Resumen de Revistas / 1 de octubre del 2017

 

Proceso La opción de renacer

Esto ya cambió; los partidos políticos son indignos de esta juventud

Contralínea 2 mil 200 muertos por desastres en este sexenio, daños por 11 mil millones de dólares

Más de 2 mil 200 muertos y 11 mil 200 millones de dólares en pérdidas son los saldos de los desastres de origen natural y antropogénico en lo que va del sexenio. Las cifras son preliminares, pues aún no se termina de contabilizar a las víctimas ni el monto de los destrozos de los más recientes terremotos ocurridos en el país. Lejos de la protección y el auxilio a la población, la respuesta de las autoridades es de contención social

Siempre Busca expropiar la democracia

Que no sea el dinero —público o privado— la clave para obtener el poder, una gubernatura, una curul, sino la calidad ética y capacidad política de los candidatos.

Vértigo EU apoya a México

Prevalece la fraternidad en medio de la desgracia

Impacto Que Slim compre la presidencia…

Si los partidos quedan sin financiamiento público en el 2018 (6 mil 778 millones de pesos) requerirán de manos bondadosas, la democracia a subasta… Y qué más da, el ‘granito de arena’ de los 10 primeros mexicanos enlistados en Forbes para subsanar la emergencia

 

 

 

 Proceso

 

Reporte Especial

 

Esto ya cambió: los partidos políticos son indignos de esta juventud

(Jenaro Villamil, págs. 6-9)

 

Como en 1968 y 1985, el sismo del pasado 19 de septiembre reactivó la memoria interna de las generaciones de jóvenes –incluidos los millennials–, comenta a Proceso Enrique Krauze. El historiador conviene en que las calles de las zonas devastadas en la Ciudad de México se llenaron de solidaridad juvenil, pero lo deseable, dice, es que estas formas de organización sean perdurables e institucionalizadas por los mismos jóvenes. Recomienda asimismo que ellos se conviertan en auditores de la política.

 

“La memoria interna de las generaciones juveniles está operando de nuevo”, sostiene el historiador Enrique Krauze. Ya lo hizo durante el movimiento estudiantil del 68 y en 1985, tras el terremoto. Hoy, para evitar el riesgo de la desmovilización, arguye el director de la revista Letras libres, “es deseable que los jóvenes encuentren formas de institucionalizar esta energía”.

 

Promotor de dos iniciativas importantes para ayudar a la reconstrucción –“Adopte un pueblo”, para los grupos empresariales, y “Cero spots. Diez debates”, para las campañas electorales de 2018–, Krauze insiste durante la entrevista con Proceso sobre la necesidad de crear una “contraloría internacional” para el manejo de los fondos de la reconstrucción.

 

Autor de numerosos libros de ensayos y biografías de los hombres del poder, Krauze hace una revisión histórica de esta irrupción de la sociedad civil, sus consecuencias políticas inmediatas y la reacción de las autoridades y los partidos frente a la situación de emergencia.

 

Para el autor de Por una democracia sin adjetivos, los esfuerzos centrales de la reconstrucción “tienen que ser en el sur del país. Es como si los dioses implacables nos dijeran: estos pueblos que han estado olvidados durante tantos decenios o siglos reclaman tu ayuda inmediata. México tiene que orientarse hacia el sur”.

 

“Adopte un pueblo” y “Cero ‘spots’ y más debates”

–¿El activismo actual de los empresarios es similar al del 85?

 

–No lo estuvieron entonces. Ahora se han visto activos, solidarizándose. Ya era hora que lo hicieran. Ya era hora que devolvieran lo mucho que México les ha dado, pero no en palabras, en obras. En recursos. Pero yo voy mucho más allá.

 

“Creo que los empresarios de México tienen que organizar un programa que se llame ‘Adopte un pueblo’. Hay cientos, miles de empresas de gran capacidad económica. Una empresa, un pueblo. O una empresa, un grupo de pueblos. Ni siquiera tendrían que gastar mucho dinero, porque va a haber un fondo de reconstrucción. Ahora, hay que coordinar estos esfuerzos de manera respetuosa con los pueblos.”

 

–Existe en estos momentos mucha furia social por la corrupción y también se acusa a los empresarios de ser cómplices. ¿Cómo evitar nuevos ciclos de corrupción tras la reconstrucción?

 

–El fondo de reconstrucción tiene que tener una sustancial presencia ciudadana. Hay varios ciudadanos que se han distinguido por su solidaridad, no de ahora, sino de mucho tiempo. Deben formar parte de ese fondo. Tiene que ser un fondo transparente. Y, por supuesto, una contraloría internacional.

 

Pienso también en Transparencia Mexicana y Mexicanos contra la Corrupción. Se han caracterizado estas organizaciones por grandes campanazos en el tema de la corrupción. Yo les haría un llamado para que se pongan otra casaca. No sólo de estar contra la corrupción sino a favor de la reconstrucción. Que nos pongan el ejemplo.

 

–¿Cuál debe ser la actitud de los medios de comunicación? Venimos de esta experiencia terrible de Frida Sofía y de los rumores que se divulgan en redes sociales.

 

–Te contesto con cuatro palabras: Cero spots. Diez debates. El ciudadano mexicano no tolerará los spots. Y si los partidos se quieren montar en la tragedia lo pagarán muy caro. Necesitamos debates como los que vimos entre Trump y Clinton. O cuando en las primarias los demócratas y republicanos debatieron entre sí. Esos son debates. En varios formatos. Con jóvenes, con periodistas.

 

Quitar dinero a partidos, propuesta “demagógica y tonta”

(Jesusa Cervantes, págs. 16- 19)

 

Rebasados por la sociedad, los principales partidos políticos reaccionaron tarde ante la tragedia derivada del sismo del 19 de septiembre e hicieron una propuesta: que los 6 mil 800 pesos que recibirán para el proceso electoral del próximo año se destinen íntegros a la reconstrucción. José Woldenberg, exconsejero presidente del antiguo IFE, tacha la oferta de tontería y de ser un recurso demagógico.

 

El descontento de la ciudadanía hacia la clase política –que se manifestó con mayor fuerza tras el sismo del pasado 19 de septiembre– arrinconó a los dirigentes partidistas que, para encubrir su falta de respuesta inmediata ante el desastre, se vieron obligados a proponer la renuncia a los millonarios recursos que reciben.

 

No fue sino hasta una semana después de la tragedia cuando los dirigentes de las dos principales alianzas partidistas en el Congreso –PRI y Partido Verde (PVEM) por un lado; PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) por otro– rompieron el silencio y ofrecieron prescindir de los 6 mil 800 millones de pesos que por ley recibirán para las elecciones de 2018, a fin de que ese dinero vaya a las tareas de reconstrucción.

 

Pero su propuesta es “demagógica y tonta”, en opinión de José Woldenberg, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) y a quien le tocó inaugurar la reforma electoral de 1996 que incluyó por primera vez el financiamiento público a los partidos.

 

Aunque PAN, MC y PRD también proponen modificar el artículo 41 constitucional para acabar con el financiamiento público y que los 6 mil 800 millones de pesos se destinen a la reconstrucción, sí consideran el peligro de que el beneficiado sea el PRI, pues no confían en que evite la tentación de utilizar los recursos del gobierno para financiar sus campañas políticas.

 

Pero el tema genera otras dudas.

Por ejemplo, hay quienes sostienen que eliminar ese financiamiento es improcedente en estos momentos, pues la Constitución prohíbe cambios a la ley del ramo durante el proceso electoral, que oficialmente arrancó el 7 de septiembre. El PRI sostiene lo contrario.

 

Artificio político

A una semana del terremoto, los líderes de los principales partidos hicieron suya la demanda ciudadana de acabar con el financiamiento y entregar para la reconstrucción esos 6 mil 800 millones de pesos que, por ley, deben recibir a partir de enero de 2018.

 

Las dos alianzas políticas en San Lázaro alegaron que habían escuchado a la sociedad y demandaron acabar con el financiamiento público. Pero el PRI fue más allá: incluyó una iniciativa para suprimir a los legisladores de representación proporcional (escaños y curules que se les reparten a los partidos en proporción al número de votos obtenidos por cada uno).

 

Ello implicaría un ahorro adicional de 11 mil 600 millones de pesos.

 

Woldenberg, quien fuera árbitro electoral siete años, asegura que ambas propuestas –la de acabar con el dinero público para los partidos políticos y la de eliminar a los legisladores de representación proporcional–, no se puede aplicar en este momento.

 

Oportunismo

Alejandro González Murillo, coordinador en San Lázaro de la fracción del Partido Encuentro Social (PES) –instituto que no ganó ningún escaño federal pero obtuvo nueve de representación proporcional–, dice en entrevista que no está de acuerdo con la propuesta priista de eliminar este tipo de diputaciones pues ello “atenta contra la pluralidad y la democracia”.

 

Califica las propuestas de “oportunismo” pues, asevera, fue el PRI el que impidió que se votara la reducción de 50% del dinero público cuando aún se estaba en tiempo de realizar la reforma, conforme a la Constitución.

 

“¿Por qué lo hacen ahora? Porque vienen las elecciones. No es por el sismo; es porque estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones y de ahí se están agarrando para ganar adeptos. Siguen engañando a la gente”, sostiene.

 

El búmeran “Frida Sofía” se la cobra a Televisa

(Jenaro Villamil, págs. 18-19)

 

Los sismos del 7 y del 19 de septiembre no sólo revivieron el interés por la pantalla televisiva, sino la guerra por el rating entre las tres grandes cadenas nacionales: Televisa, TV Azteca e Imagen TV. El caso inventado de la niña Frida Sofía del colegio Enrique Rébsamen fue el momento más espectacular para Televisa, que rebasó el 20 de septiembre con mucho el número de espectadores y el porcentaje de aparatos encendidos que sintonizaron su transmisión -más de 70%- frente a su competencia, y luego provocó una disminución abrupta al día siguiente.

 

Datos de Nielsen IBOPE, la compañía que calcula el número de televidentes y de aparatos encendidos, revelan que desde el martes 19 de septiembre los noticiarios de Grupo Televisa fueron superando a los de TV Azteca a tal punto que su noticiario estelar En Punto, conducido por Denise Maerker, llegó a tener 2.4 millones de personas tan sólo en el Valle de México.

 

Registros de la misma empresa que también mide el rating (cálculo de número de personas que observan un programa) indican que el 21 de septiembre, día de la transmisión continua del caso de la niña Frida Sofía, los noticiarios de Televisa rebasaron los 4 millones de televidentes tan sólo en el Valle de México y tuvieron de 70 a 75% del share (porcentaje de televisores encendidos) en los horarios estelares de las 19 a las 21 horas.

 

Sin embargo, el reporte de Nielsen IBOPE del jueves 21 de septiembre, día en que se asumió que todo fue un invento atribuido a la Secretaría de Marina, Televisa disminuyó de 74 a 62.2 el porcentaje de televisores sintonizando sus noticiarios (entre las ocho horas y las 22:30 horas), mientras que TV Azteca aumentó ligeramente de 23.3% a 25.22%, en los mismos horarios, e Imagen TV pasó de 7.22 al 12.49% del share, es decir, fue la cadena que se vio más después de conocerse el fraude.

 

Desencanto por Frida Sofía

El episodio más rudo en la lucha por la audiencia se produjo la mañana de ese jueves 21. Mientras el noticiario Despierta con Loret (de las seis a las ocho horas) tuvo un share de casi 80% y un rating promedio de 9.78, con un pico de casi 15 puntos, la señal matutina de TV Azteca llegó a 23% de share y hasta casi 25%, después que su conductora Hannia Novell desmintiera la existencia de Frida Sofía.

 

La decepción por el invento le pegó a ambas televisoras, pero mucho más a Televisa hasta reflejar números muy bajos de rating y televisores encendidos el viernes 22 de septiembre.

 

Guerra en Twitter

A través de sus cuentas en redes sociales, especialmente en Twitter, y de usuarios que la defienden, Televisa acusó a TV Azteca de promover el viernes 22 el hashtag #ApagaTelevisa. El sábado 23, en venganza, la televisora de Chapultepec 18 promovió #ApagaTVAzteca.

 

El director general corporativo de Comunicación Grupo Televisa, Rubén Acosta Montoya, negó que el caso de Frida Sofía fuera un reality y se justificó señalando que “muchos medios, cuando menos una docena, no sólo Televisa, creímos en la versión oficial y de rescatistas en torno a la posibilidad de que hubiera una niña con vida en el colegio Enrique Rébsamen”.

 

En una carta de réplica enviada a El Universal, Acosta Montoya mostró su inconformidad por un artículo publicado el 24 de septiembre por la autora de teatro Sabina Berman, con el título El otro sismo. Berman cuestionó la cobertura excesiva de Televisa sobre el caso de la niña presuntamente viva.

 

La primavera del rating para las televisoras se quedó ahí con el caso falso de Frida Sofía que generó una oleada de desconfianza y protestas entre los mexicanos. Apenas en la madrugada del 7 de septiembre, fecha del primer sismo fuerte de este mes (8.2 grados Richter), Nielsen IBOPE reportó que en 28 ciudades del país el promedio de televisores encendidos se incrementó 12 por ciento.

 

El primer sismo “mostró la relevancia que tiene la televisión como medio de información y comunicación más importante en situaciones de emergencia”, afirmó Nielsen IBOPE.

 

Sobre el caso de Frida Sofía, no ha difundido nada ni ha hecho la valoración pública de este episodio que sigue considerándose por los medios extranjeros como una “vergüenza” para el gobierno mexicano, en especial para la Secretaría de Marina y para el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño.

 

Gobierno capitalino y constructoras: complicidad letal

(José Gil Olmos, págs. 20-22)

 

El gobierno capitalino contaba con instrumentos con los que pudieron prevenirse gran parte de los daños causados por el sismo del pasado 19 de septiembre; fueron elaborados por la administración de Alejandro Encinas: el Servicio Geológico Metropolitano, el Atlas de Riesgo por delegación y un Protocolo de Actuación con las funciones de cada autoridad en caso de sismo. Además, en 2012 se evaluaron las violaciones a las normas de construcción en edificios de las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. El diagnóstico resultó alarmante: no se utilizaban materiales de la calidad requerida y las empresas constructoras consiguieron imponer leyes y hasta funcionarios a su conveniencia.

 

De abajo de los 500 edificios nuevos y viejos, derribados o dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, comenzó a emerger la irresponsabilidad y la corrupción de autoridades de la Ciudad de México, de las delegaciones y de algunas empresas constructoras e inmobiliarias, que forman parte de una cadena de ilegalidades denunciadas desde hace años pero que nunca fueron tomadas en cuenta… hasta hoy.

 

Las violaciones al Reglamento de Construcción y fallas estructurales en al menos 150 edificios de las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza fueron detectadas desde 2012 por un grupo de expertos de la UNAM, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y la empresa Holcing Apasco.

 

En una evaluación a la que este semanario tuvo acceso, se advierte que 75% de las construcciones revisadas fueron dirigidas por personal inexperto. Los especialistas que participaron en el diagnóstico destacaron la ausencia de un registro confiable y completo de análisis y diseño sísmico de los edificios, y desde entonces, hace cinco años, pidieron al Gobierno de la Ciudad de México elaborar dicho registro.

 

En esa evaluación, titulada Evaluación de estructuras de concreto en la Ciudad de México, cuyo responsable fue el doctor Eduardo Reinoso, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y que coordinaron los doctores Miguel A. Jaimes y Marco A. Torres, ya se advertía que el desarrollador inmobiliario era “el gran ganador” en la construcción de los inmuebles, pues evadía su responsabilidad y se la achacaba al Director Responsable de Obra (DRO) o al Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE).

 

Suciedad inmobiliaria

El paisaje del centro y el sur de la Ciudad de México parece una zona bombardeada. Hay calles cerradas y hacia donde se voltee, los escombros se amontonan en las esquinas. Las tiras amarrillas y anaranjadas marcan al menos 500 edificios en alto riesgo, según información del gobierno capitalino, pero hay otros 11 mil reportados por la ciudadanía que provocan miedo porque aún carecen de peritajes completos y tienen fracturas en paredes e incluso columnas.

 

Diez días después del sismo que impactó el Estado de México, Morelos, Puebla y la capital del país, con un saldo de 355 muertos, 328 mil negocios afectados hasta el momento y un millar de viviendas dañadas, la procuraduría de la Ciudad de México tiene abiertas 85 carpetas de investigación sobre constructoras e inmobiliarias denunciadas por distintas irregularidades en la construcción de los edificios afectados, principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Tlalpan y Benito Juárez.

 

Aunque el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no ha querido dar los nombres de las empresas inmobiliarias que son investigadas, en indagaciones periodísticas ya han salido los nombres de algunas como Baita, Canada Building Systems México, Dijon, Inmobiliaria Porta Tlalpan, Marco Ixaguirre, Vertical Homes y Rouz.

 

Mezquindad inmobiliaria y gubernamental A pagar de nuevo lo ya pagado

Arturo Rodríguez García

 

Organizados por su cuenta y usados como “botín” por las fuerzas políticas, los damnificados del terremoto acomodados en campamentos o albergues esperan que la autoridad les ofrezca una solución distinta a la que esbozó Enrique Peña Nieto la semana pasada, la cual implica para las víctimas volver a pagar lo que ya habían comprado.

 

Ciudad excluida

La noche del 25 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje a la nación con motivo de los desastres naturales que a lo largo del mes tornaron las celebraciones patrias y el ambiente festivo en una serie de tragedias, cuyas dimensiones aún no se terminan de documentar.

 

Aunque en la semana anterior lo había anticipado, en la transmisión de su mensaje Peña Nieto expuso que su gobierno destinaría recursos a la reconstrucción de viviendas en los estados afectados y buscaría agilizar el reclamo de seguros y el acceso a créditos en la Ciudad de México, entidad que, a juzgar por lo dicho, quedaba fuera del plan peñanietista de reedificación.

