Mes: febrero 2022

EXCÉLSIOR

A dos años de la pandemia por covid 19, el Senado invirtió 367.8 millones de pesos para transformarse en un colegiado virtual, a fin de no frenar al Poder Legislativo del país, pero también para proteger a sus cerca de siete mil trabajadores y sus 128 legisladores de posibles contagios, aunque poco más de 50% de ellos enfermó, la mayoría fuera de sus instalaciones.

 

El Senado adquirió, hasta el momento, un millón 120 mil cubrebocas para proteger a su personal; adquirió pruebas rápidas y servicio de pruebas PCR por 16 millones 681 mil 264 pesos; compró cuatro millones 935 mil 402 pesos en gel antibacterial; canalizó 102 millones 624 mil 224 pesos en su escudo contra hackers y adquirió un sistema de votación a distancia por 27 millones 143 mil 304 pesos, entre los 59 rubros de gastos que debió incrementar o incorporar en su planeación presupuestal, como efecto de la pandemia.

Covid llega a México

Aunque la pandemia por covid-19 surgió en China a finales de 2019 y su expansión se registró días después en Europa, en México llegó oficialmente el 27 de febrero, cuando se registró el primer diagnóstico de ese padecimiento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Oficialmente, el 18 de marzo se registró el primer mexicano muerto por esta enfermedad, un hombre de 41 años, ingresado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de la Secretaría de Salud.

Dos días después, el 20 de marzo, hubo suspensión de clases presenciales y el 23 de marzo inició la Jornada de Sana Distancia, por lo cual, el 24 de marzo de 2020, por primera vez en su historia moderna, el pleno del Senado suspendió a la mitad un periodo ordinario de sesiones, por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia covid 19, sin fijar fecha de entorno a sus actividades.

Ese mismo día, el Senado aprobó un acuerdo para dejar en un impasse los tiempos jurídicos en materia de procesos legislativos y nombramientos, a fin de que no existiera afectación para nadie y lo comunicó a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los organismos autónomos correspondientes, como lo muestran los acuerdos asumidos por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado, que se pueden consultar en la página web de la institución.

Inició así una vida inédita en el Senado, pero en la cual no estuvo ajeno de las diferencias políticas, pues mientras la oposición se resistió a regresar a sesión presencial el 20 de abril, para aprobar la ley de amnistía que le interesaba al gobierno federal, Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, logró conformar la mayoría para formar el quórum que le permitió aprobar esa legislación y después se registró una pugna por la intención de Morena de convocar a una sesión extraordinaria en mayo para ajustar la ley en materia hacendaria, pero la oposición no lo permitió.

Sesión virtual

El 3 de mayo, la entonces presidenta del Senado, la morenista Mónica Fernández Balboa, quien fue la presidenta de la Comisión Permanente, anunció el acuerdo por el cual los legisladores federales iban a sesionar, por primera vez en su historia, de manera virtual.

Pero como el entramado constitucional y legal era imposible de modificar sin una sesión presencial, fue necesario un acuerdo en el cual se estableció que las sesiones sólo iban a ser para escuchar iniciativas, propuestas con puntos de acuerdo y desarrollar debates de agenda nacional, sin concluir en definiciones concretas; es decir, las sesiones virtuales no serán para desarrollar el trabajo legislativo, sino para avanzar en el trabajo parlamentario, que consiste en hablar, argumentar y exponer.

El 5 de mayo se suspendió la sesión de la Comisión Permanente, por lo que por primera vez en 107 años, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no sesionó, porque la Mesa Directiva decidió no dejar precedente de una reunión virtual, por la carencia de sustento jurídico firme para hacerlo y acordó postergar la sesión hasta que termine el momento crítico de contagio en México de covid-19.

Aunque todo estaba listo para que por primera vez en la historia el Poder Legislativo sesionará en pleno de manera virtual, auxiliado por los adelantos tecnológicos, sin tocar temas que requieran votación; es decir, que sólo se destinara a leer iniciativas y propuestas con punto de acuerdo, los expertos parlamentarios alertaron del endeble sustento jurídico del acuerdo que permite esas sesiones virtuales.

De acuerdo con la información obtenida por Excélsior, los expertos hicieron saber a los senadores y diputados federales que sesionar de manera virtual para tocar sólo lectura de propuestas puede sentar precedente jurídico y generar que se exija que nombramientos y convocatorias a sesiones extraordinarias también puedan hacerse por esa vía, a pesar de carecer del sustento jurídico, pues el Poder Legislativo está diseñado para la presencia de sus integrantes.

Así, luego de que en 1913 Victoriano Huerta ordenara el cierre de la Cámara de Diputados y el Senado cerrara en protesta, lo que provocó el asesinato del senador Belisario Domínguez, lo que dejó al país sin Poder Legislativo, en la primera semana de mayo de 2020 México no tuvo sesión del pleno de su Congreso de la Unión.

Poco a poco, el Senado avanzó en su adecuación como una Cámara legislativa virtual, aunque cada vez que daba un paso concreto hacia esa dirección se registraba el aumento de casos de contagios por covid-19.

Ya en el periodo ordinario de sesiones, a partir de septiembre de 2020, el Senado logró acuerdos que le permitieron ajustar sus reglas internas para sesionar a distancia y cuando en octubre de 2020 se citó para aprobar la desaparición de fideicomisos uno de sus integrantes, el senador por Tlaxcala, Joel Molina, estaba contagiado de covid-19 y cuatro días después murió.

El segundo fallecimiento de un senador por covid-19 fue el 21 de febrero de 2021, y se trató de Radamés Salazar.

Con el padecimiento fuerte, como le ocurrió a la morenista Nestora Salgado y al emecista Dante Delgado, con una carga viral mínima, como le pasó recientemente a la panista Xóchitl Gálvez, al menos 50% de los 128 senadores se han contagiado de covid-19, pero a diferencia de lo que ocurrió en 2020, cuando ellos hacían público su padecimiento, en los últimos meses no todos han hecho público su contagio; el caso más reciente fue la panista Lilly Téllez.

Y a pesar que durante 17 meses, de marzo del 2020 a agosto del 2021, el Senado y la Comisión Permanente cuando su sede fue el Senado, realizaron sus sesiones de pleno y comisiones de manera virtual, cientos de trabajadores, todos por honorarios y de confianza, sí acudieron siempre a trabajar, a fin de poner en marcha los sistemas que permitieron no frenar las actividades legislativas, así como mantener informado a todo el público.

Contagios frecuentes

Por eso, el contagio entre trabajadores fue frecuente desde el primer momento; cuatro perdieron la vida. Igual que lo ocurrido entre los legisladores, entre los trabajadores se han registrado poco más de 50% de ellos con contagio; los casos más recientes se registraron la semana pasada.

Los empleados de base que se han contagiado, si bien acuden al Senado a hacerse la prueba, porque es gratis para ellos, no adquirieron la enfermedad en sus instalaciones, pues ellos no se presentaron a trabajar durante toda la contingencia sanitaria.

