RODRIGO A. ROSALES / EL ECONOMISTA
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gasto federalizado —recursos que el gobierno federal transfiere a entidades y municipios a través de participaciones, aportaciones, subsidios y convenios—desaceleró en relación con administraciones anteriores.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el gobierno de Peña Nieto el gasto federalizado creció 10.0% real, un nivel menor a los registros de la gestión de Felipe Calderón Hinojosa (26.2% entre el 2007 y el 2012) y Vicente Fox Quesada (34.9% en el periodo 2001-2006).
¿A qué se debe esta pérdida de ritmo? Principalmente, a la tendencia de desaceleración de las aportaciones federales, el Ramo 33. Los resultados fueron los siguientes: 23.3% real entre el 2001 y el 2006, 14.0% en el lapso 2007-2012 y 7.0% en el sexenio pasado.
El Ramo 33 aportó 38.2% del total del gasto federalizado en el 2018, que ascendió a 1.92 billones de pesos, sólo detrás de las participaciones (44.0% del total).
Las aportaciones, que se dividen en ocho fondos, se transfieren a estados y municipios con el objetivo de solventar prioridades (problemáticas) en materia de educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y fortalecimiento financiero, es decir, tienen definido un destino —gasto programable—.
Por sus fondos, entre el 2013 y el 2018 cayeron los referentes a seguridad pública (25.0% real) y a la educación tecnológica y de adultos (1.9 por ciento).
Los recortes en algunos fondos de aportaciones (sin contar inversión pública y otros rubros del gasto federalizado) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron, en particular, para mantener un superávit primario, lo cual se dio en el 2017 (balance de 304,765 millones de pesos) y en el 2018 (143,712 millones).
A lo anterior se añaden las disminuciones, en términos reales, de cuatro componentes del gasto federalizado en la administración federal pasada: recursos para protección social en salud (21.9%), convenios de descentralización (19.0%), Provisiones Salariales y Económicas y otros subsidios —Ramo 23— (9.4%) y convenios de reasignación (8.2 por ciento).
De hecho, sólo las participaciones —Ramo 28— aceleraron en el gasto federalizado con Peña Nieto (crecimiento de 29.7%, respecto a la gestión de Calderón Hinojosa (19.7%); estos recursos, integrados por 13 fondos, compensan a los gobiernos locales, dependiendo de la Recaudación Federal Participable (RFP), que indirectamente se relaciona con los niveles poblacional y de actividad económica y petrolera.
Este mayor ritmo del Ramo 28 derivó del empuje que dio la reforma hacendaria del 2014 a la recaudación tributaria, de la cual dependen algunos fondos de dicho ramo.
Es decir, con los cambios fiscales se buscó que los ingresos tributarios incrementaran, como Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado o el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: entonces, a mayor ingreso, por fórmula, estados recibieron más recursos por concepto de participaciones.
En este sentido, el Ramo 28 depende de la RFP, que es el conjunto de recursos que percibe el gobierno federal por concepto de impuestos federales, derechos de minería y una parte de los ingresos petroleros. De esta bolsa se desprenden los principales fondos de participaciones que transfiere la Federación a las entidades del país.
La Recaudación Federal Participable llegó a 3.13 billones de pesos en el 2018, 17.7% más que en el 2013, considerando el efecto inflacionario.
Primeros lugares
Las entidades federativas que exhibieron los mayores incrementos reales en su gasto federalizado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron Michoacán (19.1%), Baja California Sur (18.9% —primera posición en territorio mexicano de crecimiento económico—) y el Estado de México (18.5 por ciento).
El primer lugar nacional de Michoacán derivó de aumentos en Ramo 23 (79.2%), participaciones (30.6% entre el 2013 y el 2018), aportaciones (14.9%) y convenios de descentralización (6.2%); únicamente presentó descenso en recursos para protección social en salud (21.4%), mientras el año pasado no registró dinero por convenios de reasignación.
En el otro extremo, solamente Tabasco y Sonora mostraron desplomes en su gasto federalizado, de 0.1 y 1.8%, respectivamente.
Sonora apenas obtuvo alzas de 1.6% en participaciones y de 1.4% en aportaciones, así como variación de 41.0% en el Ramo 23; los demás apartados (convenios y recursos para protección social en salud) cayeron.
Por su parte, en Tabasco sólo el Ramo 23 fue positivo (tasa de 15.4%); el estado aún resiente los efectos de la crisis petrolera, que se suma a una falta de política pública que diversifique sus sectores económicos.
Asimismo, a la desaceleración del gasto federalizado se agrega la dependencia de los gobiernos locales de estos recursos.
Al cierre de 2017, a nivel nacional, 86.9% de los ingresos de las entidades proviene de transferencias federales.
Según el tercer y último informe de la Cuenta Pública 2017, se observó que en 30 estados las transferencias federales representaron más de 80.0% de sus ingresos presupuestarios. La Ciudad de México tuvo la menor dependencia presupuestaria (58.2%) en el país.
“En consecuencia, la política tributaria y no tributaria local podría aplicar medidas que incrementen la recaudación de ingresos propios, reduzcan la evasión y elusión fiscal, con el propósito de aumentarlos y establecerlos en el mediano y largo plazos”, detalla el reporte.