 

El 27 de septiembre, en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario encabezó un acto cargado de estimaciones preliminares y promesas. Entre videos de la devastación e informes discursivos, Peña Nieto fue más explícito: su gobierno no destinaría recursos a la reconstrucción de vivienda en la capital mexicana:

 

“Para el caso de la Ciudad de México, evidentemente, por la condición del mercado inmobiliario, es decir, el costo de la vivienda en esta ciudad, habrá que idear un mecanismo distinto, que no signifique modificar el apoyo o el nivel de apoyo que estemos dando al resto de las entidades”, dijo.

 

En un mensaje confuso abundó que los recursos del Fondo de Desastres Naturales serán iguales para Chiapas y Oaxaca y añadió que los destinados a la Ciudad de México se potenciarán con aportaciones del gobierno local.

 

El 27 de septiembre Proceso le solicitó a la Presidencia de la República que amplíe la información sobre el plan crediticio y clarifique la fórmula con la que se hará frente al problema de la vivienda en la Ciudad de México, así como las diferencias con otras entidades. La respuesta fue que la única información disponible era la ofrecida en el acto celebrado ese mismo día y que, por el momento, no había una plataforma de concentración de información pública entre las dependencias.

 

Desencuentros

Un grupo de coordinadores vecinales cuenta que el jefe delegacional en Coyoacán, el perredista José Valentín Maldonado, los había convocado el 28 de septiembre.

 

La ausencia de políticos y gobernantes en campamentos y refugios es el común denominador. La semana pasada, en visitas que los funcionarios de los tres órdenes de gobierno –sin distingos partidistas– hacían a damnificados, acabaron en fuertes reclamos.

 

Le ocurrió en San Juan Pilcaya al presidente Peña Nieto; en el edificio derrumbado de la calle Chimalpopoca, en la Ciudad de México, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, en distintas apariciones en aquella entidad. Incluso hay registro de agresiones físicas, como le ocurrió al jefe delegacional en Xochimilco, el morenista Avelino Méndez, quien de plano tuvo que huir corriendo de la furia ciudadana.

 

En el acto realizado en Los Pinos, Peña Nieto confirmó que efectivamente no hay mesas de atención ni plan de reubicación:

 

“Corresponderá, porque así lo he platicado con el señor jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la atención que se dé; vamos a trabajar de forma conjunta para instalar las mesas de atención, que eventualmente derive a la población afectada. Pero además también la mucha población que habrá de estar afectada de los inmuebles que la Ciudad de México ha venido identificando, que requieren demolición y que obviamente dejará a muchas otras personas sin vivienda y sin casa, y habrá que ver la manera de reubicarlas.”

 

La tragedia poblana Pobres, sin casa, empapados y olvidados por la autoridad

(Gabriela Hernández, págs. 32- 34)

 

Y en el estado de Puebla la tragedia se recrudece… Damnificados de numerosos municipios denuncian que los tres niveles de gobierno los tienen en el abandono. En Coatzingo, por ejemplo, los pobladores, que de por sí ya vivían en la pobreza y ahora perdieron su techo, duermen a cielo descubierto, usando lonas para resguardarse. Y afirman estar dispuestos a levantar sus casas con la basura que encuentren. Entre tanto, el apoyo que les brindan de los voluntarios comienza a escasear y temen una contingencia sanitaria derivada de las terribles condiciones en las que viven.

 

Coatzingo, Pue.– Desde el día del terremoto, el 19 de septiembre, Pedro Margarito Miranda y su hijo Erasmo duermen en sillas que colocaron sobre la banqueta de su ahora inexistente casa. Para cubrirse de la lluvia, que para colmo no ha cesado en los últimos días, usan una lona publicitaria que también les sirve de cobija.

 

Como en el caso de miles de pobladores de la mixteca poblana, la vida de la familia Miranda –de 13 integrantes– se ha tornado más dura de lo que ya era en esta región, una de las más marginadas de Puebla.

 

En la ranchería de Zaragoza, ubicada en Coatzingo, y en los 110 municipios del estado afectados por el sismo de 7.1 grados Richter, la lluvia agrava la emergencia que viven las familias que se quedaron sin vivienda.

 

Los pobladores aseguran que aquí las réplicas del sismo no han dejado de sentirse, por lo que todos los días entran en pánico. Después del terremoto lo único que les quedó fueron cobijas y plásticos para improvisar techos, pero éstos resultaron insuficientes ante los aguaceros. El de la tarde del 27 de septiembre, por ejemplo, tuvo características de tromba.

 

De no ser por las brigadas de voluntarios que les han llevado lonas y casas de campaña, y que se han ofrecido para la remoción de escombros, la situación de los pobladores sería aún más dramática, pues denuncian que ninguna autoridad gubernamental los atiende para recuperar un techo.

 

Víctor Vargas, quien junto con otros pobladores de Izúcar de Matamoros ha recorrido la región para entregar apoyos, advierte que la falta de acciones del gobierno podría generar una contingencia de salud, pues la mayoría de los damnificados subsisten prácticamente en la intemperie bajo condiciones climatológicas adversas.

 

Cobran por fotos de escombros

En Zaragoza, donde más de 90% de las casas quedaron inhabitables, se abrió un albergue, pero el lugar ha sido ocupado como centro de acopio. Además, como en el resto de las localidades, los damnificados se niegan a alejarse de las pocas pertenencias que les quedan y que han tratado de proteger de la lluvia y de la delincuencia que, dicen, se ha incrementado en estos días.

 

Según el censo de daños, que aún no concluye el gobierno estatal, las casas afectadas por el terremoto de 7.1 grados, con epicentro entre los límites de este estado y el de Morelos, suman ya 22 mil, de las cuales casi 4 mil requieren ser demolidas.

 

Mientras tanto, en Zaragoza, las escenas son estremecedoras a cada paso. Una jovencita, Carmen de la Cruz, se refugia en una pequeña casa de campaña con su bebé, al que dio a luz justo el 19 de septiembre a la una de la tarde. “Nació él y luego, lueguito, fue el terremoto”, relata.

 

“Levantaré mi casa con basura”

La mañana del 28 de septiembre un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y Autónoma de Puebla ayudaban a los pobladores en labores de remoción de escombros. Un camión de la línea Flecha Roja los llevó gratuitamente y hasta el conductor de la unidad se puso a ayudar.

 

Doña Ninfa Barrales, a quien los jóvenes la apoyaron para levantar un techo provisional, dice que si la ayuda del gobierno no llega volverá a levantar su casa con “basura”, con zacate del monte para sus techos, porque eso no cuesta, dice.

 

Saúl, un voluntario que prefiere omitir sus apellidos, afirma que historias como la de Zaragoza se repiten en otras comunidades afectadas en las que ha prestado su ayuda: las autoridades estatales y federales –incluso el Ejército y la Marina– no han sido capaces siquiera de informar y organizar lo relativo a las necesidades de la población.

 

“Ya no hacen falta alimentos; lo que ahora necesitan las comunidades son lonas, casas de campaña, polines, herramientas y mano de obra”, aclara.

 

La ayuda que no llega

En la comunidad de Chietla, en la misma región mixteca, Roberto Gazcón, cuya casa, ubicada en las calles Victoria y Porfirio Díaz, resultó dañada, cuestiona los apoyos que salen en la televisión sobre donaciones de artistas, deportistas, empresas y hasta de gobiernos de otros países.

 

“No vemos dónde se está quedando todo ese recurso, porque es un hecho que no es en las manos de la gente afectada, y seguramente los que se van a beneficiar serán otros”, denuncia.

 

Lo mismo considera Víctor Vargas, integrante de los Caballeros de Santiago Apóstol, grupo formado a partir de la emergencia para ayudar a las comunidades: asegura que los gobiernos municipales, estatal y federal están dejando sola a la población damnificada, que ya desde antes del terremoto era muy vulnerable por las condiciones de pobreza que prevalecen en la región.

 

Además, Vargas señala que en la mayoría de las localidades que han recorrido los escenarios se repiten: los pobladores acusan a sus autoridades de acaparar la ayuda para sus familias y allegados. En otras ocasiones, los damnificados denuncian que sus gobernantes guardan los apoyos en bodegas con fines electorales.

 

Gilberto Maldonado, líder del Movimiento Magisterial Democrático, quien también ha recorrido la región mixteca con apoyos, sostiene que el gobierno tampoco ha instalado aulas móviles para reiniciar las clases en los poblados afectados. Dice que algunos padres de familia cooperan con lo que pueden, que es muy poco, para comprar lonas con tal de que sus hijos no pierdan más clases.

 

Moreno Valle, mal constructor

Entre los reclamos también están aquellos que señalan directamente al gobernador panista Antonio Gali Fayad. Maldonado menciona que los damnificados acusan al mandatario de dedicarse a recorrer los municipios afectados sólo “para tomarse la foto”.

 

El 20 de septiembre, en el municipio de Metepec, fue captado en video cuando le exige a uno de sus colaboradores que impida el acercamiento de personas que le presentan quejas por la falta de atención a los damnificados. “¿A los negativos por qué no los quitas, eh?”, dijo Gali.

 

Además, el actual gobierno estatal panista ha sido cuestionado por la falta de transparencia en la contratación del seguro contra desastres naturales. Si bien el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco, ha informado que hay un contrato con Banorte por daños hasta por 30 millones de dólares, la póliza no se ha hecho pública.

 

También el terremoto del pasado 19 de septiembre sacó a relucir la mala calidad de la obra pública que hizo el exgobernador Rafael Moreno Valle, quien ahora se promueve como aspirante a la Presidencia de la República. Han resultado dañadas edificaciones como la Casa de la Música de Viena y los museos del Títere, el de la Música Mexicana y el Infantil, que durante el sexenio morenovallista se inauguraron con una inversión en conjunto de 266 millones de pesos.

 

De igual manera ocurrió con otras obras: el Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, en el que se invirtieron 326 millones; la Casa de Justicia de Chiautla, que costó 23.6 millones; el Centro Integral de Servicios de Tehuacán, de 300 millones, y el Hospital del Niño Poblano, de 525 millones de pesos.

 

Mención aparte merece el hospital de Izúcar de Matamoros, donde el gobierno de Mario Marín invirtió 250 millones y el de Moreno Valle 75 millones más, que corre el riesgo de ser demolido por tener afectaciones estructurales.

 

Al respecto, Gali dio a conocer el 29 de septiembre que la reconstrucción total de infraestructura y vivienda dañada en Puebla requerirá alrededor de 3 mil millones de pesos, pero advirtió que su administración sólo cuenta con 678 millones para iniciar los trabajos que, ofreció, se realizarán con transparencia.

 

Álvaro Obregón 286 Rebelión contra el silencio

(Marcela Turati, págs. 36-39)

 

El lunes 25, junto a las ruinas del edificio de Álvaro Obregón 286, familiares de personas atrapadas en los escombros estallaron contra los gobiernos federal y capitalino. Estas instancias les hicieron firmar un “acuerdo de confidencialidad”, supuestamente para otorgarles información oficial sólida y evitar rumores o malos entendidos, pero en realidad lo usaban para ocultar el hallazgo de muertos y disponer de sus restos sin informarles a los deudos. Al descubrirlo, éstos no tuvieron más salida que denunciar públicamente la operación mordaza.

 

Los familiares de las personas atrapadas en el edificio de Álvaro Obregón 286, en colonia Roma, hicieron a un lado el silencio que hasta ese momento los gobiernos federal y capitalino les habían exigido –con papel “legal” firmado de por medio– y comenzaron una rebelión en cuanto supieron que el gobierno estaba administrando a los muertos.

 

En la carpa instalada en la calle, a unos metros del edificio colapsado, el lunes 25, a las nueve de la noche, hubo un encuentro de los representantes de los dos gobiernos con las familias, en el que se alcanzaban a escuchar gritos de angustia, de reclamo, de rabia contra las autoridades por esconder los cuerpos, por ocultar información.

 

Esa noche concluía la primera semana después de que el sismo engulló a sus familiares, muchos de ellos atrapados en el cuarto piso del inmueble donde tenían un evento en un despacho de contabilidad. El tiempo que se agota, la paciencia también.

 

En esa reunión algunos de los asistentes decidieron romper el silencio, quitarse la mordaza que ambos gobiernos, desde el inicio de los rescates, habían exigido a los parientes de las víctimas –haciéndoles firmar, según dicen, un acuerdo de confidencialidad–, y permitieron que un celular grabara lo dicho en el encuentro, que después creció cuando, esa noche, se atrevieron a denunciar las irregularidades a la prensa, y eso hizo que ayer, martes 26, interviniera la Secretaría de Gobernación, representada por el subsecretario Roberto Campa, quien les prometió lo que durante ocho días habían pedido: transparencia con el manejo de los cuerpos rescatados.

 

En esta nota se transcriben algunos de los reclamos que en privado, el lunes 25 a las nueve de la noche, hicieron los familiares a las autoridades cuando la rebelión iniciaba.

 

El domingo, a las 11 de la mañana, las autoridades firmaron con los familiares “autorizados” como interlocutores unos acuerdos para manejar información y evitar protestas como las que se habían suscitado durante la madrugada, cuando, desde la calle, algunas personas denunciaron que el gobierno negaba información.

 

Los parientes con permiso para ingresar al patio de las maniobras –son dos por víctima– aceptaron esos acuerdos y los firmaron con funcionarios de la Policía Federal, un vocero del jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, una representante de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad y un testigo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

Pero la situación se fue descomponiendo cuando descubrieron anomalías, cuando se convencieron de que eran ciertos los rumores acerca de que, en equipo, gobierno federal y local ocultaban los cuerpos o personas rescatados de los escombros.

 

“Vi cinco cuerpos, nunca nos informaron”

El joven hermano de una víctima muestra a la reportera el video que grabó el viernes 23, cuando logró colarse a la zona de rescates –al que no se tiene vista porque está tapado con una enorme manta–, que muestra que a un lado de los destrozos está un cuerpo tendido, tapado por una colcha rosa.

 

En su relato asegura que vio cinco cadáveres, pero sólo pudo grabar éste. Recuerda la pestilencia, ese olor a descomposición que el gobierno usa como argumento para rechazar ayuda de otros rescatistas que no sean funcionarios o de equipos internacionales.

 

“En la sección donde se ubican las familias también se supo que una joven había sido rescatada con vida. Nadie avisó a sus familiares, que estuvieron esperando bajo la triste carpa negra, marchitándose con cada minuto sin noticias. Según dicen aquí, ella murió sola, en calidad de desconocida en un hospital. Y esa historia, y la posibilidad de que sus seres queridos corran una suerte similar, los tiene furiosos, tristes, nerviosos.

 

Otra de las historias que cuentan es la del marino que hizo señas al chofer de dos ambulancias para que saliera de la vista de padres y madres. Un joven vio que le indicó que se estacionara atrás, por la calle de Ámsterdam, donde la Marina no permite el acceso.

 

Descubrieron entonces que, efectivamente, los cuerpos estaban siendo sacados por otro rumbo. Dicen que ya constataron que a las personas rescatadas dejaron de sacarlas en ambulancias; ahora se las llevan ocultas en patrullas.

 

El lunes por la noche los familiares se quejaban de la traición de los funcionarios al pacto firmado entre ambos.

 

Proceso obtuvo una copia del acuerdo que los representantes de cada familia firmaron la mañana del domingo 24 de septiembre con las siguientes autoridades: el comisario José Luis Pliego Corona, de la División Científica de la Policía Federal; Humberto Morgan Colon, vocero del gobierno de la Ciudad de México ante los familiares; Leticia Robles Mendoza, directora del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de la PGJ CDMX; Arturo González Piñón, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

Para evitar protestas como las que se suscitaron esa madrugada, ambas partes acordaron que el gobierno elaboraría una lista con los siguientes rubros: “Personas rescatadas. Fallecidas y pendientes por rescatar, donde se incluya el nombre completo de la víctima, su sexo y el nombre del familiar titular. Que todo lo anterior llevaría a crear un clima de confianza y que también evitaría se suscitaran acontecimientos como el de la madrugada”.

 

También se acordó que, para que no hubiera filtraciones o malos entendidos, se suspenderían los informes en espacios exteriores y sólo se darían adentro de las carpas y ante los representantes autorizados de cada víctima.

 

El gobierno, a su vez, se comprometía a convocar a reuniones informativas con los familiares “sobre los acontecimientos que son necesarios comentar” (sic) y cuando se tuviera noticia de algún rescatado, persona con vida o ya fallecido.

 

El siguiente acuerdo era que la Policía Federal notificaría de cada rescate a un familiar, siempre acompañado por un psicólogo de la procuraduría de justicia; en otro punto el representante de la PF pidió la presencia de un funcionario de la CNDH para que acompañara cada notificación.

 

Otro punto es el compromiso de Mancera de que no cesarían labores hasta que se rescatara la última persona de la lista, y –queda explícito- “para ello existían las condiciones humanas, materiales y de voluntad de ambas partes”.

 

A cada representante se le pidió su firma para que quedara en esa “constancia legal”, según refiere el documento. La reunión empezó a las nueve y media de la mañana y acabó a las 11. Diez horas después, cuando las familias constataron que había un operativo para sacar los cuerpos a escondidas, comenzó la rebelión, los reclamos, las recriminaciones, la rabia.

 

Internacional

Jornaleros mexicanos: oportunidades… y desigualdad

(Jaime Porras Ferreyra, págs. 48-51)

 

Aunque Canadá requiere mano de obra agrícola del extranjero, que proveen sobre todo México y Guatemala, su legislación plantea a los jornaleros temporales algunos obstáculos legales para atender los accidentes de trabajo, contar con información suficiente sobre las reglas del país y tener pleno acceso a sus beneficios sociales.

