Distribución, dominada por “grupos mafiosos”: gaseras

MILENIO

Los 90 millones de mexicanos que usan el gas LP hacen de éste un mercado sumamente apetitoso y del cual muchos quieren tener un pedazo de ese pastel; aquí se incluyen desde las cinco familias que concentran más de la mitad de las ventas en el país de este insumo hasta los comisionistas que con sus unidades propias lo llevan hasta el consumidor final.  

A todo esto se suma por lo menos 11 agrupaciones clandestinas o seudosindicatos del área metropolitana del Valle de México que están ligados a problemas del gas LP como bloqueo a empresas, extorsión, cobro de piso y agresiones. 

Pero fue el anuncio de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de poner  precios máximos del gas LP a 145 regiones del país lo que provocó el descontento de algunos, al dejarles menos margen de ganancia en su comisión. Después del paro realizado por la Unión de Gaseros del Valle de México el martes en CdMx, Estado de México e Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en conferencia que el abasto de gas está garantizado, y ofreció a comisionistas y distribuidores el apoyo de la Guardia Nacional por la vandalización de sus unidades.

Informó que se estaba analizando presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a dar el servicio, desde distribuidores hasta comisionistas y añadió que hoy dará a conocer las medidas para que no falte el gas.

Seudosindicatos Según información de diversas compañías gaseras a la que MILENIO tuvo acceso señala que estos grupos son ACME, Sindicato Libertad, Unión Iztapalapa, Asociación de Gaseros de Coacalco, Grupo Ecatepec, Grupos Unidos de Coyoacán, AGUM, GUT, MUGZO, GUAO y Gaseros Unidos del Sur. Una asociación formal del sector señaló que como medida de presión algunos grupos han cerrado varias plantas de distribución y no dejan que operen autotanques, camiones cilindreros ni estaciones de carburación.

Una empresa consultada por MILENIO que prefirió guardar el anonimato por miedo a represalias, expuso que estos grupos han quemado unidades y golpedo o retenido a los vendedores para no dejar que ingresen a las zonas bajo las cuales tienen influencia.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) ha señalado que estas bandas delincuenciales al no dejar ingresar a empresas establecidas, generan problemas de competencia y de aumento de precios por el mercado desleal; también se les relaciona on la comercialización de gas LP robado, que al no encontrar salida en los mercados donde es extraído se vende en los grandes centros de consumo.

En entrevista con MILENIO, el representante legal de la comercializadora de gas LP Blue Propane, Alan Jaramillo, explicó que existe una concentración de pequeños grupos que dominan, incluso hasta regionalmente la distribución de gas LP.

La empresa denunció ante la Comisión Federal de Competencia Económica prácticas monopólicas en Baja California, donde las compañías predominantes, autoridades y asociaciones civiles afines a los grupos impiden la operación de Blue Propane.

“Es una barrera económica y es precisamente uno de los factores internos que han provocado esta crisis del gas. Hay muchas opiniones en estos días respecto al porqué de la situación que estamos viendo; compartimos que hay factores externos pero no sé había hablado de los internos y lo que ocurren en la ciudad de Tijuana sucede en otras ciudades del país”, indicó Jaramillo. “Muy pocos controlan el mercado del gas LP y eso también incide en la situación en la que vivimos ahora, en la carestía del insumo”, añadió el directivo.

Piden conciliación Al levantar el paro de actividades, el presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, José Adrián Rodríguez, llamó al diálogo a las autoridades locales y federales, a fin de llegar a un acuerdo sobre el límite del precio del gas.

La Coparmex-CdMx aseguró que los paros generan un mercado negro de combustible y pidió a los gobiernos federal, local y a los distribuidores a conciliar sus posiciones para beneficio de los ciudadanos.

La Concamin indicó que los controles de precios como política pública generan en el mediano plazo escasez.

 

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