Es ilegal revelar secreto bancario en el caso de académicos del FCCyT

NELLY TOCHE / EL ECONOMISTA

En el mes de agosto la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano una orden de aprehensión en contra de 31 científicos por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El hecho causó asombro a la comunidad académica quien manifestó por distintas vías su indignación solicitando a la fiscalía que desistiera de la acción penal.

El antecedente es que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aseguraba que “durante el periodo de enero de 2003 a junio de 2019, los coordinadores de la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. “gastaron dicho recurso en el pago de viajes nacionales e internacionales, compra de una casa residencial, sueldos (…)”, entre otras acusaciones.

A casi tres meses, y a pesar de que Gregorio Salazar, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de Almoloya de Juárez, señalara que no se estaba en posibilidad de analizar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, ya que el Foro operaba “en atención a lo determinado” por el propio Conacyt, a través de su Estatuto Orgánico en el que “se constituye como asociación civil para materializar sus actos”, la persecución continuó y la fiscalía volvió a solicitar la orden de aprehensión en septiembre.

Dentro de la narrativa de la FGR y de sus 24 datos de prueba para indagar sobre la ilegalidad de los hechos en diversas ocasiones (punto 13,14, 16,17,19, 23) se hace alusión a la obtención de información protegida por el secreto bancario, esto a pesar de que como asociación civil, el Foro estaba facultado para tener patrimonio propio.

El punto 13 de datos probatorios, justifica el hecho explicando que la resolución del 22 de enero de 2021, fue dictada por un Juez de Distrito Especializado en la Ciudad de México, con sede en el reclusorio sur, dentro de la técnica de investigación 16/2021, por lo que se autorizaba “la obtención de la información”, luego hay otra del 27 de abril, dentro de la técnica de investigación 195/2021, mediante la cual se autorizó información relativa a los cheques emitidos desde instrumentos financieros, sin embargo, la evidencia de las autorizaciones no constan en la carpeta.

Al respecto, El Economista consultó a una abogada experta en la materia, quien explica “Para indagar sobre la legalidad del uso de recursos se desclasificaron secretos bancarios, pero la carpeta de investigación no evidencia el procedimiento de esa desclasificación. No hay constancia de las audiencias que lo avalan, esto pone en entredicho la legalidad con la que fueron obtenidos estos datos”.

Buscando las vías de dónde el Foro obtuvo dinero, en el expediente de más de 20,000 hojas formulado por la FGR se menciona que se realizaron tres audiencias donde solo estuvo presente el ministerio público para lograr desclasificar las cuentas, sin embargo no hay respaldo de dichas reuniones,” esto solo fue mencionado por la Fiscalía, por lo que no se sabe si se siguió el correcto procedimiento para obtener la información, desde ahí se pueden observar vicios en el peritaje y la carpeta en general”.

La especialista, quien pidió guardar el anonimato explica: “para dar un informe de investigación criminal, es decir la actuación de un policía de investigación, no se puede acceder a los datos bancarios, eso solo puede darse a través de órdenes judiciales (…) Aunque el documento menciona que se celebraron audiencias para desclasificar el secreto bancario, esto no consta en acta. Incluso, con todo y que las audiencias sean cerradas y de oralidad, debe haber un acta mínima en la que conste la resolución o visto bueno del juez (…) Esto indica al menos, una violación al procedimiento”.

Para indagar sobre la legalidad del uso de recursos se desclasificaron secretos bancarios, pero la carpeta de investigación no evidencia el procedimiento de esa desclasificación. No hay constancia de las audiencias que lo avalan, esto pone en entredicho la legalidad con la que fueron obtenidos estos datos”, añade.

Uno de los gastos que se analizan es la adquisición de un bien inmueble a nombre de la propia Asociación Civil, el cual fue adquirido en 2015 mediante contrato de compraventa en el que intervino la apoderada legal y que en su momento fungía como secretaria técnica. Sin embargo, la compra de ese inmueble se hizo con recursos propios y después de la autorización de su mesa directiva conformada por 17 instituciones. Este es al menos un ejemplo de cómo la A.C. ha demostrado tener toda la documentación en orden.

Sustento legal para la protección de datos
El secreto bancario consiste en la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza, que reciban de sus clientes. Se entiende que esta información es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero. Si no existiera esta norma, cualquier persona podría solicitar en un banco, por ejemplo, información sobre los movimientos de las cuentas de una persona.

El secreto bancario se encuentra regulado en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que las instituciones de crédito, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Para ello se creó el “Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridades” (SIARA), para que cuando lo solicite la autoridad judicial siempre que exista un juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado, las instituciones de crédito pueden dar esta información.

El procedimiento de atención a requerimientos y órdenes de aseguramiento y desbloqueo de cuentas sigue la siguiente línea: Autoridad, requerimientos de información y documentación, aseguramiento y desbloqueo de cuentas, Recepción CNBV, Análisis y dictaminación del requerimiento, Solicitud de información a las entidades vía SITI, informes de las entidades vía SITI (negativas), Físico (positivas, revisión de la documentación y cumplimiento del secreto financiero, envío de información, recibe la autoridad.

Suspensión de transferencias al FCCyT
Los recursos que recibía el Foro para su funcionamiento estaban mandatados por el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología. En un acto ilegal y unilateral, el Conacyt suspendió las transferencias desde 2019, lo que motivó que el 10 enero de 2020 un juez federal resolviera conceder un amparo al FCCyT y ordenara que el Consejo entregara los recursos económicos, pero esto no sucedió. Al contrario, el Conacyt cambió sus estatutos para crear un foro consultivo interno y remplazar al FCCyT, con lo cual el amparo concedido al Foro quedó sin sustento y el 14 de julio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró sobreseer el caso y dio por concluido el litigio.

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