 

Montreal.- Muchas de las frutas y verduras disponibles en los supermercados canadienses se cultivan en este país, aunque en buena medida por manos mexicanas y guatemaltecas. El sinaloense Fernando Sandoval tiene 13 años viniendo a Canadá para laborar en una granja en Saint-Rémi (Quebec). “Uno trabaja fuerte para la familia. Venimos a echarle ganas”, comenta a Proceso. Tiene esposa en México, al igual que dos hijas; una se graduó como abogada y la otra estudia la preparatoria.

 

Cerca de 85% de los trabajadores temporales agrícolas extranjeros regresan al año siguiente. Estas personas que laboran en los campos canadienses, sobre todo en Ontario, Quebec y la Columbia Británica, lo hacen principalmente por medio del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) y del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET).

 

El primero arrancó en 1966 por acuerdos entre Canadá y algunos países antillanos. México comenzó a participar en 1974. En 2016, 23 mil 893 mexicanos trabajaron en el PTAT. El PTET se inició en 1973 para contratos en sectores de alta calificación; en 2002 se agregó una categoría para facilitar el reclutamiento agrícola. El año pasado, cerca de 34 mil personas recibieron una visa para laborar en el campo con el PTET; la mayoría eran guatemaltecas, aunque también había procedentes de Honduras y México.

 

Los casos de trabajadores con experiencias exitosas son numerosos, aunque otros no han corrido con la misma suerte, principalmente por programas que no permiten el respaldo de sus países de origen y por ciertas condiciones que minan la protección laboral. “El trabajo agrícola es muy duro y poco valorado”, señala Julio Lara, representante de la sección 501 del UFCW, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Alimentos y Comercio.

 

Según un informe del UFCW Canadá publicado en 2015, existen problemas vinculados con accidentes laborales, información insuficiente para el trabajador y acceso incompleto a beneficios sociales, entre otros puntos.

 

Menor protección del PTET

“A diferencia del PTAT, el PTET es unilateral. En éste, la función del consulado queda limitada a la defensa del trabajador, dentro de lo que se pueda. Buscamos contactar al empleador, dar información, pero no es igual a lo que se puede hacer en el PTAT.

 

“El PTET es un contrato entre particulares. La Secretaría del Trabajo no hace el reclutamiento. Es importante subrayarlo. Si bien Canadá pone una serie de reglas adecuadas, no existe la representatividad de la contraparte que permite mejores prácticas en beneficio de todos”, comenta Alejandro Estivill, cónsul general de México en Montreal.

 

Agrega: “El PTAT es un programa donde la gente sabe cuánto tiempo viene, en el que el transporte es seguro, con normas definidas, en el que volverá al país y con líneas de contacto con su gobierno. Tener un programa administrado por gobiernos que le da certidumbre a empleador y trabajador es lo mejor en este escenario complejo que enfrenta actualmente la migración”.

 

El guatemalteco Noé Arteaga es voluntario en el Centro de Trabajadores Inmigrantes de Montreal. Llegó a Canadá en abril de 2008 con el PTET. Cuatro meses después organizó un paro laboral en la compañía quebequense Savoura porque un compañero no había recibido atención médica. Arteaga fue despedido y repatriado a Guatemala. Cinco años después un tribunal le dio la razón, anuló su repatriación y exigió una compensación por despido injustificado. Savoura alegó problemas financieros y luego fue adquirida por otra firma que no reconoce la deuda con Arteaga.

 

“Tengo claro que no voy a recibir el dinero, pero lucho para que otros tengan mejores condiciones. No todos los empleadores están en la misma canasta, pero el sistema permite ciertos abusos. Son pocas las ovejas negras como yo. La gente no se quiere exponer. Recibimos algo de información sobre nuestros derechos, pero luego los compañeros con más experiencia te aconsejan no quejarte”, comenta.

 

Tanto en el PTAT como en el PTET, una agencia en Canadá coloca a los trabajadores en función de la demanda. En Quebec, la mayor agencia es la Fundación de las Empresas en Reclutamiento de Mano de obra Agrícola Extranjera, conocida como Ferme, con alrededor de 900 granjas. Ferme también ofrece espacios en la industria láctea y en avicultura. Además de ganar el salario mínimo por hora (11.25 dólares canadienses en Quebec), los trabajadores reciben cobertura médica y hospedaje o parte del transporte aéreo, dependiendo de cada programa.

 

Fernando Borja, presidente de Ferme, responde a señalamientos de sindicatos y organismos comunitarios de que su institución sólo vela por los intereses de los empleadores: “No lo creo. Realizamos esfuerzos para que trabajadores y empresas cuenten con las mejores condiciones. A veces algunos empleadores se enojan con nosotros. Quiere decir que hacemos buen trabajo”.

 

En 2010, tras largos litigios, la Comisión de Relaciones de Trabajo de Quebec autorizó la sindicalización de trabajadores temporales extranjeros. La Suprema Corte canadiense confirmó la decisión en 2013. Sin embargo, el gobierno quebequense hizo una modificación en 2014 al código laboral: sólo las granjas con un mínimo de tres trabajadores permanentes y que abran todo el año podrían sindicalizarse.

 

Inspección insuficiente

Existe un obstáculo para detectar prácticas deshonestas y malas condiciones: pocas verificaciones a los centros laborales por las autoridades. Service Canada, institución federal que depende del Ministerio de Empleo y Desarrollo Social, no realiza visitas suficientes. Según un informe publicado en mayo por Michael Ferguson, verificador general de Canadá, sólo se llevaron a cabo 13 de las 173 visitas proyectadas por Service Canada, que además no incluyeron entrevistas con trabajadores.

 

En septiembre de 2016, un comité especial entregó al parlamento canadiense un informe con recomendaciones para mejorar el PTET. En el documento se destaca la necesidad de “aumentar la frecuencia de las inspecciones y procurar que éstas tengan lugar cuando los trabajadores temporales extranjeros estén presentes”, igual que “asegurarse de que, a través de inspecciones, las leyes y reglamentos de trabajo sean aplicados correctamente en el sitio donde operan los trabajadores extranjeros”.

 

El escenario es aún más complejo: las provincias canadienses son las encargadas de la supervisión de normas laborales, de seguridad y de salud. El caso quebequense es representativo. Desde enero de 2016, la Comisión de Normas, Equidad, Salud y Seguridad Social (CNESST) es la responsable de las verificaciones. Antes existía una comisión de normas de trabajo y otra de salud y seguridad: ahora todo está concentrado en un solo organismo que abarca demasiadas tareas.

 

Geneviève Trudel, portavoz de la CNESST, informó a Proceso que en promedio sus inspectores realizan cada año 370 visitas a empresas agrícolas, tengan o no trabajadores extranjeros. Hay cerca de 11 mil granjas inscritas en la CNESST, mientras que Quebec cuenta con alrededor de 30 mil. La CNESST tiene 300 inspectores para verificar todos los centros de trabajo, incluidos los agrícolas. Trudel precisó que la nacionalidad del trabajador no está incluida en la elaboración de sus estadísticas.

 

Tanto Ferme como el Consulado de México en Montreal realizan varias visitas. Sin embargo, queda de manifiesto que los organismos verificadores, tanto a nivel federal como provincial, no efectúan el número suficiente. “Por ejemplo, Ferme hace inspecciones del alojamiento de los trabajadores, algo que debería ser prioritario para la CNESST”, dice Julio Lara.

 

En el PTAT, los trabajadores mexicanos reciben información sobre sus derechos antes de viajar a Canadá por parte de la Secretaría del Trabajo. En el PTET, son las agencias privadas las encargadas de hacerlo. De acuerdo con entrevistas para este reportaje, varios trabajadores desconocen las prestaciones que pagan por ley, su acceso o no a las mismas –como el desempleo, el seguro por paternidad y la jubilación– o su respectivo reembolso. Además, el caso de Binicio Leal ejemplifica el limitado conocimiento sobre la forma de notificar accidentes laborales. El informe presentado al parlamento recomienda que los trabajadores estén mejor informados de sus derechos al llegar a Canadá. Otro aspecto destacable es la barrera lingüística: si bien existen folletos en español, la línea directa de contacto de Service Canada no cuenta con indicaciones en esta lengua.

 

El año pasado 15 guatemaltecos fueron estafados por una agencia en Canadá. Les pidieron dinero para encontrarles sitio en otra granja. Esta movilidad está prohibida por los lineamientos del PTET, por lo que fueron detenidos (luego obtuvieron su libertad). El informe entregado al Parlamento canadiense recomienda crear un sistema de acreditación para los reclutadores. El caso de los guatemaltecos ejemplifica una petición hecha por distintos actores, incluido el comité especial: permitir que los trabajadores no dependan de un solo empleador.

 

En el PTAT, esta relocalización puede darse, aunque no es frecuente. En cambio, en el PTET resulta muy compleja. Así, si un trabajador tiene la mala suerte de contar con un empleador que no respete los reglamentos, las posibilidades de optar por el silencio aumentan. El temor a una repatriación o a no ser contratado el próximo año abona el terreno para callar por violación de derechos.

 

El gobierno de Justin Trudeau ya modificó algunos lineamientos del PTET para facilitar la recontratación de trabajadores

 

El cónsul general de México en Montreal afirma: “Las opiniones a raíz de la experiencia de los trabajadores son recopiladas por la Secretaría del Trabajo y por los consulados. Esto se usa después en las negociaciones entre ambos gobiernos y, posteriormente, cuando se contacta a los empleadores”. Subraya de nueva cuenta que esta es una ventaja del PTAT, a diferencia del PTET, y agrega: “Los trabajadores adquieren una serie de habilidades por su experiencia. Si fueran reconocidas, podrían venir a un trabajo mejor remunerado. Hay trabajadores que se vuelven muy valiosos a lo largo de los años, incluso hasta con capacidades de supervisión, por ejemplo”.

 

Contralínea

 

Un sexenio de desastres

(Zósimo Camacho, Online)

 

Más de 2 mil 200 muertos y 11 mil 200 millones de dólares en pérdidas son los saldos de los desastres de origen natural y antropogénico en lo que va del sexenio. Las cifras son preliminares, pues aún no se termina de contabilizar a las víctimas ni el monto de los destrozos de los más recientes terremotos ocurridos en el país. Lejos de la protección y el auxilio a la población, la respuesta de las autoridades es de contención social. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, los desastres, las emergencias y las contingencias climatológicas cobraron la vida de, al menos, 2 mil 200 personas. Además, han causado pérdidas por más de 11 mil 252 millones de dólares, unos 206 mil millones de pesos.

 

Las cifras de las pérdidas humanas y económicas, sin embargo, serán más abultadas. No se cuenta todavía con datos definitivos de las muertes causadas por los terremotos de los días 19 y 7 de septiembre pasado. Más aún, no se han contabilizado las muertes ni el monto de las pérdidas económicas causadas en lo que va del año por otros desastres, emergencias y contingencias: deslaves, ciclones, tormentas, huracanes, inundaciones, altas y bajas temperaturas, incendios forestales, explosiones de plantas de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este año de 2017 podría ser el peor en materia de víctimas mortales por desastres. Superaría con facilidad la cantidad de 646 muertos de 2013. Hasta el cierre de edición, la cifra de personas que perdieron la vida a causa de los terremotos de septiembre de este año llega a 445 en todo el país. Pero no son cifras definitivas y se les deben agregar los datos de quienes murieron en otros desastres de carácter geológico, pero también los de tipo hidrometeorológico, químico y socio-organizativo

 

México, herido por la injusticia y la impunidad

(Nancy Flores, Online)

 

Impunidad e injusticia podemos encontrar en cada una de las heridas que padece nuestro pueblo. En la más reciente, miles de víctimas de los sismos de septiembre son en realidad víctimas de un sistema podrido que protege a empresas de la construcción y funcionarios corruptos de todos los niveles de gobierno y en todas las instituciones involucradas en el desarrollo urbano y territorial. Un sistema podrido que opera como tal desde el más alto cargo público hasta el más bajo, y que se reproduce en la antiética iniciativa privada; que privilegia los intereses de particulares y no garantiza la vida e integridad de su pueblo. Un sistema que consiente al criminal (sea éste persona física o moral, porque también las empresas llevan su parte).

 

En ese sistema es impensable escuchar del presidente Enrique Peña Nieto, de sus secretarios de Estado, del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y demás autoridades de la Ciudad de México siquiera una promesa de castigo para los culpables de esta tragedia. Ninguno ha dicho hasta ahora que se van a fincar responsabilidades contra dueños y operadores de las inmobiliarias y empresas dedicadas al ramo de la construcción, que omitieron alguno o todos los lineamientos establecidos en el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México. Esos homicidas parecen estar a salvo.

 

Más contrarreformas que reformas a la centenaria Constitución

(Álvaro Cepeda Neri, Online)

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y su enredado sistema judicial, el Congreso de la Unión que ya no representa a los ciudadanos y, sobre todo, el presidencialismo peñista, no dejan de autoelogiarse con su profusa propaganda por radio, televisión, redes y prensa escrita, para recordar los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley Suprema que rige a todos los mexicanos y que, por cierto, lleva más de 700 modificaciones a sus fines políticos, económicos y sociales; donde las contrarreformas antidemocráticas superan, con creces, a las poquísimas auténticas reformas “para ponerla de acuerdo a las necesidades del tiempo”, como expresa Hans Kelsen en su gran obra: Teoría General del Estado.

 

Y es que una vez expedida, en 1917 por el Congreso Constituyente nacido del final de la Revolución de 1910, el presidencialismo de 1940 con Manuel Ávila Camacho y, en particular, el de 1946 con Miguel Alemán Valdés, la hicieron virar hacia la contrarrevolución. Pues las Constituciones deben ser objeto de adiciones que introduzcan reformas para gobernar en beneficio del pueblo; pero, en nuestro caso, de Alemán a Peña, sus cambios han sido favorables a la élite en los tres poderes y sólo a favor de los empresarios y su séquito de capitalistas que aprovecharon el auge del neoliberalismo económico, sacrificaron el liberalismo político, y se aferraron al libre mercado, limando el filo constitucional de gobernar en beneficio del pueblo; y logrando la amplia victoria del capitalismo, los capitalistas y el capital.

 

Terremoto: “rescate” militarizado y para la televisión

(Zósimo Camacho, Online)

 

La militarización de la sociedad mexicana es un hecho. La realidad que vive el país desde 2006 quedó retratada también en la más reciente tragedia: el terremoto del pasado 19 de septiembre. El pueblo reaccionó de inmediato. Algunos minutos apenas habían transcurrido cuando miles de personas se acercaron a retirar escombros, buscar vivos entre los derrumbes y rescatar los cuerpos de los fallecidos. Conforme pasaron las horas otras decenas de miles tomaron la Ciudad de México no sólo para ayudar en los lugares con edificios desmoronados, sino para dirigir el tráfico en las vialidades colapsadas, instaurar centros de acopio, formar brigadas de revisión de inmuebles y de atención a heridos, comprar y donar palas, carretillas, picos, cascos, guantes…

 

Cuando llegaron los cuerpos oficiales generalmente todos trabajaron hombro con hombro. Lo que siguió después fue una disputa, casi siempre silenciosa y algunas veces con discusiones ríspidas, entre civiles y militares por el control de los escenarios de los derrumbes. Para la noche del día 20, todos los edificios derrumbados en la Ciudad de México estaban bajo control militar, incluso con efectivos armados. Se montaron entonces escenografías para el lucimiento de las Fuerzas Armadas.

 

Guerra infinita e imperialismo

(Andrés Mora Ramírez, Online)

 

El Senado de Estados Unidos acaba de votar contra una enmienda al proyecto de ley de autorización de Defensa Nacional para 2018, con la que se pretendía regular los poderes de guerra del presidente y derogar dos autorizaciones para el uso de fuerza militar –autorizaciones de guerra–, aprobadas hace 16 años luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre, y que todavía se mantienen vigentes. Se trata de las leyes que permitieron las intervenciones militares en Afganistán, contra el llamado régimen talibán, invadir Irak y derrocar a Saddam Hussein. Nadando contra la corriente intervencionista dominante en el Senado, el republicano Rand Paul, promotor de la enmienda, fue contundente cuando argumentó que su aprobación era necesaria para poner fin “a la guerra no autorizada, nunca declarada y anticonstitucional” que libra Estados Unidos desde principios del siglo XXI, “una guerra sin límite ni lugar y fuera del tiempo en cualquier lugar del planeta”. Y es así.

 

En la práctica, estas disposiciones acabaron por convertirse en la declaración formal de guerra infinita contra cualquier enemigo, en cualquier lugar del mundo, con la que el expresidente George W Bush proclamó su cruzada contra el terrorismo, invocando los peores argumentos del conservadurismo político, el fundamentalismo religioso, y la supuesta predestinación de Estados Unidos para imponer su manera de entender la democracia en todos los confines. Todo ello en un contexto político e ideológico en el que ganaba terreno el Proyecto del Nuevo Siglo Americano de los halcones de Washington. Del dictum maniqueo de Bush: “quien no está con nosotros está contra nosotros”, a la más sofisticada fórmula discursiva que aportó luego la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton (“Estados Unidos no puede resolver solo los problemas de nuestro hemisferio u otra parte del mundo, pero los problemas no pueden ser resueltos sin que Estados Unidos esté involucrado”), el imperialismo confesaba sus intenciones de apuntalar su hegemonía por la vía de la fuerza y al margen de la legalidad internacional.

 

Siempre!

 

Ochoa Reza busca expropiar la democracia

(Beatriz Pagés, Online)

 

Si los partidos políticos ya tomaron la decisión de renunciar al financiamiento público y con ello dejar de ser una carga para el pueblo de México, entonces que le hagan el favor completo a la nación. Es cierto que dejar de recibir 11,000 millones de pesos el próximo año marcaría un hito en la democracia mexicana, pero también es verdad que los partidos no van a ser mejores por eso.