Las erogaciones

A dos años de pandemia, el Senado invirtió 367 millones 876 mil 716 pesos, de acuerdo con los contratos de bienes y servicios que se pueden consultar en su página web, a fin de cambiar su forma de trabajar, sino modificar sus instalaciones, como colocar más ventanas en sus edificios, ante la recomendación internacional de mantener ventilados todos los espacios cerrados.

También compró bolsas Purifog y lámparas de luz ultravioleta para mantener limpio el ambiente en el Salón de Plenos; modernizar sus instalaciones para el funcionamiento de internet, con más fibra óptica y coma de software; adquirió mamparas de acrílico para colocarlas en el pleno.

El impacto

El coronavirus también golpeó al Senado.

50 por ciento de los legisladores enfermó de covid (la mayoría fuera de las instalaciones)
7 mil trabajadores, aproximadamente, tiene el Senado de la República.
367.8 millones de pesos invirtió el Senado para transformarse en un colegiado virtual.
El gasto

El Senado de la República ha adquirido y erogado hasta el momento:

1 millón 120 mil cubrebocas para proteger a su personal.
16 millones 681 mil 264 pesos en pruebas rápidas y servicio de pruebas PCR.
4 millones 935 mil 402 pesos en gel antibacterial.
102 millones 624 mil 224 pesos en su escudo contra hackers.
27 millones 143 mil 304 pesos en un sistema de votación a distancia
Lucharon contra el virus

Fueron varios senadores quienes se contagiaron del virus y, lamentablemente, unos perdieron la batalla.

Joel Molina, senador por Tlaxcala, enfermó y falleció de covid 4 días después, el 24 octubre de 2020.
Radamés Salazar, senador por Morelos, murió de coronavirus el 21 de febrero de 2021.
Los datos

Algunos contagiados
Entre algunos de los senadores que enfermaron por covid están:

Nestora Salgado.
Josefina Vázquez Mota.
Dante Delgado.
Napoleón Gómez Urrutia.
José Luis Pech.
Damián Zepeda.
Eruviel Ávila.
Trabajo remoto

El 3 de mayo, la entonces presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, anunció el acuerdo que señalaba que los legisladores federales iban a sesionar, por primera vez en su historia, de manera virtual.

https://www.excelsior.com.mx/nacional/senado-inyecto-367-mdp-para-legislar-en-pandemia-gasto-166-millones-en-pruebas-anticovid

EXCÉLSIOR

 

A dos años de haberse identificado el primer caso de SARS-CoV-2 en la Ciudad de México el 27 febrero 2020, 14.6 por ciento de la población de la capital del país ha contraído el virus, de acuerdo con el informe que el gobierno capitalino presenta diariamente.

 

Es decir, hasta el sábado pasado el registro de casos acumulados de covid-19 era de un millón 348 mil 398 para una población de nueve millones 209 mil 944, de acuerdo con el censo del Inegi de 2020.

 

Sin embargo, el registro oficial está por debajo de las cifras reales, lo cual reconoce la propia secretaria de Salud local, Oliva López.

ingún lugar del mundo se han detectado el total de casos. Las características de esta enfermedad, como muchas otras que se transmiten por vía aérea, con gotículas o por aerosoles, es que hay muchas personas que pueden cursar asintomáticas y no fueron identificadas como caso;  (hay) otras personas que pudieron tener la sintomatología y no se les hizo una prueba y no se confirmó. Ahora, si es una sintomatología que califica en términos de las características clínicas y acudieron a una unidad de salud,  es casi seguro que están registradas, sí, como casos probables”, dijo en entrevista.

López sostuvo que en esta urbe 80 por ciento de las personas que han enfermado de SARS-CoV-2 se han atendido en su casa, mientras que el 20 por ciento restante que sí requirió hospitalización era (en su mayoría) adultos mayores o población que tenía problemas de salud previos al contagio.

Se sigue manteniendo este vínculo entre comorbilidades y covid grave, o covid que requiere hospitalización, aunque no sea tan grave, que es la enfermedad crónica, la principal: obesidad, diabetes, hipertensión, estas tres patologías, luego vienen otras más, pero sobre todo estas patologías, cuando está la persona enferma y descompensada por estos problemas de salud tiene mucho más probabilidad; y, la edad, desde luego también, porque eso hace algunas personas más frágiles”, dijo.

LAS CUATRO OLAS

En dos años de pandemia, en la capital se han presentado cuatro picos en las hospitalizaciones.

La cifra más alta del primer pico ocurrió el 22 de mayo de 2020, cuando cuatro mil 573 personas con SARS-CoV-2 ocuparon una cama de hospital.

En la segunda cresta se alcanzaron siete mil 401 hospitalizaciones el 19 de enero de 2021; en la tercera, el 12 de agosto de ese mismo año, hubo tres mil 354 hospitalizaciones, y en cuarta, el 30 de enero pasado, dos mil 468.

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/dos-anos-de-la-pandemia-al-menos-146-de-la-cdmx-ha-contraido-el-virus/1501128

EDUARDO ORTEGA / EL FINANCIERO

Aunque en México no hay una guerra, en el primer trienio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 63 mil 310 personas han sido desplazadas de sus hogares por la violencia que prevalece en distintas regiones del territorio nacional.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), esa cifra es superior 17 por ciento con respecto al trienio inmediatamente anterior del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando se documentó el desplazamiento de 53 mil 991 personas.

Sólo en 2021, la CMDPDH documentó 40 eventos de desplazamiento interno masivo causado por violencia, los cuales afectaron por lo menos a 44 mil 905 personas en 10 entidades federativas.

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“A pesar de que se trata de información preliminar, que en las siguientes semanas será revisada y analizada de manera más detallada para la preparación de nuestro informe anual, sin duda estamos frente a un incremento de desplazamientos causados por violencia en el país”, indica la comisión.

“Las cifras registradas en 2021 son las más altas que hemos documentado desde 2016. En 2020, por ejemplo, fueron 24 eventos de desplazamiento interno masivo causado por violencia y 9 mil 741 personas desplazadas”, se refiere en el último boletín de la organización no gubernamental.

La CMDPDH considera que, ante este escenario “preocupante”, es necesaria la intervención inmediata de los tres niveles de gobierno para prevenir nuevos desplazamientos, atender a la población y encontrar soluciones duraderas a su situación.

El gobierno de López Obrador, pese a reconocer esta problemática, no ha realizado ni siquiera un censo oficial de las personas desplazadas por la violencia.

En tanto, el Senado mantiene en la congeladora legislativa una minuta, aprobada desde septiembre de 2020 en la Cámara de Diputados, mediante la cual se expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

Además, tanto la senadora de Morena Nestora Salgado, como el senador del grupo plural Emilio Álvarez Icaza, han presentado sendas iniciativas para atender esta problemática, las cuales no han sido dictaminadas en comisiones.

En la sesión del pleno del pasado 10 de febrero, Álvarez Icaza, quien ha propuesto crear una Ley Nacional para la Prevención, Protección, Generación de Soluciones Duraderas y Sanciones en materia de desplazamiento interno forzado, urgió, desde la tribuna, a legislar en esta materia.

