Emiliano Álvarez gana Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino

REDACCIÓN / ARISTEGUI NOTICIAS

El Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2017 fue concedido al poeta mexicano Emiliano Álvarez, quien actualmente es becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía.

El escritor es poeta y ensayista, miembro de la mesa de redacción del Periódico de Poesía de la UNAM. Su trabajo ha aparecido en publicaciones como Cultura Urbana de la UACM, Casa del Tiempo, de la UAM, Blanco MóvilEste País y el mismo Periódico de Poesía. Co-fundador y subdirector de La Dïéresis (editorial artesanal). Ha publicado dos libros de poemas Otras voces (2009) y Nômen (2011) y el poema-objeto Papalote (2012).

Escribió el prólogo para el libro-disco Perro de Goya y otros poemas, de David Huerta (2012), que forma parte de la colección Voz Viva de México. Participó en la antología de ensayos sobre la obra de Juan Rulfo, El muerto era yo (2013).

El Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino está dirigido a mexicanos por nacimiento, residentes en el país o en el extranjero y de máximo 30 años de edad. El ganador recibe 100 mil pesos en efectivo, diploma y la publicación del libro en el Fondo Editorial Tierra Adentro.

OPINIÓN: El Correo Ilustrado

REDACCIÓN / LA JORNADA

Por una educación al servicio del pueblo

Las instituciones de educación pública de México surgieron con la tarea de investigar, estudiar e intervenir en la resolución de los grandes problemas nacionales, bajo un proyecto de Nación libre, soberano e independiente. En las últimas décadas los objetivos de dichas instituciones se han olvidado, perdido o mutilado, principalmente por decisión de los funcionarios a cargo de ellas, convirtiéndolas sólo en observadoras. Quienes deben ser los primeros en preservar el sentido crítico y participativo de las mismas, trabajan para favorecer sólo a las grandes empresas trasnacionales, las que no tienen ninguna intención de promover el crecimiento y desarrollo nacional, más bien aprovechan el saqueo, la falta de regulación, las ilegalidades y condición semicolonial a la que nos lleva la puesta en marcha de las reformas estructurales, para fortalecer sus negocios y hacer crecer sus ganancias.

Por ello, estudiantes agrupados en la XXI edición de la Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México, en el marco del Primer Encuentro Nacional de Acción Revolucionaria celebrado en la Montaña Alta de Guerrero, exigimos a los funcionarios de las instituciones de educación pública el cese de la destrucción del modelo histórico de educación del pueblo y para el pueblo; mayor participación las instituciones educación pública en la resolución de los grandes problemas nacionales, empezando por la implementación de programas de servicio social, estancias de investigación y desarrollo de proyectos en comunidades de alta marginación y rezago, para comenzar a paliar los efectos negativos que ha dejado el paso de décadas neoliberales sobre la población más vulnerable.

Estudiantes y egresados de la BUAP, de la UAZ, de la UASLP, del IPN, de la ENAH, de la UACM y de la UAC, y la UNAM; XXI Edición de la BMACM; Claudio Todd e Ingrid Vázquez, representantes de alumnos ante los consejos técnicos de la Facultad de Economía y de la licenciatura en Bibliotecología de la UNAM, Grupo de Acción Revolucionaria. Responsable de la publicación Walter J. Ángel

Dos aclaraciones del Comité ¡Eureka!

Sólo para agradecerles la publicación de nuestra carta ayer y hacer dos aclaraciones:

1) Nosotros pusimos 18,000 días (dieciocho mil días) por los más de 47 años que lleva efectuándose la desaparición forzada en México; no fue por error.

2) La consigna que fue acuñada en el seno del Comité ¡Eureka! y que en un inicio sólo era gritada y publicada en escritos por nosotros y que después también por el Frente Nacional Contra la Represión y que ahora es de muchos, afortunadamente para el reclamo de la libertad de los desaparecidos, pero que desgraciadamente sólo se ha replicado en tantas voces por todo el mundo porque la desaparición forzada y la impunidad en este país ha llegado a los niveles tan terribles que hoy vemos es: ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! Es sin el se.

Conforme la fueron adoptando otras organizaciones la fueron modificando, lo cual no hace ninguna diferencia porque la lucha es la misma.

Estas palabras sólo tienen el afán de aclarar porqué en la carta se redactó así y también porque tratamos de preservar la memoria histórica de esta lucha.

Gracias de nuevo.

Comité ¡Eureka! Claudia Piedra

Exigen inmediata solución al caso de los 43

Por este medio de nueva cuenta exigimos al gobierno federal la inmediata solución en el caso del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Las autoridades ya no deben seguir administrando el caso para eludir su responsabilidad constitucional, política y jurídica, mucho menos cuando existen elementos para considerar la participación por acción u omisión de las fuerzas armadas del Estado mexicano.

Nos solidarizamos con la lucha firme, decidida y valiente que mantienen las familias de nuestros 43 y hacemos nuevamente un llamado a la conciencia de todos los mexicanos para que se sumen a la exigencia de verdad y de justicia en este caso y en muchos otros. No debemos permitir que continúe esta imposición del miedo como instrumento de control social.

Anel Hernández Sotelo, Víctor Rogelio Caballero Sierra. Proyecto 21.20 #AngeldelaHistoria, Colectivo Democrático Aequus

Apoya la idea de un plebiscito para el INE

Excelente la sugerencia de hace unos días de un plebiscito para determinar si los consejeros del Instituto Nacional Electoral deben seguir en sus puestos. Ahora bien, ya entrados en gastos, podríamos incluir a las planas mayores del gobierno federal y de la CDMX en el mismo. Ojalá una ONG lo pueda organizar. Este plebiscito no tendría razón de ser si los que viven del presupuesto tuvieran autocrítica.

Álvaro Carlos Aldama y Luebbert

Invitaciones

Charla histórica

El Museo Casa de la Memoria Indómita y el Círculo de Estudios Central invitan a la charla Ley General de Archivos: una amenaza a la rendición de cuentas y a la memoria histórica, nos acompañará, Camilo Vicente Ovalle, investigador, especialista en temas de violencia política y la represión de Estado, actualmente es doctorante en historia por la UNAM. El 26 de julio, a las 19 horas, en Regina 66, colonia Centro, (entre 5 de febrero y 20 de noviembre).

Informes: circulodeestudioscentral@gmail.com

Teléfono: 55 32590714, 55 32714727

Taller leer y escribir poesía

Leer poesía para gozar y comprender el lenguaje poético. Conocer elementos teóricos y gramaticales básicos. Compartir con el grupo las creaciones poéticas individuales. Ocho sesiones quincenales (inicio: primera semana de agosto). Sesión de entrevista e inscripción: sábado 29 julio, con la maestra María Guerra Tejada.

Informes e inscripciones: REDflexiones A.C. 7158-9449, 04455-5156-1629

redflexionesac@gmail.com

Conferencia

Brújula Metropolitana invita a la conferencia En defensa de la Constitución de la Ciudad de México. Las trampas de la ALDF contra la Constitución y acciones por la defensa de la Ciudad de México, impartida por el abogado Jaime López Vela, diputado constituyente. Miércoles 26 julio 19 horas, en Álvaro Obregón 182 entre Tonalá y Monterrey, colonia Roma. Centro Cultural Artesanal PPS. Metrobús Álvaro Obregón. Entradalibre.

Informes: 55-52756418

brujulametropolitana@yahoo.com

Transmitiremos en vivo por FB

Laura Nava y Fabián Zavala Brújula Metropolitana

http://www.jornada.unam.mx/2017/07/26/opinion/002a2cor

Resumen de revistas – 23 de julio

Proceso
Ruiz Esparza el intocable

Negocios turbios y tráfico de influencias, el sello en la SCT
Contralínea
México: el país más impune en desaparición forzada

Trece organizaciones internacionales han formulado más de 150 recomendaciones a México durante el presente sexenio; todas, relacionadas con la ola de desapariciones que, desde la Guerra Sucia y hasta el presente, enluta a miles de familias
Siempre
La renuncia de Ruiz Esparza

El socavón, se acepte o no, provocó una nueva crisis política y administrativa. Si alguien piensa que el caso se olvidará una vez que desaparezca de los medios, se equivoca.
Vértigo
EU abre juego para la renegociación del TLCAN ganar-ganar, objetivo de México

Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía
Impacto
Cárteles o no, el narco opera en al CDMX

Golpe de la Marina a agrupación delictiva ‘altamente violenta’ en Tláhuac, prueba irrefutable… aunque Mancera lo niegue

Proceso

Negocios turbios y tráfico de influencias, el sello en la SCT

(Jenaro Villamil, págs. 6-10)

Gerardo Ruiz Esparza, el inamovible secretario de Comunicaciones y Transportes, tiene añejos vínculos con la clase política del Estado de México –incluido el propio presidente Peña Nieto–. Los dislates del funcionario ante el accidente de la semana antepasada en el Paso Exprés de Cuernavaca reavivaron las voces de quienes exigen su remoción. Unos lo llaman “esteta de la corrupción”, pero el titular del SAT, Aristóteles Núñez, lanzó un tuit más contundente: “Secretario Gerardo Ruiz Esparza, no es un socavón, no es la lluvia. Es negligencia y corrupción…”

Pese a sus errores, los escandalosos sobreprecios en decenas de licitaciones que ha organizado, las evidencias de presunta corrupción en su trayectoria profesional, sus declaraciones ante los accidentes trágicos como el del miércoles 12 en el Paso Exprés de Cuernavaca, sigue al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –a la cual llegó el 1 de diciembre de 2012–, apoyado por el presidente Enrique Peña Nieto.

El 3 de noviembre de 2014, en el Senado se acusó a Ruiz Esparza de favorecer los intereses del empresario Juan Armando Hinojosa, cabeza del Grupo Higa y amigo de Peña Nieto, en la licitación del tren México-Querétaro, que se suspendió ante el escándalo de la Casa Blanca, revelado por Proceso y el portal Aristegui Noticias el 8 de noviembre de ese año.

Ante la indignación de Televisa y TV Azteca, afectadas con la política del “apagón analógico” y las evidentes fallas en el reparto de los televisores durante el año electoral 2015, Ruiz Esparza se defendió ante el Senado señalando que el documento del IFT “no tiene sentido legal ni práctico claro” y se autoelogió: “La culminación exitosa del apagón analógico permitió que el 93% de los hogares de México tengan acceso a los beneficios de la televisión digital”.

En realidad, las grandes beneficiarias de las compras multimillonarias de televisores digitales fueron dos consorcios desconocidos hasta entonces: Diamond Electronics en sociedad con Comercializadora Milenio, que terminó acaparando 63% de todas los aparatos licitados (6.5 millones), por un monto superior a los 19 mil millones de pesos; la segunda fue la cadena de supermercados Soriana –involucrada en los escándalos de las tarjetas de apoyo a Peña Nieto en 2012– que obtuvo mil 927 millones de pesos por la compra de 781 mil televisores.

Larga vinculación OHL-Ruiz Esparza

El 7 de septiembre de 2015, la voz de Ruiz Esparza se escuchó en uno de los audios divulgados sobre el escándalo de OHL. El titular de la SCT le comentó a Pablo Wallentin, entonces directivo de la constructora española, que la empresa Infraiber “no tiene cómo defenderse porque no tiene ni acción legal contra el gobierno del estado (de México), porque no hay nada que le haya dado derecho a Infraiber, porque no se firmó ni se ha firmado nada, entiendo, con ningún concesionario”. En un comunicado, la SCT calificó esas grabaciones como “ilegales, editadas y manipuladas” y sostuvo que “pretenden desorientar a la opinión pública”, pero no negó que fuera la voz de Ruiz Esparza.

El vínculo de Ruiz Esparza con OHL es innegable. En febrero de 2003, la constructora española de Juan Miguel Villa Mir obtuvo del gobierno de Arturo Montiel la licitación para construir, diseñar, financiar y operar el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) –obra que continuó durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México– cuya extensión fue de 110 kilómetros y representa 50.1% de los ingresos totales del consorcio español en México.

Junto con el CEM, el gobierno estatal de Peña Nieto, a través de Ruiz Esparza, le concesionó a OHL el Viaducto Bicentenario, a un costo de 10 mil 71 millones de pesos.

La verdadera bonanza de OHL se produjo en la administración federal que inició en 2012, con Peña Nieto como presidente y su viejo aliado y conocido Ruiz Esparza como titular de la SCT.

Sólo en los dos primeros años de su gestión, la SCT le otorgó a OHL al menos siete contratos importantes: 64% de la autopista Atizapán-Atlacomulco, por 9 mil 500 millones de pesos; el tramo 1 del Tren Interurbano México-Toluca, por 10 mil millones, en sociedad con Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon; el segundo piso de la autopista México-Puebla, con una inversión de más de 10 mil millones; la Línea 3 del Tren Eléctrico de Guadalajara, por 7 mil 418 millones, en sociedad con la francesa Alstom.

Mientras en ese lapso a OHL le entregaron obras por 41 mil 500 millones de pesos, a otras constructoras privadas –ICA, Tradeco e IDEAL–, la SCT de Ruiz Esparza les entregó contratos por 9 mil 412 millones, la quinta parte.

Además, el negocio de infraestructura más importante de este sexenio, la construcción y licitación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pasa por los intereses de OHL y de Ruiz Esparza. El total de las obras suman alrededor de 169 mil millones de pesos, incluyendo 20 mil millones en las obras hidráulicas.

“El paso de la muerte”

El escándalo del Paso Exprés volvió a abrir la caja de Pandora de la corrupción de Ruiz Esparza: la obra que costó más de 2 mil millones de pesos y con una “garantía” por mala ejecución por 220 millones de pesos, presenta 45 puntos de riesgo, según un informe entregado a la SCT por los vecinos de la colonia Chipitlán; desde el inicio de su construcción, en enero de 2015, suman más de 20 muertes por accidentes viales y de trabajadores en la obra, según diputados locales de Morelos.

Pese a todo, Ruiz Esparza se defendió en entrevistas a distintos medios electrónicos e impresos y afirmó que quienes han pedido su renuncia lo hacen por “motivos políticos”.

Y su jefe, el presidente Peña Nieto, no sólo lo protegió sino lo ha defendido públicamente. El mismo día del 51 cumpleaños del funcionario, el jueves 20, Peña Nieto dejó en claro que no habrá cambios en su gabinete: “No tengo para decir sí, ni para decir no… No es éste el momento para decirles, no lo tengo considerado en este momento”.

Los legisladores del PRD, PT-Morena y del PAN en la Comisión Permanente primero demandaron la comparecencia de Ruiz Esparza y después promovieron un punto de acuerdo para reclamar la renuncia del titular de la SCT. El PRI y el Partido Verde defendieron al funcionario, amigo de décadas atrás de Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada priista en el Senado.

El extitular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, demandó claramente la renuncia de Ruiz Esparza en su cuenta de Twitter, @AristotelesN, poco después del fallecimiento de Mena Ruiz y Mena Romero:

“Secretario Gerardo Ruiz Esparza –escribió–, no es un socavón, no es la lluvia. Es negligencia y corrupción. Deje de hacerle daño al presidente y al país. Renuncie.”

Proceso solicitó la opinión del titular de la SCT. Hasta el viernes 21 no obtuvo respuesta. En columnas periodísticas se filtró la versión de que detrás de Aristóteles Núñez está la mano del actual canciller Luis Videgaray. Durante años, el exsecretario de Hacienda sostuvo una clara disputa con Ruiz Esparza por el manejo de las licitaciones y los grandes negocios.

El vínculo Del Mazo-Ruiz Esparza

La trayectoria de Ruiz Esparza está estrechamente ligada a la otrora “familia feliz” del sexenio de Miguel de la Madrid y, en especial al exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, tío de Peña Nieto y cabeza actual de la dinastía que continuará gobernando la entidad.

Ruiz Esparza fue subdirector Jurídico en la Dirección de Deuda Pública en la Secretaría de Hacienda (1977-1981) y de ahí pasó a la Subsecretaría general de Gobierno en la gestión de Del Mazo González (1981-1987), “el hermano que nunca tuvo” Miguel de la Madrid.

En ese periodo afianzó sus nexos políticos en el Estado de México y tras su paso como director de administración en la Comisión Federal de Electricidad (1999-2005), Ruiz Esparza retornó al gobierno estatal como secretario de Comunicaciones en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2005-2011).

Su ascenso como titular de la SCT en el gobierno federal se dio de la mano del apoyo que recibió de Del Mazo González, principal interesado en la licitación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero también con las alianzas políticas que estableció con los grandes consorcios constructores y con otros funcionarios de primer nivel.

Se atora la lucha anticorrupción

(Patricia Dávila, págs. 12-14)

Jacqueline Peschard Mariscal, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), entrevistada un día después de que éste entró en vigor, admite: “Estamos frente a un vacío institucional que implica el no cumplimiento del mandato constitucional y legal”.

El SNA se echó a andar con fuertes carencias, como la falta del correspondiente paquete de leyes, el nombramiento de fiscal general y de fiscal anticorrupción.

César Chávez Flores, exvisitador de la PGR, coincide con ella y señala que, conforme a un artículo transitorio de la reforma constitucional de 2014, al entrar en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), el procurador en funciones pasaría en automático a ser el fiscal.

Ambos coinciden en que este punto obstaculiza el avance del sistema, pues tal nombramiento automático no es deseable. Incluso hay una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para que se reforme ese transitorio, pero el Congreso no la ha procesado.

Sin polemizar, Peschard lamenta: “No se ha hecho porque no hay voluntad, porque no hay acuerdos para hacerlo… También entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual amplía la posibilidad de identificar actos de corrupción, ya que el Órgano Interno de Control, que realiza la investigación de una posible falta administrativa grave, no será el sancionador, sino que será un magistrado del Tribunal Superior de Justicia Administrativa especializado en materia de corrupción”.

Dicho tribunal estará integrado por 18 magistrados, quienes fueron propuestos por Peña Nieto cuatro días antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones del Senado, por lo que no dio tiempo de dictaminarlos: “Son una falta importante dentro de esta ley, tuvieron un año para cumplir el mandato pero no se hizo el nombramiento”, comenta Peschard.

También está pendiente la conformación de los Sistemas Locales Anticorrupción con los parámetros y criterios del sistema nacional. Sólo tres los cumplieron: Querétaro, Jalisco y Nuevo León.

Pese a todo, Peschard asegura: “El SNA está instalado, está funcionando, tiene que cumplir por ley con una serie de requisitos, como edificar una plataforma nacional digital con las distintas bases de datos para tener toda la información y cruzarla para que se puedan hacer investigaciones en esa materia. En eso estamos”.

Chávez Flores, uno de los candidatos a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, quien se autoexcluyó del proceso por considerar que el modelo actual no permite que esa instancia sea autónoma, argumenta:

“La ausencia de los magistrados en responsabilidades de materia administrativa significa que no existe el tribunal que conocería los casos de responsabilidades graves que se generen a partir de hoy. Aquí hay una ventana de tiempo porque, según la nueva Ley General de Responsabilidades, las conductas que conocerán son las catalogadas como graves que se cometan a partir de este día.

“Por eso hay una ventana de tiempo, en el sentido de que, si hoy empiezan a cometerse determinados tipos de conductas ilícitas, vendrá un periodo de investigación de las autoridades investigadoras, que serán la Auditoría Superior de la Federación y el OIC. Seguirá un momento de presentación de cargos ante un tribunal. No es que hoy estén ya armados los casos para llevar al tribunal, pero sería deseable que ya estuviera integrado”.

La autonomía, vital

Al plantearle que otro aspecto pendiente es el nombramiento del fiscal anticorrupción, Chávez Flores responde:

–El fiscal anticorrupción es una figura creada en la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014. Ésta modificó, entre muchos artículos, el 102 para establecer que la hoy PGR migraría a ser un organismo constitucional autónomo denominado Fiscalía General Anticorrupción, dentro de la cual, entre otras fiscalías especializadas tendría una anticorrupción y otra de delitos electorales, y sus titulares serán nombrados y removidos libremente por el fiscal general.

–¿Los fiscales que nombrará el Senado no pueden ser confirmados? –se le plantea a Chávez Flores.

–Esa será una decisión del fiscal general. Esta circunstancia es la que ha provocado la mayor crítica por las organizaciones y los candidatos que hemos comparecido.

“En lo personal dije explícitamente que sólo estaría en disposición de asumir el cargo si se reforma la Constitución para eliminar las restricciones que hoy tiene la figura del fiscal general. Los agentes del Ministerio Público experimentados y los policías no van a entrar a una aventura en una Fiscalía Anticorrupción que sólo va a estar unos meses en funciones, porque no da tiempo ni siquiera para integrar de manera adecuada una investigación.”

Considera que ese fiscal debería tener cuando menos un mandato de cuatro años y que el fiscal general no pueda removerlo libremente, porque eso le resta autonomía técnica y potencia para entrar de lleno a la investigación de casos de corrupción.

Además necesita investigar con autonomía e independencia técnica. “No quiere decir que esté proponiendo que la Fiscalía Anticorrupción sea autónoma, distinta a la Fiscalía General, pero debe tener una serie de reglas de autonomía técnica para desarrollar su trabajo adecuadamente”, aclara Chávez Flores.

–¿Qué tipo de reglas de autonomía técnica necesita?

–Por ejemplo, que el fiscal general no pueda dar indicaciones respecto del contenido de una investigación, no pueda instruir al fiscal anticorrupción para que investigue o deje de investigar un asunto… tiene que hacerlo con libertad y con independencia técnica. Reglas que le permitan seleccionar a su personal. Hoy, la Ley Orgánica de la PGR y el acuerdo emitido por el procurador atribuye la función de elegir a los miembros de la fiscalía al procurador general, no al fiscal anticorrupción.