 

Para decirlo de manera más puntual. El gran problema de la democracia en México es que se nutre fundamentalmente de dinero. Más que una cultura o toma de conciencia, es una industria, un negocio que solo beneficia a los dirigentes y dueños de los partidos políticos. Es el dinero lo que determina el triunfo o la derrota de un candidato. Es el dinero invertido en propaganda, compra de votos y arreglos, lo que permite llevar al poder a quien será, por su origen fraudulento, un gobernante corrupto e inepto.

 

19-S modificó el escenario político del país

(Armando Reyes, Online)

 

Los sismos de septiembre no solo sacaron a las calles la solidaridad de los habitantes de la Ciudad de México y otros estados y naciones, sino que también modificaron el escenario político electoral del país. Luego de que la ciudadanía rebasó a las autoridades, además del enfrentamiento con una clase política que no atinó a ponerse del lado correcto —con quejas en redes sociales acerca de que solo buscaban la foto y no ayudar realmente—, es claro que habrá un voto de castigo en los comicios de 2018. Solo falta saber qué partidos serán los afectados y qué otros fenómenos observaremos.

 

En 1985, también en un 19 de septiembre, un terremoto sacudió la capital del país. La gente salió a rescatar de los escombros a sus vecinos, creó brigadas de apoyo y recolección de víveres para los damnificados. Las autoridades tardaron en reaccionar, lo que favoreció la organización ciudadana. Sería hasta octubre de 1985 que el gobierno federal reconocía a la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), con la cual negociaba, teniendo como representante a Manuel Camacho Solís, quien había tomado la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. La Coordinadora era resultado de la unión de varias organizaciones vecinales que se fundaron luego del terremoto, las cuales tendrían un impacto en el entramado social.

 

El escenario político en CDMX en la incertidumbre

(Nora Rodríguez Aceves, Online)

 

A casi dos semanas del sismo del 19 de septiembre (19/S) de 7.1 grados Richter en la Ciudad de México (CDMX), el escenario político cambió completamente; desde muchos aspectos y puntos de vista, cambió toda la situación y la dinámica que se llevaba rumbo al proceso electoral de 2018, afirma Marco Rascón, fundador de la Asamblea de Barrios, después del terremoto de 1985 y del Partido de la Revolución Democrática (PRD). “Hay una percepción ciudadana muy sensible frente al comportamiento de los partidos, pero también de todo el sistema político. Hay un reclamo muy fuerte de que las cosas tienen que cambiar, aunque no hay precisión hacia dónde, ni cómo, pero las cosas no pueden seguir como están o han estado a lo largo de todos estos años”, dice Rascón.

 

Es algo que plantea la emergencia y la solidaridad extendida, donde propiamente los jóvenes o una nueva generación es protagonista en este momento que deja pasmads otra vez a las instituciones; no es el caso de 1985 donde abiertamente el gobierno cometió el error de regresar a todos a sus casas; no,  hoy  fue mucho más precavido. Sin embargo, agrega, por muchas otras razones se han desarrollado, de tiempo atrás, altos niveles de corrupción, de escándalos, en muchos aspectos,  lo que cataliza y genera o expresa un alto nivel de hartazgo. El asunto no se dirige ni siquiera a un partido u otro, sino es general al sistema de partidos. Todo esto que vemos en la política que son los mítines organizados, camisetas, cachuchitas, micros, acarreos, reparto de despensas, etc., entró en una crisis profunda.

 

La rendición de cuentas evitará impunidad

(Emma Islas, Online)

 

Los sismos del 7 y 19 de septiembre que azotaron no solo la Ciudad de México, sino también otros estados de la república, como Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guerrero y Puebla, sacaron de entre los escombros la cara de esa sociedad que desde el sismo de 1985 no había vuelto a aparecer. Con palas, picos, cubetas pero sobre todo con una condición de igualdad, miles de mexicanos salieron de su zona de confort para ayudar y proteger al prójimo sin importar de quién se trataba. No hacían falta ni líderes sociales, ni mucho menos figuras políticas. El dolor era de todos, era de un país que parecía sucumbir ante la tragedia.

 

En medio de ella, en diversas redes sociales se ha tratado de llamar a la unidad a fin de lograr la reconstrucción de un país que, de acuerdo con cifras oficiales, tiene afectaciones por más de 38,000 millones de pesos. Ante las cifras, el presidente Enrique Peña Nieto ya ha dicho que los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) “no son infinitos, tienen una limitante”. Para Ligia Tavera Fenollosa, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México, lo importante en estos momentos, además de tener presente el concepto de unidad, en lo que se debe de concentrar la sociedad es en aprovechar este momento de solidaridad para exigir respuestas. Reclamar la rendición de cuentas por parte de las autoridades para así evitar la impunidad.

 

Colegio Rébsamen, la corrupción en escuelas particulares

(Irma Ortíz, Online)

 

El sismo de 7.1 del pasado 19 de septiembre marcó la memoria de los habitantes de la Ciudad de México. Derrumbó casas y edificios al tiempo que levantó muros de miedo y dolor con la muerte de 205 personas, registradas hasta el cierre y 138 más en diversas entidades. El caso del colegio privado Enrique Rébsamen, en Prado Coapa, fue particularmente trágico: murieron 19 niños y 8 adultos; las labores de rescate fueron seguidas por millones de televidentes. Mientras, en el Tecnológico de Monterrey campus ciudad de México, ubicado en Xochimilco, se derrumbaron los puentes que conectaban tres edificios: perdieron la vida 5 jóvenes y 40 resultaron lesionados.

 

En los dos casos hay poca claridad. La dueña del colegio, Mónica García Villegas inició la construcción del inmueble que comprendía dos predios. Ante la creciente demanda escolar fue creciendo el edificio e incluso, sin contar con el uso de suelo requerido, se construyó un cuarto piso donde se encontraba el departamento de la dueña, que hoy se sabe tenía pisos de mármol —muy pesados— así como jacuzzi y bañera. El colegio fue clausurado en 2010 y 2014 por diversas anomalías, a las que hicieron caso omiso, ni tampoco impidieron que el plantel cerrara sus puertas. En septiembre del año pasado, por quejas vecinales, se verificó el inmueble, donde —hoy se sabe— mostraron un certificado de uso de suelo apócrifo, que data de1993. El Instituto de Verificación Administrativa Invea solicitó a la Secretaría de Desarrollo y Vivienda, Seduvi, la información, y se le dijo que ese documento no existía. El titular del Invea, Meyer Klip Gervitz, dijo que la construcción no fue verificada por ellos, ya que esta es facultad exclusiva de la delegación Tlalpan.

 

Una mascarada más de los partidos

(José Luis Camacho, Online)

 

Para no quedarse atrás en el juego de la simulación, todos los partidos políticos aceptaron la propuesta ciudadana de renunciar a las millonarias prerrogativas que reciben; algunos salieron de inmediato a decir que aceptaban el reto, como Andrés Manuel López Obrador, los integrantes del Frente dijeron que ellos se sumaban con el 100 por ciento y el PRI propuso eliminar los plurinominales. Punto número uno —y el que probablemente jamás se olvide— fue la sociedad civil que, al ver la catástrofe que dejó el pasado sismo del 19 de septiembre, exigió que los miles de millones de pesos destinados a los partidos políticos pasaran a formar parte del fondo de ayuda a los damnificados y para la reconstrucción de los daños.

 

Segundo, todos los partidos se sumaron, no hacerlo habría significado el repudio social y probablemente una gran derrota en las urnas. Sin embargo, ahora viene el gran reto: ponerse de acuerdo. Y es que cada partido político propuso una idea distinta, Morena habla de la creación de un fideicomiso controlado por políticos, activistas e intelectuales, ya que se niega a que estos fondos sean controlados por la Secretaría de Hacienda, vale la pena decir que esta es una preocupación de muchos. Otros partidos, como los que integran el Frente Amplio Democrático, es decir el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, propusieron dar el 100 por ciento de sus prerrogativas, pero no solo eso, piden que ningún partido reciba presupuesto público en 2018.

 

La moneda en el aire

(Gerardo Yong, Online)

 

Según se cuenta, el mundo estuvo en riesgo de una guerra nuclear durante la llamada Crisis de los misiles, que ocurrió cuando la entonces Unión Soviética acordó colocar misiles nucleares en Cuba, como una forma de proteger la isla, pues había estado amenazada de una invasión por parte de elementos anticastristas apoyados por Washington. Este hecho tuvo lugar en octubre de 1962. A casi 55 años de ese acontecimiento, que puso en vilo al mundo entero en el seno de la Guerra Fría, otra tensión internacional ha generado una preocupante expectativa en medio de una situación parecida: la crisis entre Estados Unidos y Corea del Norte. En menos de un mes, estos dos países han intercambiado acusaciones y amenazas como nunca antes, incluso durante el periodo de la Guerra Fría.

 

Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha expresado con burla de las amenazas proferidas por su contraparte norcoreano, como Kim Jong-un, quien no dudó en decir que hundiría a Japón y reduciría a cenizas la Unión Americana, han puesto con los pelos de punta a la comunidad internacional ante una posible guerra de alcances nucleares. Para el doctor Eduardo Rosales, internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la problemática Estados Unidos-Norcorea se encuentra en un nivel muy peligroso que podría salirse de control en cualquier momento. Para este experto analista, la situación de guerra se encuentra como una moneda en el aire y las movilizaciones y maniobras bélicas son tan reales que el temor de un enfrentamiento, inicialmente de baja intensidad o convencional, ya se respira abiertamente. Para él, solo hace falta que alguno de los dos protagonistas se descontrole para que el conflicto pase a una fase peligrosamente activa.

 

Vértigo

 

EU apoya a México

(Ángel Hernández, p. 4-8)

 

La solidaridad internacional que se volcó hacia México por el terremoto del 19 de septiembre se manifestó en el envío de más de 500 rescatistas de 23 países, que con la ayuda de herramientas de rescate de alta tecnología, binomios caninos, ingenieros, grupos de especialistas y el envío de cientos de toneladas de ayuda apoyaron a los mexicanos en los esfuerzos por salvar vidas, rescatar a heridos y ofrecer una ayuda invaluable en esos momentos de crisis.

 

La hermandad internacional mostrada luego del sismo que dejó un enorme desastre en términos de pérdidas humanas, miles de casas e inmuebles afectados y la pérdida del patrimonio de un gran número de familias, conllevó sin duda una labor ayuda y peligrosa, por lo que resultó doblemente valiosa.

 

Entre los equipos llegados del extranjero y que ayudaron a dar alivio a quienes sufren por la pérdida de sus seres queridos y sus casas destacó por su esfuerzo solidario un grupo de casi 70 rescatistas de Estados Unidos, acompañados de perros especializados y toneladas de equipo de apoyo.

 

Los rescatistas estadunidenses, en estos momentos de angustia y necesidades de tanto damnificados, demostraron que ambos países, además de ser vecinos, son también amigos solidarios que no dudan en tenderse la mano para brindar ayuda en casos de desastres naturales.

 

Hombro con hombre

El grupo de brigadistas de Estados Unidos estuvo conformado por 67 integrantes, cinco perros adiestrados en labores de rescate y equipo con un peso de 80 toneladas.

 

Guatemala

El equipo de Búsqueda y Rescate de Guatemala también ofreció su apoyo a México para apoyar en las labores de localización de víctimas del terremoto, poniendo a disposición a un grupo de 48 socorristas.

 

Panamá

Los panameños enviaron a nuestro país a la brigada USAR Panamá conformada por 35 especialistas en búsqueda y rescate, además de dos unidades caninas.

 

Ecuador

El pueblo de Ecuador se solidarizó con el apoyo de 30 bomberos especializados en tareas de rescate, remoción de escombros y atención inicial de primeros auxilios.

 

España

La brigada de España la conformó un contingente de 54 militares de la Unidad Militar de Emergencias, con cuatro perros, que se desplegaron en la Ciudad de México para colaborar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas.

 

Japón

El pueblo de Japón envió a México un equipo compuesto por 72 rescatistas y cuatro perros capacitados en el rescate de personas debajo de los escombros.

 

Chile

“Vamos a tratar de mitigar y de aportar en la búsqueda de personas en la zona cero”, dijo Francisco Lermanda, coordinador de Topos Chile, al arribar a la Ciudad de México.

 

El organismo envió a nuestro país un equipo de 18 voluntarios, dos perros y equipo para unirse a las tareas de búsqueda y rescate.

 

Israel

La ayuda desde Israel comenzó a llegar tan sólo un día después del sismo del martes 19, con el arribo de 70 militares, entre ellos 25 ingenieros, para ayudar en las labores de rescate.

 

Colombia

Ante la gravedad del terremoto que sacudió a México el presidente Juan Manuel Santos anunció la solidaridad de todos los colombianos y en respuesta a la necesidad de efectivos de rescate Colombia envió a 31 expertos en búsqueda y rescate.

 

Suiza

La presidenta de Suiza, Doris Leuthard, envió un equipo de ingenieros civiles a fin de trabajar con el gobierno mexicano en la revisión de edificaciones afectadas por el sismo del 19 de septiembre.

 

En marcha el plan financiero de reconstrucción

(Norberto Vázquez, p. 24-28)

 

El 7 y el 19 de septiembre pasados se recordarán como fechas fatídicas que dejaron destrucción y muerte en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México, entidades donde ahora comienza la etapa de reconstrucción: diversos esquemas financieros, tanto públicos como privados, comienzan a capitalizarse con la finalidad de levantar edificios y viviendas para miles de ciudadanos que lo perdieron todo durante esos terribles sismos.

 

En estos proyectos financieros, que incluyen fondos gubernamentales, bonos de desastre, fideicomisos, programas de reconstrucción y planes de vivienda, participan el gobierno federal, los gobiernos estatales afectados, la iniciativa privada y la sociedad en general.

 

Costos

Durante una reunión en Los Pinos con la Conago y empresarios, el Presidente Enrique Peña Nieto ofreció cifras preliminares sobre los costos de la reconstrucción total de las viviendas, patrimonio (cultural y religioso) y escuelas siniestradas tras los sismos,  lo cual estimó en más de 37 mil millones de pesos.

 

Fuerzas armadas: más allá del deber

(Ricardo Pérez Valencia, p. 34-37)

 

Como un solo equipo, mano a mano, codo a codo, hombro a hombro con personal de otras corporaciones y sociedad en su conjunto, elementos del Ejército y la Marina Armada de México se volcaron a las calles en ayuda de la población afectada por los fenómenos naturales que se suscitaron durante septiembre en diversas regiones del país.

 

En el marco del Plan MX  se activaron los programas de emergencia del Plan Marina y Plan DN-III, con el despliegue de más de 23 mil 600 elementos de tierra, mar y aire.

Temor y temblor Hugo Aboites*

En el libro Temor y temblor(1843) el filósofo danés Soren Kierkegaard reflexiona sobre la reacción del ser humano frente a un poder sobre el cual carece absolutamente de control y que, además, es capaz de trastornar radicalmente su existencia. Ante un poder así, es posible resignarse, aceptar la pérdida terrible, por incomprensible que resulte. Pero también es posible la fe, la creencia de que, de alguna manera, con el acatamiento obediente de la pérdida todo será restituido y hasta multiplicado. Y pone como ejemplo al personaje bíblico Abraham quien lleno de obediente fe, acata la indicación divina de sacrificar a su hijo, lo ata encima de un altar con leña y, en el último momento, a punto ya de descargar el cuchillo en el pecho del joven (y éste, obviamente, algo preocupado por todo lo que al derredor hace su religioso padre), recibe una contraorden divina y en lugar del hijo sacrifica a un cordero que por ahí andaba. Y, gracias a su obediencia, recupera todo: el hijo y el abundante beneplácito divino. Un tercera opción es la de los desdichados que se abandonan a lo individual y se desprenden del infinito, no tienen fe ni se resignan, y viven en temor y temblor. A pesar del estricto y subyacente rigor luterano, Kierkegaard es considerado el abuelo del existencialismo del siglo XX porque la resignación, la fe y hasta el distanciamiento de lo divino, son opciones abiertas. Es decir, allí en el mismo altar y antes de levantar el cuchillo, Abraham podía haber abandonado el ritual, liberado a su hijo, abrazarlo amorosamente y regresar con él a casa. Si bien frente al poder absoluto e imprevisible el ser humano aparece con temor y temblor, conserva, precisamente por humano y social, el poder de plantarse y hacer frente al poder y la tragedia absoluta y, luego hacer algo con ella.

En los septiembres de 1985 y 2017 muchos, sobre todo jóvenes que están mirándose apenas como capaces de construirse y construir, decidieron enfrentar la catástrofe con la solidaridad y con eso, confrontar también el temor y el temblor. Reconocieron (y vivieron) el temor individualista pero también la solidaridad y, con eso, escaparon de la perentoria disyuntiva kierkegardiana de atender a lo divino o vivir solos y temerosos. Y experimentaron en carne propia cómo la solidaridad confronta al miedo individual y cómo esa contradicción genera un dinamismo liberador que lleva a la acción. Y ahí están las imágenes del sismo: madre e hija acorraladas por la muerte inminente e imparable, pero capaces de darse un último, profundo y solidario cobijo de un abrazo. El padre que muere por proteger al hijo, el maestro que regresa al aula a sacar a sus niños, y así confronta al atemorizado individualismo que sobre una escuela construye pisos de mármol y jacuzzis. Y están también los que se aterrorizan a la hora del jalón mortal del suelo, pero que luego salen a la calle, juntos, a prestar ayuda.