“Nos parece indispensable legislar en esta materia una reforma constitucional para que el Senado tenga facultades sobre eso, una reforma constitucional en el (artículo constitucional) 27, porque hoy lo que está pasando es que la minería ilegal está generando desplazamiento interno y tenemos que adecuar; Oaxaca es un lugar donde se está presentando muy infelizmente el fenómeno del desplazamiento producto de la minería ilegal. Si no lo resolvemos pronto, al rato vamos a tener una combinación extraordinariamente peligrosa del narco y la minería ilegal”, alertó.

Una estimación de la propia comisión señala que, de 2006 a diciembre de 2019, 346 mil 945 personas habían sido desplazadas por la violencia, a lo cual, si se le agregan las cifras de 2020 y 2021, suman 401 mil 591, desde que inició la administración del expresidente Felipe Calderón, quien fue el que mandó al Ejército a las calles para realizar tareas de seguridad pública y declaró “la guerra” al crimen organizado, política que se mantiene hasta la fecha.

MILENIO

En una decisión que implicará la liberación inmediata de cientos de reos, la Suprema Corte se perfila para echar abajo este lunes dos polémicos artículos del Código Penal de Veracruz que permiten detenciones arbitrarias bajo las figura de “injurias a la autoridad” y “halconeo”.

 

El proyecto de Acción de Inconstitucionalidad 66/2021, elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y el cual será discutido en la sesión de hoy, propone declarar inconstitucionales los artículos 331 y 371 del código veracruzano, tras llegar a la conclusión de que violan los derechos a la libertad de expresión y a la información, además de que ponen en riesgo el ejercicio del periodismo.

Ante la posible derrota en la Corte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, publicó el domingo una carta abierta dirigida a los ministros en la que advierte que “de declararse inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, se creará un vacío legal ante hechos y conductas que en la realidad suceden, que no se podrán sancionar con otros delitos, ya que los bienes jurídicos que protegen son distintos”.

Advirtió también que “las personas que estén en prisión por haber cometido este ilícito, quedarían en libertad, por lo que este hecho causará un precedente jurídico y obligatorio a nivel nacional, toda vez que este tipo penal y el bien jurídico que tutela se encuentran presentes en la legislación penal de la mayoría de los Estados que integran la federación”.

Fuentes legales explicaron a MILENIO que si la Corte declara inconstitucionales ambos artículos el día de hoy, en un plazo no mayor a 48 horas los detenidos por injurias a la autoridad y “halconeo” podrán solicitar a un juez su liberación inmediata.

Sin embargo, ayer, de manera desesperada y para evitar que el gobernador de Veracruz tenga que comparecer ante el Senado de la República, el Congreso local con mayoría de Morena, sesionó de manera extraordinaria y virtual este domingo, para aprobar con 33 votos a favor, 15 en contra y una abstención, la iniciativa de reforma al artículo 331 del Código Penal de Veracruz, enviada desde el 31 de enero por el gobernador, que deja intacto el delito, al solo eliminar dos párrafos del mismo.

Abogados penalistas que han peleado desde hace un año la derogación del delito, señalaron que con esa sesión extraordinaria en domingo, “El congreso buscó anticiparse a la Corte para evitar verse evidenciados y que el gobernador tenga que acudir ante el Senado de la República”.

Arturo Nicolás Baltazar, presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, manifestó que con lo aprobado por el Congreso veracruzano, lo único que están haciendo es engañar a la ciudadanía, porque dejan intacta la fracción primera del artículo 331 que establece como hipótesis que cuando se agreda a los policías con armas o de manera violenta cualquier persona podrá ser sujeta a cárcel.

Artículos Lesivos
De cara a la discusión de este lunes, fuentes de la Corte confirmaron a MILENIO que la mayoría de los ministros ve favorablemente el proyecto de Pardo Rebolledo, quien hizo una lapidaria crítica a la forma en que ambos artículos están redactados, al considerar que abren la vía a detenciones injustas, basadas sólo en interpretaciones subjetivas. No sólo eso: tienen efectos nocivos sobre la sociedad veracruzana.

En el caso del artículo 331, el código establece que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

Pero para el ministro, esa redacción “describe conductas que son sumamente abiertas” en referencia a que cualquier policía o ministerio público puede interpretar las palabras, expresiones o movimientos de una persona como una injuria.

“El artículo representa una limitante a la libertad de expresión, pues penaliza la expresión de los ciudadanos frente a las autoridades”, consideró el ministro.
Abundó: “el artículo en cuestión no contiene las aclaraciones y precisiones para evitar su aplicación arbitraria”.

Este último argumento, replica en buena medida la queja de distintas personas que han sido detenidas por supuestas injurias a la autoridad y cuyos casos se han ventilado públicamente en las últimas semanas.

Entre otros, se encuentra el de seis jóvenes detenidos de manera arbitraria en Veracruz y encarcelados durante cuatro meses bajo la acusación, precisamente, de haber cometido “injurias a la autoridad”. Su caso, revelado por el senador Ricardo Monreal, detonó la discusión pública respecto a los alcances del Código Penal veracruzano.

Tras darse a conocer vídeos en los que era evidente que no habían opuesto resistencia a su detención, los jóvenes fueron liberados. Como ellos, un centenar de personas manifestaron haber sido detenidas con acusaciones similares.

En su exposición de motivos, el ministro Pardo Rebolledo fue más allá y advirtió que el artículo 331 del Código Penal veracruzano genera no sólo un efecto inhibitorio de la libertad de expresión, sino miedo entre la ciudadanía ya que cualquier tipo de opinión, puede ser causante de acción penal por parte del Estado.

No es la primera vez que la Suprema Corte se ha pronunciado contra leyes similares. En los antecedentes, se citan acciones de inconstitucionalidad que echaron abajo partes del Código Penal de SLP en 2017 y de la Ciudad de México en 2015.

En lo que toca al artículo 371, la argumentación legal también es contundente. En este, se establecen sanciones para “quien posea, porte o utilice para el espionaje o halconeo en su persona, domicilio o en el lugar donde se le aprehenda”.

En este punto, el proyecto considera que contraviene el derecho a la información, además de que la norma “no es clara ni precisa” y que tiene un “impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico” ya que criminaliza toda la información relativa a la seguridad pública.

Por último, el ministro estimó que la norma estudiada no constituye una medida necesaria para satisfacer los intereses públicos.

Ultrajes como arma política y social
Los casos del uso abusivo del delito de ultrajes a la autoridad, suman cientos.

De acuerdo a la propia Fiscalía estatal, más de mil veracruzanos han sido detenidos por ese ilícito, la mayoría de ellos siguen presos, a pesar de las pruebas presentadas de su Inocencia.

Estos son algunos casos:

De la detención al multihomicidio
La madrugada del 24 de enero de 2021, elementos de la policía estatal con apoyo de las fuerzas federales, sacaron a golpes, de sus casas, a 11 personas en la comunidad de Cerro de Nanchital, municipio de Las Choapas.
Más de 12 horas después aparecen detenidos y acusados de ultrajes a la autoridad, y aunque delito aún no era grave, los dejaron encarcelados a todos, para meses después, imputarles el multihomicidio de 11 autodefensas ocurrido una semana antes en Las Choapas.