Narcomenudistas de Tláhuac, con gran poder de fuego

(Sara Pantoja y Patricia Dávila, págs.16-19)

Las autoridades capitalinas sostienen que la banda que comandaba El Ojos –quien fue ultimado el jueves 20 junto con siete de sus colaboradores en la colonia La Conchita, en Tláhuac– no tiene la estructura de los cárteles de la droga que operan en el país. Sin embargo, su capacidad de fuego, así como los bloqueos –un hecho inédito en la Ciudad de México–muestran que no se trata de una simple asociación delictiva.

Durante siete meses, la Secretaría de Marina (Semar) realizó trabajos de inteligencia para atrapar a Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, y su banda de narcomenudistas, presuntamente ligada a los Beltrán Leyva, que operaba en la delegación Tláhuac y otras demarcaciones, así como en el campus de la UNAM.

La dependencia la denominó Operación Tango y el jueves 20 tuvo sus resultados. En una refriega donde participaron marinos, así como policías federales y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) y de la Procuraduría General de la República (PGR), El Ojos cayó abatido en la colonia La Conchita, en Tláhuac, junto con siete de sus sicarios a quienes las autoridades capitalinas identificaron cono narcomenudistas que operaban en el campus de Ciudad Universitaria.

Durante años, el Ojos amplió su zona de operaciones a las delegaciones Iztapalapa, Xochimilco y Milpa Alta y al municipio conurbado de Chalco, Estado de México, admiten el propio gobierno de la Ciudad de México.

Hiram Almeida Estrada, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México (SSP-CDMX) comenta a Proceso que el área de asuntos internos a su cargo abrió una carpeta de investigación que involucra a unos 10 o 15 mandos policiacos comisionados a Tláhuac por su presunta vinculación con esa célula criminal.

“El Ojos no dirigía cualquier grupo criminal: era una organización bien estructurada que él mismo se encargaba de nutrir a través de la cooptación de mototaxistas de la delegación Tláhuac para la distribución y venta de droga al menudeo”, según Almeida Estrada.

Él compraba los vehículos y los habilitaba como transporte público en la demarcación, aunque su papel fundamental era la venta de cocaína y mariguana. Los conductores eran halcones y se encargaban de mantener el control en la zona.

Una de las líneas de investigación de la SSP-CDMX indica que El Ojos vendía mariguana proveniente del corredor que cruza los estados de Morelos y Guerrero. La organización delincuencial también se dedicaba a extorsionar comercios y a generar temor entre la población.

Peña Nieto vuelve a soñarse “presidente del empleo”
(Carlos Acosta Córdova, págs.24-29)

Con base en un dato parcial, el número de afiliados al Seguro Social, el presidente Enrique Peña Nieto frenó momentáneamente la caída de sus índices de aprobación. Sin embargo, sus cifras y su discurso propagandístico no resisten un análisis serio ni representan una súbita recuperación económica.

En el mundo de Enrique Peña Nieto y su corte, todo marcha sobre ruedas y es él mismo quien enfáticamente, y a cada rato, se encarga de dar siempre la “buenas nuevas”.

Meses lleva ya diciendo, festejando, la gran creación de empleos. Hace dos semanas aseguró que la suya ha sido “la presidencia del empleo”, pues en lo que lleva de su administración se han creado “2.8 millones de empleos formales nuevos”, hecho que –dice– no se ha registrado en ningún otro sexenio en la historia del país, mucho menos en el anterior, en el que, por el contrario, se registró una pérdida neta en el área.

Según su discurso, la economía mexicana está más fuerte que nunca; no ha dejado de crecer –a finales de mayo el INEGI informó que en el primer trimestre de este año la economía creció 2.8% respecto de igual trimestre del año previo– y nunca ha perdido atractivo para la inversión extranjera.

Pero lo que más beneplácito causó en el gobierno federal, y regocijo franco en la Secretaría de Hacienda, fue el dato de que la calificadora internacional Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) mejoró la perspectiva de las calificaciones para la economía mexicana.

En agosto del año pasado S&P causó un gran revuelo en el medio financiero nacional –y sus consecuencias: volatilidad del tipo de cambio, depreciación del peso, fuerte salida de inversiones de cartera, incertidumbre, desazón de las autoridades– porque decidió cambiar de “estable” a “negativa” la perspectiva de la calificación crediticia internacional de México, debido a las altas probabilidades de que siguiera aumentando desproporcionadamente la deuda gubernamental, a tal grado que el nivel de la deuda o la carga de los intereses significaran un incremento en la vulnerabilidad de las finanzas públicas.

Y bajar la perspectiva de estable a negativa significaría que en menos de 24 meses la calificadora bajaría las calificaciones soberanas de México en moneda extranjera de largo y corto plazo en escala global, de “BBB+” y “A-2” respectivamente, que significan una capacidad adecuada para cumplir con los pagos de la deuda, aunque con condiciones económicas adversas.

Sin embargo, no se cumplía un año siquiera de ese plazo y S&P rectificó: la semana pasada, el martes 18, no sólo mantuvo las calificaciones soberanas de México en moneda extranjera de largo y corto plazo en escala global, en “BBB+” y “A-2”, sino que volvió a poner en “estable”, desde “negativa”, la perspectiva de dichas calificaciones.

La razón: se redujeron los riesgos en materia de deuda y de pasivos contingentes para los próximos 24 meses. Además, consideró S&P, las autoridades reaccionaron pronta y eficazmente ante los recientes choques negativos como los del tipo de cambio. También, la perspectiva estable “refleja la mejora del balance fiscal de México”, dijo la calificadora el martes 18.

Quizá por la persistencia de ese discurso triunfalista, que se repite en radio, televisión y en cuanto medio se pueda, es que Peña Nieto, contra todos los negativos que carga –la corrupción en primerísimo lugar–, ha logrado subir un poco en las encuestas de popularidad.

Trump, más “pragmático” que amenazante en la renegociación del TLCAN

(J. Jesús Esquivel, págs. 26-27)

Washington.- Los objetivos de Donald Trump para la renegociación del TLCAN, la que arranca el próximo 16 de agosto, son menos proteccionistas de lo que amenazaba el mandatario de Estados Unidos, y el nuevo acuerdo no podría aprobarse en el Congreso de ese país sino después de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, advierte Luis de la Calle, uno de los expertos del consejo asesor de los negociadores mexicanos.

El pasado lunes 17, Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca (USTR), entregó al Capitolio el sumario con los 22 objetivos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que Trump desea renegociar, los cuales resultaron ser más pragmáticos que proteccionistas.

“Los objetivos son positivos porque son congruentes con la Autoridad de Promoción Comercial (APC), que es la ley que en estos momentos rige el comercio en los Estados Unidos. Son objetivos pragmáticos y están lejos de ser proteccionistas”, afirma en entrevista De la Calle, negociador del tratado original.

Dicho sumario perfila una renegociación con Canadá y México más institucionalizada de lo que hubiese querido Trump. “Cuando lees los objetivos, técnicamente muchos de ellos son naturales para una negociación comercial y congruentes con lo que pudieran esperar Canadá y México”, subraya el experto.

En la introducción del sumario, que a decir de De la Calle pudo escribir Steve Bannon (uno de los principales asesores del gobierno estadunidense) en acuerdo con Trump, sobresale la afirmación de que el TLCAN está desfasado y lo responsabiliza del déficit, aunque reconoce que, gracias a ese acuerdo, agricultores y rancheros estadunidenses tienen acceso a mercados internacionales.

El 1 de enero de 1994, cuando se implementó el TLCAN, Estados Unidos gozaba de un superávit comercial de mil 300 millones de dólares con México; en la actualidad, como destaca la introducción, el balance se transformó en un déficit de 64 mil millones de dólares.

Trump puede sacar a su país del TLCAN, pero no puede imponer medidas proteccionistas en la renegociación ni tratar el asunto de forma bilateral con Canadá y México, como pretendía, ya que está acotado por la APC. En consecuencia, de acuerdo con De la Calle, sólo cuatro asuntos son de preocupación para México y Canadá.

El primero es la reducción del déficit. El segundo, la mencionada “amenaza velada” sobre la fluidez comercial. “Si tenemos éxito en alcanzar estos objetivos, manteniendo y mejorando el acceso a los mercados para agricultores, manufactureros y proveedores de servicios, estaremos ante una transición fluida hacia el nuevo TLCAN”, se destaca en el último párrafo de la introducción redactada por la Casa Blanca.

La tercera preocupación es la eliminación del Capítulo 19 del tratado, que permite el arbitraje internacional en casos de dumping. “Ellos (Trump y Bannon) quieren que se elimine. La negociación no ha empezado. Las disputas en materia de dumping tendrían que dirimirse en los tribunales domésticos y, como es recíproco, también en México y Canadá”, explica De la Calle.

El pastor del poder*

(Denise Dresser, págs. 32-33)

Tantas razones para la desilusión con la cúpula de la Iglesia católica y su representante en México, Norberto Rivera. Y este libro enuncia los motivos de ese desencanto, persistente y dolorosamente. Marcial Maciel, pederasta. Juan Pablo II, encubridor. Legionarios de Cristo, cómplices. El personaje principal de esta obra, omiso. Difícil reconocerlo, entenderlo, admitirlo. Pero es la verdad que lleva años allí; que algunas víctimas valientes han denunciado; que algunos escritores comprometidos han investigado; que muchos mexicanos deberían saber.

Todo lo que Norberto Rivera ha ocultado, tapado, negó. Quizás lo que más ha sorprendido y más duele no es que Maciel –y otros sacerdotes– haya abusado de menores, sino que el cardenal lo sabía y lo encubrió. Rivera estaba al tanto de su historia y la negó. Permitió que él y otros continuaran abusando, molestando, violando, saltando de parroquia en parroquia, de estado en estado, de país en país. A pesar de la primera visitación papal a la Legión para investigar los presuntos abusos sexuales de Maciel en 1956. A pesar de los reclamos reiterados de sus víctimas a lo largo de los años. A pesar de los reportajes de Canal 40 que le costaron el retiro de la publicidad empresarial por parte de multimillonarios convertidos en apóstoles del legionario libidinoso. A pesar de la investigación en el programa “Círculo Rojo” de Carmen Aristegui y Javier Solór­zano. Ante la evidencia acumulada de comportamiento criminal por parte del clérigo siguió la cerrazón orquestada. La negación institucionalizada. La evasión practicada por quienes prefirieron cerrar los ojos y vender el alma. Como tantos con los que Norberto Rivera se codeó y a quienes protegió.

En su libro Papal Sin: Structures of Deceit, el escritor católico Gary Wills argumenta que el abuso sexual cometido por clérigos ha demostrado tres cosas: 1) la crisis de la Iglesia no está confinada a la pederastia y no se resolverá atendiendo nada más ese problema; 2) la crisis se debe fundamentalmente a la ausencia de una rendición de cuentas del mundo eclesiástico al mundo laico; 3) hay una corrupción endémica en la jerarquía de la Iglesia causada por la secrecía, la negación y la docilidad a las directrices del Vaticano.

Como la auscultación de este libro revela, la Iglesia y el cardenal le han fallado a sus víctimas y no logran entender el clamor legítimo de quienes han sido acariciados, violados. Y el Vaticano no puede seguir eludiendo o minimizando lo ocurrido: los párrocos culpables deben ser procesados y encarcelados. Si hay una denuncia sustancial contra un sacerdote que involucre el abuso sexual de un menor, ese sacerdote debe ser removido permanentemente de su puesto.

Hoy en día estamos presenciando una revolución mexicana en favor de los derechos y una reacción conservadora contra ella. Derechos que Norberto Rivera quisiera desechar. Derechos que el Frente Nacional por la Familia quisiera someter a referendum. Derechos que muchos hombres ni siquiera desean que las mujeres tengan. Derechos que le dan sentido a aquello que más valoramos, como escribe Michael Ignatieff en The Rights Revolution: dignidad, equidad, respeto. Los derechos –como dice– no son sólo instrumentos de la ley; son expresiones de nuestra identidad como personas morales.

Pero en estos tiempos de la lucha por el derecho a tener derechos, lo notable en el caso de Norberto Rivera es que uno de los líderes espirituales más importantes del país no tiene tiempo o voluntad o espacio político suficiente para hablar de los feminicidios y las mujeres violadas y los homosexuales asesinados.

Y como los autores de este libro recuerdan, lo que nos queda es seguir denunciando. Combatir la impunidad eclesiástica en tantos casos más. Evitar que la pederastia sea tan sólo un asunto encubierto, tapado, silenciado. Desear que la cúpula de la Iglesia mexicana recobre la autoridad moral y la humanidad y la generosidad y la tolerancia que ha perdido. Para que el próximo cardenal en México no sea otro Norberto Rivera, y no pase a la historia como otro encubridor. Otro pastor muy lejos de la población y demasiado cerca del poder.

* Prólogo del libro Norberto Rivera. El pastor del poder, coordinado por Bernardo Barranco (Grijalbo, 2017).

La visita de Kelly: ¿preparativos del Plan México?

(Olga Pellicer, págs.43-44)

Del 5 a al 7 de este mes estuvo de visita en México el director del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Mantuvo encuentros con el presidente Peña Nieto y con los secretarios de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Defensa y de Marina. Visitó una zona con altos niveles de violencia e inseguridad: el estado de Guerrero. Sobrevoló campos de amapola por esos rumbos y se entrevistó con personajes del lugar.

En resumen, dejó señales de la atención personal que concede a los problemas de seguridad en México que afectan a Estados Unidos.

No es la primera vez que Kelly va directamente al terreno para entender problemas relacionados con la seguridad en los dos países. A comienzos de febrero recorrió parte de la frontera para determinar la viabilidad y características que debe tener el prometido muro de Trump. A comienzos del mes pasado fue el arquitecto principal del encuentro en Miami para la “prosperidad y la seguridad” de Centroamérica, donde México participó como país convocante en un ambiente dominado, en realidad, por la visión que de Centroamérica maneja el titular de la DHS.

Entre los personajes que ocupan altos puestos en el gobierno de Trump, Kelly es uno de los más profesionales en lo tocante a América Latina. Un general retirado, exjefe del Comando Sur, conocedor por lo tanto de los problemas al sur del hemisferio, acostumbrado a ver las situaciones desde una perspectiva militar y estratégica. Su atención personal a los problemas de seguridad en México no puede verse con ligereza. La oficina que maneja es una de las más extensas y poderosas dentro del Poder Ejecutivo estadunidense. Creada después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, la DHS se ocupa, entre otros, de temas que mayormente preocupan a nuestro país, como drogas y migración.

Por los motivos anteriores llama la atención la escasa o casi nula cobertura que tuvo su visita a México. Algunas cortas informaciones de prensa, ningún comunicado sobre las entrevistas que mantuvo, pocos comentarios de analistas de relaciones con Estados Unidos, silencio sobre sus actividades en Guerrero, desconocimiento de su agenda de trabajo durante tres días. Una opacidad muy grande caracteriza la relación México-Estados Unidos cuando se entra al terreno de la seguridad. El contraste es notable cuando se compara con la información, también deficiente pero más frecuente, sobre la renegociación del TLCAN.

De los temas centrales de la relación entre México y Estados Unidos la seguridad es el más elusivo.

Estados Unidos es una potencia con presencia militar a lo largo del mundo, con el armamento más poderoso del planeta, con instituciones enormemente sofisticadas. Sus niveles de información son altos, el profesionalismo de sus cuadros bastante elevado. Lo que interesa es subrayar el contraste entre problemas e instituciones de seguridad en Estados Unidos y en México.

Independientemente de ello hay un terreno muy bien identificado en el cual los dos países se encuentran y la influencia de uno sobre el otro es grande: las actividades delictivas derivadas del narcotráfico. El consumo de drogas en Estados Unidos así como la venta de armas de manera indiscriminada a México han sido elementos clave de la relación a partir de comienzos de los ochenta. Ha habido momentos, como el sexenio de Calderón, en los que el tema de la seguridad se convirtió en el eje principal de las relaciones gubernamentales entre los dos países.

Los efectos de esa relación fortalecida han sido muy distintos en México y en Estados Unidos. Para México, cientos de miles de muertos y una descomposición muy grave de sus instituciones encargadas de seguridad e impartición de justicia. No es exagerado afirmar que la crisis de las instituciones y la violencia tan brutal que atraviesa el país está relacionada con las dimensiones y la manera de combatir las actividades del narcotráfico, lo cual ha sido alentado, en gran medida, por Estados Unidos.

Los efectos allá han sido muy distintos. Para empezar, la legalización de drogas, como la mariguana, ha sido aceptada en diversos estados; California es el ejemplo más significativo por su tamaño y cercanía con México. Sin duda veremos allí un cambio importante en la comercialización del producto y las ganancias de narcotraficantes.

Los problemas recientes han surgido en otro ámbito. Está presente ahora una verdadera epidemia en el uso de la heroína y en las sobredosis, que provocan la muerte de cientos de usuarios, principalmente jóvenes. El problema ha tomado gran visibilidad en la opinión pública estadunidense. La droga proviene, sobre todo, de México. De allí el significado de los sobrevuelos de Kelly sobre los campos de amapola en Guerrero.

Sería ingenuo pensar que el director de la DHS pasa tres días en México sin tener en mente decisiones relacionadas con el problema de los envíos de heroína a Estados Unidos. Desconocemos, sin embargo, cuál es la impresión que obtuvo de su visita a Guerrero, así como de su opinión respecto a la ineficiencia y corrupción de quienes se encargan de la seguridad, los cambios políticos que se avecinan y la necesidad de prever algún plan para México, construido desde su perspectiva de militar y estratega. La renegociación del TLCAN es importante. Esto lo es igualmente.

El Estado Islámico se muda al sureste asiático

(Adrián Foncillas, págs. 51-52)

Ante la inminente pérdida de sus bastiones en Medio Oriente, el Estado Islámico encuentra en el sureste de Asia territorio fértil para mantener su lucha e, incluso, expandirla. Los gobiernos de Malasia, Indonesia y Filipinas miran sorprendidos el auge del extremismo islámico en sus territorios. Un hecho marca el salto cualitativo de los yihadistas en esta región del mundo: tomaron la ciudad de Marawi, Filipinas, y han resistido durante dos meses los embates de las tropas de élite del ejército de ese país.

Beijing.- Las banderas negras entre las ruinas humeantes de la ciudad filipina de Marawi simbolizan la huella cada día más profunda del terrorismo islamista en el sureste asiático. Dos meses llevan batallando el ejército de Filipinas y el Estado Islámico (EI). Combaten casa por casa y calle por calle en un asedio sin final a la vista.

La gravedad de la amenaza fue subrayada a principios de junio en Singapur durante la cumbre de la ASEAN, la organización que reúne a los 10 países de la zona. Sus ministros de Defensa soslayaron asuntos recurrentes como el programa nuclear norcoreano, las refriegas territoriales en el Mar del Sur de China y las salpicaduras de la pugna en la zona entre Beijing y ­Washington. El terrorismo integrista es el mayor peligro que afronta en los próximos años una región que tiene 15% de la población musulmana del mundo.

La presencia de activistas vinculados con el EI aumenta en Filipinas, Malasia, Singapur e Indonesia.

El contagio

Richard Heydarian, profesor de la Universidad de La Salle, habla del fin de la excepción del sureste asiático. “Durante mucho tiempo se pensó que esta región era única, que estaba a salvo del islamismo wahabí ultraconservador. Pero el contagio ha llegado y esa es la fundación ideológica de los grupos terroristas”, señala por teléfono desde Manila.

El Islam moderado, procapitalista, neoliberal y respetuoso con el turismo y la diversidad, sigue siendo mayoría en Indonesia y Malasia, pero el radicalismo dicta la agenda política. En el fondo, indica Heydarian, se discute el modelo futuro del país: ¿una democracia secular? ¿una democracia islamista como Turquía? ¿una dictadura regida por la sharia?

El caldo de cultivo es diferente en Filipinas. Los grupos islamistas no pretenden cambiar al Estado sino salirse de él, porque se sienten discriminados e incómodos en el país más fervientemente católico de Asia.

Hace años que los expertos ya alertaban de la creciente presencia del EI en la zona. Unos 60 grupos han prometido obediencia al autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi, según cálculos del Centro de Investigación Terrorista y Violencia Política de Singapur. La organización ha dado coherencia ideológica y cierta unidad de acción a aquella amalgama caótica.

Tampoco es nuevo el terrorismo en la región. La Jemaah Islamiyah mató a 202 personas, casi todos turistas, con sus bombas en Bali en 2002. Ese grupo indonesio vinculado con Al Qaeda también ha atentado en Yakarta (2003, 2005 y 2009) y en el sur de Filipinas (2004). Ahí lleva años desafiando al gobierno Abu Sayyaf, organización integrista especializada en secuestrar y en ocasiones ejecutar a cualquier extranjero que merodea por la zona. El grupo decapitó a un rehén alemán el pasado año y a dos canadienses el anterior. Los movimientos insurgentes violentos están enraizados en las provincias sureñas de Tailandia.