En la misma vena, las transformaciones sociales más poderosas no nacen de la injusticia y la explotación, nacen sobre todo, de la solidaridad de quienes las sufren y se acompañan. Y es una fuerza nueva que, a diferencia de otras, no es ajena e incontrolable, es maleable por quienes la generan, y puede tener objetivos claros y capacidad de cambiar profundamente las cosas. En 1985, esta fuerza liberada por el sismo creó organizaciones, conciencia y acciones que transformaron el panorama de la lucha urbana e hicieron que esta ciudad comenzara a cambiar definitivamente. Apenas un año después, muchos de sus jóvenes actores respondieron con un movimiento estudiantil –el de 1986 en la UNAM– que abrió las puertas a luchas por la educación pública, y entonces también, el PRI sufrió un primer definitivo desgajamiento que llevó a una rebelión electoral nacional en 1988 y al surgimiento de una nueva y poderosa fuerza política. Ahora, en 2017, ya sabemos lo que hizo el temblor en la Ciudad y en zonas rurales e indígenas, pero también (parafraseando algo atribuido a Sartre) vemos lo que miles hacen con eso que les hizo la fuerza descomunal y la incapacidad institucional. Y veremos poderosos movimientos urbanos y rurales, con el movimiento magisterial y los 43 cabalgando entre ellos. Se activarán las fallas geológicas de universidades y del sistema educativo y aflorarán luchas justas y conflictos de poder. Habrá una poderosa réplica social electoral en 2018 y en lo que de ahí resulte, y se acentuarán las grietas de las frágiles estructuras de estos últimos 30 años. El poder hegemónico reaccionará, cierto, pero sin la energía de la solidaridad que aglutina la demanda contra la corrupción, el poder político deteriorado, la pérdida de rumbo. Es la energía que nace de la desesperación de millones de jóvenes sin poder, sin empleo y sin escuela, los que son la parte más dinámica del mar de pobreza en que vive la mitad de la población. Después del temor y temblor, aparece así la inmensidad del todo por hacer, pero también la posibilidad de nuevas fuerzas para llevarlo a cabo.

Más que nunca, recordamos a René Drucker.

*Rector de la UACM

Revistas / 24 de septiembre del 2017

 

Proceso La sociedad al gobierno

El del martes 19, con su secuela de muertos, heridos y damnificados, fue la puntilla para la indignación, pero sobre todo para la acción ciudadana –inmediata y firme, comprometida y amorosa, inconmensurable– ante unas autoridades pasmadas que se achican frente a la emergencia

Contralínea 83% de muertos en sismo, por corrupción

Los dos factores que condenan a México a padecer letales desastres por fenómenos naturales son la corrupción y la pobreza: éstos causan el “83 por ciento de muertes en edificios colapsados en sismos”. La tercera gran falla de este país es el uso político del dinero público para rescatar y reconstruir

Siempre
Vértigo México está de pie

Una vez más nuestro país enfrenta una prueba de resistencia y sobrevivencia

Impacto Un demoledor Recuerdo

19 de septiembre, la fecha que insiste no ser olvidada

 

 

Proceso

 

Reporte Especial

 

La tragedia y la indignación

(Arturo Rodríguez García, págs. 06-11)

 

El terremoto aún no cesa… El símil lo refuerza un México sacudido por otras calamidades que los ciudadanos identifican en la actual coyuntura: el oportunismo presidencial y de los partidos políticos, la ineficacia gubernamental en eventos como los sismos que azotaron a Chiapas, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y a la Ciudad de México. El del martes 19, con su secuela de muertos, heridos y damnificados, fue la puntilla para la indignación, pero sobre todo para la acción ciudadana –inmediata y firme, comprometida y amorosa, inconmensurable– ante unas autoridades pasmadas que se achican frente a la emergencia y, peor aún, mienten y lucran con la tragedia, de la mano de medios electrónicos irresponsables. Hace justamente dos años, Proceso evocó en una edición especial las debilidades y fortalezas del país ante los sismos.

 

Lo mismo en Oaxaca que en Morelos y la Ciudad de México, los ciudadanos han encarado a las autoridades por su protagonismo en medio de la tragedia. La desconfianza en el manejo de donativos ya causó irrupciones en instalaciones gubernamentales; los voluntarios se han confrontado con los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas por su proceder, y todos son sancionados en redes sociales por la desmesura.

 

El 19 de septiembre, en una esquina de las calles Chimalpopoca y Simón Bolívar, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, arribó en la tarde sólo para ser expulsado por cientos de voluntarios, familiares de víctimas y vecinos. Una mano anónima se le estampó en la nuca mientras que otros lanzaban agua al hidalguense, responsable de la política interior del peñanietismo.

 

La indignación también ha saturado desde aquella fecha las redes sociales, con episodios como el del presidente Enrique Peña Nieto y la expresión racista en la que pide que graben para que vean que en Chiapas “también hay güeritas”, o cuando, al realizar una transmisión en vivo, la actriz y cantante Anahí, primera dama de la entidad, realizó una transmisión en directo pletórica de frivolidad a través de sus redes sociales.

 

Pero la sanción y el enojo más contundente se registró por el mismo motivo que en Juchitán, ahora contra el gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez, y su esposa, Elena Cepeda. Los mensajes en redes sociales denunciaban un acaparamiento de donativos en bodegas del DIF.

 

Policías estatales obligaron a desviar dos camiones de ayuda procedente de Michoacán a esos almacenes, pero una ciudadana difundió un video en el que llamó a concentrarse en el lugar para evitar el uso político de las donaciones, que fue atendido tumultuariamente.

 

El primer rescate, la primera rapiña

El rescate de Frida Sofía, la niña que no existe pero acaparó los reflectores mediáticos, dejó mal a la Marina Armada de México, cuyos mandos alimentaron la mentira en el colegio Enrique Rébsamen, evidenciada por la propia Marina el jueves 21.

 

Por la noche, aún sin reponerse del escándalo que ya reseñaban hasta medios internacionales, un video se viralizó: soldados, marinos y rescatistas aparecen encima del edificio reducido a escombros, localizado en la calle Ámsterdam y Torreón, de la colonia Condesa. Habían recuperado el último cuerpo y daban por terminados los trabajos en el lugar. Así que dieron un toque de corneta y, emocionados, entonaron el Himno Nacional a capela, recogiendo con ello numerosas muestras de agradecimiento y admiración en el lugar y en las redes sociales.

 

En ese inmueble siniestrado se logró el primer rescate con vida después del sismo del martes 19 y también se documentó el primer acto de rapiña, pues el sobreviviente era un fotoperiodista, amigo y colega de muchos de los reporteros que cubrían su rescate.

 

Se llama Wesley Bocxe y es un experimentado fotógrafo de origen estadunidense radicado en México desde hace años, cuando llegó a cubrir el sismo de 1985 para la agencia Reuters. Su prestigio lo precede: cubrió conflictos en todo el continente, África y los Balcanes, y sus imágenes se publicaron, además de Reuters, en Time y Newsweek.

 

La noche del miércoles 20 el fotoperiodista de Proceso Miguel Dimayuga captó a soldados cargando ya como propias esas prendas, creación de Wesley y patentadas en Estados Unidos, de la marca Newswear, que es la suya.

 

La desinformación

Desde la noche del martes 19 y hasta el cierre de esta edición el viernes 22, los reclamos a las autoridades por la desinformación fueron la constante en todos los sectores afectados, pues los familiares de heridos, fallecidos y desaparecidos, así como los voluntarios pedían datos y obtenían escasas respuestas.

 

Rebeldía salvadora

(Marcela Turati, págs. 12-16)

 

Ante la falta de estrategia en las acciones de rescate y luego de tres días de afanosa búsqueda de las costureras atrapadas en el edificio de Simón Bolívar 168, en la colonia Obrera, las brigadas ciudadanas se sublevaron: Tomaron picos y palas para continuar el rastreo de las empleadas y rebasaron a las tropas del Ejército que quisieron tomar el control. En esas jornadas, todo mundo se coordinó a sí mismo y todos actuaron como si fueran topos.

 

La escena debería de haber terminado con la imagen de los brigadistas ciudadanos hermanados con soldados, marinos, policías federales y capitalinos, y funcionarios de todas las siglas, cantando juntos el Himno Nacional y coreando ¡Viva México! –con toque de corneta como sonido de fondo para ambientar–, al declararse concluidos los rescates en la fábrica de ropa de la colonia Obrera pulverizada, con un saldo fatal de 22 muertos por el sismo y mínimo tres sobrevivientes.

 

Sin embargo, la desconfianza hacia todo lo que toca el gobierno se impuso: horas después ese sitio se convirtió en campo de batalla cuando voluntarias inconformes se abrieron paso y, con picos y palas, siguieron abriendo hoyos en busca de un sótano donde creían que otras costureras atrapadas habían sido abandonadas.

 

El piso picoteado de lo que fue un edificio céntrico de cuatro pisos en la calle Simón Bolívar 168 –donde convivían costureras mexicanas e indocumentadas, y empresarios coreanos y judíos– concentra la tensión que se vivió la semana pasada en las zonas siniestradas: El forcejeo entre civiles y militares por el control, la guerra de vencidas entre un gobierno desacreditado y desconfiado, y un nuevo ciudadano movilizado a través de redes sociales.

 

A la espera del rescate

(Santiago Igartúa, págs. 14-15)

 

No se podía respirar. El nubarrón de polvo levantado por dos edificios destruidos –apenas separados por unas cuantas casas y condominios– había nublado el sol en su punto más alto. Todo alrededor de la calle Escocia se tornó color arcilla. La postal en sepia parecía imagen de una pesadilla del mismo 19 de septiembre, 32 años atrás. Varillas fierro concreto mosaicos vidrios papeles madera polvo polvo polvo.

 

Así encontró Paola Félix lo que fue la casa de su madre, el departamento 502 en el número 4 de Edimburgo, esquina con Escocia, en la Colonia Del Valle. Nueve pisos aplastados a la altura de una casa de tres. Cuando llegó, la violencia de la escena y la fragilidad de los escombros habían congregado ya a miles de improvisados rescatistas con policías y marinos. A Paola se le cimbró el alma.

 

Le pidieron ir al Servicio Médico Forense (Semefo) a recuperarla. “El cuerpo estaba equivocado”, contó Paola a este reportero, a la entrada de la madrugada. Sólo pudo saberlo por los ojos. El cadáver que vio no los tenía verdes, como sólo habían podido repetirse en ella. El jueves 21 se escuchó a Paola del otro lado del teléfono: “Me llamaron a las cuatro de la mañana para decirme que tenían a mi mami. Gracias a Dios, la pude reconocer”.

 

Bertha Teresa Ramírez es una reconocida reportera del diario La Jornada, asignada a la sección de la Capital. El terremoto del 19 de septiembre despertó en ella la adrenalina que siente todo reportero ante una emergencia. Pero una llamada lo cambió todo. Era su hermana, Aracely. Junto con su hija Paula, de 14 años, había alcanzado a salir de su departamento del tercer piso ubicado en el número 4 de la calle Escocia, al cruce con la avenida Gabriel Mancera. Pero su hijo Juan Pablo no salió.

 

Antes de la media noche del martes, aún aturdida, le acercaron una lista de fallecidos. Ninguno con la descripción de su sobrino, un joven de 19 años con el cabello pintado de rubio, delgadísimo y de menos de 1.70 de estatura, por lo que su familia se ha aferrado a que podría resguardarse en algún resquicio de la desbaratada estructura.

 

Con él, los rescatistas también dijeron haber confirmado que una joven de nombre Anayeli se encontraba con vida. Trabajaba como empleada doméstica en un departamento del quinto piso, recomendada por su padre Cirlio Juárez, conserje del edificio. A los familiares, la angustia no los abandona. Piensan en el frío, en la claustrofobia, en ruidos como tormentos que no cesan, en el olor a gas, en vidrios y escombros lacerando la piel de sus hijos, padres, hermanos, esposos… Ninguno ha desistido.

 

“Frida Sofía” y la “zona cero” del caos

(Juan Carlos Cruz Vargas, págs. 17-18)

 

Los dos días que siguieron al sismo del martes 19 los medios electrónicos, en particular Televisa, sobredimensionaron la tragedia del colegio Enrique Rébsamen, donde presuntamente estaba atrapada una menor llamada Frida Sofía. Elementos de la Secretaría de Marina acabaron admitiendo que esa niña nunca existió. La noticia encendió la inconformidad de los rescatistas y familiares de los afectados, quienes insistieron en que había más cuerpos que rescatar… El viernes 22 la Semar tuvo que rectificar y anunció que los trabajos continuarán.

 

Bajezas mediáticas

(JENARO VILLAMIL, págs. 19-21)

 

Una de las grandes diferencias entre el terremoto de 1985 y el del pasado martes 19 fue que en éste se restablecieron las comunicaciones con notable rapidez, además de que las nuevas tecnologías enlazaron a cientos de miles de ciudadanos que se volcaron a ayudar a las víctimas antes de que la autoridad respondiera a la emergencia. Sin embargo, los espacios informativos, especialmente los de televisión, volvieron a caer en los vicios de siempre: el sacrificio de la veracidad ante el rating y la falta de responsabilidad ante sus errores.

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como son las redes sociales y las apps, comenzaron a divulgar mensajes de ayuda, convocaron a los rescates en la Colonia Del Valle, en la Roma, en la Condesa, en Tlalpan. Documentaron todo y en exceso. Un millón de ciudadanos ganaron las calles para rescatar a los atrapados en alguno de los 42 edificios derrumbados ese día, recolectar ayuda, acompañar a quienes habían sido desalojados de sus casas. La sociedad civil volvió a tomar la iniciativa más rápido que las autoridades.

 

Con la sobreinformación difundida en los medios electrónicos y en las redes sociales comenzaron también los rumores: primero, versiones de nuevos sismos ese mismo día en estados del noroeste del país, como Sonora y Chihuahua; después, versiones de desabasto en los supermercados ante presuntas compras de pánico. Junto con los rumores, cientos de videos, fotografías y audios documentando el trabajo de ayuda inmediata.

 

En las pantallas de las principales cadenas de televisión el epicentro de la tragedia comenzó a concentrarse en el colegio Enrique Rébsamen, donde el mismo día del sismo fallecieron 25 personas (21 niños y cuatro adultos) al venirse abajo la pesada estructura del edificio. El espectáculo se concentró en este sitio porque, al filo del mediodía, el almirante Vergara Ibarra afirmó que había una niña con vida entre los escombros.

 

El despliegue de Televisa junto a las ruinas del colegio Enrique Rébsamen duró 16 horas ininterrumpidas, según la propia reportera Danielle Dithurbide, pero el clímax de la transmisión fue a las 22:00 horas, justo en el horario del noticiario estelar, que rompió índices de audiencia.

 

A las 15:00 horas del jueves 21 de septiembre, el subsecretario de la Marina, almirante Ángel Enrique Sarmiento, sorprendió a todos y enfureció a los directivos de Televisa al declarar que el caso de la niña Frida Sofía “no fue una realidad”. En pantalla, Carlos Loret de Mola y Denise Maerker salieron a defender la cobertura de su empresa y responsabilizaron del “error informativo” a la Secretaría de Marina ante lo que resultó una patraña.

 

En un acto insólito, a las 22:00 horas, los dos altos mandos de la Marina, el subsecretario Sarmiento y el oficial mayor Vergara, leyeron una declaración pública para pedir disculpas y decir que la farsa de la niña Frida Sofía no fue “para generar falsas expectativas”.

 

Los cimientos podridos del boom inmobiliario

(José Gil Olmos, págs. 22-24)

 

El mercado inmobiliario de la Ciudad de México es un negocio multimillonario y al parecer imparable, cuyos cimientos legales y técnicos están podridos. Organizaciones ciudadanas y de colonos han denunciado desde hace años que algunas constructoras, en complicidad con autoridades del gobierno central y las delegaciones, se saltan las medidas de seguridad, vialidad y de riesgo del subsuelo con tal de construir barato y vender caro.

 

El pasado martes 19, como hace 32 años, un sismo removió la Ciudad de México. Pero si en 1985 salieron afectadas 2 mil 850 edificios y 15 mil viviendas tuvieron que ser derrumbadas, el reciente ha dejado hasta ahora un saldo de 3 mil 848 edificios con daños estructurales, muchos de fecha reciente y cuya construcción ha sido denunciada por ilegalidades cometidas supuestamente con el aval de instancias de gobierno local como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y las jefaturas delegacionales.

 

El altruismo partidista viene con truco

(Jesusa Cervantes, págs. 25-27)

 

Arrastrados por la exigencia de la sociedad civil, que no esperó a las autoridades y se puso a escarbar entre los escombros causados por el sismo del martes 19, la autoridad electoral y los partidos políticos accedieron a destinar a las víctimas parte de los recursos públicos que perciben. Sin embargo, no dejan claro de cuánto será su aportación ni cómo la canalizarán.

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) fue categórico el jueves 14: “Si no acreditan el destino a un fin partidista… el INE los observa y sanciona”. Esa fue la respuesta inmediata de la autoridad tras el anuncio hecho por el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de “donar” 20% del dinero público que recibirá para la campaña presidencial de 2018 a los habitantes de Oaxaca, Chiapas y Tabasco damnificados por el sismo de 8.2 grados Richter el jueves 7.

 

Doce días después, el martes 19, un sismo de menor intensidad (7.1 grados) derribó casas y edificios y causó decenas de muertes en la Ciudad de México, Puebla, Morelos y algunas zonas del Estado de México.

 

De inmediato, Alfredo Aguirre, habitante de Monterrey, lanzó en la plataforma change.org la petición para que se destinen a las víctimas de los terremotos los casi siete mil millones de pesos públicos que recibirán los nueve partidos políticos nacionales (PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social) para la elección presidencial del próximo año, así como para los comicios en los que se renovarán nueve gubernaturas y el Congreso de la Unión.