Los campesinos, un maestro jubilado, mecánico, estudiantes y peones de ranchos detenidos permanecen tras las rejas, a más de 7 horas de sus familias el más cercano.

Ganadero y ex candidato

El 30 de octubre del 2021 a las 10:30 horas, el ganadero y ex candidato a la alcaldía de Jesús Carranza, Pasiano Rueda fue sacado del hotel donde se encontraba en Acayucan.

Los policías estatales lo acusaron de ultrajes a la autoridad; declararon que lo habían intervenido casi tres horas después, cuando lo vieron peleando en la vía pública con una persona que jamás ha aparecido, que sacó un arma que tampoco han presentado y que tenía mariguana en su mochila.

El primer caso
Rogelio Franco, ex secretario de Gobierno con Miguel Ángel Yunes, fue la primera persona a quien le imputaron el delito de ultrajes a la autoridad, pocas horas después de que la reforma al Código Penal de Veracruz entrara en vigor.
Fue detenido en marzo del 2021 y está en un penal federal para reos de alta peligrosidad, al imputarlo también por presuntamente haber golpeado a su ex pareja.

Detenido en su negocio y acusado por agresión
Gregorio Gómez, empresario y ex candidato a la alcaldía de Tihuatlán por el PRD, fue sacado por elementos policiacos de su negocio, el 7 de abril de 2021.

Todo quedó grabado en cámaras de seguridad.

Más de 12 horas después, el gobierno informó que había sido detenido en una carretera, con un arma con la que agredió a los policías y un vehículo robado. Lo encarcelaron por ultrajes.

https://www.milenio.com/politica/corte-articulos-codigo-penal-veracruz-ultrajes

ALEJANDRA RODRÍGUEZ / EL FINANCIERO

El gobierno adeuda alrededor de 10 mil millones de pesos a la industria farmacéutica relacionados con los procesos de compra y distribución de medicamentos realizados por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

“La deuda a la industria debe ser superior a 10 mil millones de pesos, hay que recordar que el hecho de tener más de dos procesos de compra ante un sistema de distribución y logística con muchos rezagos ha llevado desfases importantes en la comunicación para que corran los pagos a proveedores”, estimó Enrique Martínez Moreno, vicepresidente de la consultora de venta a gobierno, INEFAM.

De este monto la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), que dirige Rafael Gual, confirmó que al menos 6 mil millones de pesos corresponden a sus 186 agremiados.

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“Hay mucha opacidad en todos los procesos que se llevaron a cabo, de las empresas que nos han reportado, que no es el total, son más de 6 mil millones de pesos, es impresionante lo que se le debe a la industria”, confirmó Gual.

El 50 por ciento de la deuda se concentra en la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS), el restante es del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el IMSS.

El año pasado el gobierno desmanteló el sistema de compras del Insabi y el UNOPS y optó por adquirir medicamentos a través de adquisiciones directas, lo que provocó que hubiera dos sistemas y muchos rezagos en los pagos, acusó el Instituto Farmacéutico (INEFAM).

Bajo el discurso de hacer frente a la corrupción y los sobrecostos en la compra de medicamentos y material de curación del sector salud en el 2020 le encargaron el proceso a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en sustitución del IMSS, el 43 por ciento de la licitación quedó desierta y se tuvo que recurrir a adjudicaciones directas, lo que eliminó la expectativa de ahorro.

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Esto se suma a las fallas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que arrojó que, para el ejercicio del 2020, hay un monto por aclarar de 6 mil 714.3 millones de pesos en lo que respecta al proceso que lideró Hacienda y los diferentes programas para la prestación de servicios de salud, medicamentos, que surgieron para solventar la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi.

“En 2021 estará mucho peor la auditoría, porque los datos de acceso están mucho peor. El desabasto ha sido sistemático, inclusive la Sedena tuvo aumento en recetas no surtidas”, comentó Andrés Castañeda, coordinador del Colectivo Cero Desabasto.

El 2021, el peor año en desabasto de fármacos

Para el 2021 el Insabi, todavía sin reglamento para operar, firmó un acuerdo con la UNOPS para que se encargaran del proceso de adquisición de medicamentos y material de curación de 2021 a 2024.

En el 2021 hubo un aumento de 188 por ciento en el número de reportes por desabasto en las farmacias del sector salud, ubicándolo como el peor año en abasto de medicamentos en la historia del país, reveló el informe Desabasto 2021 del Colectivo Cero Desabasto.

“Vamos a seguir viendo retrasos en logística y distribución, sin duda las instituciones están recurriendo a propias compras, por ejemplo, a Pemex y servicios de salud de Guanajuato ya no les interesó ni UNOPS, ni el Insabi, están resolviendo por su propia cuenta, y hay otras”, agregó Martínez Moreno.

Los padecimientos que enfrentan un mayor desabasto son cáncer, diabetes, posttransplantes, hipertensión arterial y salud mental.

Compran 37% menos de lo necesario

Datos preliminares recabados por INEFAM revelan que en el 2021 las instituciones de Salud Pública en México adquirieron mil 077.6 millones de piezas de medicamentos, esto es 37 por ciento menos de las mil 700 millones de piezas que se requieren para operar.

“No se compraron las medicinas, y por más que un funcionario público tenga buenas intenciones, o que un estado le quiera echar más ganas, y no tiene chance de comprar directo, difícilmente solventará la carga. Y que, además, la mayoría de las compras que se hicieron fue por adjudicación directa y eso está llevando a sobrecostos y perdiendo la certeza a la industria”, expuso Castañeda.

Y para el 2022 los análisis de la consultora arrojan que el escenario de desabasto prevalecerá, además de que se espera que más del 50 por ciento de la compra terminará en adjudicación directa.

“La razón es que UNOPS incluso está haciendo compras menores, 380 millones de piezas, e Insabi igual con cerca de 400 millones de piezas para cubrir el año, cuando el mercado mexicano requiere más de mil 700 millones de piezas, me parece que esa dejando un margen importante para que vuelvan a ocurrir licitaciones adjudicaciones directas de manera individual”, explicó Martínez Moreno.

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/27/gobierno-debe-10-mil-mdp-a-las-farmaceuticas-por-compra-de-medicamentos/

MILENIO

Aprobar la reforma eléctrica implicará el alza en los precios de la electricidad para el consumidor final, o mantener el precio a base de subsidios, recursos que pueden aprovecharse para resolver otras necesidades, afirmaron especialistas del sector.

 

Al participar en el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, el especialista en materia energética, Francisco Salazar, explicó qué la iniciativa de Reforma Constitucional en materia energética costará 4 mil millones de dólares anuales e implica el aumento en consumo de combustóleo impulsado por el aumento en la refinación de la administración, sobre energías más baratas como las renovables.

