Pandemia agudizó las brechas de acceso a los servicios de salud y la seguridad social

BLANCA JUÁREZ / EL ECONOMISTA

En 2020, cuando la pandemia de covid-19 se incrustó en todos los países, el 70% de la población mundial en edad de trabajar se quedó sin seguridad social o parcialmente protegida, es decir, más de 4,000 millones de personas, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En México, las madres trabajadoras fueron de las más afectadas.

La OIT publicó este miércoles el Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022 y dio a conocer que, de manera general, el 53% de la población mundial, incluyendo a las infancias, carece de protección social.

De acuerdo con el reporte, en México la población cubierta por al menos una prestación de protección social —sin contar la salud— llegó a 62 por ciento. Pero sólo el 25% de la fuerza laboral activa está aportando para lograr una pensión de retiro.

El documento confirma la disparidad entre regiones. Mientras la tasa de cobertura en Europa y Asia central fue de 84%, en África fue de apenas 17 por ciento. En las Américas, el 64% contó con al menos un tipo de prestación social.

El acceso a las prestaciones sanitarias por enfermedad y por desempleo cobró especial relevancia en la pandemia, señala el reporte. Sin embargo, la respuesta “fue desigual e insuficiente”, por lo que la brecha entre países de altos y bajos ingresos creció 30 por ciento. Por ejemplo, menos de una quinta parte de quienes se quedaron sin empleo reciben algún tipo de ayuda.

Sin tomar en cuenta el gasto en salud, los países destinan en promedio 12.8% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la protección social. Aunque los de altos ingresos invierten 16.4% y los de bajos ingresos, sólo 1.1 por ciento.

En 2020, México asignó 7.5% del PIB a la seguridad social, según el informe. Los sistemas de protección social son clave para aliviar la pobreza, subraya la OIT. Así funcionó en países que actualmente tienen altos ingresos, como los nórdicos, asegura en el reporte.

La covid-19 ha puesto en peligro el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), advierte. También “ha hecho imposible que los responsables políticos ignoren los persistentes déficits de protección social” de trabajadores y trabajadoras informales, migrantes y cuidadoras no remuneradas.

Madres trabajadoras y seguridad social
La protección social incluye el acceso a la atención médica y a la seguridad del ingreso en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente en el trabajo y maternidad, así como ante la pérdida de la principal persona que generaba ingresos para la familia.

Sobre la maternidad, la OIT indica que el mercado de trabajo y los sistemas de seguridad social, o en general la sociedad, penaliza la decisión de las mujeres que quieren ser madres. Si bien esto sucede en la gran parte del mundo, México, Brasil, Chile y Costa Rica, han tenido “caídas más pronunciadas” en la fuerza laboral de mamás de niñas y niños menores de 6 años en esta pandemia.

En América Latina y el Caribe la cobertura legal para la protección de la maternidad abarca al 73.4% de las mujeres en edad de laborar. En cambio, en Norteamérica apenas cubre a 11.3 por ciento. Sin embargo, en México sólo el 10% de las madres que recién dieron a luz tienen acceso a la seguridad social.

“Las normas sociales y las desigualdades estructurales”, como la brecha salarial, “obligan a las mujeres a ser las principales cuidadoras y a los hombres, a trabajar más horas como principales fuentes de ingresos”. El resultado es que las madres tienen menos probabilidad de estar empleadas, tener salarios justos y acceder a un puesto directivo o de liderazgo. “La tendencia es preocupante: entre 2005 y 2015, la penalización por maternidad en el empleo aumentó en 38.4%”.

Desempleo, igual a carencia de seguridad social
En México, el sistema de seguridad social está ligado al empleo, y al formal. Por ello la población menos protegida en este país es aquella que se queda sin empleo. Según el reporte, acá sólo 6% de estas personas tienen algún tipo de cobertura social.

Hay casos peores en la región, como Nicaragua o Haití, que proveen cero cobertura. Pero en Barbados, el 88% tiene protección, o Uruguay, que llega al 31% de su población sin trabajo. Chile cubre al 27% y Argentina al 10 por ciento.

A nivel mundial cerca de un tercio de las personas en edad de trabajar tiene seguridad de ingresos protegida por la ley en caso de enfermedad. Y menos de una quinta parte “recibe realmente beneficios de desempleo”.

Sin embargo, la pandemia resaltó la importancia de contar con planes para proteger las plazas laborales “a través de planes de retención de empleo y prestaciones por desempleo”. En este país, sólo la Ciudad de México cuenta con un seguro por pérdida del trabajo.

Plataformas digitales
Los trabajos en las plataformas digitales aumentaron en el primer año de la pandemia, pero no eso no se tradujo en la protección de quienes desempeñan actividades en esas empresas. Según una encuesta que realizó la OIT en 100 países, el 40% de más de 20,000 trabajadores digitales tenían seguro de salud y sólo el 20%, acceso a protección contra accidentes del trabajo, protección por desempleo y pensiones de vejez.

Pero, la mayoría de quienes sí tenían un seguro de salud lo habían adquirido por sí mismos o por otro empleo, no se los proporcionaba la compañía. Es necesario “garantizar un entorno competitivo justo entre los actores económicos en las economías ‘nuevas’ y ‘viejas’”, apunta la organización.

Y sobre los accidentes laborales, apenas el 35% de la fuerza laboral mundial tiene acceso efectivo a la protección contra las lesiones en el trabajo. “Muchos países han reconocido al covid-19 como una lesión ocupacional para garantizar un acceso más fácil y rápido a los beneficios”.

México está entre esos países que reconocen a esta pandemia como una enfermedad de trabajo en caso de que el contagio haya ocurrido en el ámbito laboral. De acuerdo con el informe, en este país el 35.4% de la población en edad de trabajar que sufre un accidente de trabajo está protegida.

Varios otros grupos fueron “desproporcionadamente afectados por la pandemia”. Por ejemplo, los pueblos indígenas “encontraron que las barreras y desigualdades preexistentes se acentuaban aún más con la covid-19”, como la falta de un empleo o uno formal y por ende, del acceso a la seguridad social.

Los migrantes y desplazados “fueron los primeros en perder sus trabajos y ahora enfrentan importantes barreras para volver a ingresar a la fuerza laboral”. Debido a su estatus migratorio, se les complica ingresar al sistema de seguridad social.

Otra población es la que tiene discapacidad, en todo el mundo, apenas el 33% reciben una prestación social. En México, la tasa de cobertura en 2020 fue de 40%, de acuerdo con la OIT.

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