 

Al segundo día, la petición era impulsada por 1.5 millones de firmas ciudadanas, apoyo que ni la Cámara de Diputados ha podido lograr en un año de discusiones en materia de recursos partidistas.

 

Incluso, el INE modificó su posición de rechazo, para ahora asegurar que busca, junto con los partidos políticos, el resquicio legal que les permita “reorientar” los recursos que reciben del Estado y que ya fueron autorizados para gastar en pancartas y otros afiches de propaganda política que siempre terminan en la basura.

 

“¿Por qué no traes comida?”

(Álvaro Delgado y Mathieu Tourliere, págs. 28-30)

 

Una de las comunidades más pobres del país, San Juan Pilcaya, en la Mixteca Poblana, usada sólo como reserva de votos a cambio de promesas de campaña, se vio sacudida el jueves 21 por una visita relámpago de las más altas autoridades federales y estatales. El presidente Peña Nieto, el gobernador Antonio Gali y miembros de sus gabinetes hicieron acto de presencia en medio de un despliegue de seguridad nunca antes visto por aquí. El acontecimiento provocó el enojo del grupo de estudiantes universitarios que llegaba con ayuda para las víctimas del terremoto y a quienes hicieron a un lado. “¿Por qué no traes comida?”, le espetó una muchacha al primer mandatario. “¡Suerte!”, le contestó él.

 

San Juan Pilcaya, Pue.- Al efecto devastador del terremoto que dejó casi sin casas ni templo a esta marginada comunidad de la Mixteca Poblana, epicentro del temblor, siguió la aparatosa y efímera presencia del poder político del país y del estado, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto.

 

El jueves 21, dos días después del sismo, el pueblo se convirtió de pronto en una zona de contrastes. Miembros del Estado Mayor Presidencial, policías federales y soldados armados tomaron el control de la población y acordonaron los espacios para trazarle a Peña la ruta del acceso, mientras decenas de funcionarios poblanos –con camisas y chalecos de sus respectivas dependencias– y coordinadores de giras de secretarías federales ocupaban el techado del lugar sin hacer gran cosa mientras llegaba el mandatario.

 

Bajo el sol abrasador, tres decenas de universitarios de la capital del estado bajaban de un camión pesadas cajas de víveres y ropa para la población damnificada. El Ejército le cerró el paso al vehículo y tuvieron que llevar la ayuda en una camioneta pick up, ante la mirada impávida de tropa y burocracia.

 

Por eso cuando el presidente de la República llegó y saludaba de mano a la población, que fue concentrada bajo un toldo de láminas, una de las estudiantes estaba molesta. Y más se enojó cuando Peña, posando para las fotografías, se dirigió a un anciano: “Nada más unas casitas que se cayeron, pero todo bien, ¿verdad?”.

 

La contratista del “Paso de la Muerte”, a cargo de la reconstrucción en Jojutla

(Jaime Luis Brito, págs. 31-34)

 

Un grupo de trabajadores de Aldesa, la compañía que erigió con graves irregularidades el Paso Exprés de Cuernavaca, llegó a Jojutla, Morelos, para sumarse a las tareas de reconstrucción luego del sismo del martes 19. Proceso entró en contacto con ellos, quienes portaban gafetes de la empresa y emprendieron de inmediato las maniobras de demolición ante la incertidumbre, angustia y desinformación de los damnificados.

 

Proceso platica con algunos de estos trabajadores, quienes piden que se reserve su identidad. Portan casco y chaleco fluorescente, así como gafetes e insignias que los identifican como empleados de la constructora.

 

Un empleado refiere que también es de Cuernavaca y que vino desde la Ciudad de México a sumarse a las labores de reconstrucción a cargo de Aldesa, contratada, dice, “por el gobierno”, aunque no aclara si se trata del federal o el estatal.

 

También en el municipio hay maquinaria pesada, con distintivos del mismo grupo constructor, que desde el jueves 21 es utilizada para demoler los restos de una decena de viviendas de la calle 20 de Noviembre, cuyos propietarios miran desolados las maniobras de limpia.

 

Narcotráfico

 

Sandoval deja Nayarit sumido en la violencia y con una megadeuda

(Jaime Luis Brito, págs. 31-34)

 

Los hechos se sucedieron vertiginosamente: el martes 19 Roberto Sandoval dejó el cargo de gobernador de Nayarit y el mismo día su sobrino –acusado de ser el operador financiero que volvió millonario a su tío– fue asesinado. A la mañana siguiente el exmandatario huyó a bordo de una avioneta. Además, a lo largo de su sexenio endeudó tanto al estado que un grupo de ciudadanos nayaritas lo denunció en julio pasado ante la PGR. Mientras tanto, el narcotráfico ya empezó a sembrar la región de cadáveres y narcomantas en las que se habla de la colusión del exgobernador con los hermanos Beltrán Leyva, quienes lo habrían llevado al poder.

 

Análisis

 

El presupuesto también se cimbrará

(Jesús Cantú, págs. 42-43)

 

La discusión del presupuesto federal para 2018 se verá afectada por tres temas que seguramente incidirán en los eventuales cambios que la Cámara de Diputados le introduzca al proyecto del Ejecutivo: el compromiso de reducir el monto de la deuda pública en relación con el PIB, la elección presidencial del 1 de julio y los estragos que causaron los dos recientes terremotos en el territorio nacional.

 

La revisión del presupuesto del próximo año ya se veía complicada por los dos primeros temas, pero los recientes desastres naturales le añadieron complejidad, dado que los daños nuevamente son considerables. Federico Doring y Jesús Zambrano, vicecoordinadores del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados, así como el diputado Vidal Llerenas, de Morena, ya expresaron que habrá que conocer la magnitud de los daños para determinar qué recursos se requieren y definir de cuáles partidas se obtendrán.

 

Hasta el momento los legisladores se han referido concretamente a los recursos necesarios para la reconstrucción, pero lo deseable es que empiecen a estudiar también las acciones preventivas que habrá que tomar para tratar de amortiguar los daños que ocasionan los cada día más frecuentes desastres naturales.

 

En lo que va de este milenio el país ha sufrido el embate de 13 fenómenos naturales que provocaron algún grado de devastación en el país; es decir que un meteoro o un sismo impactan a México cada 15 meses en promedio.

 

Simplemente, con ánimo enunciativo, el primero fue el 23 de enero de 2003, cuando el país registro un sismo de 7.6 grados Richter, con epicentro en Colima, que causó 29 muertos, 290 heridos y 30 mil damnificados. Dos años y medio después, en julio de 2005, el huracán Emily, el primero de la serie, azotó la isla de Cozumel y la península de Yucatán. En octubre de ese mismo año, Stan tocó tierra en Veracruz… y unas semanas después Wilma llegó a la costa de Quintana Roo y devastó Cancún.

 

Dos años después, en 2007, Tabasco sufrió inundaciones que dejaron a la entidad convertida prácticamente en una laguna y le provocaron incuantificables daños materiales. En abril de 2010 un sismo de 7.2 grados Richter causó la muerte de cuatro personas, más de 200 heridos y 25 mil damnificados en Baja California. Unos meses después, en agosto, la tormenta tropical Álex destruyó parte importante de la infraestructura urbana del área metropolitana de Monterrey. En marzo de 2012 un sismo de 7.4 grados Richter sacudió Guerrero y Oaxaca, cobró dos vidas y provocó cuantiosos daños materiales.

 

El 18 de abril de 2014 otro sismo de 7.4 grados Richter zarandeó nuevamente Guerrero, dejando otra vez numerosos heridos y cuantiosos daños materiales. Cinco meses después los huracanes Ingrid y Manuel tocaron costas del mismo estado y dejaron a su paso más de un millón y medio de damnificados y varios centenares de desaparecidos; sus daños todavía no han sido reparados en su totalidad (Proceso 2133). Unos días después, Odile tocó tierra en Baja California Sur, dejando a su paso nuevamente muerte y destrucción. Y este año muchos huracanes han pasado cerca del territorio nacional, pero ninguno de los más devastadores lo ha tocado.

 

Pero en apenas 12 días dos terremotos –de 8.2 y 7.1 grados Richter– sacudieron el centro y el sur del país, con saldo de centenares de muertos, miles de damnificados y cuantiosos daños en la infraestructura.

 

De acuerdo con un análisis de la periodista Amanda Ruggeri, de BBC Mundo y difundido en el portal de Animal Político, un estudio realizado en Estados Unidos demostró que por cada dólar que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias invirtió en la prevención de desastres, se ahorró 4 dólares en gastos de reparación tras el impacto de los fenómenos naturales.

 

Así que desde luego que se tiene que atender la emergencia y gastar en la reconstrucción, pero lo deseable es destinar recursos al diseño de políticas públicas de prevención de desastres ante los inevitables fenómenos naturales.

 

Es innegable que sobre todo en la Ciudad de México, a partir de la experiencia del terremoto de 1985, se generó una resiliencia que permitió sobrevivir al terremoto del pasado martes con daños menores a los que un fenómeno de esa magnitud hubiera provocado en otras circunstancias.

 

Lamentablemente también fue evidente que esta capacidad no está desarrollada en otras partes del territorio nacional ni se ha logrado para enfrentar a los huracanes que, de acuerdo con un estudio de la NASA, según la misma publicación ya comentada, “aumentan la potencia y velocidad de sus vientos y la fuerza de sus lluvias más rápido que hace 25 años”.

 

Los fenómenos naturales azotarán más frecuentemente y con mayor fuerza al país, por lo que no basta con dedicar recursos a reparar los daños; es imprescindible que se dedique un esfuerzo permanente, sistemático e integral a diseñar y aplicar políticas de prevención.

 

La amenaza de varios huracanes en los últimos días, aunque sólo uno haya llegado a costas mexicanas y con una fuerza menor a la esperada, y los dos terremotos son un llamado de atención sobre la importancia de priorizar el presupuesto para la prevención de desastres naturales.

 

Así que la discusión del proyecto de presupuesto federal de 2018 deberá conciliar dos prioridades enfrentadas: disminución de la deuda pública y aumento en el gasto de prevención de desastres naturales, cruzado por la inevitable distracción que significa la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Hoy es cuando más falta hacen los estadistas, que no vean únicamente los intereses particulares y de corto plazo, sino que privilegien el bienestar nacional en el mediano y largo plazos.

 

El presupuesto también se cimbrará

(Jesús Cantú, págs. 42-43)

 

Las reacciones de la mayor parte de los medios mexicanos en torno al sismo que cimbró a la Ciudad de México, así como a los estados de Morelos, Oaxaca y Chiapas, oscilan entre la nota efectista de casos excepcionales de heroísmo hasta el intento de vender la idea inimaginable de que la sociedad y el gobierno –juntos de la mano– han dejado todas sus pautas conductuales históricas para convertirse en una sola y solidaria voz y acción para privilegiar el bien público. Las cosas, por desgracia, no son como las pintan la mayor parte de los medios. Veamos.

 

  1. No hay duda: una porción apreciable de la sociedad ha demostrado rasgos de solidaridad –donaciones de víveres en los centros de acopio y aportes económicos depositados en cuentas bancarias para, se supone, mitigar los efectos del sismo entre los damnificados. Esta es la parte ideal de una aparente realidad holística que caracteriza a los mexicanos. Sin dejar de reconocer las iniciativas de buena voluntad, coexisten también conductas ajenas a ese espíritu de bondad comunitaria; eso hay que decirlo. Aparecidos de la nada, cientos de ciudadanos se han apersonado para decidir por sí y ante sí –además, por supuesto, de las fuerzas del orden– el destino de los víveres: rapiña hormiga, reventa, asaltos a casas habitadas y deshabitadas al calor de la ausencia de la observancia de la ley que regula estos incidentes naturales imprevistos en el tiempo y lugar, pero previstos en la normatividad y en el presupuesto de egresos. Lo anterior da lugar a una amalgama de almas dadivosas y de otras que sólo arrebatan.

 

  1. Quizá los únicos voluntarios que verdaderamente han jugado un papel reconocible son los que se concentran en la remoción de escombros. En una sociedad democrática, debe decirse, estos casos son excepcionales porque con los impuestos que pagamos se mantiene una fuerza de servidores públicos dedicados a estas tareas; ellos están debidamente capacitados y su obligación es encabezar las iniciativas que ahora están liderando los voluntarios. De la misma forma, conviene dejar en claro que año con año se incrementa la generosa bolsa de recursos públicos destinados a atender este tipo de desastres.

 

  1. Para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y para el gobierno federal estos desastres caen como un baño de agua fresca para justificar el uso de los recursos públicos destinados a tal efecto, los cuales son difíciles de escrutar; revisión que para algunos sería políticamente incorrecta porque lo importante es salvar vidas y cuidar la integridad de los damnificados. En esta lógica, lo de menos es conocer a quién, cómo, cuándo y dónde se dirigieron esos recursos que se entremezclan con las donaciones de almas buenas y todo tipo de aportaciones que también en los hechos van a una bolsa común en la cual resulta difícil hacer las distinciones necesarias.

 

  1. Las cuentas que se abrieron en bancos para hacer donativos pueden ser la mejor forma de aprovecharse de miles de incautos que, como si se tratara de un acto de fe, creen que cada peso que donen será utilizado directamente para apoyar a las personas afectadas. El problema es ese: no hay mecanismos de auditoría en tiempo real –algunos dirán que eso es lo de menos y que lo fundamental es centrarse en ayudar. Ya veremos si se hizo un uso adecuado de esos recursos o, por el contrario, se abren grandes ventanas de oportunidad para timar en nombre de las mejores causas.

 

Internacional

 

El callado regreso de los nazis

(Yetlaneci Alcaraz, págs. 50-52)

 

Según las encuestas, Angela Merkel ganará las elecciones de este domingo 24 en Alemania y se mantendrá en el poder un cuarto periodo de gobierno. Al mismo tiempo, se espera que en esta jornada electoral el partido Alternativa por Alemania –xenófobo, racista, de ultraderecha– gane algunos escaños en el Parlamento federal. Los analistas coinciden: será la primera vez en más de 70 años que los nazis regresen al Bundestag.

 

Berlín.- “Si Alternativa por Alemania llega al Parlamento federal, será la primera vez en más de 70 años que los nazis hablen en el Bundestag”, advirtió sin reparo el jueves 14 el vicecanciller y ministro alemán de Exteriores, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, en entrevista con el portal Spiegel Online.

 

Según las encuestas, la actual canciller, Angela Merkel, no sólo se reelegirá para un cuarto periodo de gobierno consecutivo este domingo 24, también el partido ultraderechista, populista, antieuro y antiinmigrante, Alternativa por Alemania (AfD) entrará por primera vez al Parlamento federal (Bundestag) con una intención del voto que podría superar 12% y que lo colocaría como la tercera fuerza política más votada del país.

 

Golpe letal a la consulta separatista

(Alejandro Gutiérrez, págs. 53-56)

 

Los recientes operativos contra el referéndum catalán previsto para el 1 de octubre, en los que hubo arrestos y el decomiso de casi 10 millones de boletas, agravaron la tensión entre el gobierno español y las autoridades separatistas. La división en la nación ibérica se profundizó a tal grado que el diario El País cargó en sus editoriales contra las autoridades independentistas y miles salieron a las calles en favor del plebiscito, retando al presidente Mariano Rajoy.

 

Madrid.– La operación de la Guardia Civil para frenar el referéndum de independencia de Cataluña se llama Anubis, el dios de la muerte del antiguo Egipto.

 

Si bien el instituto armado no explicó la razón de por qué eligió ese nombre, algunos españoles interpretaron que fue para buscar la muerte de la consulta pretendida para el 1 de octubre (1-O).

 

Pero a la luz de los últimos acontecimientos en Cataluña, una semana antes del plebiscito, es imposible saber si el referéndum alcanzará el paraíso o caerá en el infierno.

 

En principio, el pasado miércoles 20 el proceso soberanista recibió el golpe más duro, cuando la Guardia Civil realizó 40 cateos en dependencias públicas catalanas, donde detuvo a 16 personas, 14 de ellas funcionarios de alto rango de la Generalitat (el gobierno catalán), y cuyo papel era clave en la organización del referéndum.

 

Contralínea

 

83% de muertos en sismo, por corrupción

(Nancy Flores, Online)

 

Los dos factores que condenan a México a padecer letales desastres por fenómenos naturales son la corrupción y la pobreza: éstos causan el “83 por ciento de muertes en edificios colapsados en sismos”. La tercera gran falla de este país es el uso político del dinero público para rescatar y reconstruir

 

Considerados en la Agenda Nacional de Riesgos como la novena gran amenaza a la seguridad nacional, los desastres naturales encuentran un tercer factor que profundiza el perjuicio social y económico: el uso político de los fondos públicos para rescatar a las víctimas, atender la emergencia y posteriormente reconstruir las zonas afectadas.

 

Estos tres elementos marcan la incapacidad gubernamental para prevenir, enfrentar y contener las catástrofes, revelan tanto la Agenda Nacional de Riesgos como diversos análisis del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

 

Abogados y analistas consultados por Contralínea coinciden en que la mayoría de las reformas a la norma fundamental de México nada tienen que ver con el proyecto de país que los constituyentes de 1917 plasmaron luego de la lucha armada revolucionaria. Los sucesivos gobiernos, de Álvaro Obregón a Enrique Peña Nieto, han emitido 229 decretos para reformar los Artículos constitucionales 686 veces. La reforma más reciente entró en vigor hace menos de 1 semana: el 27 de enero pasado. Hoy, con un escenario internacional que cuestiona el libre mercado y la complicación de las relaciones con Estados Unidos, México no cuenta con una carta magna fuerte que proteja a sus familias.

