Rasura Senado ilegalidades del ‘Plan B’ electoral

REFORMA

El Senado decidió rasurar el llamado “Plan B” que garantizaba fondos y la sobrevivencia de partidos minoritarios como el PT y PVEM, así como otras propuestas por considerarlas inconstitucionales.

 

Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, informó que hasta anoche se habían identificado 70 artículos de leyes en materia electoral con visos de “inconstitucionalidad”.

 

“Lo que no queremos es que la vía de la legislación ordinaria sea la que pueda alterar los principios constitucionales, no sería deseable. Estamos cuidando la Constitución y el futuro de la democracia de México”, planteó Monreal.

Entre las modificaciones planteadas en el dictamen que hoy revisarán las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda están la eliminación de la transferencia de votos en las coaliciones electorales y la nueva disposición para el conteo de votación válida, propuestas de PT y PVEM en San Lázaro para salvar registros de partidos minoritarios.

Incluso, incorporan un candado para que en caso de que un partido político no logre el 3 por ciento de votación válida en elecciones locales no tenga derecho a financiamiento público.

También se rasuró la posibilidad de que los partidos pudiesen utilizar remanentes de fondos públicos en procesos electorales, entre otros ajustes aprobados en la Cámara de Diputados.

La parte que se conserva corresponde a la fusión de direcciones en el INE, la supresión de la Junta Ejecutiva, así como la disposición de hacer temporales las juntas distritales para que funcionen solo 260 de 300.

Ex consejeras y ex consejeros electorales externaron su preocupación porque los cambios planteados por diputados no garantizarían elecciones libres y confiables, y demandaron foros de consulta para revisar las iniciativas.

“De entrada le hice más de 35 modificaciones y muchísimos cambios de técnica legislativa para poder quitar las inconstitucionales de origen de la Cámara de Diputados”, explicó la senadora morenista Mónica Fernández, presidenta de la Comisión de Gobernación, que junto con la de Estudios Legislativos Segunda son las involucradas en la confección del dictamen que presumiblemente será ventilado en el pleno mañana.

En entrevista, la senadora Fernández, oriunda de Tabasco, dijo que se había afanado “en limpiar” las minutas que llegaron de San Lázaro y reconoció que no sabía cuántas reservas podrían ser presentadas en el pleno.

A mediados de la semana pasada, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron reformas a seis leyes que restan facultades y compactan al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Inconforme con parte de lo aprobado por sus correligionarios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a los legisladores eliminar del “Plan B” el blindaje que Morena había otorgado a sus aliados del PT y del PVEM para que conservaran su registro, aun cuando no alcanzaran el 3 por ciento de la votación.

Tras considerar que sería una “irresponsabilidad” que la reforma electoral de López Obrador sea votada hoy en comisiones, el senador panista Damián Zepeda hizo saber que, entre los cambios aplicados, había sido “eliminado el fraude de transferencia de votos” a los partidos conocidos como “chiquillada”.

En todo caso, según planteó en su cuenta de Twitter, el “ataque” al INE se mantenía, así como el “debilitar” las sanciones a partidos y la intervención del Gobierno en las elecciones.

Por el Grupo Plural, el senador Germán Martínez explicó que habrá ajustes en rubros que atañen al “Servicio Profesional”, a la capacidad de operación, a la reducción de módulos y al margen de fiscalización.

A tono con Zepeda, Martínez afirmó que se eliminaba “la vida eterna a la chiquillada”.

Paralelamente, la Comisión de Justicia del Senado emitió una “opinión positiva” relacionada con la minuta con reformas a la Ley General de Comunicación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que propone “clarificar el alcance y contenido de los conceptos, entre ellos el de propaganda gubernamental a que se refiere el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución.

Según el dictamen, se consideran “infracciones en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas” la difusión de campañas de Comunicación Social ajenas al programa autorizado y abstenerse de presentar los informes a que se refiere el artículo citado.

 

 

https://www.reforma.com/rasura-senado-ilegalidades-del-plan-b-electoral/ar2519676?v=8

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