Contralínea

México: el país más impune en materia de desaparición forzada
(Zósimo Camacho, Online)

Trece organizaciones internacionales han formulado más de 150 recomendaciones a México durante el presente sexenio; todas, relacionadas con la ola de desapariciones que, desde la Guerra Sucia y hasta el presente, enluta a miles de familias. Al menos 156 recomendaciones en materia de desaparición de personas ha recibido el Estado mexicano de parte de 13 organismos internacionales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La mayoría de ellas no ha sido solventada en lo absoluto. Si se suman las del último año del sexenio pasado, de Felipe Calderón, las indicativas suman más de 300. Las recomendaciones han sido emitidas, en su gran parte, por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero también, por otras nueve instancias de la Organización de las Naciones Unidas: el Comité contra la Desaparición Forzada; el Comité contra la Tortura; el Comité de los Derechos del Niño; el Consejo de Derechos Humanos; el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, Sus Causas y Consecuencias; la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México se ha convertido en el mayor receptor de recomendaciones por este crimen de lesa humanidad, muy por encima del segundo lugar, Irak –que padece guerra civil, invasión y ocupación terrorista–, que recibió 68.

Inmigrantes en EU, nuevos motivos de alarma
(Martha Andrés Román, Online)

Washington.- Los defensores de los derechos de inmigrantes en Estados Unidos podrían tener nuevos motivos de alarma tras las noticias relacionadas con el muro fronterizo y el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Menos de una semana después de que el presidente Donald Trump se reuniera en la Cumbre del Grupo de los 20 con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, una comisión de la Cámara de Representantes del Congreso estadunidense presentó el 12 de julio un proyecto para financiar la barrera limítrofe. El Comité de Apropiaciones de ese órgano propuso que en el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para 2018 se incluyan los 1 mil 600 millones de dólares solicitados por la Casa Blanca, para comenzar la edificación de la obra en la frontera con el vecino del sur.

“Gran victoria hoy para la construcción del muro. Será para asegurar la frontera y salvar vidas. Ahora, el pleno de la Cámara y el Senado deben actuar”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter tras conocerse la acción del comité. La propuesta que deberán aprobar ahora esos dos órganos, daría 44 mil 300 millones de dólares al DHS, que tiene bajo su mando agencias migratorias como el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En ese total se incluyen 131 millones de dólares para tecnología, 100 millones para la contratación de 500 agentes de la Patrulla Fronteriza y 186 millones para 1 mil 600 nuevos empleados de ICE.

Somos refugiados, pero podría decirse rechazados
(Sinay Sánchez, Online)

Cada minuto se producen 20 desplazamientos forzosos en el mundo. La guerra, la violencia, la persecución o la violación sistemática de los derechos humanos han obligado a 65.6 millones de personas a huir de sus hogares en 2016. Esta cifra representa 10.3 millones más que en 2015, período en el que el mundo pareció abrir los ojos ante el conflicto civil sirio, que para entonces ya sumaba cuatro años de escalada. Irak, Afganistán, Yemen, República Democrática del Congo, República Centroafricana o Sudán del Sur también se suman a la lista de países en conflicto. Mientras millones de personas arriesgan su vida en peligrosas travesías por tierra y mar, pagan desorbitadas cantidades económicas en busca de refugio o mueren en el intento, la comunidad internacional parece impasible ante la puesta en marcha de leyes, tratados y acuerdos internacionales sobre protección de refugiados. (Así lo demuestra la historia de Marah Rayan, una joven refugiada palestina apátrida que fue criada en Siria hasta que tuvo que salir del país a causa de la contienda)

Según Naciones Unidas, una persona apátrida es “aquella que no es reconocida por ningún país como ciudadano acorde a su legislación”, y cuyo marco legal se encuadra en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y en la Convención de 1961, ambas aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas. Se trata de un limbo legal que afecta a unas 10 millones de personas en el mundo. La historia de Marah se remonta a 1948, cuando sus abuelos maternos y paternos salieron de Palestina para establecerse en Jordania y Siria, respectivamente, tras el primer conflicto árabe-israelí. Su madre adoptó la nacionalidad jordana, mientras que su padre permaneció como refugiado palestino apátrida en Siria sin ninguna posibilidad de reconocimiento debido a las leyes del país, condición legal que también adoptó Marah desde su nacimiento, y que comparten más de 5 millones de personas.

La defensa legal, política y mediática de Duarte
(Miguel Badillo, Online)

El preso Javier Duarte, de 43 años de edad y apodado por el juez que lleva la causa penal como “Javier N”, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, es “chico Ibero”; hizo una maestría en derecho, economía y políticas públicas, en el prestigiado Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, en Madrid, España; tiene un diplomado en alta dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el renombrado IPADE que prepara a los “líderes” de este país; una segunda maestría en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey, e hizo un doctorado en economía e instituciones por la Universidad Complutense de Madrid, institución académica con reconocimiento internacional. Pues a este temido don “Javier N”, corrupto, abusivo y cínico, toda esa instrucción académica –nada despreciable– le ha servido para planear y ejecutar el saqueo de las arcas públicas federales y locales, asignadas al estado de Veracruz en los últimos seis años, así como preparar su defensa legal, política y mediática, cuando las circunstancias lo requirieran.

Ese momento llegó y en materia legal dio ya la primera muestra de cómo va a defenderse con los abogados más caros del país, ante una negligente Procuraduría General de la República (PGR). En la primer diligencia ocurrida la semana pasada en los juzgados del Reclusorio Norte, “Javier N” y sus abogados barrieron por completo a los omisos o cómplices fiscales enviados por la PGR, quienes jugaron un papel de inexpertos e ignorantes de lo que había en el expediente, lo que les valió la reprimenda del juzgador y la inmediata burla y enojo de los mexicanos, quienes ven como un circo la ridícula actuación del Ministerio Público Federal a cargo del doctor Raúl Cervantes Andrade. En la parte política, la sociedad ávida de justicia, de inmediato interpretó la pésima actuación del abogado de la nación como un acto de complicidad para preparar la salida, pronta y expedita, del exgobernador veracruzano, a quien acusan de haber financiado con cientos de millones de pesos la campaña presidencial. Esto aseguraría un previo acuerdo entre Duarte y el gobierno federal para fincarle el menor número de delitos no graves, como el lavado de dinero, y poder evadir la prisión lo más pronto posible.

Negligencia de PGR en 60 denuncias penales contra Javier Duarte
(Nancy Flores, Online)

En el proceso penal contra el expriísta Javier Duarte de Ochoa destaca la negligente actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), apoyada quizá en la esperanza de que el exgobernador no revele quiénes (partido, políticos y empresarios) fueron beneficiarios del multimillonario desfalco a las arcas de Veracruz durante su mandato. Las omisiones serían parte de un plan para que, al final, el principal responsable de la crisis socioeconómica veracruzana quede libre o se le sentencie a menos años de los que merece por la gravedad de sus crímenes.

Ese indolente actuar de la PGR, que encabeza Raúl Cervantes Andrade, no sólo se reduce al ridículo del Ministerio Público federal durante la primer audiencia del juicio a Duarte de Ochoa, el pasado 17 de julio (cuando los representantes de la Procuraduría fueron incapaces de sostener las ya de por sí débiles acusaciones), sino que incluye muy graves “descuidos” en el expediente que se armó contra el exmandatario veracruzano. Resulta que entre esas deliberadas omisiones del abogado de la nación están 60 denuncias penales en el olvido, que involucran a Javier Duarte en ilícitos como probables peculados por más de 35 mil millones de pesos y simulaciones de reintegros financieros a las arcas públicas, determinados por desvíos y subejercicios.

Condena mundial al espionaje y amenaza peñista
(Álvaro Cepeda Neri, Online)

Peña, el peñismo, los desgobernadores y las delincuencias la han tomado contra los periodistas, particularmente contra los reporteros y quienes ejercen sus derechos a la libertad de prensa para investigar e informar los hechos. La otra cara de ese fenómeno es el contagio a la Trump, ya que también los funcionarios municipales se suman a la violencia homicida que no es combatida a fondo para tener atemorizada a la población; y que ésta, ocupada en defenderse, no agregue más protestas contra el mal gobierno. Se dice que en lo que va del peñismo hay más de 80 mil homicidios reconocidos oficialmente, sin contar una cantidad igual en fosas clandestinas donde sicarios y funcionarios esconden a sus muertos. Ambos son las dos caras del dios romano Jano (Pierre Grimal, Diccionario de Mitología Griega y Romana; editorial Paidós), que miran al presente ordenando agresiones, amenazas, atentados y asesinatos. Y, para colmo, Peña permite el espionaje para adicionar intimidaciones que huelen a criminalidad porque ¿a cuántos periodistas asesinados espiaron? En ese tenor, los reporteros Astrid Rivera y Horacio Jiménez (El Universal, 3 de julio de 2017) expresan: “los periodistas son atacados por dos frentes: el crimen organizado y los funcionarios públicos”. Estos últimos apoyados por las “descalificaciones de los políticos” como López Obrador, Jaime Rodríguez, Enrique Alfaro, Javier Corral y Javier Duarte.

A las críticas al comportamiento peñista se suman los ensayos de Víctor Sancho sobre los ataques de Trump. El de Matt Sanders criticando la violencia contra los periodistas mexicanos. Y un comentario de Luis Raúl González Pérez solicitando respeto a la crítica de la presa; quien por cierto, no ha enviado una recomendación a Peña ni a Osorio, como tampoco a López Obrador, al Bronco, ni a Javier Duarte. Aunque sí a uno que otro desgobernador. Así que, el síndrome Trump ha venido a reforzar a los funcionarios de los tres niveles y a los delincuentes mexicanos que siguen cometiendo hechos sangrientos contra los trabajadores de los medios de comunicación, como un abuso más del autoritarismo gubernamental.

El TLCAN: 23 años de saldos negativos
(Martin Esparza, Online)

Al conocerse los objetivos del gobierno estadounidense en la renegociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), puede anticiparse que la peor parte para México apenas empieza; dos de los puntos torales anunciados por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, establecen que el gobierno de Donald Trump busca la eliminación del capítulo 19 del acuerdo vigente, para que en la solución de controversias se anule la posibilidad de acudir a tribunales internacionales, y resalta, en el capítulo sobre energía, proseguir con las reformas que abran aún más los mercados en esta materia. Todo a petición de un socio comercial que en los últimos 23 años se ha llevado las mayores ganancias y los mejores empleos, dejando a nuestro país un estancamiento económico y un atraso social que, todo indica, serán perpetuados a cambio de obtener del gobierno norteamericano su apoyo para la clase política en el poder, con miras a las elecciones presidenciales de 2018.

Representantes de industriales, agricultores y banqueros del vecino país coinciden en que el TLCAN les representó grandes beneficios, como una mejor competitividad y creación de empleos. Por ejemplo, Robert S. Kaplan, uno de los presidentes del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, declaró hace unos días que una eventual cancelación del tratado, en contra a lo expresado por Trump, produciría la pérdida de empleos ante el embate de la economía asiática. Kaplan recordó lo archisabido por economistas de ambas naciones, pero lamentablemente ignorado o callado por la clase política mexicana: el 40 por ciento de las compras que Estados Unidos hace de productos mexicanos tienen un alto porcentaje de componentes fabricados dentro de sus fronteras; además, el 70 por ciento de importaciones norteamericanas de bienes manufacturados en México, cruza varias veces la frontera común antes de ser un artículo terminado.

Vértigo

Ganar – Ganar, Objetivo de México: Ildefonso Guajardo
(N. Vázquez/A. Hernández, pág. 8-14)

Establecido ya el próximo miércoles 16 de agosto como fecha oficial para iniciar la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a pedido de la administración norteamericana, y definidos los objetivos que esta busca con ello, los negociadores de México, Estados Unidos y Canadá velan más armas y afinan estrategias que les permitan alcanzar acuerdos benéficos para los tres socios que iniciaron esta aventura comercial el 1 de enero de 1994.

No hay duda, afirman, que es posible alcanzar acuerdos que permitan profundizar el libre comercio y con ello apuntalar el desarrollo de los tres países socios, al generar mayor inversión y mejores empleos para el bienestar de sus poblaciones. En este sentido la Secretaria de Economía, que preside Ildefonso Guajardo, afirmó en su pronunciamiento oficial que el gobierno de México “recibió con agrado la definición de Estados Unidos sobre sus objetivos en el proceso de modernización del TLCAN”.

Y añadió que “esta noticia contribuirá a definir con mayor claridad os temas a negociar y los tiempos en los que se llevará a cabo el proceso de modernización” del acuerdo. Si bien al mismo tiempo el secretario Guajardo – quien participó en la negociación del tratado en 1992- reconoció que las negociaciones no serán fáciles porque algunas cuestiones entre los objetivos estadounidenses representan un claro retroceso para el acuerdo trilateral. En la mesa de negociaciones, afirmó Guajardo, la estrategia de México será de ganar-ganar y no quedar en desventaja respecto de Estados Unidos y Canadá.

Las expectativas acerca de la renegociación del TLCAN son optimistas después de un largo periodo de incertidumbre por las posturas divergentes manifestadas por Estados Unidos, ya que todo indica que la realidad terminará por imponerse ante los resultados favorables que el tratado trilateral ha traído consigo en estas más de dos décadas de vigencia. Como fruto del TLCAN, por ejemplo, se ha triplicado el intercambio comercial entre los socios comerciales, que representan un gran mercado de poco más de 45 millones de personas, quienes se benefician de más y mejores productos a bajos precios y producen transacciones al año por un millón de millones de dólares.

Poe ello los objetivos que dio a conocer EU de cara a la renegociación que comenzará en poco menos de un mes, generaron optimismo por encontrarse dentro de las expectativas negociables y presentase de manera integral, uno de los puntos en los que han insistido México: negociarlo todo y no en partes. De ahí que la Secretaria de Economía, que encabeza Ildefonso Guajardo, señale que “se espera que los países involucrados en este acuerdo comercial estén en condiciones de iniciar de manera formal las negociaciones a partir del 16 de agosto próximo”.

México añade, “continuará con el periodo de consultas públicas que inició el 1 de febrero de 2017 y que finalizará a principios de agosto, reafirmando su voluntad de actualizar el TLCAN para hacer frente a los retos del siglo XXI. El gobierno de México trabaja para logar un proceso de negociación constructivo, que permita aumentar los flujos comerciales y de inversión, y consolide la cooperación y la integración económicas para fortalecer la competitividad de América del Norte”.

Javier Duarte frente a la justicia
(Ricardo Pérez Valencia, pág. 22-25)

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PRG) el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es responsable de encabezar una red delictiva que desvió al menos 439 millones de pesos provenientes del erario público, dinero que se entregó a empresas fantasma que a su vez lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres, razón por la que se concedió la orden de aprensión contra Duarte el 13 de octubre de 2016.

La PGR documentó la ruta que siguió el dinero a través de transferencias electrónicas (SPEI), donde descubrió que los recursos fueron traspasados a por lo menos otras nueve empresas. Con apoyo de la Secretaria de Hacienda se detectó que todas ellas traspasaron el dinero a una empresa de tercer nivel denominada Consorcio Brames, que simuló la compra de terrenos ejidales con sobreprecio en Campeche, los cuales eran propiedad de presuntos prestanombres de Duarte que fingieron ser ejidatarios, entre ellos el empresario Moisés Mansour y el abogado José Janeiro Rodríguez.

En la primera comparecencia de Javier Duarte en México luego de su extradición desde Guatemala, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la CDMX, Gerardo Moreno García, dicto prisión preventiva al ex gobernador de Veracruz por los delitos de delincuencia organizada y operaciones d procedencia ilícita, promovidos por el gobernó federal. En la audiencia el grupo de abogados del ex mandatario comenzó a mover sus piezas legales en busca de echar abajo los delitos imputados a su cliente.

Los próximos meses serán clave para el proceso que se seguirá contra el ex gobernador. De inicio, el 3 de agosto se llevará a cabo la audiencia constitucional en la que se determinará si concede suspensión definitiva o se niega el amparo al ex mandatario veracruzano luego de que la juez primera de distrito en materia Sandra Robledo Magaña, concedió una suspensión provisional contra cinco delitos del fuero común: peculado, tráfico de influencias, incumplimiento del deber legal, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, promovidos por la Fiscalía General de Veracruz.

Siempre!

La renuncia de Ruiz Esparza

(Beatriz Pagés, Online)

En el ancien régime se decía que la decisión más importante del presidente de la república en turno era designar a su sucesor. Hoy, además de que no debe designarlo, necesita preguntarse en la soledad cómo quiere terminar su mandato.

En México, es más difícil concluir que iniciar un sexenio. Al principio todo es esperanza y optimismo. Al final, todo es crítica y reproche. Llega el cobro por promesas incumplidas, la venganza de quienes se sintieron traicionados, y comienzan a instalarse los tribunales y los patíbulos. Terminar un sexenio no es cualquier cosa. Requiere de preparación y estrategia.

En una crisis nacional, institucional, pero también personal. Por ello, es preciso preguntar: ¿qué vale más, un exgobernador, un secretario de Estado o la integridad de las instituciones?

Muchos podemos reconocer en Gerardo Ruiz Esparza a un funcionario avezado, pero su permanencia en el cargo, después de lo del socavón, ha comenzado a generar versiones e interpretaciones sospechosas que terminan dañando, principalmente, al presidente de la república.

No se trata de dar gusto a quienes piden cabezas, sino de demostrar que esta administración asume los costos de los errores que se pudieron cometer —y que, sin duda, se cometieron— en la construcción del Paso Exprés, donde un padre y su hijo murieron.

La renuncia de Gerardo Ruiz Esparza debe ser aceptada. No para dar gusto a alguien. Sí en beneficio del gobierno de la república.

Proceso de Duarte: se pueden ampliar las imputaciones

(Irma Ortiz, Online)

La justicia mexicana enfrenta una prueba crucial: probar las imputaciones de la PGR y de la Fiscalía del estado de Veracruz al exmandatario Javier Duarte, hoy, uno de los personajes más odiados por ser símbolo de corrupción y del infame desvío de fondos públicos en esa entidad. Su acérrimo enemigo, el gobernador Miguel Ángel Yunes advirtió que no permitirá que por “una triquiñuela ilegal quede libre” y pidió que se le cite como testigo en el caso.

Anunció que aportará a la PGR las grabaciones de las charlas que sostuvo con los presuntos socios de Javidú —Javier Duarte— que acreditan que en Veracruz no hubo un gobierno sino “una banda de delincuentes organizados”.

Yunes aprovechó el paupérrimo desempeño de los fiscales en la primera audiencia —el mandatario estatal enfrenta severas críticas en la entidad por el crecimiento de la violencia e inseguridad— para ratificar su demanda de investigar a Fidel Herrera y a la exprimera dama Karime Macías “que estaba al tanto de los negocios de su esposo” —quien actualmente vive en Londres junto con 16 miembros de su familia—, y aseguró contar con las grabaciones que lo probarían.

La primera audiencia ante el juez del reclusorio norte, realizada el pasado 17 de julio, puso más presión al gobierno ya que solo sirvió para dar pie a las críticas y a los rumores que aseguran que más temprano que tarde, el ex mandatario veracruzano saldrá libre.

Y es que en el juzgado brilló la inconsistencia y la impericia de los representantes de la PGR, quienes incluso fueron reconvenidos por el juez que les había otorgado la orden de aprehensión del exmandatario veracruzano. Incluso el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, salió a pedir “tener fe” en la institución.

En 2018, el PRI pagará el precio de la corrupción

(Nora Rodríguez Aceves, Online)

Los escándalos de corrupción de los gobernadores del PRI traerán un alto costo político electoral para el partido en las próximas elecciones de 2018. La corrupción se convirtió ya en el principal problema público para los mexicanos después de la inseguridad. Es claro que hay un hastío con la corrupción, con el cinismo que caracteriza a toda la clase política, por eso el tricolor está pagando ya los costos.

“La gente no aguanta más y se suman más casos, por supuesto que el de Javier Duarte es el más visible, el objeto de los odios populares. Es un espectáculo, una especie de pararrayos que debe atraer la atención nacional, y si en este caso en particular no son capaces ni el gobierno federal ni el estatal de demostrar sus patentes arbitrariedades, esto terminará siendo un nuevo fracaso para el gobierno federal y, por tanto, pagará un costo altísimo por demostrar que no puede combatir la corrupción”, señala Alberto Olvera, investigador de la Universidad Veracruzana (UV).

Es más —agrega Olvera—, su partido “ya lo empezó a pagar en 2016 al perder diversas gubernaturas, y este año logró mantener el Estado de México mediante todo tipo de trampas, que tampoco serán castigadas por las instituciones, ya el PRI no puede ganar elecciones limpiamente, bueno nunca las ganó así, pero ahora sí que solo las puede ganar a la vieja usanza, no bajo la usanza de la competencia normal electoral”.

El PRI se siente acorralado, trata de buscar una medida para certificar su espacio en el gobierno federal, pero no tiene posibilidad alguna de ganar la elección presidencial “por todos los escándalos a escala nacional de Eruviel Ávila, Alfredo del Mazo, Roberto Borge, los dos Duarte —Javier y César—, las propias pifias de Enrique Peña Nieto, todos estos ingredientes que abonan a que el partido no tenga forma de legitimarse”, afirma Noé Zavaleta, periodista y autor del libro: El infierno de Javier Duarte. Crónicas de un gobierno fatídico.

Defensa del interés nacional y de los derechos humanos

(Raúl Jiménez Vázquez, Online)

La renegociación del TLCAN dio inicio el pasado mes de mayo con la notificación formal girada al Congreso de los Estados Unidos por el presidente de esa nación. Pese a ello, las autoridades mexicanas no han hecho públicos los lineamientos, objetivos y estrategias que habrán de ponerse en juego para ese efecto.