“¿Van a bajar las tarifas? No van a bajar, de hecho el resultado es que subieran y la única manera de evitar que suban es con mayor subsidio no hay de otra”, aseguró.
Por su parte Luis Serra, director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey en la escuela de gobierno y transformación pública, dijo que los subsidios a las tarifas están bien siempre y cuando sean focalizados, aunque el problema es que existen muchos estudios donde se muestra que es regresivo.

“No estamos apoyando a quien verdaderamente lo necesita. Entonces se está subsidiando un uso dispendioso a quien no necesariamente tiene que hacerlo. Hay que revisar los subsidios a las tarifas eléctricas y hacer un análisis de quién sí debería tenerlo y quién no”.
Añadió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la administración anterior, ya estaba trabajando en el tema por lo que existe un avance, y dio como ejemplo los recursos que se pueden aliviar para la CFE, que pueden estar utilizando en inversiones productivas.

La CFE divide sus tarifas en residenciales comerciales e industriales y de servicios; dentro de las primeras encontramos dos grandes grupos las domésticas y la doméstica de alto consumo.

Las domésticas se dividen en siete categorías organizadas por zonas geográficas que dependen de la temperatura en verano de cada región, todas ellas se caracterizan por contar con un subsidio gubernamental.

La tarifa Doméstica de Alto Consumo conocida como DAC se aplica a los hogares o pequeños comercios que registran gastos de electricidad elevados y no cuentan con ningún apoyo económico gubernamental.

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El investigador en economía del Tec de Monterrey, Carlos Guerrero de Lizardi, aseguró que con la iniciativa van a bajar las tarifas y respecto a la queja que existe sobre los subsidios en las tarifa, acusó que la CFE en el esquema actual, subsidia a las grandes empresas generadoras como el caso de Iberdrola.

“En verdad no entiendo la queja por los subsidios, si se han beneficiado de estos subsidios (generadores privados). La tecnología hace que bajen los precios, es cuestión de invertir”.
La coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa, Mariana Campos explicó que los privados actualmente generan electricidad a un precio dos veces menor al de la CFE, por lo que no hace sentido producir electricidad a un mayor costo, por lo que aumentar su participación en las condiciones actuales elevará el del servicio eléctrico a los ciudadanos.

Agregó que las mayores tarifas eléctricas,no se podrán mantener estables a través del subsidio que Hacienda le entrega a la CFE con recursos del presupuesto financiado con nuestros impuestos. “El subsidio es la diferencia entre la tarifa y el costo real del servicio, así es como esta empresa ofrece tarifas más accesibles a los clientes, pero no hay dinero que alcance”.

Apuntó que sin importar el partido en el poder, se tiene un presupuesto muy limitado, por lo que hay un costo de oportunidad de este recurso y cada peso que se destina a subsidiar la electricidad pues deja de utilizarse en educación, salud, seguridad y otras necesidades. “Al gobierno ya no le dan las cuentas”.

El director general de CFEnergía y CFE Internacional, Miguel Reyes recordó que los grandes consumidores de electricidad que antes tenía la CFE permitían de manera natural que estas tarifas que pagaban ellos subsidiarán a aquellas tarifas de los hogares más pobres.

“Es un país con enormes desigualdades y cuando la CFE tenía el control del sistema eléctrico a través de contar con los grandes consumidores y también con los pequeños consumidores, permitía de manera natural en un sistema progresivo como en el caso de los impuestos, permitía subsidiar a los pequeños consumidores, aquellos en donde no es rentable llevarles la electricidad, a aquellas cientos de poblaciones o miles de poblaciones en México pobres”.
Miguel Reyes expresó que los privados, no tienen interés en llevar electricidad porque no es rentable, porque no hay fines de lucro, a diferencia de una empresa pública, en donde el interés es el servicio público y una tarifa pública de electricidad.

 

https://www.milenio.com/negocios/con-reforma-aumentos-en-tarifas-electricas-solo-podran-evitarse-con

JORGE MONROY / EL ECONOMISTA

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) encontró gastos de apoyo por parte de Morena, PT y PVEM durante la recolección de firmas para la revocación de mandato presidencial, que si bien fueron aislados, no están permitidos por la ley.

Durante la etapa de recolección de firmas de apoyo a la consulta de revocación, del 1 de noviembre al 25 de diciembre de 2021, la UTF realizó diversos procedimientos con el propósito de identificar gastos de los partidos políticos relacionados con este proceso, puesto que existe la prohibición de utilizar recursos (públicos o privados) para ello, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con el proceso.

Al realizar su monitoreo, la UTrevF localizó evidencia en la red social Facebook de apoyo de los partidos Morena, PT y PVEM en eventos en Guerrero, Tlaxcala y Sonora, para la recolección de firmas.

En Guerrero se observó que en el municipio de Malinaltepec se celebraron dos reuniones con presuntos integrantes del Comité de Morena en ese municipio, en las cuales utilizaron un local, mobiliario como mesas y sillas, así como una lona alusiva a la “captación de firmas” en la cual se puede identificar el logotipo y nombre del partido político.

En su defensa, Morena argumentó que los gastos no fueron ordenados ni llevados a cabo por el partido, toda vez que no cuenta con Comités Municipales. Sin embargo, el INE registró que el artículo 14 Bis de los Estatutos de Morena establecen que dicho instituto político se organiza con una estructura integrada por diversos órganos, entre otros, los Órganos de ejecución, entre los que se encuentra la mención a Comités Municipales.

En Sonora, la UTF localizó tres eventos políticos públicos donde se hizo promoción al proceso de revocación de mandato con propaganda que contiene los logos de los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena. Los eventos se llevaron a cabo en las localidades de Punta Chueca, Miguel Alemán y Hermosillo, las tres en la capital del estado.

Incluso, en el evento del 10 de diciembre de 2021, realizado en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia, en Hermosillo, se detectó la presencia de los diputados federales del PT, Shirley Guadalupe Vázquez Romero y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, además del Comisionado Político Nacional de ese partido en Sonora Ramón Ángel Flores Robles, y el delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Jorge Luis Taddei Bringas.

Incluso, con evidencia fotográfica, el INE mostró que en uno de los eventos hubo una lona de aproximadamente tres metros de largo por dos metros de alto, con los logotipos de Morena, PT y Morena, con la leyenda: Encuentro Ciudadano “Revocación o Ratificación de mandato #TodosConAMLO”.

Además, en el evento realizado en Punta Chueca el 11 de diciembre de 2021, se identificó la presencia del Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la diputada local del PT, Diana Karina Barreras Samaniego, el diputado Fernández Noroña, y el Comisionado del PT, Ramón Ángel Flores Robles.

“Los procedimientos de auditoría realizados por la UTF, durante la etapa de recolección de firmas de apoyo de la ciudadanía para la revocación de mandato (…) revelaron que, sólo en casos aislados, se identificaron gastos vinculados con los sujetos obligados de la fiscalización electoral, a través de eventos y lonas, no permitidos por la normativa vigente aplicable”, determinó el Consejo General del INE.

