EL ECONOMISTA
México cuenta con dos anexos transversales en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PPEF) para hacer frente a la crisis climática. Estos son “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” y “Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios”, ambos anexos representarán 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del siguiente año.
En conjunto, los dos rubros suman 198,256 millones de pesos, lo que significa un incremento de 146.1% respecto a lo aprobado para el 2022. Sin embargo, los recursos cuantificados por las propias autoridades y empresas productivas del Estado deben tomarse con reservas, reportó Fundar en su informe “Crisis Climática y Opacidad Presupuestaria. Análisis de los Anexos Transversales contra el Cambio Climático y la Transición Energética”.
Iván Benumea Gómez, coordinador del Programa de Justicia Fiscal en Fundar, comentó a El Economista que particularmente el aumento en el presupuesto del anexo transversal de cambio climático tiene que ver con la inclusión de la obra del Tren Maya como si fuera un proyecto para combatir los efectos del calentamiento global.
El anexo transversal de cambio climático cuenta con un monto de 187,968 millones de pesos para el 2023, de los cuales 52% de los recursos corresponden al Tren Maya y que en principio este proyecto impulsará el transporte masivo e impactará en el ambiente, algo que no concuerda con una política anti-crisis climática, señaló el integrante de Fundar.
A inicios de año, más de 20 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) dedicadas a la protección ambiental informaron que la ruta del Tren Maya, en Quintana Roo, provocaría la pérdida de más de 8.7 millones de árboles, palmas y arbustos en 120 kilómetros de selva.
La deforestación de la selva se suma a los impactos de la obra en el Gran Acuífero Maya, al patrimonio histórico y al sistema de cuevas, todo ello parte del patrimonio natural de los quintanarroenses, revelaron las OSC.
Asimismo, se tiene el registro de que más de 188 especies de flora nativas y grandes poblaciones de fauna silvestre se verían afectadas en dicha región ante los avances del tren de pasajeros.
Benumea Gómez explicó que actualmente hay un debate en que si el crecimiento económico tiene sentido en un contexto de crisis climática y por lo tanto se debería de pensar en decrecer económicamente en unos aspectos e impulsar el crecimiento en otros rubros que están abandonados.
Cambio en la metodología queda a deber
Desde el 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático elaboraron una nueva propuesta metodológica para garantizar que los recursos reportados en el mencionado anexo transversal tienen un impacto real sobre el cambio climático.
Fundar refiere que a dos años de su entrada en vigor, la nueva metodología en dicho anexo no ha logrado garantizar la máxima transparencia y rendición de cuentas en relación con los recursos destinados para enfrentar la crisis climática.
“Las funciones del gasto asociadas a este problema representan una parte mínima del anexo transversal de cambio climático. Dicho anexo está por completo desbalanceado pues otorga un enorme peso a funciones de gasto como Combustibles y Energía, y relega de manera importante otras funciones cruciales para la lucha contra la crisis climática, como la Protección Ambiental y la Ciencia, Tecnología e Innovación”, detalla el informe.
Benumea Gómez señaló que la metodología debería analizarse y modificarse para que exista total transparencia en los recursos involucrados en el cambio climático. Sugirió que en los próximos años cuando la emergencia del cambio climático sea más grave el Estado debería evaluar seriamente cuál es el impacto de sus políticas en el ambiente.
Opacidad en gasto de CFE
Paralelamente, el Anexo “Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios” cuenta con un gasto de 10,288 millones de pesos para el 2023. El 92% de este monto se concentra en proyectos de infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
No obstante, Fundar explica que la opacidad impide conocer qué proyectos se catalogaron en este rubro y si realmente fomentarán el uso de energías renovables y limpias.
“Es un monto global y como CFE no está obligada a ser transparente en este proceso, es probable que los recursos involucrados sean para dar mantenimiento a la infraestructura o instalaciones sin que ello sea necesariamente para la transición energética”, dijo.