Voces tan calificadas como la del Dr. Jorge Witker, investigador nacional y director del Seminario sobre Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM, se han alzado a fin de plantear que dicho proceso tiene que estar guiado por el propósito superior de la defensa del interés nacional. Este señalamiento es particularmente aplicable al caso del sector agrícola, el cual fue literalmente devastado a raíz de la entrada en vigor de las disciplinas zonales. Ello se evidencia con un solo dato, en extremo preocupante, aportado por el INEGI: el 50% de la comida actual de los mexicanos es de origen extranjero.

A esa certera advertencia, proveniente de un distinguido jurista al que en los medios académicos se le reconoce como el “padre del derecho económico”, es preciso añadir otras reflexiones. Por principio de cuentas, la renegociación tiene que ser acorde a los dictados de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, lo que significa, entre otras cosas, que los acuerdos a los que se lleguen no deben ser violatorios de los principios ius cogens normados en su artículo 53, esto es, las normas imperativas del derecho internacional general que no admiten acuerdo en contrario.

Bajo ninguna circunstancia es dable contraer compromisos ajenos a la letra y el espíritu del llamado bloque de constitucionalidad, conformado por los preceptos de nuestra Carta Magna y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Tampoco puede soslayarse que el respeto, protección y promoción de los derechos humanos es uno de los ocho principios rectores de la política exterior consagrados en el artículo 89, fracción X, de la Ley Fundamental. Ello obliga a tomar en cuenta, entre otros instrumentos del derecho internacional, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La defensa acérrima del interés nacional y de los derechos humanos, en especial los derechos humanos laborales, es sin duda el imperativo ético, jurídico y político al que debe apegarse la renegociación del TLCAN.

Cuidado con los redentoristas

(Gerardo Yong, Online)

La confusión reina en Venezuela. Hace apenas un par de semanas se hablaba de una rebelión popular cuando un supuesto miembro de las fuerzas armadas se había sublevado tras haber piloteado un helicóptero sobre el Ministerio de Justicia, en Caracas. Otros mencionaron después que se trataba de un posible autogolpe promovido por el gobierno de Nicolás Maduro, que buscaba una posibilidad de resolver la crisis social mediante una fórmula más enérgica y mediante el uso de la capacidad bélica.

Ocho días después, la población daba un ejemplo de plena organización al acudir a las urnas en un plebiscito exploratorio que reflejó mayoritariamente que el pueblo está cansado de un gobierno que ha sido incapaz de solucionar una de las peores crisis sociales en su historia.

A una semana de que se realice la formación de la Asamblea Nacional, donde candidatos oficialistas como Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, ambos alfiles del presidente Nicolás Maduro, países como Estados Unidos y México se han opuesto a esta intención.

México no se salvaría con AMLO

Hay expertos que advierten que un gobierno populista puede surgir en cualquier parte, en el caso de México, ¿qué perspectivas considera?

Le he seguido la pista todos estos días a Andrés Manuel López Obrador. México es un país muy importante y fundamental en todo el continente. Es un líder en la defensa de los valores democráticos; un modelo para América Latina.

El consejo que podría darles es que tengan cuidado no solo con López Obrador sino con cualquier candidato populista demagogo que ofrece “villas y castillas” y que luego terminan causando un enorme daño a la sociedad. El discurso populista que empleó Hugo Chávez para enamorar a la gente es el mismo que ha originado esta tragedia. Eso puede repetirse en México y en cualquier otro país latinoamericano. Venezuela es un ejemplo negativo. En las universidades, en los partidos políticos y en los medios de comunicación debe analizarse el caso venezolano porque es un país con un gran caudal de recursos, que podría convertirse en toda una potencia económica, pero el modelo comunista acabó con esas esperanzas. Igual puede ocurrir en México. El discurso populista, socializante que coquetea con el comunismo no es bueno. Recomiendo a los hermanos mexicanos que se cuiden de López Obrador o de cualquier otro dirigente redentorista que, utilizando el lenguaje demagógico, sólo engañan a la gente para atraer los votos y después a destruir la democracia y la economía. Venezuela es una experiencia muy dolorosa que esperemos que no se repita más en Latinoamérica ni mucho menos en un país tan importante como México.

Impacto

Las pensiones, una condena de pobreza
(Marco Antonio Aguilar Torres, Online)

Sin lugar a dudas, una de las principales banderas del legendario Fidel Velázquez Sánchez en defensa de su gestión sindical y sus agremiados fue: “Los derechos sindicales obtenidos, son irrenunciables en el tiempo y en su cantidad”.

Aquél líder sindical, parte del clan llamado de los “cinco lobitos”, fundador de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que dominó por 56 años hasta su muerte.

Gestión de representación obrera que alternó con la administración de 11 mandatarios presidenciales, convirtiéndose sin lugar a dudas en uno de los principales promotores y grandes gestores del corporativismo mexicano.

Tiempo inimaginable en el poder, donde ineludiblemente tuvo que transitar por un proceso de formación, fortalecimiento y sobre todo de un espacio generoso de concertaciones obrero-patronal, donde la parte obrera cedió sus principios e ideología a cambio de prestaciones inconcebibles al paso del tiempo, pero que en su época se minimizaron por el beneficio político, privilegiando el factor de control y mando a través del llamado corporativismo sindical.

Un corporativismo cuyo bastión de dominio fue uno de los factores contables, que le permitió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) una permanencia presidencial ininterrumpida por más de 7 décadas.

IMPORTANTE Belén: ser mujer y desaparecer en la Ciudad de México

EMEEQUIS

Son las 2 de la madrugada del lunes 5 de junio. El teléfono de la familia Cortés Santiago suena.

-¿Bueno?- contesta Benito Cortés, padre de Belén, la estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desaparecida el 29 de abril de este año.

Se oye una voz que le dice “¿papá? Soy Belén”. Incrédulo y aún adormilado por la hora él responde -Tú no eres Belén-, pero la voz al otro lado de la bocina insiste

-¡Sí!, ¡cómo no voy a ser yo!

Benito Cortés reacciona y le pregunta -¿Dónde estás? Belén responde -No puedo decirles dónde -y rectifica inmediatamente- no quiero decirles dónde estoy, pero les envío un video que me tomaron los… Benito la interrumpe- ¡Todos te queremos, te queremos ver, ven a la casa, te extrañamos! Ella responde: -Estoy bien no se preocupen-.

La llamada dura 33 minutos, Belén pregunta insistente sobre su hermana menor de 12 años de edad y pide que la cuiden mucho. Ésta es la primera y única ocasión, desde su desaparición, en que la familia de Belén ha podido hablar con ella.
 
“Se escuchaba extraña, ella no habla así y ¿por qué llamó a esa hora? ¿por qué dijo que gente de CAPEA fue a buscarla si ellos me dijeron que ya habían cerrado la carpeta de investigación?”, externó preocupada a Cimacnoticias la mamá de Belén, Leticia Santiago.

Dos días después de la llamada, el 7 de junio, familiares de Belén fueron citados en las oficinas del Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ubicadas en la colonia Doctores, y acudieron acompañados de la académica de la UACM, Samantha Zaragoza.

En un cuarto con paredes amarillas y desgastadas se sentaron con el director general de Atención a Víctimas del Delito, Carlos Rodríguez Sánchez; con el director del CAPEA, José Antonio Ferrer y la subdirectora Psicosocial del Centro, Susana Méndez Cedillo.

“Belén se acercó y nos pidió que por favor les transmitiéramos este video porque sabía de la inquietud que tenían ustedes de no haberla visto y con la intención de tranquilizarlos”, afirmaron Antonio Ferrer y Carlos Rodríguez antes de proyectar en la pared el primer video.

En un video de tres minutos se observa a Belén sosteniendo el periódico Reforma con fecha del lunes 5 de junio y su credencial de elector, la misma que el personal del CAPEA omitió pedir a Belén cuando la localizó y ella dio su declaración. Lleva puesta una sudadera gris con líneas horizontales blancas y letras rojas. Una media cola recoge su cabello ondulado que ahora es negro y no rojo como cuando desapareció. Es de noche. Está de pie frente a una pared de tabiques grises y en lo que parece ser un jardín porque hay pasto y tierra.

El video continúa. Belén saluda: “este video es para decirles que estoy bien, me encuentro muy bien”. Mira al piso, alarga las palabras y aprieta sus labios antes de explicar que no quiso informarles en donde estaba.

Belén continúa: “Hoy me vienen a ver y me dicen que siguen las marchas y muchas cosas más que están haciendo y, pues, yo no sabía nada de esto, pero quiero decirles que me encuentro muy bien”, menciona nerviosa.

Belén Montserrat Cortés Santiago desapareció el 29 de abril cuando tenía 19 años, hoy tiene 20. Ese día salió a trabajar vendiendo pastes en la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa, pero no regreso a casa. Luego de las exigencias que la comunidad universitaria hizo para agilizar la búsqueda la PGJDF anunció su localización el 25 de mayo y aseguró que ella no quería ver a su familia.

En el video, al que esta agencia tuvo acceso, se observa que Belén voltea a ver a quienes la están grabando: “Me encuentro –hace una pausa de dos segundos- en un lugar muy bonito, con personas muy gentiles que empiezo a apreciar y estoy muy bien de salud, estoy aquí por mi propia voluntad”. Agradece a su familia el interés por buscarla.

Esforzándose por no llorar, manda saludos a su hermana menor y enfatiza “cuídenla mucho, protéjanla”.

También menciona: “Espero que estén tranquilos con este video, los quiero mucho, familia, gracias por todo”. Apenas termina la frase comienza a llorar, asiente con la cabeza, se cubre el rostro con el periódico y el video finaliza.

Al terminar la proyección y durante la reunión, el papá de Belén, Benito Cortés les dice a los de CAPEA con un tono incrédulo: “ella no está bien, su labio inferior está hinchado y se ve triste”.

Leticia Santiago, su madre, afirma categórica: “Estaba nerviosa, no dejaba de mover sus manos, de morder sus labios, no veía a la cámara y volteaba a ver siempre a los del CAPEA, a los que grabaron los videos, como si les preguntara ‘¿está bien lo que dije?’ como si la estuvieran obligando a decir lo que ellos querían”.

Cuando terminaron de ver el video, molestos, sus padres y sus hermanos insistieron en que eso no probaba que ella estuviera bien, por lo que, serios, Antonio Ferrer, Carlos Rodríguez y la directora general de Derechos Humanos de la PGJDF, Eunice Beatriz Castañeda junto con el subdirector Jurídico del CAPEA, Magdaleno Montes de Oca, también presentes en la reunión, insistieron en mostrarles un segundo video, que contiene la grabación de la llamada de la madrugada del 5 de junio.
 
“Se los mostramos para que vean el desenvolvimiento de Belén en la plática que tuvo con ustedes”, recalcó Antonio Ferrer e inició la proyección de un video de aproximadamente 35 minutos.

En él, Belén aparece parada en el mismo lugar que en el video anterior momentos antes de llamar a su familia. Acaricia sus brazos para darse calor, parece que tiene frío. La subdirectora Psicosocial del CAPEA, Susana Méndez, se acerca con la joven y le presta su celular. En altavoz marca a un número que nadie contesta. “Han de estar bien dormidos”, menciona Belén y pide llamar a su casa.

La subdirectora le pide que dicte el teléfono, la marcación es incorrecta, esto provoca la risa de Susana Méndez, Belén la observa y sonríe nerviosa, como si no entendiera por qué ríe. Están en otra entidad. La funcionaria marca en su celular la lada y el número de la Ciudad de México.

Detrás de la cámara, Ferrer, el director del CAPEA, se dirige a Belén: “Puedes pedir hablar con tu mamá o con quien te conteste”- “O con quien tú quieras”-interrumpe Susana Méndez. Antes de que contesten, Ferrer agrega: “Diles que les mandas un video, para que vean que estás bien y se calmen”.

Belén habla con su papá, su mamá y uno de sus hermanos. Al fondo, se escuchan ladridos de perros y gallos que cantan. Aún sin preguntarle, ella afirma que se fue por su propia voluntad y repite varias veces “estoy bien, me encuentro bien”.

Cuando César Cortés, su hermano, le preguntó por qué llamó a esa hora Belén respondió: “porque a esta hora me vinieron a ver” y contó que el día que despareció le robaron su celular en el local donde trabajaba. En más de cuatro ocasiones insistió “cuiden mucho a mi hermanita”.

Al terminar el video la familia de Belén cuestionó a Juan Antonio Ferrer y Susana Méndez Cedillo qué hacían ahí y por qué la habían buscado a las dos de la madrugada.

Sobre la hora, el director del CAPEA aseguró: “nosotros teníamos que ajustarnos a las horas donde la podíamos ver”. Más adelante y, con un tono engreído, como si estuviera cansado de responder a esa pregunta mencionó: “fue a esa hora porque ella lo pidió así”.

En el video se observa que Belén no conocía a las personas que acudieron a buscarla. Cuando su hermano César le preguntó de dónde llamó ella respondió: “Hablo del celular de una –hace una pausa y voltea a ver en dirección de la cámara – ¿qué es usted?”, se escucha que Susana Méndez ríe y le responde “de una persona de CAPEA”, Belén repite esa respuesta.

Las contradicciones continuaron. Los familiares de Belén confrontaron al personal del CAPEA por las incongruencias. “El problema está en lo que dicen, primero comentan que Belén los buscó a ustedes y ella claramente afirma que fue al revés”, expresó molesto, Víctor Cortés Santiago, el hermano mayor de Belén.

Antonio Ferrer argumentó: “La buscamos porque ustedes manifestaron que querían ver a su hija, querían saber que estaba bien y que sí contaba con su credencial de elector, por eso, a pesar de que ya cerramos la carpeta de investigación, le compartimos a Belén su inquietud y quisimos darles algún elemento visual para que estuvieran más tranquilos”.

Susana Méndez señaló: “Buscar a Belén no fue una diligencia de la carpeta es más bien ‘un acto’ de parte de la procuraduría sabiendo  que Belén tiene nuestra confianza –corrigió de inmediato- más bien, ella confía en nosotros. Lo que afirmó también el director general de Atención a Víctimas del Delito.

Al terminar la reunión, la familia solicitó, mediante un escrito, el acceso completo a la carpeta de investigación. Días después, en entrevista, el hermano de Belén, César Cortés Santiago, dijo que ésta se les entregó, pero les fueron negados los videos con el argumento de que no pertenecen a la investigación.

La abogada de la familia, Karla Micheel Salas, explicó  que la decisión del cierre de carpeta no es definitiva hasta que la PGJDF les entregue un documento oficial que lo acredite. Por lo que, luego de analizar la carpeta, pueden impugnar la decisión ante un juez de control.

Después de la reunión de casi dos horas, Benito Cortés fue firme y claro con los funcionarios: “No les creemos. No le enseñé a mi hija a hablarnos así, por videos, si estuviera bien nos buscaría y lo diría en persona”.

“Vamos a estar tranquilos hasta que volvamos a ver en persona a Belén. No es normal que de la noche a la mañana dejara a sus amigos, su escuela y a su familia, todos la extrañamos y la queremos de vuelta”, aseguró Leticia Santiago.

Antes de dejar las instalaciones del CAPEA, Samantha Zaragoza,  consternada, opinó que la actitud de los funcionarios y las constantes violaciones por parte de la PGJDF al Protocolo para la búsqueda inmediata de mujeres extraviadas acrecientan las dudas.

“Su familia y la comunidad universitaria nos cuestionamos hoy más que nunca “¿Dónde, cómo y con quién estás, Belén?”, concluyó.

(CIMAC)

LA JORNADA: Rechazados y violencia

 

Hugo Aboites*

Aunque algunas autoridades educativas cuestionan la utilización de este término, lo que ocurre con el interés de los jóvenes aspirantes por acceder al derecho a la educación media superior y superior es precisamente eso, un rechazo. Porque, primero, se les invita a todos (mediante una convocatoria); segundo, porque la enorme mayoría cumple con los requisitos establecidos (certificado del nivel anterior, pago por registrarse, pasar por un examen…); tercero, porque se presentan puntualmente y, pese a toda la expectativa creada, al final, la enorme mayoría no son aceptados en la educación universitaria y se les coacciona a la tecnológica. Con el agravante de que el rechazo no se debe a alguna circunstancia impredecible, de último momento; los organizadores saben perfectamente bien y desde hace más de 20 años que para cientos de miles, la mayoría, no habrá cupo.

A mediados de los noventa habiendo transcurrido casi 15 años (1982-1996) de prácticamente cero crecimiento de la oferta, este problema explotó en la cara de los responsables de la educación de niveles superiores, y su respuesta no consistió en comenzar a abrir más espacios, sino en avalar los exámenes a nivel superior y organizar mejor la exclusión con el examen único del Ceneval a nivel bachillerato. Por eso hay que hablar de rechazo y, además, de un rechazo bien organizado, institucionalizado durante décadas y eficientemente envuelto en la ideología del mérito que convence a los jóvenes de su culpabilidad (no pasé el examen, no me preparé) y para que estos jóvenes ya de por sí enfrentados a una situación de poca educación y menos empleo, no caigan en la cuenta de que ellos no son los culpables sino la dramática falta de espacios y la falta de responsabilidad de quienes están a cargo de prácticamente todos los niveles de gobierno y, por inacción, también de quienes tenemos un cargo directivo en las instituciones. En el fondo, la insistencia en desechar la palabra que diga la verdad (rechazados) es una manera de ocultar la bien organizada exclusión de cientos de miles, del derecho a la educación.

¿Qué se puede hacer? Desde las instituciones podemos organizarnos con dos objetivos. Uno, demandar de manera conjunta y en voz alta, un financiamiento suficiente, orientado específicamente a romper el estancamiento de la matrícula, y a ampliar el número de admitidos (hay instituciones que en 30 años no han tenido un cambio sustantivo en su matrícula). Un financiamiento, además, que dé certidumbre, que permita planear por años un crecimiento sustentado. Ninguna institución debe enfrentarse aislada a situaciones de recorte y el arranque de las campañas político-electorales que ahora vemos es el momento apropiado para exigir a los contendientes, muchos de ellos todavía con cargos públicos, que muestren en los hechos una clara definición en este sentido, a nivel federal y a nivel de la Ciudad de México. Dejar de pronunciarnos nos hace aparecer como quienes asumen como inevitables los recortes a la educación. Guardar silencio, además, nos hace aparecer frente a nuestras comunidades de estudiantes y trabajadores académicos y administrativos, como omisos.

Dos, procurar cambios que mitiguen la situación de los demandantes. Empezar a usar un discurso que desincentive los procesos de culpa y creciente depresión de los jóvenes. Dejar de enfatizar aquello de admitir sólo a los mejores, y hablar con la verdad a los rechazados. Decirles claramente que no se admite a más porque no hay ni una política de apoyo ni suficientes recursos públicos por parte del Estado, y que el rechazo no es debido a que algunos jóvenes son valiosos y otros no. Pero también es posible bajar de su pedestal al examen de selección –especialmente diseñado para la exclusión– y sustituirlo por procedimientos que disminuyan el peso y el costo de la ideología del mérito. Establecer, además, medidas que ofrezcan mayores facilidades de ingreso a grupos especialmente agraviados: las mujeres y madres solteras de origen popular; indígenas; personas con discapacidad; hijos de trabajadores de las propias instituciones, y los jóvenes provenientes de sistemas públicos de educación media superior (Colbach, Cetis, Conalep). Igualmente, revisar el presupuesto de las universidades para eliminar gastos suntuarios o de menor utilidad, suprimir subvenciones a empresas y gobiernos, y dedicar esos recursos a las labores de docencia. En alguna institución, con sólo suprimir el bono anual al personal de confianza, podrían contratarse 100 profesores más de tiempo completo. Finalmente, pueden hacerse más fluidos los mecanismos de ingreso diferido que durante lustros y gracias a las luchas de los rechazados, han mostrado su eficacia.

Todo esto no resuelve el gran problema, pero sí que inmediatamente miles más accedan y ayuda a que las comunidades universitarias se coloquen en un horizonte ideológico-cultural muy distinto al meritocrático que hoy construye la exclusión. Un ambiente fincado en el derecho a la educación, para una más ética y eficaz exigencia de recursos en favor de los jóvenes. Antier, con los violentos bloqueos, se confirmó que la Ciudad de México es ya parte del territorio narco. Ahora menos pueden las instituciones públicas ser vistas como eficientes maquinitas de la violencia simbólica del rechazo de cientos de miles de jóvenes. ¿A dónde queremos que vayan?

*Rector de la UACM

http://www.jornada.unam.mx/2017/07/22/opinion/016a1pol

Mexicanos en la Olimpiada Internacional de Química 2017

 

Cuatro estudiantes de Jalisco, Sonora y Michoacán participarán del 23 al 30 de julio en la XXVIII Olimpiada Internacional de Biología (IBO, sus siglas en inglés), en la ciudad de Coventry, Inglaterra.

La sonorense Gladys Serna Villaescusa, el michoacano Arturo García Cerrillo y los jaliscienses José Eduardo Castillo Vera y Samuel Alexander Salas Parra superaron satisfactoriamente el periodo de preparación y selección por lo que en unas horas representarán a México en tierras inglesas.

El comunicado de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) explicó que el proceso de entrenamiento abordó diversas áreas fundamentales de la biología y se enfocó en que los jóvenes desarrollaran las habilidades necesarias para el trabajo en el laboratorio.

Los encargados de la preparación de los estudiantes son profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Metabólicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cristina Revilla Monsalve, coordinadora de la Olimpiada Nacional detalló que en la presente edición participarán 69 países con un equipo de hasta cuatro competidores entre 15 y 19 años de edad, todos ganadores de sus respectivas competencias nacionales.