Para ampliar su fiscalización, la UTF solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el proveedor del PVEM denominado Grupo MGDK S.A de C.V. Asimismo, a la Secretaría de Finanzas del Estado de México le requirió información respecto de las personas propietarias de diversos vehículos utilizados para transportar cajas de documentos presentadas en las Oficinas Centrales del INE, lo mismo que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya que personas propietarias de diversos vehículos utilizados para la prestación del servicio antes referido.

INE realizará foros de la revocación de mandato

El INE aprobó la realización de tres foros de discusión nacional con participantes en favor y contra de la revocación de mandato del presidente de la República, con el fin de promover la participación.

Los foros se llevarán a cabo los días 25 y 31 de marzo y 3 de abril de 2022 en un horario entre las 17:00 y las 20:00 horas.

Para el primer ejercicio se contará con la presencia de Gilberto Lozano, Coordinador Nacional del Frente Nacional Ciudadano (FRENA); Natalia Vidales, Coordinadora estatal de la asociación civil Mujer y Poder; Julián Atilano, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM y Juncal Solano, abogada y conductora del medio digital El Charro Político.

En el segundo foro se tendrá la participación Jorge Goñi López, exintegrante de FRENA; Lucía Esparza, quien participó en la recolección de apoyos para la realización de la revocación de mandato en Coahuila; Isaac de Paz, Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California y Estefanía Veloz, abogada, presentadora de televisión, analista política y columnista.

En tanto que para el último foro estarán presentes Luis Cárdenas, periodista, titular de la Primera Emisión en MVS Radio; Sofía Orozco, editorialista del diario Mural, en Jalisco; Jorge Alonso Sánchez, Profesor investigador emérito del CIESAS Occidente, y Renata Turrent, Maestra en Políticas Públicas con Especialización en Trabajo Social por UCLA.

https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-encontro-patrocinios-de-Morena-para-recoleccion-de-firmas-a-favor-de-la-revocacion-de-mandato-20220227-0051.html

EL UNIVERSAL

De los sujetos obligados a transparentar, los sindicatos en la Ciudad de México son los focos rojos, y los partidos políticos, tras una llamada de atención, han mejorado, detalla el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info), Arístides Guerrero.

 

Expone que hay sindicatos que sacaron cero en la última evaluación que hizo el Info con respecto a sus obligaciones de transparencia, como son remuneraciones de servidores públicos, directorio y hasta contratos.

También tienen calificaciones reprobatorias algunos fideicomisos como el de Promoción para el Financiamiento del Transporte público, con 12.8; el de Atención al Ciclista y Peatón tiene 18.1, y el Museo de Arte Popular tiene 4.22.

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“Yo creo que más que partidos políticos, que antes eran, yo diría que ahora son algunos fideicomisos y los sindicatos.

“Hemos buscado sí, encuentros con los sindicatos, hemos ofrecido acompañamiento, ahí es donde yo creo que está el foco rojo, más que los partidos políticos, los sindicatos. Porque los partidos de alguna forma sí han buscado mejorar sus calificaciones, los sindicatos es ahí el principal foco rojo. Creo que el promedio de calificaciones baja por los sindicatos, el único rubro donde tienen cero, hay unos con cero”.

Uno de ellos es el Sindicato de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, con cero.

¿Y de los partidos podrías decir que no? porque estaban bajos…
—Fíjate que en la última no. Es que como se hace la evaluación y una vez que se hace se les da el resultado a los partidos y se les da un acompañamiento, bueno, no a los partidos, sino a cualquier sujeto obligado y se les da un acompañamiento para solventar aquellas deficiencias que se tengan y ya en esa etapa es donde han ido creciendo.

Agrega que los demás sujetos obligados han cumplido.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente del Info CDMX hace un balance de la situación del derecho al acceso a la información pública, de los pendientes y retos que tiene al asumir el cargo que tendrá hasta 2024. “Esta etapa tendrá que ser de consolidación y de innovación”, sintetiza.

Puntualiza que una de sus primeras acciones fue que las resoluciones se publiquen a la semana y no a los tres meses como lo establece la ley. Afirma que impulsará la transparencia proactiva y por ello debe empezar en el propio instituto para después aplicarlo en otros entes de la administración pública.

“Le estamos dando la razón a la ciudadanía, ¿qué significa esto?, que es un modifica, un revoca o un ordena, o en algunos casos, el sujeto obligado entrega tardía la información y se sobresee, pero no dejamos de dar vista al órgano interno de control, entonces de 80% a 84% de los recursos, la ciudadanía está obteniendo lo que quiere, y te das cuenta que es una herramienta útil, porque si de repente llegara y confirmo, confirmo, confirmo, pues el ciudadano entonces dice: ‘Bueno, ¿para qué me desgasté presentando un sistema de revisión si están confirmado todas las respuestas?’”.

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Tras la pandemia, lo que representó la baja de solicitudes de información y los recursos de revisión, el comisionado presidente expresa que ahora van para arriba y en el órgano colegiado están resolviendo más de 100 casos por sesión, los cuales en su mayoría, se revocan o modifican a favor de los ciudadanos.

Rechaza que en la pandemia Covid el derecho a la información se haya nulificado, pero reconoce que se aplazó, aun así hubo sujetos obligados que no suspendieron del todo términos y respondieron a los ciudadanos.

Eso sí, dice, los retos y dificultades, como es el hecho de que “olvide” el tema de una nueva sede, la austeridad ha llegado, y este 2022 tendrá el mismo presupuesto que el año anterior, por lo que apostará a la creatividad para innovar los procesos.

Los comisionados, comenta, se redujeron el salario y nadie gana más que la jefa de Gobierno. No se pagan celulares.

Aun con lo bajo del presupuesto, y que tuvieron que dar 200 mil pesos para el Sistema Anticorrupción local, Guerrero confía en la innovación y creatividad para consolidar al Info.

Su gran meta es que en el tema de datos personales, donde si bien tiene pocas facultades, el Info coadyuve “a la protección en el entorno digital, porque están recabando mucha información de nosotros, y no nos damos cuenta, se nos hace fácil ponerle sí y no leer avisos de privacidad, y en materia de protección de datos personales creo que tenemos el reto, que el Info sea una verdadera agencia de protección en donde podamos nosotros ir posicionando el tema”.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/mas-que-en-partidos-hay-focos-rojos-en-sindicatos

MARITZA PÉREZ / EL ECONOMISTA

Lo que prevemos es que el Covid largo va a condicionar una presión todavía mayor a los sistemas de salud, pues no sabemos todavía si puede generar alguna alteración como un incremento en la diabetes, en problemas renales y del corazón”.

Rufino Luna Gordillo, coordinador de epidemiología hospitalaria del Instituto Nacional de Perinatología.

Se cumplen dos años desde que la pandemia de Covid- 19 trastocó la vida física y emocional de millones de mexicanos, sin embargo, esta enfermedad y sus secuelas llegaron para quedarse, opinan expertos

El epidemiólogo Rufino Luna Gordillo, coordinador de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Perinatología (Inper) y presidente del Consejo Nacional de Salud Pública, y la doctora Isabel Villegas Mota, infectóloga y jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y de Epidemiología, también del Inper, hablan de estimaciones que indican que el Covid-19 puede causar secuelas a largo plazo (Long Covid) hasta en 30% de las personas que han adquirido el virus.

