Eréndira niega persecuciones; no hay ni filias ni fobias, asevera

EXCÉLSIOR

La secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, aseguró que no hay perseguidos políticos en el combate anticorrupción; que el gobierno federal no tiene ni filias ni fobias en este combate, al grado que a Manuel Bartlett, director general de la CFE, será investigado hasta las últimas consecuencias, dado que se han presentado ya 21 denuncias en su contra y aclaró que en ese caso “no hay gato encerrado”.

Durante su comparecencia ante la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Irma Eréndira Sandoval informó que los gobiernos estatales tienen pendiente la justificación o devolución de la Federación de 46 mil 121 millones de pesos.

Reveló que la Secretaría tiene observaciones en auditorías de obra por un monto de 17 mil 319 millones de pesos; de ellos, “más de 16 mil millones de pesos vinculados, por cierto, al llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco”.

En respuesta a la panista Xóchitl Gálvez, detalló que se han aplicado 13 auditorías y siete visitas de verificación de calidad, lo que ha generado 100 observaciones por un monto total de 16 mil 816 millones de pesos y reveló que de los 211 contratos que se firmaron en torno al Aeropuerto, por 170 mil millones de pesos, sólo 19 concentraron el 95% del monto total de la inversión.

A pregunta expresa sobre el desabasto de medicamentos como efecto de la austeridad gubernamental, en reiteradas ocasiones negó que exista relación entre ambos y acusó de falta de ética a quienes denunciaron el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, pues aseguró que este problema no fue ni es un asunto nuevo ni atribuible a la austeridad de la 4T, sino parte de una inevitable limpia gubernamental de las empresas que pretendían manipular el abasto.

“No tenemos en esta Secretaría de la Función Pública y desde luego en el gobierno, filias ni fobias. Se han investigado lo mismo servidores públicos de la administración actual que de la administración pasada, que tienen procesos administrativos pendientes. En la función pública ya no hay intocables ni siguen existiendo perseguidos políticos”, dijo.

“Tenemos en proceso más de 28 mil investigaciones por presuntas irregularidades de servidores públicos, casi un 30% adicional que en el mismo periodo del anterior gobierno”, aseguró.

Añadió que “hemos impuestos dos mil 791 sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 875 inhabilitaciones y 237 sanciones económicas resarcitorias por más de tres mil 596 millones de pesos, sin contar con las que están en litigio”.

 

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