Peligran derechos laborales de los custodios del patrimonio cultural

NELLY TOCHE / EL ECONOMISTA

Por primera vez los seis sindicatos de trabajadores que pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se unieron en un manifiesto dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero; al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; y al director general del INAH, Diego Prieto Hernández, para alzar la voz en contra del nuevo proyecto de condiciones generales de trabajo que está planteando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para este organismo.

En conferencia de prensa explicaron que con las modificaciones sugeridas se “alteran de forma y fondo las relaciones laborales de los trabajadores, académicos, profesionistas, técnicos, administrativos y manuales”, agregan que esto pretende desconocer su normatividad laboral y prestaciones socioeconómicas, pero más allá de ello, estas decisiones pueden afectar el desempeño de las funciones sustantivas de la institución y con ello poner el riesgo el patrimonio de los mexicanos.

“Se trata de una institución sui géneris, porque no solamente realiza labores normativas. En cuanto a la protección y conservación del patrimonio cultural y monumentos, también lleva a cabo tareas que tienen que ver con la investigación científica, hacemos ciencia aplicada en las diversas disciplinas de la antropología y la historia para contribuir a la solución de los problemas sociales del país”, dijo Gustavo Ramírez Castilla, secretario general del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH.

Dijo que durante más de 80 años el INAH ha estado abocado y comprometido a proteger junto con el INBAL, aquello que da reconocimiento y prestigio a nuestro país y que es llevado no solamente a todas las regiones de México, sino también al extranjero. “Quienes realizan la gran tarea son sus trabajadores en sus diferentes categorías y especialidades. Somos científicos, restauradores, conservadores, arquitectos, biólogos, custodios, es decir, esta comunidad de trabajadores tiene una formación especializada y un compromiso social que siempre se ha hecho patente”.

Se trata de 3,433 trabajadores y que a su vez incide en 6,468 empleados que se sostienen a través  de la nómina actual de la institución, todos contenidos en el capítulo 1000. Este jueves los seis sindicatos acordaron defender “hasta sus últimas consecuencias políticas y legales” los derechos adquiridos por los trabajadores del INAH, conforme a lo establecido en el artículo noveno de la Ley Orgánica del INAH, los artículos tercero y cuarto transitorios del decreto de creación de la Secretaría de Cultura y los ordenamientos jurídicos aplicables. Además no aceptarán ni firmarán las condiciones generales diferentes a lo que a la fecha tienen como norma laboral.

Carlos Arturo Hernández Carreño, secretario general del sector de técnicos y profesionistas del INAH, del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, aclara que lo que hace la Secretaría de Hacienda con las observaciones que ha turnado al INAH, es desconocer de facto lo que está escrito en el artículo 3° y 4° transitorios y violenta el artículo 9° de la Ley Orgánica del INAH, “por ordenamientos regulatorios de la relación laboral que no podemos desconocer y mucho menos modificar”.

Por su parte, Corina Ximena Rojas Muñoz, secretaria general del Sindicato Nacional de Restauradores del INAH, asegura que no solo es el desconocimiento de los derechos laborales, “también consideramos que no le corresponde a la Secretaría de Hacienda hacer modificaciones a nivel laboral dentro de las instituciones”. Dijo que además es una propuesta que retrocede en los modelos escalafonarios para el ingreso y propicia procesos poco transparentes, lo que facilita la corrupción para la admisión de trabajadores, así la profesionalización se vería afectada, pues las capacidades quedan en segundo término, apuntan. “Al final lo que se va a transgredir es el patrimonio cultural, las herencias culturales y eso afecta a todos los mexicanos”.

Un poco de historia

El 15 de octubre de 2021 la Secretaría de Hacienda dio respuesta a un trámite que inició la Dirección General del INAH por segunda vez en abril de 2021. El año pasado ya se había hecho un trámite que fue contestado por las secretarías de Cultura y Hacienda, indicando que no se podían autorizar las condiciones generales de trabajo del INAH, por eso se hizo un nuevo trámite. Ahora Hacienda dijo que “es posible autorizar las condiciones generales pero con una serie de cambios que se presentan como un proyecto, “unas nuevas CGT que son adversas a los trabajadores. Son alrededor de 30 artículos que serían modificados o suprimidos. La respuesta que da Hacienda no es para nada favorable”, explica Ramírez Castilla.

Como antecedente, en 2015 el INAH e INBAL fueron trasladadas a la recién creada Secretaría de Cultura, “desde entonces se ha dado un embate debilitando a estas instituciones”. Incluso hay un contexto mayor donde se ha venido recortando el presupuesto para todas las instituciones del sector cultura, en particular para el INAH; en pandemia hubo un recorte sustancioso de gastos operativos para proyectos de conservación y de investigación, lo que ha traído graves consecuencias en deterioro; fueron más de 200 millones de pesos los que se perdieron. “Ahora se añade esta situación donde Hacienda propone crear nuevas condiciones de trabajo generales”.

Luis Ojeda Godoy, secretario general del Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, destacó que este riesgo es derivado de no atender por parte de la autoridad los correctos procedimientos administrativos para reconocer toda la documentación y respaldo que tienen a sus condiciones de trabajo en la transferencia que se hizo en su momento de la Secretaría de Educación Pública a la Secretaría de Cultura. “Un tema que se hereda del sexenio pasado y que no se ha atendido en este”.

Los seis sindicatos anunciaron que de manera colegiada estarán tomando decisiones a futuro, pues hoy las condiciones generales de trabajo los unifican. Este es un primer paso y se espera una respuesta institucional, pero de no obtenerla, además de las rutas específicas de lucha de cada sindicato, se ha considerado un plan de acción nacional mucho más amplio que sería anunciado en breve.

“No solamente podemos ver a la institución como el instrumento político que emana de la constitución política mexicana, la institución tiene que estar vinculada y articulada con sus recursos humanos, mismos que generan un patrimonio intelectual y de ciencia aplicada”,  dice José Enrique Vidal Dzul Tuyub, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura-INAH.

Principales afectaciones con la propuesta de la Secretaría de Hacienda:

  • Desconocimiento de los derechos laborales.
  • Se rompe con la relación bilateral al establecer que la relación laboral con la Secretaría de Cultura es exclusivamente a través del director del INAH. Esto es importante porque hablamos de personal especializado que dejaría de estar en la toma de decisiones para la protección del patrimonio.
  • El ingreso y las promociones, no sería un proceso transparente sino con un sesgo al poder determinar quién entra y quién no sin un proceso estricto de evaluación y selección del personal con concursos de oposición. Esto pone en riesgo que sea el personal más capacitado el que llegue a los puestos o promociones, además del desarrollo de la capacitación.

Los sindicatos crearon una serie en YouTube denominado “La  investigación en el INAH”, para que el público en general conozca a fondo las diversas actividades de los investigadores y el impacto para las comunidades:

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