Por ello, se podría estimar que en México, cerca de un millón 650 personas padecen o padecieron alguna síntoma como, dificultad para respirar, cansancio, dificultad para pensar, tos, dolor en el pecho o en el estómago, dolor de cabeza, palpitaciones, dolor muscular, sensación de hormigueo, diarrea, problemas para dormir, mareos, cambios en el estado de ánimo, alteraciones del gusto o el olfato, de manera nueva o permanente por semanas o meses después de haber sido infectadas por el virus que causa el Covid-19.

“El Covid largo no es algo que se inventan las personas para decir que se sienten cansadas, es una realidad que se han identificado estas condiciones crónicas. Podemos prever que muchos enfermos de coronavirus, se habla de hasta un 30%, que pueden llegar a tener alguna enfermedad crónica o que sus síntomas lleguen a la cronicidad y que pueden necesitar atención en el sistema de salud”, explica Luna Gordillo.

El especialista recuerda que al ser el coronavirus una enfermedad que afecta 52 tipos de tejidos y órganos, se pueden esperar una gran gama de sintomatologías y enfermedades que pueden puedan llegar a ser crónicos, a diferencia de la Influenza, la cual afecta a sólo dos tipos de tejido; la vía respiratoria y la digestiva.

“Lo que prevemos es que el Covid largo va a condicionar una presión todavía mayor a los sistemas de salud, pues no sabemos todavía si puede generar alguna alteración como un incremento en la diabetes, en problemas renales y del corazón, que puedan llegar a ser fatales o crónicos”, subraya.

En tanto, la doctora Isabel Villegas Mota, sostiene que nadie pensaba que iba a durar tanto este virus, sin embargo, señala que el comportamiento clínico de la enfermedad ha hecho que siga todavía tanto tiempo entre nosotros.

La infectóloga detalla que la pandemia no solo está dejando más contagios, sino que va en incremento otras patologías que dañan otros aspectos de la vida, y de la salud con los que también tenemos que aprender a vivir.

Villegas Mota explica que hay estimaciones que indican que el virus ocasiona secuelas a largo plazo entre el 10 y 30% de las personas que han adquirido el virus.

“El Covid persistente están afectadas las funciones cerebrales, cognitivas, de concentración, de memoria, los pulmones, el sistema circulatorio;  son muchos mecanismo que dejan daños en diversos organismos y sistemas del cuerpo, que lo que están provocando son estas incapacidades que no se les creen a la gente, pero que son reales consecuencias del Covid, y que van a afectar la productividad del país”, indica.

Coincide en que la falta de tiempo de recuperación para estos pacientes; de atención a las secuelas, sumado a que por mucho tiempo se dejaron de atender otras enfermedades no Covid, “van a dejar a una población más enferma, lo vamos a seguir viendo en los próximos años, por supuesto vamos a tener más infartos, más hipertensión, daños cardiovasculares, y nos deja daños en la salud mental que se han potencializado.

Afectaciones mentales

Josefina Lira Plascencia, expresidenta del Centro de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, quien ha estudiado las secuelas del Covid-19, advierte que las consecuencias de esta enfermedad todavía son imprecisas, ya que existen indicios de que las secuelas pueden ser consecuencia de la propia enfermedad o incluso por una situación postraumática.

“Las afecciones posteriores al Covid-19 tienen una gama muy amplia de problemas de salud nuevos o que pueden ser recurrentes, en curso o que pueden seguir el curso”, dice.

La doctora explica que también están los cambios en el estado de ánimo, los cuales se investiga si son directamente causa del Covid o es un tema de ansiedad o estrés postraumático por haber tenido la enfermedad o el encierro.

“Bien a bien no sabemos si algún síntoma pudiera ser debido al estrés postraumático o a la enfermedad en sí, la atención de estos pacientes tiene que ser multidisciplinario para que podamos lograr una mejoría”, opina.

Por otro lado, considera que el estrés postraumático del encierro generó retrasos sociales y cognitivos, que habrá que ponerle atención.

Estrategia de rehabilitación

Aunque son miles los que necesitarían rehabilitación, la Secretaría de Salud federal (SSA) ha negado tener información sobre alguna estrategia coordinada a implementar entre las diversas instituciones en salud.

Un peticionario solicitó a la SSA le informara sobre la estrategia de rehabilitación en instituciones públicas en el país. En respuesta a la solicitud con folio 330026922000084, la dependencia indicó que quien podría tener datos del tema era la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que a su vez indicó no tener datos sobre el tema.

El Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) respondió a este mismo cuestionamiento, en la solicitud 332459721000511, no tener información al respecto y orientó preguntar a la SSA.

En contraparte, la única institución que ha informado de manera abierta que rehabilita por secuelas a causa del Covid ha sido el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS).

Hasta agosto del año pasado, el IMSS había atendido a casi 178,000 personas con diversas complicaciones o secuelas por Covid-19, a través de 191 unidades, servicios y módulos de rehabilitación, con el objetivo de otorgar rehabilitación a sus derechohabientes con secuelas como: dificultad para respirar, cansancio o fatiga luego de actividades físicas, tos, dolor de pecho, estómago, cabeza o palpitaciones.

Mejoras al sistema de salud

El doctor Miguel Ángel Cortés Vázquez, infectólogo del Hospital de Infectología de la Raza, sostiene que a dos años de iniciar la pandemia en México se comprobó que no tenemos como tal un sistema de salud preparado para enfrentar este tipo de enfermedades.

“Las limitantes que tiene el sistema de salud mexicano son muchas; a veces tuvimos que  trabajar con lo mínimo, tuvimos un abastecimiento de medicamentos mínimo, se acabó hasta lo más básico que era el paracetamol, entonces, es algo que tenemos que seguir apelando a que se implementen medidas gubernamentales para poder mejorar las condiciones de salud en general”, describe.

Y añade: “Al final tenemos que tratar de buscar una salud y atención más global, pues desafortunadamente el impacto fue mucho mayor en población vulnerable que no tiene acceso a sistemas de salud, eso es algo que nos dejó esta pandemia”.

Por otra parte, el médico sostiene que aunque a estas alturas ya se conoce mejor a la enfermedad y sus síntomas, su cuadro clínico y el comportamiento, todavía falta mucho para encontrar un tratamiento.

Por su parte, el epidemiólogo Rufino Luna Gordillo, coordinador de epidemiología hospitalaria del Inper subraya que el Covid-19 “es una enfermedad que no se va a ir y tenemos que aprender vivir con ella”.

El especialista concuerda que lo que sabe luego de dos años de lidiar con el virus, es que este está es un enfermedad que no se parece a ninguna de lo que hemos visto a lo largo de la humanidad, “pero que definitivamente hemos podido trabajar desde el lado científico, ya que nunca en la historia se había podido contar con una vacuna en un tiempo récord”.