 

Paralizado, fondo para atender a damnificados

(Nancy Flores, Online)

 

El Fonden –fideicomiso encargado de financiar la reconstrucción de daños causados por fenómenos naturales, como los sismos pasados– reacciona tarde y mal: damnificados esperan años por la ayuda o nunca la reciben. Además, el recurso público acaba siendo rehén de intereses políticos

 

Eso le ha pasado al paupérrimo pueblo indígena Me’phaa. En 2013, el huracán Ingrid y la tormenta Manuel devastaron las de por sí endebles viviendas de 16 mil familias y arrasaron con las pocas pertenencias de los habitantes de la Montaña de Guerrero.

 

El presidente Enrique Peña Nieto y el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero se comprometieron a auxiliar a las centenas de damnificados, pero eso no pasó. A 4 años de los desastres, el gobierno aún no les reconstruye sus casas, sus clínicas, escuelas y puentes, explica Martha Ramírez, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y quien ha acompañado a las familias damnificadas en el proceso de solicitud de asistencia pública. Las condiciones que enfrentan son cada vez más deprimentes, señala.

 

Siempre!

 

Frente a la desgracia, apatía y frivolidad de partidos políticos

(Sin Autor, Online)

 

Mientras los mexicanos unen fuerzas para –al igual que hace 32 años–levantar la Ciudad de México, diferentes actores políticos comienzan a dar muestras de vida con una nueva polémica: si los partidos políticos deben o no donar parte de sus recursos para ayudar a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

 

La polémica surgió desde el sismo del 7 de septiembre cuando el dirigente de Morena y aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su partido buscaba ceder el 20 por ciento de las prerrogativas; pero el Instituto Nacional Electoral rechazó la propuesta.

 

Tras el nuevo terremoto, muchos se han subido al carrusel de esta propuesta; sin embargo, para lograr hacerla realidad se requiere modificar las reglas electorales. De acuerdo a Alejandra Barrales, lideresa nacional del PRD, ante la coincidencia en el tema con el PRI, PAN y Morena dicha propuesta se podrá concretar en un mes en la Cámara de Diputados y no en el INE.

 

Peña Nieto podrá mejorar imagen

A diferencia del terremoto del 1985 en el que el presidente Miguel De la Madrid fue omiso y retraído ante la desgracia nacional, hoy el presidente Peña Nieto ha tenido una actitud contraria, que le puede beneficiar, “sobre todo en estos momentos en que la presidencia está tan desprestigiada”.

 

“Al final de cuentas y pese a lo que digan los críticos, Peña Nieto ha estado al frente de las acciones de rescate, eso no podemos escatimarlo, ni tampoco regateárselo. No sé si al PRI le vaya a beneficiar porque al final de cuentas el PRI en la Ciudad de México es cuarta fuerza y en términos electorales es muy difícil que remonte”, expresó el catedrático de la UNAM, Edgar Ortíz Arellano.

 

Explica que de una u otra manera, la imagen del Presidente y de las instituciones se podrán ver beneficiadas, además de que se podrá reivindicar y quizá cerrar su sexenio de una mejor manera, “si bien hay muchas cosas que deja pendientes para el país en muchos temas, creo que es una buena oportunidad para saldar una cuenta con la ciudadanía de la Ciudad de México y del centro del país”.

 

México tiene “burbujas de estado fallido”

(Sin Autor, Online)

 

Entrevista con Edgardo Buscaglia | Universidad de Columbia

 

Dos acontecimientos sacudieron esta semana a México, uno de estos fue el doble sismo que causó casi 300 personas muertas y otra, la declaración hecha por el jefe de gabinete del gobierno de Estados Unidos, John Kelly, quien calificó a nuestro país como un Narcoestado fallido. La declaración la hizo ante los representantes demócratas del Senado y del Congreso, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, a quienes el gobierno del magnate inmobiliario coquetea para que le aprueben el presupuesto para la construcción de muro fronterizo.

 

En una cena organizada por Kelly en el Salón Azul de la Casa Blanca con los representantes demócratas les explicó que la seguridad estadounidense está comprometida no sólo por la cuestión migratoria, sino por el deterioro de la situación política en México; la cual comparó con la crisis de Venezuela bajo el régimen de Hugo Chávez. Sin embargo, su apreciación fue aún más lejos pues destacó la influencia del narcotráfico y los grupos delincuenciales en el sistema político mexicano.

 

Para el especialista en temas de seguridad internacional por la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, la declaración hecha por Kelly pone en entredicho la legalidad del estado mexicano y dibuja un cuadro donde los grupos delincuenciales son los que determinan los intereses de partidos, las listas de candidatos y la secuencia del poder. Para el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México), Estados Unidos está haciendo un llamado a los políticos mexicanos para corregir fallas en el sistema democrático, el cual debe estar sojuzgado a instituciones firmes y auditorías cívicas que fortalezcan el mecanismo político y superen el cacicazgo y estatus feudal que caracteriza a la política mexicana, factores que han impedido que en este país anide un sistema político al nivel de las naciones de primer mundo. Esta es la entrevista que concedió a Siempre! vía telefónica.

 

Vértigo

 

MÉXICO ESTÁ DE PIE

(José Antonio Caporal, Primera Plana, Pág. 6-13)

 

Las nuevas generaciones de mexicanos conocían, por documentales y los relatos, del gran espíritu de solidaridad de los mexicanos cuando sucedió el temblor de septiembre de 1985. Hoy esa experiencia ya forma parte de su propia historia: ahora son ellas las que –igual que otras hace 32 años – salen de sus casas, empleos y centros de trabajo para ayudar a salvar vidas luego de la tragedia del pasado 19 de septiembre.

 

Son una nueva generación de mexicanos que ha aprendido a llevar a la práctica la solidaridad la hermandad  y el sacrificio  cuando se trata de ayudar a otros.

 

Además tenemos una nueva generación de gobernantes que ha preparado – y ha preparado muy bien a la sociedad – para enfrentar este tipo de desastres: lo mismo autoridades federales que locales aplicaron (igual que hace apenas unos días, tras el sismo del 7 de septiembre) con prontitud los protocolos de actuación de Protección Civil: salvar vidas primero, después alejar a la gente de las zonas de riesgo y atender las necesidades de quienes resultaron damnificados, para finalmente dar paso a las tareas de reconstrucción.

 

CDMX: GOBIERNO Y SOCIEDAD DE LA MANO

(Norberto Vazquéz, Pág. 16-19)

 

Luego de 32 años la naturaleza sacudió una vez más a la Ciudad de México causando destrucción, víctimas mortales, heridos y edificios colapsados, precisamente dos horas después de que la ciudadanía salió a las calles a realizar el ya tradicional macrosimulacro conmemorativo del terremoto de 1985, de magnitud 8.1 grados escala de Richter: como entonces, también desde el pasado 19 de septiembre la sociedad capitalina muestra la fuerza de la solidaridad y no ceja en la tara de asistir y brindar ayuda a quienes lo requieren con urgencia.

 

Hasta el cierre de esta edición miles de manos anónimas y solidarias no dejaban de apoyar al prójimo de una y mil maneras, como sinónimo de hermandad y con la determinación de mostrar  al mundo que la capital del país saldrá de nuevo adelante luego de que a las 13:14 horas del pasado 19 de septiembre se registró un sismo de 7.1 grados escala de Richter, según  el Servicio Sismológico Nacional, con epicentro en Puebla.

 

MORELOS: GRAVE DAÑO A VIVIENDAS Y PATRIMONIO CULTURAL

(Ángel Hernández, Pág. 20-24)

 

El estado de Morelos fue, la tarde del pasado 19 d septiembre, epicentro del terremoto de 7.1 grados Richter que asoló el centro del país y uno de los que más daños sufrió tanto en pérdida de vidas humanas como en deterioro de miles de casas, infraestructura de inmuebles públicos, privados y de patrimonio cultural.

 

Más de 20 mil familias resultaron afectadas de acuerdo con las primeras estimaciones en Morelos. Hasta el cierre de esta edición se tenían contabilizados 73 muertos, 292 hospitalizados – de los cuales 15 se encontraban en estado de gravedad – y se continuaban con la remoción de escombros en áreas más afectadas en Jojutla, Tepalcingo, Tlayacapan, Yecapixtla, Zacatepec,Zacualpan de Ampilas, Jonacatepec, Ocuituco, Miacatlán y Jantetelco, principalmente, aunque por la gravedad de los daños los 33 municipios de la entidad fueron declarados en estado de emergencia.

 

EN PUEBLA, “APOYO TOTAL A LOS DAMNIFICADOS”

(Ricardo Pérez Valencia, Pág. 26-30)

 

Luego del sismo de 7.1 grados que afectó a la entidad  el pasado 19 de septiembre, el gobierno estatal reportó que se registran daños en 18 municipios de la entidad, de manera principal en la capital, el área metropolitana, la ruta Izúcar-Chiautla de Tapia y Atlixco, donde se presentaron la mayor parte de los decesos, afectaciones en edificios públicos, escuelas, hospitales e iglesisas.

 

De hecho, el gobernador José Antonio Gali Fayad informó que 112 municipios fueron incluidos en la Declaratoria de Emergencia emitida por la Federación.

 

EDOMEX, PRUEBA SUPERADA

(Héctor González, Pág. 32-36)

 

La primera prueba de fuego para el recién nombrado gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, le llegó menos de una semana después de asumir el cargo y exhibió la capacidad de reacción de su gabinete: la respuesta ante los efectos del sismo del martes 19 de septiembre fue pronta y eficaz.

 

Amecameca, Ecatzingo, Malinalco, Ocuilan, Tenancingo, Tonatico y Zumpahuacán son los municipios que resultaron más afectados en la entidad. Al cierre de esta edición el número de muertos a causa del sismo sumaba 13 (seis mujeres, cinco hombres  y dos menores), además de que eran atendidas en hospitales del Instituto de Salud del Estado de México una veintena de personas, quienes permanecen en recuperación, ninguna de ellas de gravedad, aseguran las autoridades.

 

PLAN MARINA: MISIÓN RESCATE

(Ricardo Pérez Valencia, Pág. 40-41)

 

Para atender a las personas afectadas por el sismo del pasado martes 19 de septiembre la Secretaría de Marina-Armada de México activó el Plan Marina 2017, por lo que personal naval fue desplegado a los puntos donde se reportan derrumbes de edificios o casas y atender a la población que pudiera estar herida.

 

La Marina-Armada de México desplegó a 644 infantes y personal especializado en estructuras colapsadas en la Ciudad de México, en delegaciones como Tlalpan, Coyoacán y Álvaro Obregón

 

INAUGURA AUREOLES CUARTEL POLICIAL EN HUETAMO

(Martha Mejía, Pág. 45)

 

Como parte del Plan Integral para la seguridad en Michoacán el gobernador Silvano Aureoles inauguró el primer Complejo Regional Administrativo y Policial en Huetamo, mismo que vendrá a reformar las acciones de seguridad no únicamente en el municipio sino en toda esta zona de Tierra Caliente.

 

Apoyo a dreamers

(Sin Autor, Nacionales, Pág. 50)

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el consejo nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) acordaron establecer acciones para facilitar a los dreamers su inserción al sistema educativo nacional, después de la cancelación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), anunciado por el gobierno de Estados Unidos. Entre las medidas se encuentran agilizar la revalidación de estudios y títulos obtenidos en el extranjero, así como la homologación por parte de la SEP de las reglas de operación del Programa Nacional de Becas.

 

Apoyo tras sismo

(Sin Autor, Legislativas, Pág. 51)

 

Luego de guardar un minuto de silencio por la víctimas del pasado sismo de 7.1 grados la Mesa Directiva del Senado y la Junta de Coordinación Política acordaron constituir un fondo de reconstrucción de vivienda de 5 millones de pesos, que funcionará en coordinación con la banca de desarrollo. Dicho fondo se compondrá de las aportaciones voluntarias de los senadores, trabajadores y las prerrogativas de los grupos parlamentarios que así lo decidan, señalo el presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo. Asimismo, informó que se otorgará apoyo económico a los trabajadores de la cámara alta que han sido afectados por el sismo.

 

Impacto

 

UN DEMOLEDOR RECUERDO

(Roberto Cruz, Primera Plana Pág. 5-8 )

 

Le llamé maldita porque de ninguna forma podría llamarle bendita. Dos días después (bajo un esotérico rictus) prefiero nombrarla sólo demoledora. Inaudita.

 

Es la fecha que insiste en no ser olvidada: 19 de Septiembre. Ese martes, dos horas con 14 minutos fue la diferencia entre vivir un simulacro de terremoto y otro en tiempo real. No hay comparación.

 

Lo saben muy bien quienes con cualquier otro movimiento telúrico, del cualquier nivel, sienten un miedo que recorre, en segundos, 32 años de distancia. En un ir y venir pasan de 1985 (8.1 grados en la escala de Richter) a 2017 (7.1 grados), y viceversa.

 

No sólo la Marina falló; Televisa tuvo otros ‘expertos’

(Juan Bustillos, Solo para Iniciados, Pág. 1-4)

 

La historia de Frida Sofía no demerita el trabajo realizado por las diferentes instancias de gobierno, muy en especial por la Secretaría de Marina y el Ejército, y los rescatistas voluntarios, pero sí debe hacernos reflexionar sobre nuestro oficio, cuya extinción pronostican a diario las redes sociales, que, por cierto, tampoco estuvieron a la altura.

 

Durante 30 horas, varios de los periodistas más acreditados de la televisión se adueñaron, esa es la palabra, de un funcionario gubernamental en especial, convertido en corresponsal exclusivo en la zona de desastre del Colegio Enrique Rébsamen, que se dejó explotar sin medida y sin darse un respiro para reflexionar que lo suyo era dirigir las operaciones de rescate, no mantener informada segundo a segundo, y paso a paso, a la reportera que no le daba tregua.

 

Una vez descubierto que todos nos dejamos engañar, sin que sepamos ahora por quién, resulta sorprendente que cada cual pretenda sacudirse la culpa.

 

El Ejército nos auxilia y no lo auxiliamos

(José Elías Romero Apis, Sociedad y Justicia, Pág. 14-15)

 

Estamos en el mes de la patria, pero ahora no ha sido festivo, sino luctuoso. Se da en medio de un escenario que no a todos nos resulta fácil de entender y de comprender. Por eso pienso en el Ejército. Este ha sido un año difícil en torno a varias cuestiones. Las evocaciones sobre Tlatelolco y sobre la “guerra sucia” siguen al alza. Los fiscales especiales amagan al Ejército.

 

Sin embargo, el instituto armado parece solo y abandonado. Muchos políticos se deslindan. El discurso militar se mueve en un muy estrecho espacio de maniobra. Las fechas destinadas para que los civiles honremos a los militares parecieran invertirse. Hoy parecieran destinadas a que el Ejército honre al poder civil. Este año no ha sido fácil de entender ni de comprender.

 

México ha tenido la ventura de contar con un ejército incuestionable. Originado en el pueblo, e invariablemente leal a las instituciones, ha sido una reserva nacional de virtudes. Ejército formado por el pueblo que no se distingue de él y que a él está plenamente asimilado. Su perfil ha sido modelado como una síntesis de nuestra geopolítica y de nuestra historia. Nuestras vecindades, los reacomodos de la política posrevolucionaria y otros factores han determinado su profesionalismo, su clasismo, su institucionalidad, su lealtad y su patriotismo.

 

México país de héroes solidarios

(Jesús Héctor Muñoz Escobar, Desde el Congreso de la Unión, Pág. 20-21)

 

Ante la tragedia que se vive en el país por el sismo de 7.1 grados que lo azotó, el senador Ernesto Cordero aseguró que México está de pie. “Estamos seguros que, como en otros momentos de la historia, con la unidad de los mexicanos saldremos adelante. México es un país de héroes solidarios”, indicó. En su calidad de presidente de la Cámara Alta, Cordero reconoció ampliamente la solidaridad de todos los mexicanos ante el momento tan difícil que enfrentamos. “Reconocemos la participación de los diversos cuerpos de rescate, bomberos, instituciones de salud y de asistencia; fundaciones, asociaciones civiles, empresas y a la población en general por el auxilio que han dado a las víctimas de este desastre”, refirió.

 

PRI protege a Julián Nazar Morales

(Roberto Domínguez Cortés, Hojas Libres, Pág. 30-31)

 

En colaboración anterior se hizo un breve recuento de las pillerías que el profesor Julián Nazar Morales protagonizó como secretario del Campo en el estado de Chiapas.

 

De su insultante administración entre los años 2012 y 2014 se destacaron graves irregularidades protegidas y toleradas hasta la fecha y sin castigo todavía.

 

De los innumerables actos de corrupción a cargo de Nazar Morales sobresale el contubernio perpetrado con su cuñado Oliverio Palacios Herrera para condicionar la entrega de apoyos a los hombres del campo, en bastante menor cantidad a lo realmente consignado en el ejercicio presupuestal reportado.

