Denuncia UIF a Murillo Karam por lavado y defraudación

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República al ex Procurador Jesús Murillo Karam por lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal.

La denuncia fue presentada ayer y deriva de depósitos por 2.8 millones de dólares y transferencias al extranjero de 26.5 millones de pesos que el hidalguense supuestamente no declaró ante el Servicio de Administración Tributaria, informó la UIF.

Esta investigación originalmente fue iniciada por la UIF a raíz de la filtración de documentos bancarios denominada Pandora Papers, en octubre del año pasado, y a lo largo de los meses siguientes detectó que una constructora de familiares de Murillo obtuvo contratos del Gobierno Federal en el sexenio pasado y envió y recibió recursos de una empresa señalada por el SAT como “facturera”.

Desde la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en los Pandora Papers, entre ellas Murillo Karam.

“En esas condiciones, la UIF con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”, dijo la unidad especial.

“Aunado a lo anterior, se identificó que en 2017 la PEP recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Además, en el periodo de 2020 a 2021 la PEP colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.

“En consecuencia, el 14 de noviembre de 2022 estos indicios se hicieron del conocimiento a la FGR a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por la UIF. Delito predicado: Tráfico de influencias y defraudación fiscal”.

Sin mencionarlos por sus nombres, la UIF se refiere a los contratos otorgados en el sexenio pasado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a las empresas Alvarga Construcciones y Kouro, esta última una razón social en la que participaron como socios dos hijos, un yerno y un sobrino del ex titular de la PGR.

La UIF también implica en su investigación a Gerardo Ruiz Dosal, ya que las contrataciones a esas empresas ocurrieron en la primera mitad del sexenio pasado, cuando él era secretario particular de Murillo Karam en la PGR y su padre, Gerardo Ruiz Esparza, estaba al frente de la SCT.

“En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la SCT, y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, indicó la UIF.

De acuerdo con el organismo hacendario, la empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar.

“De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente; también se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación (“factureras”) , por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal”, dijo la UIF.

El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda dijo que esta investigación la lleva a cabo conforme a los estándares del GAFI en materia de prevención de lavado de dinero, ya que el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que “no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers”.

Máxime, agrega, que para el GAFI este tipo de operaciones se consideran atípicas e inusuales porque tienen como denominador común garantizar la opacidad a sus clientes, escondiendo el posible origen ilícito de los recursos en sociedades de papel o fideicomisos, así como por vincularse a temas de corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal.

El pasado 19 de agosto el ex titular de la PGR fue detenido afuera de su casa de las Lomas de Chapultepec, con base en una orden de aprehensión por lo delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, supuestamente cometidos durante la investigación del caso Iguala.

En un principio fue internado en el Reclusorio Norte, pero derivado de sus distintos padecimientos de salud, entre ellos la enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), hipertensión y obstrucción cerebro vascular, fue excarcelado varías veces e incluso operado.

Desde el pasado 3 de noviembre se encuentra internado en el Hospital Belisario Domínguez, de Iztapalapa.

El antecedente

En octubre del año pasado una filtración internacional de documentos financieros reveló que políticos y personajes como Julio Scherer, ex Consejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, ex titular de la SCT y el senador morenista Armando Guadiana, tenían empresas offshore -sociedades registradas en países extranjeros- en paraísos fiscales.

En esa lista apareció Jesús Murillo Ortega, hijo del ex titular de la PGR, quien en 2014 constituyó la compañía Sweey Land LTD en Panamá con una inversión de un millón de dólares, para proyectos de bienes raíces.

REFORMA dio a conocer desde el 2016 los contratos de la SCT a empresas de los familiares del ex Gobernador hidalguense, que hoy indaga la UIF.

De acuerdo con los antecedentes, Kouro Desarrollos, en la que han participado como socios dos hijos, un yerno y un sobrino del ex titular de la PGR, multiplicó siete veces sus contratos con fondos federales en la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Alvarga Construcciones, empresa asociada a Kouro, tuvo 8 veces más contratos, mientras que Itrio Arquitectos, propiedad de una sobrina de Murillo, logró incrementar por 5el monto de obras adjudicadas.

Entre 2010 y 2012 -los tres últimos años del Gobierno de Felipe Calderón-, las tres constructoras, ubicadas en Pachuca, recibieron en conjunto contratos de obra con fondos federales por 634 millones de pesos.

En contraste, con el retorno del PRI a la Presidencia, las adjudicaciones que obtuvieron en los tres primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto superaron los 4 mil 400 millones de pesos.

Entre las obras asignadas están la construcción de rompeolas en Isla del Carmen, la ampliación del malecón turístico de Manzanillo y un distribuidor vial en León.

En los tres primeros años del sexenio de Peña Nieto, Kouro Desarrollos recibió contratos por mil 402 millones de pesos, en los que se incluye el puente vehicular Antonio Madrazo, entregado con fallas, y la segunda etapa del Distribuidor Vial Benito Juárez, que abandonaron a la mitad, ambos sobre el Bulevar Morelos, de León.

Los socios fundadores de esta constructora son Jesús Murillo Ortega, Gerardo Saade Kuri y Carlos Castañeda Murillo, hijo, yerno y sobrino del ex Procurador. Otra hija, Sandra Georgette Murillo Ortega, es la accionista mayoritaria.

En el caso de Alvarga Construcciones, de 207 millones que recibió entre 2010 y 2012, sus contratos se elevaron a mil 876 millones en el periodo 2013-2015.

Itrio Arquitectos, de la que es socia mayoritaria Patricia González Murillo -sobrina del ex Procurador- elevó sus contratos de 222 millones a mil 203 millones de un sexenio a otro.

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