Mientras que la infectóloga, Isabel Villegas Mota, explica que aunque se espera que la pandemia vaya a continuar, se piensa que se va a ir haciendo más estacional, probablemente de invierno y que ocasiones infecciones más leves pero todavía puede ocasionar infecciones graves o seguir mutando: “habrá que aprender a vivir con ello”.

Consecuencias después de infectarse

Algunas personas experimentan una gama de secuelas que pueden durar semanas o meses después de haber sido infectadas por Covid-19:

• Dificultad para respirar o falta de aire
• Cansancio o fatiga
• Síntomas que empeoran luego de realizar actividades físicas o mentales (también conocidos como malestar general postesfuerzo)
• Dificultad para pensar o concentrarse (a veces denominada “neblina mental”)
• Tos
• Dolor en el pecho o en el estómago
• Dolor de cabeza
• Palpitaciones
• Dolor muscular o en las articulaciones
• Sensación de hormigueo
• Diarrea
• Problemas para dormir
• Fiebre
• Mareos (vértigo) al ponerse de pie
• Sarpullido
• Cambios en el estado de ánimo
• Alteraciones del gusto o el olfato
• Cambios en los ciclos del periodo menstrual

Fuente: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC)

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Hasta-1.6-millones-tendrian-secuelas-tras-contraer-Covid-20220228-0001.html

JUAN PABLO DUCH / LA JORNADA

El primer intento de negociar un alto el fuego tendrá lugar este lunes junto al río Pripiat, en la frontera de Ucrania con Bielorrusia, noticia que junto con la orden del presidente Vladimir Putin de poner en estado de máxima alerta su arsenal nuclear marcó la cuarta jornada, en la que las tropas rusas siguieron en busca de doblegar la resistencia ucrania.

El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, confirmó que la delegación rusa –formada por representantes de los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y la Oficina de la Presidencia, y encabezada por un asesor del presidente Putin, Serguei Medinsky, ex ministro de Cultura–, ya se encuentra en Bielorrusia en espera de reunirse con los enviados de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, informó que su colega bielorruso, Aleksander Lukashenko, le llamó por primera vez en dos años para proponerle que ucranios y rusos se reúnan sin condiciones previas en Bielorrusia.

Lo diré con sinceridad: no creo en los resultados de ese encuentro, pero no me opongo a que se intente. No quiero que ningún ciudadano de Ucrania tenga la más mínima duda de que yo, como presidente, no procuré detener la guerra, cuando había una oportunidad, aunque ésta sea muy remota, afirmó Zelensky.

Después, el canciller ucranio, Dimitro Kuleba, anticipó que Ucrania no va a capitular ni a entregar un solo centímetro de nuestro territorio.

Con poco optimismo, pues, acude Ucrania a esa reunión, que tentativamente tendrá lugar a primera hora de este lunes, a escuchar lo que quiere decir Rusia y a decir lo que pensamos de esta guerra, precisó Kuleba.

Expertos militares consultados sugieren que no hay que esperar mucho de dicha reunión y creen que Rusia sólo aguarda que Ucrania rechace deponer las armas para poder argumentar que el gobierno de Zelensky no quiso detener la guerra y no le dejó más remedio que continuar la ofensiva militar.

Creen que fracasó el plan inicial que, opinan, consistía en que unidades del ejército ruso lograran vencer más rápido la resistencia ucrania y adentrarse en las calles de Kiev hasta poder tomar las sedes de la Oficina de Zelensky, el gobierno de Ucrania, el Parlamento y las dependencias gubernamentales principales.

Ahora, en opinión de esos analistas, todo apunta a que sólo queda la opción que quería evitar el Kremlin: lanzar un bombardeo más intenso sobre Kiev para que puedan entrar los tanques y, detrás, las tropas.

Son acciones ilegales

“Todos ustedes conocen las acciones inamistosas que emprende Occidente, como las ilegales sanciones económicas, pero los más altos funcionarios de los principales países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se permiten declaraciones agresivas en contra de… en contra de Rusia. Con este motivo, ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor poner nuestras fuerzas de disuasión en régimen especial de servicio”, afirmó Putin –como pudo verse en el fragmento que transmitió la televisión rusa– ante los dos subordinados citados, Serguei Shoigu, el ministro, y Valeri Guerasimov, el estratega militar.

Putin ordenó poner en estado de máxima alerta su arsenal nuclear y –con una imagen de las tres personas (el presidente, el titular de Defensa y el jefe del Estado Mayor) que tienen que apretar al mismo tiempo el botón nuclear para activar el uso del armamento estratégico ruso– advirtió de nuevo a Estados Unidos y la OTAN para que dejen de presionar a Rusia y apoyar a Ucrania.

La doctrina nuclear de Rusia, vigente desde el verano de 2020, define los cuatro escenarios en que Moscú se reserva el derecho de emplear las armas nucleares: tener información fiable de que se ha lanzado un ataque de misiles contra Rusia; el uso contra el país de armas nucleares o de destrucción masiva; acciones que podrían afectar el funcionamiento de los centros de respuesta de las fuerzas nucleares; y agresión contra Rusia con armamento convencional si pone en riesgo la existencia misma del Estado ruso. Ninguno se corresponde con la situación actual.

La aparición del general Guerasimov, junto a Putin y Shoigu, sirvió además para desmentir la información que difundieron el sábado varios portales ucranios de noticias falsas en ruso, que son todo un ejemplo de la desinformación que se practica en esta guerra: que el jefe del Estado Mayor ruso había sido cesado por el fracaso de la invasión.

Los combates no se detuvieron este domingo en todas las direcciones de la ofensiva de Rusia. Las tropas rusas pudieron entrar a la ciudad de Jarkov, la segunda más poblada de Ucrania, y se registraron enfrentamientos con el ejército ucranio en sus calles, pero aparentemente los ucranios mantienen el control sobre esta ciudad.

Según las informaciones más recientes, continúa el asedio a la ciudad de Kiev por el ejército ruso, en espera de un asalto final, que si no se ha producido aún es por el alto costo en vidas humanas, de ambos lados, y sobre todo entre la población civil, que tendrían los inevitables combates en las calles de la capital.

El ministerio de Defensa ruso, por primera vez, reconoció que su ejército ha sufrido bajas, sin precisar el número de soldados que han caído en combate o están heridos.

Lamentablemente, hay muertos y heridos entre nuestros camaradas. Pero nuestras pérdidas son muy inferiores a los nacionalistas que hemos aniquilado, igual que las bajas del ejército ucranio, indicó su vocero, Igor Konashenkov.

También reportó que, desde el comienzo de las hostilidades, el ejército ruso ha destruido más de mil objetivos de la infraestructura militar de Ucrania, entre ellos 27 centros de mando y comunicaciones, así como 56 radares, 254 tanques y vehículos brindados, 31 aviones en tierra y 103 piezas de artillería.

Del lado ucranio se informó que 352 civiles han muerto y mil 684 han resultado heridos, entre ellos 116 niños.

Por cuarto día consecutivo, hubo protestas contra la guerra en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades de Rusia, con casi 5 mil personas detenidas.

https://www.jornada.com.mx/2022/02/28/politica/002n1pol