El certamen se realizará en las instalaciones de la Universidad de Warwick, Coventry con los temas biología celular y molecular, microbiología, biotecnología, anatomía y fisiología de plantas; anatomía y fisiología de animales, biosistemática, genética y evolución, ecología y etología.

México acumula en sus participaciones en la Olimpiada Internacional de Biología una medalla de oro, tres de plata y 21 de bronce.

Oferta de la SEP no es solución para estudiantes rechazados: MAES

Teresa Moreno  / EL UNIVERSAL

Integrantes del Movimiento de Estudiantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) rechazaron que el programa “Un lugar para ti” sea una solución a la demanda de educación superior. En cambio, exigieron incrementar la matrícula en las universidades más solicitadas por los jóvenes.

Durante la asamblea celebrada frente a la Rectoría en Ciudad Universitaria, Axel Meléndez, quien es uno de los voceros del MAES, dijo este domingo en entrevista que programas como el que promueve la Secretaría de Educación Pública (SEP) no terminan de convencer o de ser una opción para los jóvenes puesto que no ofrecen programas educativos como los que ellos están buscando ni de la calidad que sí tienen otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“Para nosotros no es nada nuevo, cada año ofertan lugares pero no hay suficientes espacios para los más de 200 mil jóvenes que se quedan fuera de la Universidad. Por otro lado, hacen ofertas y que no queremos jóvenes. No queremos ir a un tecnológico ni a una escuela privada que nos cobre mil 350 pesos al mes. Los jóvenes queremos que aumente la matrícula en las universidades ya existentes”, señaló el dirigente estudiantil.

Este fin de semana, la UNAM dió a conocer los resultados de su segundo concurso de selección, llamado el examen “de segunda vuelta”, para ingresar a alguno de sus 120 programas de licenciatura para el ciclo escolar 2017-2018.

Aunque hizo un esfuerzo por abrir tres mil lugares adicionales, nuevamente la institución no logró admitir más que a 10% de los jóvenes que demandaron un espacio.

Situación similar ocurre con la UAM que sólo tiene capacidad para admitir a 14% de los jóvenes que concursan, y del IPN que deja fuera a 75% de los aspirantes.

Sobre el tema, Axel Meléndez reconoció el esfuerzo que hizo la Universidad Nacional pero señaló que no es suficiente para compensar los 30 años que han pasado sin que está tenga un crecimiento sustancial que pueda dar una solución real al problema de la exclusión del sistema educativo. Acotó que otras universidades como la UAM continúan manteniendo sus matrícula en los mismos niveles.

Ejemplifica que en su universidad, la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza (FES) se construyó un nuevo edificio recientemente pero la UNAM solo aceptó a siete estudiantes de Medicina de los cerca de dos mil que aplicaron.

“Yo, conociendo esa facultad y sabiendo que se acaba de inaugurar un edificio nuevo con por lo menos 20 salones, me doy cuenta de que hay lugar para aumentar la matrícula pero no se ha hecho lo suficiente”, señaló.

“Si bien reconocemos el esfuerzo que ha hecho la UNAM, no compensa el hecho de que no ha habido crecimiento, la falta de cobertura y el incremento que no hubo desde hace 30 años. Nosotros sabemos que hay la posibilidad de abrir más lugares”, dijo.

El próximo jueves a las 12 del día, el MAES marchará del metro Normal a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a las 12:00 del día para demandar la instalación de una mesa de negociación con esta dependencia en la que participen más instituciones que puedan abrir espacios para los jóvenes, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

En este momento, el MAES demanda espacios para los 350 aspirantes rechazados de las universidades que participan en su movimiento en la Ciudad de México.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/07/16/oferta-de-la-sep-no-es-solucion-para-estudiantes-rechazados-maes

Resumen de revistas

Proceso

Las cuentas pendientes de Korrodi

“No tengo ambición de poder económico ni político”
Contralínea
Ultraderecha de EU más letal que el yihadismo

La ideología violenta de extrema derecha, con casi 1 mil grupos activos, registra una actividad creciente en Estados Unidos, con más de 2 mil 300 acciones violentas y 272 asesinatos. Desde el 11 de Septiembre, deja más muertes que el terrorismo yihadista. Esta “derecha alternativa” es la que llevó al poder a Donald Trump y hoy consolida su crecimiento
Siempre
Duarte marcará el epílogo del sexenio

La tardanza en extraditarlo, pese a la exigencia de Guatemala para acelerar su traslado por razones de seguridad, solo puede explicarse por la complejidad de la negociación. No con los jueces, sino con el mismo Duarte
Vértigo
Más de 3 mil cargos públicos en juego: Presidencia de la República, Congreso federal, nueve gubernaturas y elecciones concurrentes en 30 estados 2018 el reto

Autoridades, partidos y ciudadanos obligados a respetar las leyes y el mando popular
Impacto
La buena noticia que el gobierno no ‘contó’ sin problema PEMEX y Sindicato firman contrato

Cuando todo parece conspirar en contra, a nadie pareció importar que la empresa productiva del país y el gremio petrolero acordaran, en buenos términos y con antelación de 20 días, la relación laboral 2017-2019

Proceso

“No tengo ambición de poder económico ni político”

(Álvaro Delgado, págs. 6-12)

Lino Korrodi, quien le allanó el camino a Vicente Fox para llegar a Los Pinos gracias al cuantioso –y no siempre claro– financiamiento obtenido mediante la figura de Amigos de Fox, ahora quiere ser amigo de Andrés Manuel López Obrador. Jura que no lo mueve la ambición de poder político ni económico, pero no descarta poner al servicio de Morena su experiencia financiera y de relaciones empresariales. En entrevista con Proceso, Korrodi toma revancha y acusa de corrupto e inepto al guanajuatense que lo abandonó en momentos críticos.

El abrazo de Andrés Manuel López Obrador y Lino Korrodi fue breve, pero consumó el compromiso.­

“No tengo ambición de poder político ni mucho menos económico, lo juro”, asegura Korrodi, quien ofrece a López Obrador su aportación como ciudadano, pero tampoco descarta colaborar con su experiencia financiera y de relaciones empresariales: “Las cosas se dan naturales”, dice.

La adhesión pública de Korrodi a López Obrador, el sábado 8, durante la firma del Acuerdo Político de Unidad, en Hermosillo, la concibió Alfonso Durazo, exsecretario particular de Luis Donaldo Colosio y de Fox como presidente, quien asegura que no lo consultó previamente con el líder de Morena, y levantó polvareda entre los prosélitos y malquerientes de éste.

El expresidente Fox descalificó a los dos: “Dios los hace y ellos se juntan. Juntando ambos aún suma cero. Ignorancia-ineptitud sólo produce más de lo mismo”.

La referencia de Fox a dos características asociadas con él, ignorancia e ineptitud, hace que Korrodi sonría y mueva la cabeza. “Me da tristeza en qué ha terminado”, dice de quien se hizo amigo hace medio siglo, en 1967, y con quien rompió en 2004 por abandonarlo mientras era investigado por el IFE.

–Sí, pero no ganó Felipe, Felipe no ganó. ¿Quién operaba desde Los Pinos todo el apoyo, toda la comunicación con el PAN? Rodolfo El Negro Elizondo. Los empresarios se coludieron ahí, como lo vimos de manera tan vulgar y tan ramplona de apoyo para que Andrés Manuel no quedara.

Korrodi revela que, tras las elecciones, para la toma de posesión de Calderón se repartió mucho dinero: “Yo sé por buena fuente que el hermano de Juan Camilo Mouriño, Carlos, le llevaba bolsas de lana para que pudiera pagar todo el favor para que tomara posesión Felipe”.

–¿Dinero de los Mouriño?

–No, dinero de empresarios y de gente que contribuyó con todo para que Andrés Manuel no llegara.

Carlos Mouriño Atánez fue coordinador de los Amigos de Fox en el sureste del país, y platicó con él tras la muerte de su hijo Juan Camilo, en 2008. “Obviamente sé que llevaban las bolsas de lana para entregarle a toda la gente con la que Calderón hizo arreglos para que hicieran todo para que tomara posesión”.

En entrevista con el reportero, la tarde del lunes 10, en su departamento de las Lomas de Chapultepec, Korrodi acusa a Fox de corromperse desde la Presidencia, haciendo negocios con su esposa y los hijos de ésta.

Amigo de Fox desde 1967, cuando trabajaron juntos en la Coca-Cola, Korrodi vio evolucionar la fortuna de Fox mediante su rancho en Guanajuato: “Tenía su parcelita con su estanque ahí, no la albercota, el lago que tiene ahora, no los búngalos de ahora. No, para nada”.

En los propios Amigos de Fox, dice, hubo actos de deshonestidad, y revela uno de ellos: el coordinador en la Ciudad de México, Jordy Herrera –quien fue secretario de Energía con Calderón–, fue investigado por “un faltante de 350 mil pesos”.

Korrodi se niega a identificar específicamente a todos los empresarios que financiaron a Fox y si también hubo recursos del extranjero, que el IFE no investigó, pero recuerda que el PAN, con Luis Felipe Bravo Mena y Diego Fernández de Cevallos, no lo respaldaron.

Justamente por la falta de respaldo de Fox con los Amigos de Fox es que Korrodi rompió definitivamente con él: “Fue cuando empezó toda la linchazón (sic) en contra mía y además era obvio que la estaban moviendo desde dentro del gobierno y del PAN. En Los Pinos, en la cabaña, me decía que no saliera a defender, y yo le decía que sí”.

Luis Ernesto Derbez, preaspirante blanquiazul investigado por fraude

(Álvaro Delgado, págs. 13-14)

Aunque Luis Ernesto Derbez, aspirante a la candidatura presidencial del PAN y rector de la UDLA, afirma que todo lo que hace su empresa es normal, lo cierto es que su nombre aparece en una denuncia por fraude interpuesta ante la PGR y que también investiga Hacienda. Guillermo Jenkins de Landa, extesorero de la Fundación Mary Street Jenkins, asegura que quien fuera canciller del foxismo y dos de sus socios defraudaron a esa fundación por un monto de 720 millones de dólares.

Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla y aspirante a la candidatura presidencial del PAN, es acusado de “cómplice” en el esquema de defraudación de 720 millones de dólares (unos 13 mil millones de pesos) a la Fundación Mary Street Jenkins que investigan la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Personaje clave en la campaña de Vicente Fox, en cuyo gobierno fue secretario de Economía y luego canciller, Derbez es socio de Alejandro González Muñoz y Virgilio Rincón Salas, presidente y vocal, respectivamente, del patronato de la Fundación Bienestar de la Filantropía, que “fraudulenta e ilegalmente” se quedó con 720 millones de dólares de la Fundación Jenkins.

Los tres son socios de la empresa Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales, pero ninguno tuvo relación profesional ni comercial previa a la constitución de la misma, porque en realidad son parte de una maquinación ilegal, afirma Guillermo Jenkins de Landa, extesorero de la Fundación Jenkins, en denuncia presentada ante la PGR.

Pleito familiar

Derbez reconoce ser socio de la empresa Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales, creada en enero de 2015, y que, efectivamente, se creó para administrar las 18 propiedades que la Fundación Jenkins donó, en abril de 2014, a la Fundación Bienestar de la Filantropía, con sede en Barbados.

Pero todo es legal, dice: “Es una compañía que se forma normal, somos tres socios, dedicada a asuntos regulares, administración de bienes raíces, los servicios que tiene la fundación a la que hace referencia, ubicados en México y por tanto son asuntos plenamente normales, son actividades normales, de administración normal”.

–¿Administra las propiedades inmobiliarias de la Fundación Bienestar de la Filantropía? –se le pregunta a Derbez.

–Administró las propiedades inmobiliarias durante año y medio, y precisamente parte de la idea era que las administrara para estar seguros de que las administraba de manera regular y correcta. La empresa se pone en marcha, administra, lleva a cabo las transacciones que sean regulares, declara ante Hacienda, es absolutamente normal, está bajo supervisión de la Secretaría y no hay nada anormal.

“Tengo ambiciones, pero no obsesiones”

(José Gil Olmos, págs. 16-18)

En entrevista con Proceso, Manlio Fabio Beltrones se considera un priista como los demás y aclara que no es quién para vetar a nadie: “Soy un hombre con ambiciones naturales como cualquiera, pero sin obsesiones”. Y además de lanzar sus críticas al Frente Amplio Opositor –lo prom+++++ueven partidos que riñen ideológicamente, dice–, pide a sus correligionarios buscar la unidad con miras a 2018. En vísperas de la XXII Asamblea Nacional del PRI, puntualiza: lo prioritario no son los estatutos, sino respetar las reglas que el partido aprobó en su asamblea anterior. Lo importante, insiste, es ver al futuro.

Descrito por algunos como cabeza de una corriente interna dentro del PRI que intenta imponerse en el método de selección del candidato presidencial, el exdirigente nacional de ese partido Manlio Fabio Beltrones Rivera es contundente: “Yo no soy cabeza de grupo alguno. Yo no soy nadie para vetar a nadie”.

Si no logra acuerdos y unidad en la próxima asamblea nacional, puntualiza, el PRI se tendrá que “diluir” para la elección de 2018, factor que resultó decisivo para la entronización del PAN en Los Pinos en los comicios de 2000 y 2006.

Durante la entrevista, quien fue diputado y senador durante los dos sexenios panistas y el primer bienio de la administración peñista, periodo en el cual se aprobaron las reformas estructurales, admite que para la XXII Asamblea Nacional del PRI Enrique Peña Nieto deberá tener un peso importante.

Sin embargo, rechaza la posibilidad de una imposición a través del famoso “dedazo presidencial”, pues, recuerda, en la pasada asamblea nacional se aprobaron los métodos de selección y éstos deben ser respetados.

“El presidente de la República es un militante orgulloso del PRI y por ello tendrá mucho que ver con la responsabilidad del proceso para seleccionar candidato, el mejor o la mejor, aquel que nos garantice más unidad, consistencia entre nosotros para después ir por los otros. Esa responsabilidad del presidente es compartida por quienes interactuamos en el partido”, dice.

Ante el creciente descontento social y la alta reprobación ciudadana al PRI y a Peña Nieto, Beltrones sostiene que, si bien ha habido errores, son mayores los aciertos.

“Peña Nieto representa, en buena parte, el éxito del PRI… Nadie se libra de que cuando gobierna cometa algunas fallas, que deben corregirse; es injusto cuando no se aprecien los aciertos, pero el partido no debe apenarse, sino sentirse orgulloso de lo que ha hecho bien.”

Posicionamientos

Sobre los errores, comenta: “Confiamos en que con las reformas estructurales el partido conservaría la popularidad; pero la ausencia de una acción integrada entre el gobierno y su partido nos llevó a olvidar la frase de Luis Donaldo Colosio según la cual los gobiernos hacen, pero su partido lo resiente”.

En las últimas semanas algunos grupos y militantes han exigido que la selección del candidato presidencial sea abierta para evitar el “dedazo presidencial”. Algunos advierten incluso sobre la intención de favorecer a algún colaborador del presidente Peña Nieto al querer cambiar los estatutos para que se quiten los candados de 10 años de militancia y otros factores, como el que los aspirantes a presidentes municipales, legisladores o el mismo presidente de la República hayan tenido un cargo de elección popular.

–¿La selección del candidato debe ser abierta?

–Debemos pensar más en el futuro que en los estatutos, aun cuando hay quienes han hecho de la discusión de los estatutos el principal motivo de la próxima asamblea. Lo que pasa es que no hay asamblea donde no aparezcan los intereses de algún grupo o de alguna fuerza. Lo importante es cómo lo resolvemos en un gran acuerdo que privilegie el pensamiento sobre lo que queremos, más que con quién deseamos participar.

Las propuestas

En lo que va de la administración de Peña Nieto el PRI ha perdido 5 millones de votos; 1 millón de ellos se fue a Morena en los comicios del mes pasado en el Estado de México, se le recuerda.

–¿Cree entonces que el PRI va a repetir la victoria en 2018?

–Estoy seguro de que todo militante que tenga simpatía e identidad con el PRI y con un proyecto que podamos acordar en la asamblea se va a esmerar por conquistar la confianza de la mayoría de la población. E insiste: los priistas deben ganar el espacio de la discusión sobre el futuro, a diferencia de los partidos que plantean permanecer en el pasado, o los que no saben qué quieren.

Beltrones aprovecha para lanzar una crítica a quienes promueven el Frente Amplio Opositor:

“Yo no soy nadie para vetar a nadie. Lo único que quiero decir es que los partidos tienen que conservar una identidad para no engañar a la población sobre lo que pretenden y lo que proponen.

La FEPADE investiga a Del Mazo y a tres exgobernadores priistas

(Jenaro Villamil, págs. 20-22)

Los tres gobernadores priistas de los que el presidente Enrique Peña Nieto se sentía orgulloso en 2012: César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, dejaron sus estados hundidos en la crisis financiera y la inseguridad. Además de enfrentar actualmente procesos legales por corrupción, los tres –al igual que el gobernador electo mexiquense Alfredo del Mazo Maza– son investigados por desviar miles de millones de pesos del erario al PRI en campañas electorales.

Los tres exgobernadores caracterizados en 2012 como representantes de la “nueva generación del PRI” por el presidente Enrique Peña Nieto –César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge– son investigados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por presunto desvío de recursos públicos a las campañas del tricolor de 79 millones, mil 300 millones y 201 millones de pesos, respectivamente.

No sólo ellos están en la lista de investigaciones de la fiscalía encabezada por Santiago Nieto Castillo. Desde el pasado martes 11 la FEPADE abrió una carpeta para seguir la pista de al menos mil 600 millones de pesos que fueron desviados del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) a la campaña de Alfredo del Mazo, según confirmaron fuentes de la fiscalía a Proceso.

Borge: desvío de 201 millones

El otro caso de investigación por peculado electoral es contra el exmandatario de Quintana Roo Roberto Borge, el dirigente estatal priista Raymundo King y el extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, por el presunto desvío de 201 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2016 para destinarlos a la campaña del aspirante tricolor Mauricio Góngora.

César Duarte: 79 millones al PRI

El expediente más sólido que presentó la FEPADE ante el Poder Judicial es en contra de otro exgobernador priista, César Duarte, prófugo y con una emisión de ficha roja de localización de la Interpol por peculado electoral y desvío de recursos provenientes de aportaciones de trabajadores, según informó el propio Santiago Nieto.

Desde el 23 de junio Duarte está prófugo por delitos electorales. En esa fecha el exmandatario de Chihuahua no se presentó a declarar por la acusación de desvío de entre 1 millón 200 mil pesos y 1 millón 400 mil pesos mensuales de la burocracia estatal al PRI.

Javier Duarte y sus cajas de huevo

Capturado desde el pasado 15 de abril en Guatemala, el exgobernador veracruzano Javier Duarte será extraditado la próxima semana por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pero también existen indicios y acusaciones sobre peculado electoral.

El 15 de junio pasado, el titular de la FEPADE también afirmó que iniciaron una investigación sobre la operación para desviar al menos mil 300 millones de pesos del erario a la campaña del candidato priista Héctor Yunes Landa en 2016.

Tras la divulgación de un audio, el exsecretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, confirmó en una carta publicada en el periódico Reforma que sí era su voz la que se escucha cuando afirma cómo entregar mil 300 millones de pesos a la campaña de Yunes Landa.

En otro audio, filtrado el pasado domingo 9, se escucha una presunta conversación entre Javier Duarte y su extesorero Tarek Abdalá. En este audio se escucha al exmandatario reclamarle a Abadalá que no le habían llegado al PRI las “cajas de huevo” y mencionó la cantidad de mil millones de pesos.

Ninguna autoridad ni alguno de los implicados ha acreditado la veracidad de este audio, pero se conoció días después que el propio Abdalá sostuvo un encuentro con el procurador general Raúl Cervantes Andrade. El extesorero de Duarte le reclamó una audiencia a Cervantes para que el escándalo “no salpique aceite cuando se le avientan ajos”.

Empresas corruptas construyeron el Paso Exprés de la muerte

(Arturo Rodríguez García Y Mathieu Tourliere, págs. 23-25)

Dos personas murieron a raíz del súbito hundimiento de la carpeta asfáltica en el Paso Exprés Cuernavaca, ocurrido el miércoles 12. De inmediato el enojo popular apuntó a los gobiernos morelense y federal, pero la responsabilidad no acabaría en ellos. También las empresas que construyeron la vía –Aldesa y Epccor– son responsables de esas dos vidas perdidas. Y ambos consorcios tienen un impresionante historial de corrupción que viene desde el siglo pasado.

El hundimiento de una sección del Paso Exprés Cuernavaca el pasado miércoles 12, con saldo de dos muertos, puso al descubierto una vez más el entramado de relaciones entre la clase política y el reducido grupo de poderosos contratistas gubernamentales con beneficios transexenales.

Favoritismo en contratos de obra y otras prebendas de larga data, así como observaciones por corrupción que, cuando han llegado a documentarse por instancias oficiales, logran evadirse, son características de Epccor, S. A. de C. V., la versión más reciente del conglomerado de la familia Gutiérrez Cortina, cuyo empoderamiento e impunidad se remontan al salinismo.

Dicha empresa y Aldesa –trasnacional de capital español que en años recientes se vio implicada en el escándalo de donativos ilegales al Partido Popular en su país de origen– fueron las beneficiarias del contrato para construir el Paso Exprés que, como la mayoría de las obras inauguradas por Peña Nieto en lo que va de 2017, recibió varias observaciones por corrupción.

Este semanario documentó (Proceso 2112) el pasado abril que de las obras inau­guradas por Peña Nieto en el primer trimestre del año, sólo quedaron exentas de señalamientos de corrupción aquellas que no revisó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El reportaje destacaba el Paso Exprés, inaugurado por Peña Nieto el pasado 5 de abril, como una de las más escandalosas por el cúmulo de irregularidades.

