Sistema anticorrupción, avión sin piloto: Mauricio Merino

EL UNIVERSAL

El combate a la corrupción en México ha sido procrastinado por las instituciones, porque se cuenta con las leyes y un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) eficientes, pero éstos son como un avión que simplemente no se usa, lamenta Mauricio Merino Huerta, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara.

“Tenemos un muy buen diseño institucional, un buen instrumento para combatir el fenómeno de la corrupción, pero no se usa. Tenemos un avión estacionado que no se usa”, afirma.

En entrevista con motivo del informe Sobre el combate a la corrupción en México, informe país 2020, que revisó 970 mil registros de 2015 cuando nació el SNA, el académico señala que el informe revela que estas instituciones han procrastinado sus funciones y mandatos.

Asegura que se trata de un fenómeno que no puede ser atribuido al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que éste es un problema enquistado en el sistema político mexicano que es muy antiguo y no hemos logrado eliminarlo, “es un hecho”.

“El SNA se promulgó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero ni siquiera lo completó y, para decirlo claro, hubo un boicot abierto del gobierno de Peña Nieto contra el sistema, mientras que en el gobierno de López Obrador lo han desdeñado. No es lo mismo, pero el resultado conjunto es que no se han cumplido con sus mandatos”, aseveró.

Acusa que la narrativa oficial dice que se persigue la impunidad, pero hay una simulación porque al revisar los datos del informe se encuentran en 2020 más de 30 mil expedientes por presuntos actos de corrupción y aquellos que llegaron a posibles actos que constituyen delitos concluyeron en nueve expedientes.

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En el informe se revisan 970 mil registros de 2015. Foto: Especial.

Merino asegura que encontraron transferencias por más de 30 mil millones de pesos a los fideicomisos de las Fuerzas Armadas que “a todas luces deberían rendir cuentas con claridad, ya que se había criticado tanto a los fideicomisos, pero no los de las Fuerzas Armadas”.

El académico advierte que la verdadera lucha contra la corrupción debe atacar las causas que la generan y la primera es la captura del Estado para fines políticos, financieros o ambos, porque se cruza el interés político con el interés económico.

Merino Huerta, articulista de EL UNIVERSAL, critica que una de las consecuencias de postergar el combate institucional a la corrupción es que se ha confundido con el combate a las personas corruptas.

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“Eso es otra cosa. Nosotros pensamos que es necesario y correcto que se castigue a quien comete actos de corrupción, sin duda, pero el problema es sistémico, es el sistema en su conjunto el que está mal. Para eso se diseñó un antídoto, que es el SNA, que ahí está el avión en pista, pero no tiene piloto”, insistió.

Señala que en la revisión hecha a las instituciones dedicadas al combate a este flagelo se observa una captura de los cargos públicos, porque se reparten los puestos por razones de simpatía política, cercanía partidaria o amistad personal, pero no hay designaciones por razones profesionales, de mérito, trayectoria o capacidades.

Incluso, agrega, esta captura llega a los presupuestos públicos porque están siendo usados con amplio margen de discrecionalidad con fines políticos.

En el informe se da cuenta de que una revisión sistemática de las acciones y los resultados del SNA muestra que en el año 2020 éstas cumplieron individualmente con sus funciones básicas y rutinarias, pero relegaron las relativas a la integración, sistematización y consulta expedita de toda la información generada durante el cumplimiento de sus labores, así como las actividades de intercambio y coordinación entre ellas, y sus interacciones con la sociedad.

“Sobre esa base, podemos afirmar, al confrontar el conjunto de obligaciones con la información publicada y solicitada a lo largo de nuestra investigación, que los órganos y las entidades responsables de darle vida al SNA solamente alcanzaron a responder, en promedio, 75% de sus mandatos individuales”, añadió.

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