de estudios.

Después de la toma de la UNAM por parte de la Policía Federal, de la persecución y encarcelamiento de sus dirigentes y activistas, el trabajo de reconstrucción se dejó a Juan Ramón de la Fuente, quien pactando con el grupo histórico del CEU (ahora más académicos y políticos del PRD), cediendo posiciones en institutos y facultades, se pasó a la desmovilización de los universitarios moderados y a la expulsión de los radicales.

En efecto, de 2000 a la fecha, la comunidad de la UNAM ha sido más pasiva, quizá por los controles que comenzaron a observarse con la “policía política” de Auxilio UNAM (que ha sido de escándalo, al estarse ligando con narcomenudistas) y de los grupos de poder en las direcciones de escuelas y facultades, a quienes se les dieron concesiones. El saldo comenzó a ser negativo, con menor protagonismo de unamitas en el debate nacional, relegados por corrientes de opinión y pensamiento por egresados de instituciones privadas, además de seguir siendo bombardeados por políticos que han buscado su privatización, su endurecimiento y mayor elitismo.

Así, al interior hubo varios cambios, paulatinos, que pasaron sin que los estudiantes protestaran como el “pase reglamentado”, lo cual se volvió caldo de cultivo para alentar la corrupción de profesores de bachillerato –como quedan denuncias expuestas en varios medios—, modificaciones a planes de estudio más ad hoc al mercado laboral y, lo obvio, hubo empoderamiento de grupos de interés en facultades e institutos, donde ellos controlan concursos para plazas de medio tiempo y tiempo completo, asignación de materias, ascensos o cancelaciones de grupos.

Mucho pago de cuotas políticas, muchos vicios y resistencias al cambio de parte de la élite de la burocracia universitaria.

Sin embargo, los privilegios de la burocracia no son sinónimo de que investigadores, académicos y alumnos de la UNAM estén pasivos ante la realidad del país. El pensamiento crítico no se dejó de lado, ni el interés por transparentar y ser más equitativa, y no digamos democrática, se dejó de lado. Allí están obras, debates y foros que han sido poco divulgados por medios, gobiernos y empresarios, pero sí que están presentes.

Una UNAM que resurja desde sus adentros

Sí, la UNAM requiere una revisión, pero este deba venir de los universitarios, no desde el poder presidencial, porque de otra forma es intromisión, imposición y manipulación para volverla una “universidad militante”. Ahí, Andrés Manuel debe entenderlo, y debe demostrar menos soberbia y más conocimiento de la historia de las movilizaciones universitarias contra el neoliberalismo y contra la intervención desde el poder presidencial.

Si en su momento Lázaro Cárdenas quiso imponer su visión de la educación en la universidad, ese debate de Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledo de 1933 quedó superado hace tiempo.

La mejor defensa a la UNAM es la autocrítica, la profundización de sus reformas, su actualización, incluso en sus formas de titulación, de relevo generacional, de selección académica, de poner los intereses académicos y científicos por encima de los intereses de grupos de poder político partidista que lo mismo promueven que aniquilan competidores y por supuesto, fortalecer su autonomía, entendida como libertad de gestión, de cátedra y de gobierno.

https://julioastillero.com/las-luchas-de-la-unam-contra-el-neoliberalismo-y-el-intervencionismo-presidencial/