Aldesa y Epccor se deslindaron del mortal socavón. En un comunicado, el consorcio aseveró que el incidente fue producto de las “intensas lluvias” que acumularon basura y agua en una alcantarilla, lo que colapsó el sistema de drenaje y provocó la grieta. Insistió en que no fueron responsables del incidente, pues tanto la alcantarilla como el drenaje se encuentran “a más de 15 metros por debajo de la autopista”. Exactamente la misma posición externada por Ruiz Esparza en el lugar de los hechos y aun antes de que se consiguiera el rescate de los dos cuerpos.

Peligrosa, la liberación de imputados por uso ilegal de armas

(Patricia Dávila, págs. 31-33)

El pasado 5 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los imputados por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego podrán seguir su proceso en libertad, a criterio del juez. Para Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad, la medida es peligrosa para la sociedad y los policías. En entrevista con Proceso, el funcionario también desgrana los argumentos jurídicos para reformar la Constitución en la materia, a fin de fortalecer a las policías, los peritos y agentes del Ministerio Público.

Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), advierte: “Los delitos cometidos con arma de fuego se incrementan. Creemos que involuntariamente se transitó en el país de una política restrictiva a una política permisiva en lo que se refiere a (la portación de) las armas de fuego”.

En entrevista a través de un cuestionario escrito, Sales Heredia aborda la conveniencia de que los juzgadores consideren la prisión oficiosa al momento de dictaminar si dejan o no en libertad a un portador de armas de fuego.

También considera necesario legislar para reformar el artículo 19 constitucional a fin de ampliar el catálogo de delitos que lleven a prisión preventiva, lo mismo que el 123, inciso B, fracción XIII, para que los policías despedidos sin justificación puedan reintegrarse a su corporación.

Enfatiza que la Procuraduría General de la República (PGR) ha ejercido acción penal contra 6 mil 900 personas por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De ellos, más de 5 mil se encuentran libres debido a que el delito ya no amerita prisión preventiva oficiosa.

En el periodo de enero a mayo de 2015 se registraron en el país 6 mil 708 homicidios dolosos, en 3 mil 777 de los cuales se utilizaron armas de fuego, mientras que en el mismo periodo de 2016 se cometieron 7 mil 658, de los cuales 4 mil 517 implicaron ese tipo de instrumentos; en tanto que de enero a mayo de este año se registraron 9 mil 916 homicidios dolosos y se usaron armas de fuego en 6 mil 519.

“Falta un lenguaje común”

Sostiene que el país “involuntariamente” transitó de una política restrictiva a otra permisiva respecto de las armas de fuego: “Antes de la reforma, la prisión preventiva oficiosa se determinaba por un listado de delitos en los códigos de procedimientos penales de los estados o por el término medio aritmético de la pena. En la actualidad los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se encuentran señalados en el artículo 19 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Y con base en la reciente determinación de la SCJN, lamenta Sales Heredia, “podrán ser excarcelados previo análisis del juez, no automáticamente, aquellos que se encuentren siguiendo proceso por delitos no previstos hoy en ese numeral de la Constitución, como los delitos de peculado, robo, fraude, defraudación fiscal y, por supuesto, portación de arma de fuego reservada”.

Necesaria, la prisión preventiva oficiosa

Hijo de Renato Sales Gasque, quien fue juez de distrito y magistrado de circuito, el titular de la CNS respeta “enormemente” al Poder Judicial Federal y opina sobre el nuevo sistema:

“Sigo creyendo que es el mejor. Así lo pienso desde hace mucho, mucho antes de que se reformara la Constitución en 2008. Pero ningún sistema es perfecto. Habría que revisar lo que hizo Colombia para ajustar su sistema y atemperar lo que se conoce como puerta giratoria.

Admite que sobre este argumento se ha dicho que atenta contra la presunción de inocencia, pero a su juicio “no hay derechos absolutos. Cuando los derechos se enfrentan dan lugar a lo que se conoce como ponderación, o sea que es evidente que esas armas no las usarán para cazar conejos ni para colgarlas en la pared de su casa. Es claro que alguien que las porta lo hace para matar. La pregunta es: ¿debemos esperar a que mate?”.

Explica que, en su reciente resolución, la SCJN, de acuerdo con el principio pro homine, pro persona, establecido en el artículo­ Primero de la Constitución, posibilita la aplicación retroactiva en beneficio de todos aquellos imputados por delitos no previstos en el artículo 19 constitucional.­

“Caos absoluto” en materia de inteligencia

(Jenaro Villamil, págs. 34-38)

En opinión del exgobernador de Morelos y creador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Jorge Carrillo Olea, el gobierno federal ha cometido grandes errores al menospreciar esta institución y al desmantelar el sistema mexicano de inteligencia. En particular, señala que la administración de Enrique Peña Nieto intentó redirigir esa delicada área, pero los resultados fueron desastrosos…

Desde la campaña presidencial, “alguien” convenció a Enrique Peña Nieto de crear otro aparato de inteligencia para combatir al narcotráfico, abandonar Plataforma México, reorientar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y entregarle funciones de espionaje al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

El resultado de esta decisión, reflexiona Jorge Carrillo Olea, exdirector y creador del Cisen, es “la total dispersión, el caos absoluto, el descontrol entre los órganos” que tienen acceso a las tecnologías del ramo. Además, el especialista en políticas de inteligencia dice que la intercepción de comunicaciones de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representa “una violación a la inmunidad diplomática, a la Convención de Ginebra”.

Para el exgobernador de Morelos, la clave de esta crisis radica en la reorientación de la política de inteligencia en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto implicó el desconocimiento de dos cosas: “Despreciaron un anteproyecto de algo que se llamó el Centro de Inteligencia Criminal, que no tenía por función perseguir narcotraficantes sino advertir sobre las tendencias del crimen, sobre el gran escenario estratégico del crimen, y desmantelaron el Cisen, que tenía controles internos y externos”.

El Cenapi depende de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, que ha tenido entre sus titulares a dos personajes polémicos y señalados por su papel en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala: primero Tomás Zerón de Lucio, que abandonó la dependencia tras señalamientos de haber “sembrado” evidencias en el río Cocula, y Omar Hamid García Harfuch, designado en noviembre de 2016 por el actual procurador.

En entrevista con Proceso, Carrillo Olea destaca que los “controles internos” del Cisen se basaron en “reclutamiento, formación y permanencia”. Estos controles se abandonaron y “empezaron a recibir a los cuates, a gente de Hidalgo, que no pasaban por exámenes de confianza y desprofesionalizaron el servicio de inteligencia que, hasta antes de este gobierno, funcionaba con sus altas y sus bajas”.

–Si desmantelaron el Cisen, ¿qué fue lo que crearon?

–El sistema nacional de inteligencia que prometió Peña Nieto en su plan de gobierno nunca existió. No lo hicieron. Y lo que existía lo desmantelaron. Llegaron sin un proyecto, sin una meta específica.

“Crearon, en teoría, centros de comando y control o centros de fusión, los famosos C4 en donde participan las secretarías de la Defensa, de Marina, las policías y la PGR. Fueron una serie de improvisaciones que se nulificaron unas a las otras. Fingen que participan y que se coordinan, pero ninguna aporta nada porque no hay una dirección autorizada: nadie los controla, no hay autoridad, nadie pone las metas y las sanciones”.

Menosprecio a la inteligencia

Carrillo Olea ocupó cargos estratégicos en el sistema de inteligencia mexicano como jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial durante el echeverrismo, como subsecretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, como director del Cisen en los dos primeros años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y como coordinador general para la Atención y Lucha contra el Narcotráfico, también durante el salinismo.

Su posición lo confrontó con el secretario de Gobernación salinista Fernando Gutiérrez Barrios, quien dirigió durante décadas la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y que no veía con buenos ojos la creación del Cisen.

Una nueva ley

Al cuestionar a Carrillo Olea si la ley de seguridad interior que promueve el PRI en la Cámara de Diputados podría enmendar el desorden en el sistema de inteligencia, responde: “No, definitivamente no”.

E insiste en que el escándalo reciente sobre el sistema Pegasus no puede quedarse en la anécdota o la denuncia. “Es necesario hacer una ley. Es una ley difícil porque, primero, se debe asumir que habrá intercepción. Segundo, deben definir si se acepta o no que la Secretaría de la Defensa tenga acceso a este tipo de espionaje”, afirma.

–¿Usted está de acuerdo en que la Sedena tenga acceso a esta tecnología?

–Sedena no debe tener funciones de espionaje. Si no hay enemigo declarado, la inteligencia militar debe estar orientada hacia otra cosa.

–¿Sirve el espionaje en un sistema de inteligencia?

–En la más absoluta de la teoría, la inteligencia forma parte del Estado. No puedo concebir un Estado eficaz sin inteligencia. El problema es hacerlo bien: con un proyecto, una dirección, una legislación y un control interno y externo.

Vigilancia cibernética gubernamental

(Emilio Godoy, págs. 37-38)

El gobierno federal se asoció con Facebook, Twitter y tiendas departamentales para instaurar un protocolo de vigilancia de redes sociales que depende de las polémicas políticas de filtro de contenidos de esas empresas.

El protocolo de actuación y ruta crítica para la atención de eventos físicos y virtuales que pongan en riesgo la seguridad ciudadana y el patrimonio de personas físicas y morales, de sólo cinco páginas, estipula que sucesos cibernéticos violentos que quebranten las normas de uso de ambas redes sociales ameritan el reporte del perfil de la cuenta originadora de esas conductas.

Las divisiones Científica y de Gendarmería de la Policía Federal (PF), así como la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la Asociación de Internet Mx, Facebook (FB) y Twitter implantaron esos lineamientos luego de que en enero pasado diversas personas convocaron vía Twitter a saquear tiendas y organizaron actos de vandalismo, especialmente en el Estado de México, para protestar por el aumento del precio de las gasolinas.

Mediante solicitudes de acceso a la información, Proceso obtuvo documentos sobre la forma en que el gobierno vigila las redes sociales.

Un sistema poroso

FB y Twitter tienen dificultades para poner filtros al contenido relacionado con la incitación a la violencia, odio racial o la discriminación, según publicó el pasado 21 de mayo el diario británico The Guardian. Por su parte, Twitter enfrenta problemas para controlar los llamados bots –aféresis de robots–, cuentas creadas por programas informáticos para debilitar o potenciar temas.

En enero pasado, se publicaron miles de mensajes para convertir en tendencia a hashtags como #SaqueaUnWalmart y #SaqueosEnMéxico. Loquesigue, colectivo de análisis de internet y redes sociales, identificó mil 500 mensajes relacionados con esos hashtags provenientes de cuentas nuevas y con poca actividad en sitios ubicados en las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

El protocolo indica que FB censura actividades delictivas o terroristas, amenazas violentas directas o indirectas, acoso, incitación al odio y suplantación de identidad.

El estudio Propaganda informática mundial, divulgado el 19 de junio último por el Proyecto de Investigación sobre Propaganda Informática del Instituto sobre Internet de Oxford –de la universidad inglesa del mismo nombre–, descubrió cómo cuentas altamente automatizadas en Estados Unidos se movilizaron desde redes sociales periféricas para engarzarse con grupos importantes de personas y rastrearon la fuente de algunas formas de noticias, así como cuentas robotizadas hasta programadores y empresas en Alemania, Polonia y Estados Unidos.

Cibercolectivos en la mira

El gobierno, junto con FB y Twitter, presuntamente detectó el origen de los llamados a los actos de saqueo de enero pasado: los colectivos cibernéticos Legión Hulk y Secta100tifika, que operan en ambas redes.

Los documentos obtenidos a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales indican que la Policía Cibernética de la PF coadyuvó en la integración de una averiguación previa sobre ambos colectivos en 2016 y otra en 2017, pero decidió reservar sus investigaciones.

La defensa de Yarrington lo declarará “perseguido político”

(Irene Savio 42-45)

Tres abogados de renombre constituyen la defensa de Tomás Yarrington, quien enfrenta en Florencia un proceso de extradición: los italianos Luca Marafioti y Laura Innocenti y el estadunidense Joel Androphy. El próximo martes 18 –cuando se presenten ante el tribunal florentino– los defensores del exgobernador tamaulipeco alegarán que su cliente es un “perseguido político” y que las acusaciones en su contra no se sostienen, pues se basan en testigos no confiables.

Roma.- Este martes 18, cuando el exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington se presente en audiencia ante el tribunal de Florencia que decidirá sobre su extradición a México o a Estados Unidos, sus abogados aplicarán la estrategia de defensa que ya tienen clara: argumentarán que su cliente es un perseguido político y que las acusaciones en su contra están viciadas por procedimientos opacos e incorrectos, basados en testigos no creíbles.

Tres abogados defenderán a Yarrington: el profesor universitario Luca Marafioti y su asistente, Laura Innocenti, y el estadunidense Joel Androphy. El tercero es un penalista de Houston que fue la primera persona que el exgobernador mexicano pidió contactar luego de que la policía lo detuvo en Italia.

La estrategia de la negación

La estrategia de Marafioti, profesor universitario romano conocido también por su actividad de conferencista, será la de negar la mayor parte de las acusaciones.

“Iremos a la audiencia y daremos batalla. Pues es todo absurdo en estas acusaciones (…) La idea que uno se puede hacer es que Yarrington está relacionado con el narcotráfico, pero en estos papeles (de las solicitudes de extradición) no hay nada, cero. Lo demás son charlas de café (…) Por eso hablaremos de la cuestión de la persecución política durante todo el procedimiento de extradición”, dice Marafioti a Proceso.

En el sumario NO.B12-435-S1 de la Corte del Distrito Sur de Texas-División Brownsville, se acusa a Yarrington de haber recibido sobornos durante sus seis años de mandato (1999 a 2005). Y posteriormente, desde finales de 2007 hasta 2009, de haber “pactado con representantes del Cártel del Golfo y el cártel de los Beltrán Leyva el acceso sin impedimentos de cuantiosas cargas de cocaína al puerto de Veracruz, en México, a cambio de un porcentaje por cada carga”.

Por su parte Androphy, del bufete Berg & Androphy y quien conoce bien las acusaciones contra Yarrington –asumió su defensa desde poco antes de que el exgobernador fuera acusado por la Corte del Distrito Sur de Texas-División Brownsville, en mayo de 2013, hace hincapié en que la sanción que purgaría en Estados Unidos es más dura que la que podría tener en Italia: de 20 años de prisión a cadena perpetua. “Y no se prevén descuentos por buena conducta”, acota. Esto puede tener un efecto en la decisión de los jueces, pues la legislación italiana se inclina por autorizar las extradiciones sólo si los acusados no se enfrentan a castigos excesivamente rígidos y se respetan los derechos humanos.

A su vez Marafioti sostiene que, por lo que concierne a algunos delitos de los que está acusado Yarrington, falta el requisito de la “doble incriminación”. Este principio, propio de las legislaciones sobre la extradición, implica que el delito por el que se reclama esté tipificado de la misma manera tanto en el país otorgante como en el país peticionario. El abogado señala que ese requisito no se cumple en el caso de la acusación de delito de fraude bancario que se le imputa en Estados Unidos, ya que en Italia es un delito menor.

“No fue casual” su llegada al territorio de la Ndrangheta

(Irene Savio, págs. 44-45)

Roma.- Desde que la policía italiana localizó la casa en la que vivía Tomás Yarrington en Calabria, región dominada por la Ndrangheta, surgió una duda que aún no se resuelve: ¿Qué relación hay entre el exgobernador de Tamaulipas y la más poderosa y peligrosa mafia italiana?

La pregunta dio pie a una investigación que empezó después de la detención de Yarrington el pasado 9 de abril, y continúa en medio de un gran hermetismo por parte de las autoridades italianas y la cual ha implicado a varios cuerpos de la policía italiana así como a la Fiscalía de Paola, el pequeño pueblo costero calabrés en el que vivía Yarrington.

Incluso se ha barajado la posibilidad de que el caso pase a manos de Nicola Gratteri, uno de los máximos conocedores de la relación entre los cárteles mexicanos y las mafias italianas.

Operación Solare

Ningún investigador conoce con precisión cuándo la Ndrangheta empezó a comprar cocaína y otros estupefacientes a los cárteles mexicanos para luego revenderlos en Europa. La policía italiana sólo ha establecido que se trata de alianzas recientes.

Fue, de hecho, el Cártel del Golfo uno de los primeros en establecer el contacto con la Ndrangheta, en particular con la familia calabresa de los Coluccio y Aquino, afincados en Nueva York, así como con la familia Schirripa, en Calabria.

Así lo reveló la operación Solare 1-Reckoning, llevada a cabo por el Departamento de Operaciones Especiales y varias fiscalías italianas, en colaboración con las estadunidenses DEA, ICE y FBI, y que se conoció en septiembre de 2008, cuando, según el expediente 12-435-S1 de la Corte Sur de Texas- División Brownsville, Yarrington aún mantenía relación con ese mismo cártel.

Como consecuencia de la operación Solare 1-Reckoning, terminaron en la cárcel los miembros de la familia Schirripa y dos intermediarios del cártel del Golfo: Chris Castellano e Ignacio Díaz.

Sin embargo, la conexión criminal ítalo-mexicana no se interrumpió. Por el contrario: en julio de 2011 la operación policiaca Solare 2 encontró que la relación entre la Ndrangheta y los cárteles mexicanos se había arraigado gracias a Vincenzo Roccisano, un tío de Giulio Schirripa, como también documentó en un informe de 2014 el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA).

Según La Spina, el trato que la Ndran­gheta dispensa hacia los narcos mexicanos es de interés, pero también cautela: “Hasta ahora, el escenario que surge de las investigaciones policiacas evidencia que la Ndrangheta ha buscado y encontrado socios distintos en México, negociando de vez en vez, adaptándose a las cambiantes circunstancias y no manteniendo alianzas exclusivas con grupo alguno.

Con todo, hay al menos un aspecto más que inquieta a los observadores: no hay precedente de la fuga de Yarrington hacia Calabria. “Es la primera vez que un fugitivo internacional de esta relevancia se esconde en esta región”, explica el fiscal antimafia. “Nunca antes había ocurrido”.

La rebelión de los sheriffs

(Lourdes Cárdenas, págs. 46-48)

La Oficina del Sheriff de El Paso llevó a tribunales su oposición a aplicar la Ley SB4, que entrará en vigor en septiembre y la cual criminaliza a cualquier persona de origen latino y prácticamente convierte a todos los uniformados en agentes migratorios. Una acción legal ya había sido promovida por el alcalde de la pequeña comunidad de El Cenizo, quien calificó a la SB4 de “insensata, peligrosa y discriminatoria”. El tema ya está en una Corte de Texas, pero probablemente suba de nivel, pues Washington ya intervino para apoyar al gobierno texano, partidario de aplicar esa polémica legislación.

El Paso, Texas.- Si de algo se enorgullecen los alguaciles del condado de El Paso es de su buena relación con la comunidad. No ha sido fácil lograrlo: a lo largo de 10 años los oficiales de la Oficina del Sheriff del condado han estado trabajando para construir un ­vínculo de confianza que les permita mantener la delincuencia a niveles muy bajos, comparados con el resto del país.

“No quiere decir que estamos de acuerdo en todo; de hecho, tenemos diferencias, pero si somos un condado seguro es porque tenemos una relación fuerte con la comunidad y no queremos ponerla en riesgo”, dice el comandante Robert Flores.

La determinación de preservar ese tipo de relación llevó a la Oficina del Sheriff a desafiar en los tribunales estatales la Ley SB4 (Senate Bill 4), que entrará en vigor el 1 de septiembre y obligará a las policías de los condados, las estatales e incluso las de los campus universitarios a actuar como agentes de migración cuando realicen detenciones de rutina o respondan llamadas de la ciudadanía.

“Una ley como ésta hará que la gente dude antes de llamar a la policía para denunciar un crimen”, dice Flores. “La ley afectará la seguridad pública del condado y por eso no queremos que entre en vigor”.

La demanda interpuesta por la Oficina del Sheriff de El Paso y la organización Texas Organizing Project Education Fund ante la Corte de Distrito Oeste de Texas argumenta que la ley es anticonstitucional, alienta el racismo y la categorización racial al permitir que los agentes del orden en el estado puedan exigirle a cualquier persona que muestre sus papeles. Los demandantes buscan que el juez detenga la aplicación de la ley.

“La historia y la lógica nos dicen que no todos los texanos serán iguales ante este acoso. Los texanos con antecedentes hispanos, los inmigrantes y sus familias, particularmente los que vienen de México y Centroamérica, serán el blanco de esta ley”, dice la demanda.

La Ley SB4, también conocida como ley contra las ciudades santuario, fue firmada por el gobernador Greg Abbott el pasado 7 de mayo. La firma, transmitida en vivo en Facebook, fue considerada un triunfo para los republicanos de Texas, quienes desde 2011 habían tratado de pasar iniciativas similares.

La ley prohíbe a las ciudades y condados limitar la acción de sus oficiales en materia migratoria y, de hecho, establece multas y castigos contra los oficiales de policía o funcionarios que no acaten la nueva legislación. Quienes se nieguen a colaborar enfrentarán un cargo criminal menor y multas de entre mil y mil 500 dólares por la primera violación a la ley, y hasta 25 mil por las subsecuentes. Pueden también enfrentar el despido.

Miedo en El Cenizo

Poco antes de que la Oficina del Sheriff de El Paso desafiara la SB4, Raúl Reyes, alcalde de El Cenizo –ciudad de poco más de 3 mil habitantes en el sureste de Texas–, había hecho lo mismo, argumentando que se trata de una ley “insensata, peligrosa y discriminatoria”.

Hasta hace unos 25 años El Cenizo se consideraba una “colonia”, como se clasifica en Texas a los asentamientos irregulares carentes de servicios de agua, drenaje o pavimentación. En 1989 El Cenizo fue incorporada al condado de Webb y reconocida como ciudad.

En El Cenizo, 99.2% de la población es hispana, sobre todo de origen mexicano, lo que explica que en 1999 la ciudad aprobara una ordenanza para hacer del español el idioma oficial de los negocios. El alcalde Reyes estima que entre 15 y 20% de la población es indocumentada y enfrentaría un enorme riesgo si la SB4 entra en vigor.

“(Actualmente) la gente se siente libre de caminar en las calles y reportar un problema a la policía sin preocuparse por su estatus migratorio”, apuntó Reyes en un artículo en el cual explica sus razones para demandar al estado. “Los policías aquí se ocupan de asuntos que son importantes para nuestra comunidad: tocan a tu puerta si tienes un sofá viejo en la entrada, si no has cortado el pasto o si tienes pollos o chivos en tu patio. Nuestros oficiales también ponen infracciones de tránsito y arriesgan sus vidas interceptando drogas que cruzan el río grande (Bravo). Tenemos muy buenos policías que hacen un gran trabajo. Su papel no debería ser el de agentes migratorios.”

Añadió que El Cenizo es una comunidad muy segura y que en sus 13 años como alcalde nunca ha visto un homicidio. “Con base en mi experiencia, es muy poco probable que la gente indocumentada en El Cenizo cometa un crimen. Típicamente los indocumentados tienen otras cosas de que preocuparse: encontrar un trabajo, lidiar con dos o tres empleos y garantizar un mejor futuro para sus niños”.

Sin embargo, Reyes reconoció que la SB4 ya desató el miedo en su comunidad, lo que ha hecho que los reportes de violencia doméstica y otros incidentes hayan bajado, además de que las personas están ajustando su rutina para evitar al máximo el contacto con la policía.

Esto último es algo que se ha visto en varias partes del estado. Roberto Chavarría, representante de las comunidades michoacanas en Dallas, asegura que muchas personas están “sumamente preocupadas” por lo que pueda venir si la ley entra en vigor.

“Los padres de familia se cuestionan mucho qué es lo mejor para ellos, si quedarse aquí o regresar a México; pero esa no es una decisión fácil de tomar”, dice Chavarría, quien estima que el área de Dallas-Fort Worth es el hogar de unos 100 mil michoacanos, de los cuales entre 30 y 35% son indocumentados.

Estimaciones del Migration Policy Institute ubican el número de personas indocumentadas en Texas en 1 millón 470 mil, de las cuales 78% son mexicanas y el resto, centroamericanas. Casi la mitad de esa población se concentra en los condados de Harris, Dallas, Tarrant y Travis.

“Hay angustia, una preocupación de nuestra comunidad”, dijo el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Sada Solana, en una conferencia de prensa el 26 de junio. Ese día anunció que el gobierno mexicano presentaría una declaración jurada en la Corte respecto a la Ley SB4.

Desde que Abbott aprobó la Ley SB4, el número de llamadas al Centro de Información y Asistencia de Mexicanos de la cancillería tuvo un incremento de 678 en mayo y junio, en comparación con el mismo periodo del año anterior. En ese mismo lapso se incrementó 32.4% la expedición de documentos a mexicanos que buscarían protegerse ante cualquier eventualidad provocada por esa ley.

1988-2018 Prevalencia de la podredumbre

(Héctor Tajonar, págs. 52-53)

El año próximo se cumplirán tres décadas del fraude electoral de 1988. Los enormes cambios institucionales y jurídicos realizados a lo largo de esos 30 años contrastan dramáticamente con la conducta anclada a las trampas y artimañas del pasado, prevaleciente en los protagonistas de los procesos comiciales. Ello refleja la vigencia de una cultura política pre-democrática.

La existencia de instituciones electorales jurídicamente autónomas, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debería bastar para evitar que un atraco de la magnitud del fraude de 1988 pudiera repetirse. No obstante, a la luz de procesos electorales recientes en el Estado de México y Coahuila, así como la elección presidencial de 2012, hemos podido constatar que la autonomía jurídica del INE y del TEPJF no garantizan su independencia política del gobierno de Enrique Peña Nieto y su partido; menos aún la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría General de la República, cuyo titular es incondicional del actual presidente.

El dictamen respectivo Ante la avalancha de protestas contra los comicios plagados de irregularidades y delitos electorales en el Estado de México y en Coahuila, la Unidad Técnica de Fiscalización del IFE dio a conocer que, en Coahuila, los candidatos del PRI y del PAN rebasaron en más de 5% el tope de gastos en las campañas para gobernador. A eso se agrega que la diferencia de los sufragios en favor de los dos candidatos en estos estados también fue menor de 5%, lo cual configura la causal de nulidad de la elección, de acuerdo con la Ley Electoral.

En caso de que la resolución de dicho tribunal estableciera la nulidad de la elección en Coahuila, los partidos podrían impugnarla y la última palabra la tendría la Sala Superior del TEPJF.

La anulación de las elecciones en Coahuila representaría un precedente importante en el combate a la corrupción electoral. No obstante, resultaría inverosímil e injustificable que no se aplicara el mismo criterio a la elección del Estado de México.

Alerta sobre un caso de espionaje y corrupción

(Ernesto Villanueva, pág. 54)

Víctor Hamue Haneine y/o Henaine es un empresario que se ha presentado como un proveedor discreto, sobre todo ante gobiernos estatales al inicio de sus administraciones. Y además dispu­ta uno de los primeros lugares en el tiempo en lo que después se convertiría en un negocio muy saludable financieramente hablando, toda vez que fue uno de los pioneros del espionaje privado por encargo cuando la telefonía celular se hallaba en sus inicios y el internet apenas hacía su lenta entrada a la sociedad con grandes limitaciones de ancho de banda.

Ese espionaje era posible, si se trataba de conversaciones privadas en directo, con camionetas equipadas a una distancia máxima de 200 metros del objetivo mediante los primeros amplificadores de captación de voz, y si era por teléfono, a través de Teléfonos de México (ojo: no afirmo que esta empresa se haya dedicado a ese negocio, sino que algunos de sus empleados eran facilitadores para hacer posible esta incipiente empresa).

En esas épocas los celulares y los llamados por voz IP eran excepciones más que la regla, razón por la cual constituían un universo marginal, aunque importante. Se trataba de 1999, cuando Víctor Manuel o Hamue Haneine o Henaine fue descubierto por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dependencia que identificó que esa persona tenía protección de agentes de la Interpol para hacer tanto un presumible negocio de espionaje.

Así como Henaine entró a la cárcel, salió con la debida discreción. En todos estos años, el personaje ha acumulado 36 páginas de juicios judiciales del fuero común y federales por fraude genérico, fraude inmobiliario y evasión fiscal principalmente, casos en los que ha agotado todos los medios legales a su alcance y ha perdido casi todas sus promociones jurídicas en las últimas instancias federales, que son ya inapelables, lo que en derecho se llama cosa juzgada. Las demandas han sido tanto contra él o junto a diferentes empresas suyas.

Hoy, ya en el siglo XXI, no ha pasado al retiro. Sigue activo en la actividad empresarial, por llamarla de alguna manera. Ha tejido una amplia red de relaciones a las que promete “generosas” atenciones económicas de por medio y/o promesas de acciones de sociedades que rápidamente harán millonarios a los que son ricos, y multimillonarios a quienes son millonarios. Esa red de contactos lo han introducido directamente a charlas y negocios con los nuevos –y casi todos voraces– gobernadores, que quieren enriquecerse en el menor tiempo posible.

Lo lógico es que los gobernadores que crean encontrarse frente al negocio de su vida ofrecido por Henaine limiten sus tentaciones por ganarle a los Duarte la competencia por el dinero porque se van a arrepentir rápidamente. Si un mandatario corrupto muerde el anzuelo dejará de llevarse su ilegal tajada, en tanto que los ciudadanos, como siempre, verán cómo sus impuestos trabajan para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, pero en este caso a pasos acelerados. Por lo demás, los activistas anticorrupción deberían solicitar por transparencia que su gobierno no tenga relaciones con este personaje o sus empresas y, si es preciso, solicitar las investigaciones del caso y el deslinde de responsabilidades a la brevedad.

Contralínea

EU: terrorismo de derecha es más letal que el yihadismo
(José Reyez, Online)

La ideología violenta de extrema derecha, con casi 1 mil grupos activos, registra una actividad creciente en Estados Unidos, con más de 2 mil 300 acciones violentas y 272 asesinatos. Desde el 11 de Septiembre, deja más muertes que el terrorismo yihadista. Esta “derecha alternativa” es la que llevó al poder a Donald Trump y hoy consolida su crecimiento. El supremacismo blanco de Estados Unidos –como sistema político, económico y cultural basado en el control del poder y la superioridad de la raza blanca –, ha sido más letal que el yihadismo en los últimos 3 lustros, afirman especialistas del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

Violencia y criminalidad caracterizan el movimiento supremacista en Estados Unidos, un fenómeno ideológico que se basa en creencias, hábitos y acciones y en el que existe una clara hibridación del movimiento con el sistema político, y una infiltración en el ejército y cuerpos de seguridad, consideran Jéssica Cohen y José María Blanco. Advierten que las cifras letales del “terrorismo doméstico” en ese país son contundentes: de 2 mil 400 atentados registrados desde los ataques del 11 de Septiembre de 2001, hasta junio de 2015, sólo 60 fueron realizados por musulmanes, lo que supone un 2.5 por ciento del total, según la Global Terrorism Database, de START (National Consortium for de Study of Terrorism and Responses to Terrorism).

Cárceles colapsadas: en poder del crimen, sobrepobladas y violentas
(Nancy Flores, Online)

La tragedia que vivieron los internos del Centro de Reinserción Social de las Cruces, en Guerrero, el pasado 6 de julio es apenas una estampa de la crisis que viven los penales en México. Ese día, la supuesta riña entre grupos antagónicos en la cárcel de Acapulco dejó 28 reos fallecidos y al menos tres heridos. Lamentablemente, la gravedad de este hecho no marcará ninguna diferencia en esa cárcel ni en ninguna otra, porque el gobierno no tiene un plan para atender de manera integral la problemática. Tres factores profundizan la crisis en las cárceles: el autogobierno, que es el control de la prisión a manos de los criminales; la sobrepoblación, y la violencia excesiva.

El más grave de los problemas estructurales es que el 65 por ciento de las prisiones estatales está en poder de grupos delictivos, observan las investigadoras Elena Azaola y Maïsa Hubert, en su análisis “¿Quién controla las prisiones mexicanas?” Luego están la sobrepoblación y el uso desproporcionado de la prisión preventiva; las condiciones de vida indigna e infrahumana; la falta de profesionalización y condiciones de trabajo deplorables del personal penitenciario; y la indiferencia social y de autoridades hacia las prisiones, indican.

En tierra de muertos
(Luis Espinoza Sauceda, Online)

Baca, Choix, Sinaloa.- Mientras hojeo La Jornada en la sección de Cultura buscando un tema de interés, con aliento a café, me atrapan unas frases sueltas pero lapidarias y un olor a tierra mojada. La travesía es corta pero muy trágica, al grado de llegar a confundir el detonar de los cohetes con el de las armas, una reacción para los de este lugar. En la zona Norte de Sinaloa se respiraba un ambiente de alguna forma poco violento. Los municipios de Choix, El Fuerte y la ciudad de Los Mochis con rutas de comercio definidas y un hermanamiento tácito. Las noticias corrían además de voz en voz por El Debate, un diario impreso con bastante presencia y circulación en esos municipios.

El diario empezó a llegar a mi pueblo a través de los operadores del camión de la ruta Baca-Los Mochis, aunque de vez en cuando los tienderos, al ir a Choix, lo compraban. Pero la ruta se puede decir que es reciente, entonces empezó a llegar y no precisamente para la venta sino que ellos lo compraban, lo leían y lo compartían al día siguiente con unos pobladores. Lo que ocurría en las comunidades o cabeceras municipales pronto se conocía con todo y referencia de las familias involucradas en hechos violentos. Es muy común que la gente se conozca o por lo menos tenga ciertas referencias de las familias que habitan en las diversas comunidades.

México cae en socavón de corrupción gubernamental
(Miguel Badillo, Online)

A principios de mayo, así promovía Enrique Peña Nieto la ampliación del libramiento de Cuernavaca, conocido como Paso Exprés Tlahuica, que a 3 meses de inaugurado se colapsó y causó la muerte de dos personas: “Buena carretera, una gran autopista, que se puede recorrer de manera rápida y segura, felices vacaciones”. Corrupción, negligencia y abuso vuelven a ser otra vez las causas de una obra carretera mal hecha, en donde la complicidad entre funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y constructores privados provocó la caída de un vehículo en un socavón de 5 metros que se abrió a mitad de la autopista y causó la muerte de Juan Mena Ruiz y su hijo Juan Mena Romero, ante la indiferencia del presidente de la República y su secretario Gerardo Ruiz Esparza, quienes son los responsables por inaugurar una insegura y peligrosa obra carretera.

Si hay duda de quienes son los responsables, en redes aparece otro video promocional del secretario Ruiz Esparza sobre la nueva obra, quien maneja su vehículo por el libramiento colapsado y comenta: “El complejo asfáltico que vamos viendo en esta transmisión es sin duda un material mucho más resistente. No tenía drenaje, así que tuvimos que hacerles drenaje, para que la carretera en un momento dado tuviera circulación de agua y las casas de alado pudieran desaguar también los líquidos de las casas. Aquí viene conmigo el ingeniero Clemente Poon Hung, director general de Carreteras, viene también José Luis Escobedo, director general del centro SCT aquí en el estado de Morelos, y quienes han sido prácticamente los responsables de la ejecución de esta importante obra”.

FECSM, ayer como ahora, en pie de lucha
(FECSM, Online)

Los antecedentes del normalismo rural son los mismos de la lucha del pueblo mexicano por su emancipación. En 1906 y 1907, con las huelgas de Cananea, Sonora, y de Río Blanco, Veracruz, quedó clara la resolución del pueblo por generarse una mejor calidad de vida. Después vino la Revolución de 1910, ganada por la burguesía y que aprovechando la confusión y las necesidades educativas del pueblo se constituyeron las Centrales Agrícolas como una mascarada para supuestamente brindar aparente educación al campesinado y, al mismo tiempo, ejercer control sobre la sociedad. Posteriormente, estas escuelas se convirtieron en Regionales Campesinas, para que más tarde se convirtieran en Normales Rurales. En un momento histórico, las Normales Rurales llegaron a ser 36. Pero por los golpes a la educación, algunas fueron desapareciendo. En la actualidad existen unas 20, pero sólo 15 están agremiadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), junto con una normal indígena y un Centro Regional de Educación Normal (CREN).

A la cabeza de una anhelante iniciativa estaban los maestros Rafael Ramírez y Moisés Sáenz, quienes estructuraron un proyecto en el cual involucraban a las Misiones Culturales, las Escuelas Rurales, las Centrales Agrícolas y las nacientes Normales Rurales. La primera normal rural fue fundada en Tacámbaro, Michoacán, en mayo de 1922. Nació en la extrema pobreza, carecía de inmobiliario y edificio. No tenía internado; los alumnos contaban con un presupuesto de 50 centavos diarios como beca para sus estudios. Trabajaban en una casa rentada y con la oposición del arzobispo del estado. Ése fue el inicio de todo un sistema. También se fundó una similar en 1923, la escuela de Malango, Hidalgo. Después pasó a Actopan, para quedar finalmente en El Mexe, del mismo estado. Estaba alojada en un viejo convento dominico y padecía las mismas carencias que la anterior.

¿Es la democracia representativa y los partidos los que están en crisis?
(Álvaro Cepeda Neri, Online)

Immanuel Kant dijo que el filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés David Hume (Edimburgo, 1711–1776) “lo había despertado de su sueño dogmático”. Y contrario a como el filósofo Arthur Schopenhauer (1788-1860) se expresó de las mujeres, inaugurando el machismo estúpido contra ellas al atreverse a definirlas como solamente de “cabellos largos”, la politólogo Berta Barbet Porta, asidua colaboradora con sus ensayos en el columnismo de España (El País, 15 de junio de 2017), nos ha despertado de nuestro sueño contra los partidos y la democracia representativa, con su brillantísimo análisis titulado: “¿Qué crisis de la democracia?”. Es éste un fabuloso trabajo que nos pone en alerta sobre si son los partidos y esa democracia salida de las urnas en cada elección –en muchas ocasiones fraudulentas– los que están en crisis… o son sus actores: tanto candidatos como dirigentes de esos partidos. Concluyendo que son los candidatos y, a veces sí, a veces no, los líderes que conducen a las organizaciones que ya formalmente se crean con el Estado de Partidos (Hans Kelsen, Esencia y valor de la democracia).

“Habrán oído una y 100 veces que la democracia representativa está en crisis. Pero, ¿y si no fuera verdad? ¿Y si lo que está en crisis no es el modelo sino sus actores, es decir, los partidos? Porque si la crisis es de la democracia representativa [agrego: por eso el auge del populismo de izquierdas, derechas y de centro; de derechas con Trump, de centro con Macron en Francia; de izquierdas en España y donde México asoma ya la cabeza]; deberíamos cambiar de modelo e ir a una democracia directa [vuelvo a meter mi cuchara, de donde se desprenden esos populismo], como sugieren unos, o hacia una expertocracia, como dicen otros. Pero si la democracia está bien y son los partidos los que están en crisis, bastaría con arreglar estos últimos… Aunque sea difícil reformar los partidos políticos –los que de paso hay que repetir: gastan demasiado dinero del pueblo para corromperse y corromper–, es el mejor camino que librarse de ellos”.

La UNAM tras las rejas
(Zósimo Camacho, Online)

Ya habíamos advertido que esta crisis inducida de inseguridad que se vive en la llamada “máxima casa de estudios” del país se encaminaba a justificar la aplicación de nuevas medidas autoritarias. Hoy sabemos que, aprovechando el periodo de vacaciones, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han ordenado la instalación de rejas al interior y en el perímetro exterior del campus de Ciudad Universitaria (como si eso fuera a frenar la venta de drogas y como si el problema no fuera de corrupción y de abierta complicidad entre los narcomenudistas e integrantes de la estructura de gobierno universitaria). No se trata solamente de rejas. En algunas facultades se avanza en la instalación de torniquetes a los que sólo se podrá acceder en un futuro muy próximo con credenciales. Es decir, la Universidad pedirá documentos para ingresar a cada una de sus áreas. Hoy (lamentablemente) esto ya ocurre en el caso de institutos al interior del campus y en instalaciones de todo tipo (académicas, administrativas o de investigación) fuera de Ciudad Universitaria. Fueron avanzando poco a poco. Lo que se pretende ahora es que todas las facultades, escuelas y colegios al interior del casco impidan el libre tránsito de universitarios y de la población en general.

El caso no es menor. Se trata de un remache más, totalmente necesario, para el modelo de universidad que se le impone a la UNAM: cerrado, elitista, ajeno a la realidad social del país y del mundo; lejos de los problemas de la ciudad y nacionales; ajeno a las demandas políticas y de justicia social; excluyente de obreros, campesinos y de toda la mano de obra barata que genera el fracasado y agonizante sistema económico imperante. Se avanza en el regreso a un modelo de universidad porfiriana y se rechaza el de puertas abiertas a la sociedad, al pueblo, y que hizo posible la autonomía universitaria, el 68 y que como ningún otro proyecto pacífico promovió la movilidad y la justicia social, impulsó las libertades políticas y la educación masiva. Todo, sin dejar de ser el epicentro cultural y científico más importante de México e Iberoamérica. Las rejas, los torniquetes, los muros no son para proveer “seguridad”. Son para controlar y aislar a estudiantes, académicos y trabajadores. Son para revertir el ambiente de libertad que, a pesar de contar con una forma de gobierno anquilosada y profundamente autoritaria, se respira en los espacios universitarios. Son para cerrar la pinza que inicia con los exámenes de admisión, donde llevan ventaja los alumnos cuyas familias pueden pagar caros cursos de preparación en los que tienen acceso a las preguntas que les harán en las pruebas de ingreso.

Vértigo

2018: El reto
(José Antonio Caporal, pág. 6-14)

El primer domingo de julio 2018 estarán en disputa más de tres mil cargos públicos, incluyendo Presidencia de la Republica, Congreso federal, nueve gubernaturas y elecciones concurrentes en 30 estados: el reto para sociedad, partidos y autoridades es superar un sistema electoral cuestionado, con judicialización de resultados, impugnaciones, spotiza, desconfianza hacia la autoridad electoral y hartazgo ciudadano.

Será el 1 de julio del año próximo cuando se lleve a cabo en el país la elección más grande de nuestra historia: tres mil 447 cargos de elección popular que, de acuerdo con la versión preliminar del calendario electoral publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se disputarán candidatos de nueve partidos políticos con registro nacional, algunos más con registro local y un importante número de independientes.

El proceso inicia formalmente el próximo 8 de septiembre; en noviembre se realizarán las precampañas; en marzo los registros de candidatos, y entre abril y junio se llevarán a cabo las campañas electorales. Materializar el despliegue logístico para llevar a cabo los comicios federal y locales de 2018 es en sí un gran reto para autoridades, partidos y sociedad.

Pero hay un desafío adicional: superar los problemas ya existentes que genera el sistema electoral, principalmente descredito de los órganos electorales; partidos y candidatos que no respetan los resultados, ni las leyes que ellos crearon; crecimiento de la judicialización de las elecciones; un modelo de comunicación política que inhibe el debate de ideas y propicia la censura; elevados costos de los procesos… todo lo cual da como resultado el hartazgo de la sociedad, misma que continua marginada de la toma de decisiones.

Ya varias personalidades han hecho públicas sus aspiraciones de contender por la Presidencia de la Republica, además de aquellos que aun cuando no lo han manifestado abiertamente son mencionados por los analistas como serios contendientes a dicho cargo. El debate sobre quiénes podrían ser los candidatos a la Presidencia de la República trae consigo otros dos temas: la segunda vuelta electoral y los gobiernos de coalición.

Quienes se oponen a la segunda vuelta, sostiene algunos analistas, lo hacen porque creen que pueden perderla: ellos están seguros de que pueden ganar los comicios con 30 o 35% de la votación debido a la fragmentación del voto, pero no se sienten capaces de obtener un porcentaje mayor debido al rechazo que registran en la mayor parte del electorado.

Las críticas al sistema y las autoridades electorales suman otro elemento que enrarece el clima preelectoral en el país: los temas de debate de los futuros candidatos a la presidencia sirven lo mismo para ganar adeptos que para denostar a adversarios. Inseguridad, carestía, desempleo y, sobre todo, corrupción, son temas que se posicionan en la agenda político-electoral. De hecho, desde 2015 ya forman parte d la plataformas de campaña de los candidatos a diversos cargos de elección popular en 2018.

Venezuela Lucha por el retorno de la democracia
(Arturo Mocada, pág 26-30)

En un siglo donde las dictaduras en Latinoamérica habían quedado en el pasado, ahora es en la bolivariana Venezuela donde se registran – según diversos analistas- todos los ingredientes de un gobierno dictatorial, con Nicolás Maduro a la cabeza. El propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, opina que en Venezuela ha una “dictadura” y debe elegirse “un nuevo gobierno con legitimidad democrática, que le permita a ese país salir del pozo”.

El diagnostico de los especialistas señala que tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Ejercito están acaparados por un grupo que se niega a realizar elecciones democráticas; que existe una persecución bestial a l oposición; que se agrava la intromisión en la vida privada de la ciudadanía, y se sataniza a los medios de comunicación, que son para el gobierno un claro enemigo. La figura del presidente Maduro está por todo ello más degradada que nunca en las encuestas de opinión pública, con una aprobación de apenas 20% de la población venezolana.

En estos últimos meses en Venezuela se ha producido un cambio radical que aumenta la preocupación de quienes defienden la democracia y los derechos humanos: desde el 4 de abril, cuando comenzó la ola de manifestaciones sistemáticas contra Maduro, ya han sido asesinados 92 venezolanos que salieron a las acalles en protesta contra un régimen que “ya no tiene como simularse democrático”. Los venezolanos luchan contra una fuerza pública que caza disidentes y son blancos de la violencia de los llamados “colectivos”, es decir, personas contratadas por el régimen para que patrullen las calles e intimiden a la población a fin de que esta o se una a las protestas de la oposición.

Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, indica que “lo que parecían ser reacciones aisladas por parte de la autoridades venezolanas enfrentando manifestaciones disidentes, en realidad es una estrategia planificada por parte del gobierno del presidente Maduro de utilizar la violencia y fuerza ilegitima contra la población venezolana para neutralizar cualquiera critica.

Más aún, “el hecho de que quienes opinan diferente sean las únicas personas a las que se tilda de terroristas, a quienes se usa la violencia y la fuerza ilegítima, es prueba de una estrategia para silenciar el creciente descontento social en Venezuela”, puntualiza Guevara.

Paz y estabilidad en Michoacán
(Aleida Jaramillo, pág 25)

Después de que el fundador de la autodefensas, José Manuel Mireles Velarde, llamó a través de una red social a todos los grupos de autodefensas de Michoacán a tomar de nuevo las armas para defender el municipio de Tepalcatepec de la presencia de elementos del Ejército Mexicano y la policía, el secretario de Gobierno del estado. Adrián López Solís, condeno esas acciones que calificó de imprudentes a irresponsables.

Durante la tarde del martes 11 de julio un grupo de militares y elementos de seguridad del estado arribaron a la demarcación con el objetivo de implementar un operativo, mediante el cual se aseguraron sustancias ilegales y armamento. El funcionario estatal especificó que “la imprudencia y afán protagónico” sin tener los elementos necesarios para este tipo de llamados dijo, “confunden a la población y ponen en riesgo la estabilidad y la paz de Michoacán.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, confirmo que se vive una tensa calma en la región de Tierra Caliente. “No vamos a bajar la guardia; al contrario, reprobamos la actitud de aquellos que se llaman líderes. Y básicamente estamos solicitando a la autoridad competente la revisión jurídica de su caso, porque reprobamos esta acción”, expresó Corona. Ambos funcionarios exhortaron a las autoridades competentes a revisar los delitos por los que el ex líder de las autodefensas en Tepalcatepec continúa un proceso legal en libertas condicional.

Siempre!

Duarte marcará el epílogo del sexenio

(Beatriz Pagés, Online)

Primero, hay que hablar del hoyo. De ese impresionante socavón que se abrió en el publicitado Paso Express de Cuernavaca en el que murieron dos ciudadanos inocentes.

La culpa ha llevado a las autoridades a dar explicaciones torpes. El alto costo de la obra —al menos el que hasta ahora se ha transparentado— no deja de llamar la atención. De 1,050 millones de pesos, se elevó a 2,213 millones 500 mil pesos.

Es decir, el Paso Express costó 1,163 millones más y en tres meses, de ser una de las obras más publicitadas de todos los tiempos, se convirtió en el paso más rápido… pero hacia la muerte.

Los hechos se dieron en un mal momento político para los responsables e involucrados. Si eso hubiera ocurrido a principios de sexenio todo habría quedado como un accidente, pero ocurren cuando el gobierno federal entra en la “etapa del infierno”, en la que todo, lo hecho y lo no hecho, le será auditado. Por eso, el juicio contra el exgobernador Javier Duarte será uno de los casos que marquen el epílogo de este sexenio.

La justicia mexicana tendrá que quitarle la risa al cínico —¿o enfermo?— político veracruzano porque, de no quitársela y de permitirle que se siga burlando del pueblo de México, el costo lo va a pagar el PRI y esta administración.

La tardanza en extraditarlo, pese a la exigencia de Guatemala para acelerar su traslado por razones de seguridad, solo puede explicarse por la complejidad de la negociación. No con los jueces, sino con el mismo Duarte.

De lo que ya no tiene duda el gobierno de Guatemala, ni nadie, es de que se trata de alguien con un alto valor político, no por lo que es, sino por lo que sabe.

México puede desenmarañar estructuras delictivas

(Irma Ortiz, Online)

La estrella de Javier Duarte sigue en picada. Se espera su arribo este lunes (17 de julio) a nuestro país, en un lugar y hora aún no precisados al cierre de esta edición. Extraditado de Guatemala, donde el ministro de Gobernación Francisco Rivas reconociera que se le aumentó la seguridad ya que “es un privado de libertad de alta vulnerabilidad y grupos criminales podrían tener interés en atentar contra su integridad y su vida, tanto locales como internacionales”.

Y es que Javier sabe demasiado, “tiene información privilegiada que podría poner a temblar a personajes importantes en México, en el ambiente político o en cualquier otro ámbito y más ante la cercanía del proceso electoral de 2018, la renovación presidencial”, advierte a Siempre! el periodista veracruzano Alejandro Aguirre.

Duarte tiene dos solicitudes de extradición, una interpuesta por la Fiscalía de Veracruz por los delitos de corrupción, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias —incluso se especuló que sus desplantes eran por considerar que su equipo legal lo sacaría adelante sin grandes problemas. Luego perdió la sonrisa, cuando se le informó que además enfrentaba acusaciones fuertes: delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos del orden federal.
A pesar del llamado de las autoridades guatemaltecas a agilizar el retorno a nuestro país del ex mandatario veracruzano, la cancillería de nuestro país le empezó a dar largas al retorno, como relata en su columna en El Universal el periodista Carlos Loret de Mola.

Carlos Menocal, ex ministro de Gobernación de Guatemala, entrevistado telefónicamente por el semanario, señala que desde 2015 se hacen trámites expeditos de este tipo de casos como es el proceso de Javier Duarte. “Lo que veo como ex ministro del interior es que mientras en otros casos el gobierno mexicano ha pedido una extradición muy pronta como el caso de Daniel Pérez Rojas, el Cachetes, uno de los fundadores de los zetas —cómplice en la evasión de reos del penal de Apatzingán en 2004, que participara en la masacre de 11 personas en Guatemala— fue extraditado el 31 de marzo de 2015 —además que era jefe de la plaza de los zetas en Guatemala. La pregunta es por qué contra un narcozeta lo hace tan rápidamente y no en el caso de un político acusado de corrupción”.

Acción plena de dignidad y valentía

(Raúl Jiménez Vázquez)

Los genocidios, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes inherentes a la agresión o guerra agresiva tienen una singularidad que los distingue de otras figuras delictivas: todos ellos están referidos a atrocidades que afectan, agravian u ofenden a la comunidad internacional en su conjunto y por ello su marco regulatorio fundamental son las t normas emanadas del derecho internacional.

El Estado mexicano es parte del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional desde el 1 de enero de 2006. Por tanto, los crímenes objeto de su competencia que hayan sido cometidos a partir de esa fecha pueden ser investigados y sancionados por dicho organismo supranacional.

Acudir a la Corte Penal Internacional es una opción que debe ser considerada por víctimas, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Bajo ese enfoque, hace unos días la Federación Internacional de Derechos Humanos denunció ante la fiscalía del tribunal en cita que en el lapso 2009-2016 las autoridades responsables de la seguridad en Coahuila, por sí y en colusión con grupos del crimen organizado, llevaron a cabo ataques sistemáticos contra la población civil de ese Estado que desembocaron en privaciones graves de la libertad, torturas y desapariciones forzadas, todos ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad.

Esta es una acción plena de dignidad y valentía que merece el total respaldo ciudadano, entre otras razones, porque está trazando el camino que, dado el caso, habrá de seguirse a fin de que esa instancia internacional se haga cargo de la investigación, enjuiciamiento y castigo ejemplar de los pederastas religiosos y sus encubridores institucionales, así como de los responsables de la ominosa desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Impacto

Sin problema, Pemex y sindicato firman contrato

(Juan Bustillos, Online)

Hubo tiempo en el que el Presidente Peña Nieto se quejaba de que nos estamos acostumbrando a destacar sólo lo negativo, dejando de lado las cosas buenas, que también merecen ser contadas. Curiosamente, el gobierno olvidó aplicar esta filosofía en una de sus mejores noticias.

Cuando todo parece conspirar en contra, y las primeras páginas, portadas de revistas, redes sociales, columnistas y “opinócratas”, y los tiempos estelares de la radio y la televisión, destacan únicamente lo negativo, dándose un festín a costillas del gobierno (el “socavón” en el Paso Exprés de Cuernavaca, lo más reciente), a nadie pareció importar, incluso a buena parte del gobierno, que Pemex y el sindicato petrolero acordaran los términos de su Contrato Colectivo 2017-2019 con antelación de 20 días y sin que las prestaciones y derechos de los trabajadores sufrieran quebranto.

Las batallas del PRI

(Roberto Cruz, Online)

Después del 5 de junio de 2016, dirigir al PRI era una papa caliente.
Aquel día ni siquiera debió esperarse a que llegara la medianoche. Apenas se escondió la tarde, el barco tricolor se ladeaba por encima de la magna confianza de su cúpula, a la espera de otra ruta en los resultados electorales.

La historia nunca cambió de rumbo.
Fue uno de los golpes más fuertes a la administración de Enrique Peña Nieto: El PRI perdía siete de 12 gubernaturas en juego. Quien las ganara no importaba (aunque el PAN era el ganón). Tampoco importaba quién, en el ex Distrito Federal, acaparaba las delegaciones; ahí menos; el PRI, hace muchos años, no representa peso político en la Capital mexicana (pero Morena era el ganón, sobre los huesos del PRD).

Días después del proceso electoral, el dirigente nacional en turno, Manlio Fabio Beltrones, dejaba el cargo. En el 2015 (con César Camacho al frente del partido), el PRI pasó de panzazo. De nueve gubernaturas ganó cinco. Después de Beltrones, al frente del PRI, sólo con responsabilidad de mero trámite durante dos semanas, estuvo Carolina Monroy.

Desde julio del 2016, con un brío enorme, pero un reto abismal, llegó Enrique Ochoa Reza, ex Director General de la Comisión Federal de Electricidad. Sin duda, al PRI le urgía corregir la ruta. El ventarrón venía fuerte, y de frente. La prueba, ahora para Ochoa Reza, era el 4 de junio de 2017. Su oficio era más de electricista que de bombero. Sabremos mañana si es bueno para apagar fuego.

José Antonio Meade, a la medida del reto

(Fausto Alzati Araiza, Online)

Antes de concluir su término constitucional, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto debe aún cumplir con don tareas centrales, íntimamente ligadas entre ellas. De que las cumpla correcta, eficaz y oportunamente dependerá, decisivamente, su lugar en la historia moderna de México. Su primera gran tarea es respetar, escrupulosamente, la Constitución y las leyes electorales, y organizar para julio del 2018 un proceso electoral confiable y transparente, capaz de producir, como resultado, un gobierno legítimo, aceptado por todas las fuerzas políticas, y con credibilidad para alcanzar los acuerdos políticos necesarios para contar con una mayoría legislativa funcional y lograr que México pueda volver a avanzar alcanzando tasas adecuadas de crecimiento económico y creación de puestos de trabajo bien remunerados, en consonancia con su productividad. Para que esto ocurra es, ya, indispensable que el titular del Ejecutivo federal comprometa y mantenga la más absoluta neutralidad con respecto al curso y al posible resultado del proceso electoral. Esto incluye, de manera señalada y urgente, una declaración pública, y sin ambigüedades, en el sentido de que entregará pacífica e institucionalmente el poder a quien resulte triunfador en la jornada electoral de julio de 2018, sea cual sea su partido, sea cual sea su nombre.

La segunda gran tarea es la de entregar al gobierno que le suceda una economía estable y en condiciones de retomar el crecimiento sostenido e incluyente lo más pronto posible. Esto significa conducir la política económica nacional en todas sus vertientes, fiscal, monetaria y laboral, con la responsabilidad y eficacia necesarias para preservar la estabilidad macroeconómica y sentar las bases para recobrar el crecimiento. Todo esto, en medio de los riesgos que resultan de la coincidencia, en este año y el próximo, de condiciones externas de riesgos tangibles de desaceleración global y amenazas de turbulencia financiera severa con un proceso electoral nacional que tensiona las relaciones entre las fuerzas políticas, de cuyo acuerdo depende la credibilidad de una política económica responsable.

Plan coordinado arma contra el delito

(Sergio M. Romero, Online)

Miguel Ángel Mancera Jefe de Gobierno de la CDMX y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), dio a conocer hace algunos días o nos recordó o como usted quiera considerarlo, las potencialidades de la agrupación mancomunada de los señores gobernadores de los estados de la República, en una faceta olvidada de una Conferencia Nacional Gubernativa para combatir a la delincuencia, quizás soslayada por no tener posibilidades de aplicarla en ese momento o no quererse arriesgar a críticas innecesarias del fuego amigo o del enemigo, permaneció un tanto olvidada.

Como siempre ocurre cuando se asume una responsabilidad como un gobierno en turno, que ahora ante el activismo del crimen organizado y de sus desprendimientos en distintos Estados de la República y otro tanto en esta Ciudad de México. La Conago ante diferentes actitudes delictivas graves en todo el país, ha sido invocada por el Jefe de Gobierno de la CDMX, para que se hagan frentes colegiados entre los gobernadores vecinos de los estados, para acotar a la delincuencia.

¿Qué contiene la iniciativa de Ley para el Gobierno de Coalición?

(Marco Antonio Bernal, Online)

La propuesta para regular la formación de un gobierno de coalición considera la conformación de un plan de trabajo y una agenda legislativa acordados por las distintas fuerza políticas, con el objetivo de contribuir a la gobernabilidad en México.

La iniciativa presentada, la semana pasada, ante la Comisión de Asuntos Legislativos del tricolor establece plazos y procedimientos para la puesta en marcha de este tipo de gobierno.

La conformación de las coaliciones gubernamentales se estableció en la reforma político-electoral de 2014, pero aún requiere de reglas claras para hacer real la inclusión de varias fuerzas políticas y generar acuerdos políticos a largo plazo.

OPINIÓN: PGJDF: bajo sospecha

Claudia G. Valdes / LAS NOTICIAS YA

LUCÍA LAGUNES HUERTA

Aracely Osorio Martínez, mamá de Lesvy, ya lo veía venir, al igual que varias abogadas feministas quienes sabían desde hace un mes que la Procuraduría Capitalina estaba perfilando todo para hacer del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria un “suicidio”.

Incluso antes de la renuncia del procurador Rodolfo Ríos Garza, se veía, de acuerdo a la mamá de Lesvy, y a las abogadas, que el actuar de la Procuraduría se dirigía para dejar del lado el feminicidio como eje central de la investigación y “acomodar” todo para concluir el supuesto suicidio. Edmundo Porfirio Garrido Osorio (nombrado esta mañana oficialmente Procurador) no se movió de la línea marcada por su antecesor.

Hubo reuniones incluso con la Secretaria de Gobierno de esta ciudad, con organizaciones y abogadas, quienes ya manifestaban su exigencia de encaminar la investigación por feminicidio. Aracely Osorio también lo exigió, incluso en una conversación con Edmundo Garrido.

El temor que tenía la madre de Lesvy, se corroboró la semana pasada, cuando la PGJ de la Ciudad de México, a través de un comunicado, informó que había sido suicidio y que la pareja de Lesvy “pasivamente” había dejado que esto ocurriera, por lo cual se fincaron responsabilidades.

Qué es lo que hay atrás de este actuar de la Procuraduría capitalina que se ensaña contra las mujeres. Para algunas no sólo es la misoginia del propio personal, se suma otro elemento: la corrupción.

En octubre de 2015 el entonces procurador Rodolfo Ríos Garza fue llamado a cuentas por la Asamblea Legislativa, después del “Primer Informe sobre Negación de Justicia en el DF”, el cual retoma 11 casos emblemáticos, entre ellos el caso Narvarte; Yakiri Rubio Rubí; Clara Tapia y la red de trata del dirigente priista capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

Un año 8 meses después, a estos casos se suma el de Belén, joven estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), reportada desaparecida y a la cual supuestamente ya había rescatado la Procuraduría pero que no presentó a sus familiares y el caso de Lesvy Berlín Osorio.

Antes de que la familia de Lesvy lograra tener toda la carpeta de investigación en sus manos, antes de ver los videos que existen, la Procuraduría anunció su conclusión: “suicidio”. Los videos en manos de la familia muestran la agresión previa contra Lesvy a manos de su entonces pareja. Curiosamente la imagen cambia justo cuanto Lesvy pierde la vida, y la cámara regresa cuando el hecho ya había ocurrido. ¿Por qué omite esta información la procuraduría capitalina?

No es sólo ineficiencia del personal, no es sólo misoginia lo que hay en todos estos casos, y en especial en el de Lesvy, algo más hay atrás. ¿Qué es? Es la duda que pone bajo sospecha a la institución capitalina responsable de la justicia en esta Ciudad.

En 2015 el “Primer Informe sobre la Negación de Justicia en el Distrito Federal” señaló que las inconsistencias en las averiguaciones previas, la estigmatización y criminalización de las víctimas, la construcción de verdades a medias o verdades paralelas, la actuación ministerial con prejuicio de género, imputaciones falsas y la validación de informes policiales falsos se han convertido en una práctica sistemática y generalizada al interior de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Nuevamente estos elementos se hacen presentes en el caso de Lesvy. Con Rodolfo Ríos Garza fuera de la institución, lo que se muestra es que no sólo es un personaje sino un sistema que corroe la justicia y nutre la impunidad. La sospecha de que la Procuraduría está “cuidando” algo o a alguien, permea la conclusión.

La PGJDF está bajo sospecha de la familia de Lesvy, de las estudiantes de la UNAM, del personal académico, de las feministas universitarias, de las organizaciones civiles, de las ciudadanas de esta ciudad.

Sospecha, que se quiera o no, alcanza al Jefe de Gobierno y sus aspiraciones políticas. Hasta por eso habría que limpiar a la Procuraduría y hacer de Lesvy, un caso emblemático del buen actuar y de la justicia.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

http://lasnoticiasya.com/2017/07/pgjdf-bajo-sospecha/

Conformación UACM

#LeFaltasTu
Ya se encuentra activo el sistema para el Registro a la Lista Complementaria de la Convocatoria 2017-II hasta el día 12 de julio a las 23:59. No habrá prórrogas al respecto.

Es obligatorio que las y los aspirantes impriman la cédula de registro dado que es uno de los documentos obligatorios para llevar a cabo su inscripción.

El día 2 de agosto se publicarán las fechas de inscripción de las y los aspirantes beneficiados con la Lista Complementaria.

Si no pueden completar el registro desde su celular lo deben intentar desde el navegador de una computadora.

La liga es: http://sistemas.uacm.edu.mx/confirmacion