Horizonte electoral y educación en la UAEM; Hugo Aboites*

En un momento de tensión y espera, la nación mira. Y contempla a partidos, políticos y a los núcleos de poder de la penumbra buscando recomponer el futuro del tablero del poder nacional en la víspera de una decisiva elección presidencial. Hay ansiedad y preocupación, se nota. Y se tejen y destejen alianzas, pugnas y acomodos. Más que nunca en este momento las declaraciones y los eventos ya no hablan por sí mismos, sino por su significado en el horizonte político electoral. Así que lo que ocurre contra la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), el acoso financiero y la agresión gubernamental contra todos los integrantes de una comunidad universitaria, ya fuera de toda proporción y lógica, hay que verlo en su sentido real: el posicionamiento que en el terreno de la educación superior y, lo más importante, en el horizonte electoral, hace una fuerza partidaria política sobre lo que está dispuesta a hacer con una universidad, si lo considera necesario. Plantea como método la poca habilidad y sensibilidad, el recurso a la total injerencia contra una autonomía, y esto es un mensaje muy problemático para toda la educación del país. Y precisamente en un momento de alianzas, la pregunta es si todos esos partidos y gobiernos se suman a esa política de mano de hierro. ¿La avalan silenciosamente?
Pero lo estarían haciendo en un momento muy álgido. Porque es en el campo educativo donde se han concentrado con más fuerza tanto los dolores como las resistencias del país. En ningún otro sector se han dado en los últimos años movimientos de la intensidad, amplitud y dramatismo como en la educación. Prolongadas huelgas y paros estudiantiles, precisamente en la educación superior, y una monumental resistencia magisterial, de carácter incuestionablemente nacional, organizada y propositiva, y una escéptica mirada nacional respecto de las actuales políticas educativas.
Tal vez no tenga ninguna relación (aunque en política nunca se puede descartar), pero llama la atención la fuerte relación que tienen con la educación algunos precandidatos. Así, De la Fuente es ex rector de la UNAM, y el PRI tiene en Narro a otro ex rector y, finalmente, el secretario Nuño también se propone. Esto no ocurría desde hace casi 100 años cuando Vasconcelos, quien fuera rector de la Nacional y ministro de Instrucción Pública con Obregón, se lanzó como candidato. El campo educativo, sin embargo, requiere mucho más que una pasada adscripción. Su crisis es total, se requieren cambios a fondo. Optar por la misma apuesta (precisamente la de Vasconcelos en 1921) centralizada y vertical, será una señal de que no se ha captado la gravedad de la problemática o de entrada se considera poco se puede hacer. Ambas, conclusiones muy arriesgadas.
En el terreno de la educación y la cultura se ha acumulado una enorme cantidad de energía y desencanto entre maestros, estudiantes, padres de familia, estudiantes de posgrado, científicos, artistas, e importantes sectores sociales interesados. Al mismo tiempo, hay un notorio malestar de escuelas e instituciones hacia los gobiernos. La lejanía e incomprensión que existe desde el poder acerca de la condición real que ellas viven les impide a los conductores ver las problemáticas desde la perspectiva de los que la sufren. Está en crisis, por ejemplo, el esquema de financiamiento a nivel superior (caso UAEM) que pone en manos de gobiernos de estados todos los recursos, locales y federales. Es ya intolerable que jóvenes casi niños sean sujetos a un procedimiento humana y socialmente tan agresivo, que define su futuro en razón de su clase social y su género. Y se insiste en poner en marcha una de las reformas educativas más cuestionadas por los maestros, en la historia del país.
En respuesta, es necesario a considerar la creación de un patrimonio para toda la educación que permita que, libre de la injerencia de gobiernos locales y federales, el Estado asegure que escuelas e instituciones, así como la ciencia y la cultura, puedan desarrollarse y admitir a cientos de miles de jóvenes sin la incertidumbre radical en que ahora viven. Establecer una evaluación y supervisión de pares y comunidades, claramente orientada a mejorar. Al mismo tiempo, marchar hacia la autonomía plena de escuelas e instituciones y de espacios de investigación y cultura, que hagan posible que su desarrollo de largo alcance no esté sujeto a los vaivenes de la política partidista, o determinada transexenalmente por acuerdos cupulares. Finalmente, un sistema educativo suficientemente aterrizado en las necesidades y aspiraciones de padres de familia, comunidades y regiones, como para que las incorpore como elementos fundamentales de cualquier planeación y diseño de políticas. De ahí que la autonomía también debe ser participación activa de nuevos actores.
Después de casi 100 años de educación vertical, centralizada y autoritaria es hora de un cambio decisivo. A diferencia de la propuesta surgida en los años 20 y 30, cuando el carácter progresista que le imprimió la Revolución de 1910 se ahogó durante ocho décadas de corporativismo y burocratización, se requiere un profundo cambio para una educación emancipadora, creativa, vinculada a su región y comunidad, y capaz de canalizar la enorme energía de la protesta a un dinamismo que contribuya al rescate de la nación.
PD: Bienvenida Malala, ¿podrías hablar con la Comipems?
*Rector de la UACM

Revistas de 27 de agosto del 2017

 

Proceso Gil Zuarth: el PAN, en riesgo de desangrarse

Un partido vacío de política

Contralínea Dádivas de Nuño al SNTE por 1 mil millones de pesos

La gestión de Aurelio Nuño en la SEP ha otorgado 1 mil 80 millones de pesos en dádivas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mientras que con Chuayffet los apoyos ascendieron a 595 millones. En este sexenio, el SNTE ha obtenido, además, 626 millones por cuotas sindicales

Siempre Políticos y candidatos de socavón

Como bien lo sostiene el Nobel en economía, Joseph E. Stiglitz, el reto del milenio es cerrar la gran brecha entre ricos y pobres. Pero también acercar visiones entre tecnócratas y políticos con visión social.

Vértigo Regreso a clases ordenado y en paz Aurelio Nuño Secretario de Educación

Con el apoyo de los maestros, padres y alumnos, la Reforma Educativa, una realidad

Impacto La cena de Gamboa y la pasarela de Slim

Reuniones desatan en el PRI confrontación por la sucesión presidencial

 

Proceso

 

Un partido vacío de política

(Álvaro Delgado, págs. 6-9)

 

Preocupado por la indefinición y la parálisis que advierte en su partido cuando están en puerta las elecciones federales de 2018, el senador panista Roberto Gil Zuarth –coordinador de la campaña presidencial de ese partido en 2012 y exsecretario particular de Felipe Calderón– se opone a la idea de formar un frente opositor con el PRD. El peligro, afirma, es que por tratar de ganar votos de la izquierda el PAN pierda su electorado histórico.

 

Mientras el PRI se corre más a la derecha y Andrés Manuel López Obrador capitaliza el enojo social por la corrupción, el PAN, encabezado por el presidenciable Ricardo Anaya, está paralizado, sin estrategia ante los embates políticos, alejándose de sus votantes y ansiando “cachar” los votos del perredismo en declive, con “el enorme riesgo de desangrarse” en la elección de 2018.

 

“El PAN es un partido lleno de grillas y vacío de política”, dice el senador Roberto Gil Zuarth al hacer una evaluación crítica de su partido y del proyecto de crear con el PRD un Frente Amplio Opositor que, además de que excluye a Margarita Zavala, “no está emocionando a nadie”.

 

El frente promovido por Anaya, explica, asemeja más una fórmula para que las burocracias del PAN y PRD –y quizá Movimiento Ciudadano– se repartan desde ahora candidaturas plurinominales, que una coalición ganadora.

 

En entrevista, Gil Zuarth advierte que mientras el PAN busca aliarse con el PRD, el PRI hizo una asamblea nacional para impulsar como presidenciables a los secretarios de Hacienda y de Educación, José Antonio Meade y Aurelio Nuño, para atraer al electorado del PAN que le teme a López Obrador.

 

“El PRI decidió dos cosas en su ­asamblea: ir por el PAN y conservar lo suyo. El PRI va por el PAN no solamente para robarle el electorado que quiere la modernización del país, sino que le quiere quitar las banderas con perfiles que se parecen más al PAN que los perfiles tradicionales del PRI”.

 

Su partido, alerta, hace lo contrario: “Nuestra apuesta es aventarnos a tratar de cachar a una parte del electorado de izquierda a costa de abandonar uno que puede ser mucho más sensible a las causas históricas del PAN. Esa apuesta corre el riesgo de que, por cachar votos de izquierda, se deje descubierto el electorado tradicional y que el PRI, echado hacia el PAN, nos lo quite”.

 

La apuesta del PRI está muy clara, dice: “Representar el futuro ante el pasado que es Andrés Manuel. ¿Y el PAN? Pregúntenle (…) El PAN corre el enorme riesgo de desangrarse y ese riesgo, más que una escisión de una parte del PAN, es que no lleguen los electores al PAN”.

 

Y en este contexto se produce el embate contra Anaya, quien asegura que el supuesto enriquecimiento de su familia política, publicado por El Universal el miércoles 23, obedece a una “infamia” en su contra del PRI y del gobierno de Enrique Peña Nieto. “El 2018 ya comenzó”, lo ubica Gil Zuarth.

 

“Son filtraciones para debilitar la imagen pública del PAN y su dirigente. Ricardo ha hecho bien en dar la cara y anunciar que va a emprender acciones legales”, dice el senador, quien se solidarizó con él, vía Twitter, el mismo día: “Unidad y confianza de los panistas en torno a Ricardo Anaya frente a todo intento de desprestigio”.

 

Para el legislador, quien fue secretario particular de Felipe Calderón en la Presidencia, esto es parte de la estrategia del PRI-gobierno para eliminar desde ahora a su partido de la contienda presidencial: “Hay la intención de jugar la semifinal con el PAN para luego ir contra López Obrador”, subraya.

 

Frentistas, aplaudidores de Peña

En la entrevista Gil Zuarth analiza el papel del PAN en el Frente Amplio Opositor, del que se declara “desilusionado”, y recuerda que los promotores de éste, como Anaya y su antecesor, Gustavo Madero, así como los perredistas Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo y Alejandra Barrales fueron los más entusiastas impulsores del Pacto por México que le aprobaron a Peña Nieto todas sus reformas a cambio de nada.

 

“Debe haber autocrítica: ¿Se equivocaron, y hasta dónde, o no se equivocaron en la estrategia de los cheques en blanco al gobierno del Pacto por México?”, pregunta Gil Zuarth. Y responde: “El ganador fue el gobierno y nada de la agenda de la parte opositora está lograda. Al contrario, hay retrocesos avalados por la propia oposición”.

 

Frentes locales ahora

Gil Zuarth alude a las reuniones entre promotores del frente PAN-PRD y pregunta por qué esperan hasta 2018 para armar estrategias comunes a fin de diseñar, por ejemplo, políticas públicas en beneficio de la población de los 16 estados que ambos partidos gobiernan.

 

Propone que PAN y PRD integren desde ahora un “frente legislativo” con el objetivo de debatir y reorientar el paquete económico para 2018, cuya discusión empezará el 8 de septiembre y que es para el año electoral.

 

Según él, “el frente está cometiendo el mismo error de Vicente Fox: decir que los demócratas están de un lado y los reaccionarios autoritarios están del otro, los que no coinciden conmigo, el PRI y Andrés Manuel, y nosotros con voluntarismo mágico vamos a cambiarlo todo, solamente con que nos den las llaves de Los Pinos”.

 

Añade: “Pero ya tuvimos las llaves de Los Pinos y no hicimos lo que teníamos que hacer. Hicimos muchas cosas, pero no hemos logrado profundizar el cambio político en el país. Sin proyecto no basta con tener la intención de cambio político y si no se discuten los problemas de México difícilmente vamos a poder afrontarlos”.

 

Margarita, excluida

Aspirante a la presidencia del PAN en 2010, cuando fue vencido por Gustavo Madero, Gil Zuarth retoma su oferta política de entonces que no concitó el apoyo de los consejeros panistas (“apostar por nosotros mismos”) para plantear que el PAN no debe depender de aliados.

 

No sólo eso: en el frente PAN-PRD se ha excluido a Margarita Zavala y a Rafael Moreno Valle, sobre todo a la primera, y los promotores del frente deben decir si tienen ya candidatura presidencial predeterminada o si no se admiten más opciones.

 

Gil Zuarth advierte que si el PAN no llega fuerte por sí mismo en 2018 –aliado o no con el PRD– “puede ser una mala jornada” no solamente por la Presidencia, sino por todas las posiciones estatales.

 

En la jornada electoral del 1 de julio de 2018 estarán en disputa 3 mil 327 cargos electivos y en las elecciones concurrentes, explica, la elección mayor jala a la menor.

 

“Y los partidos que quieren conformar el frente deben tener muy claro que, por un error, el PRI o Andrés Manuel se pueden llevar mucho más que la Presidencia de la República, que puede provocar ganancias en cascada para esa fuerza política en lo local: gubernaturas, ayuntamientos, diputaciones. Sería una suerte de efecto Fox. Ese es un escenario probable.”

 

Fox le cobra réditos a Peña Nieto

(Raúl Olmos págs. 10- 15)

 

El apoyo del expresidente Vicente Fox a la reforma energética de Peña Nieto no sólo tuvo motivaciones políticas: en el actual sexenio es socio y cabildero de empresas petroleras que aprovechan la apertura del lucrativo sector. Pero la transformación del panista en negociante no fue repentina. En su libro Fox. Negocios a la sombra del poder, que el sello Grijalbo pone por estos días en circulación, el periodista Raúl Olmos detalla la forma como el guanajuatense ha utilizado y sigue usando la estructura del poder para acrecentar su fortuna y la de sus familiares. Proceso adelanta fragmentos del capítulo titulado “Fox se transforma en petrolero”.

 

El mediodía del miércoles 3 de febrero de 2016 Vicente Fox se presentó en el piso 11 del edificio ubicado en el cruce de avenida Patriotismo y Tintoretto, en la Ciudad de México, con su nueva personalidad de petrolero. Aquel día Fox acudió a la sede de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como representante y socio de la empresa EIM Capital, la cual, en alianza con tres compañías petroleras de Estados Unidos, busca oportunidades de negocios, aprovechando la reforma energética.

 

En la reunión, Fox puso una propuesta sobre la mesa: acelerar la ronda uno (el primer paquete de posibles contratos sobre la reforma energética) con el fin de incluir la explotación de recursos no convencionales, como el llamado shale gas.

 

Aquella reunión duró aproximadamente una hora, aunque ya desde meses antes Fox había iniciado su labor de cabildero petrolero ante las autoridades federales.

 

Reforma a cambio de apoyo político

Desde que Vicente Fox era presidente intentó sin éxito concretar la reforma energética. Por eso cuando en abril de 2012 Enrique Peña Nieto se comprometió a impulsar la apertura de capital privado, Fox se sumó como aplaudidor de primera fila del entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República. De hecho, el panista condicionó su alianza con el priista a cambio de la reforma, la cual le abrió oportunidades de negocios, en particular en la explotación de hidrocarburos.

 

(…) Tanto interés por la reforma ocultaba un negocio del ex presidente. En junio de 2015 Fox se incorporó formalmente como accionista de EIM Capital –hasta entonces sólo había sido consejero y promotor de la empresa–, y su activismo a favor de las bondades de la apertura de capital privado en el sector energético se intensificó, además de refrendar su alianza con Peña Nieto.

 

Acciones regaladas al expresidente

 

Aunque desde 2013 Vicente Fox había venido impulsando su fondo de inversión petrolero, fue hasta el 14 de mayo de 2014 cuando EIM Capital se formalizó en la Ciudad de México.

 

La comisión

En entrevista, Vicente Fox reconoció que las acciones de EIM Capital las recibió como un obsequio por sus servicios, y que además negoció una comisión de 6% por cada proyecto que concrete la empresa petrolera. Según el expresidente, ya están “apalabradas” inversiones por 3 mil 500 millones de dólares, las cuales, en caso de concretarse, se traducirían en una comisión de 210 millones de dólares. No obstante, esos capitales están frenados debido a la crisis internacional por los bajos precios del petróleo.

 

Crea filial en el paraíso fiscal de Estados Unidos

En una pequeña finca de un pueblo de apenas 32 mil habitantes se creó el 4 de junio de 2015 la filial estadunidense de la compañía petrolera en la que participa Vicente Fox. EIM Capital USA, LLC es el nombre de la empresa, la cual fue constituida en una apartada bodega de Newark, en el diminuto estado de Delaware, en donde está la oficina de Legalinc Corporate Services,­ Inc., un despacho dedicado a atender a furtivos inversionistas que buscan ocultar su identidad.

 

Alianzas en el extranjero

Para tratar de concretar sus proyectos en el sector energético, Vicente Fox ha tejido alianzas con poderosos e influyentes personajes de la industria petrolera de Estados Unidos, a quienes ha integrado como socios o consejeros de la gestora de inversiones EIM Capital.

 

Quizá la alianza más importante la había concretado el 1 de septiembre de 2015, cuando el fondo de capital que impulsa Fox se asoció con American Energy Partners, una firma con sede en Oklahoma, que en aquellos días dirigía el polémico petrolero Aubrey McClendon. Cuando decidió asociarse con Fox, McClendon veía en México una gran oportunidad de negocios de mediano y de largo plazos.

 

Sin embargo, justo medio año después de que Fox y McClendon acordaron establecer una alianza de negocios, un suceso inesperado tambaleó el acuerdo. El martes 1 de marzo de 2016 Fox y su socio Francisco de la Concha Hamdan habían sido citados en el exclusivo Club Beacon, en el piso 24 de una torre en Oklahoma, para sellar la alianza que su fondo de inversión EIM Capital había acordado seis meses antes con McClendon. Aquel mismo día, el petrolero estadunidense fue acusado por el Departamento de Justicia de haber orquestado una conspiración entre 2007 y 2012 para manipular el precio de los contratos de petróleo y gas cuando estaba al frente de la compañía Chesapeake Energy, de la que fue fundador. En caso de ser declarado culpable, pasaría 10 años en prisión. McClendon nunca llegó a la cita que tenía con Fox, y al día siguiente, la mañana del miércoles 2 de marzo, fue encontrado muerto en su camioneta Tahoe.

 

El fatal accidente ocurrido en Oklahoma, junto con el desplome en los precios del petróleo, frenaron la inversión que American Energy Partners había comprometido con el fondo de capital EIM para explorar hidrocarburos no convencionales en México. Tras el inesperado fallecimiento de McClendon, sus socios y su familia decidieron cerrar la compañía petrolera. Fox ahora apuesta a sus otros socios estadunidenses para seguir adelante con sus aspiraciones de convertirse en empresario petrolero.

 

Y se promueve desde su “San Cristobal Center”

(Verónica Espinosa, págs. 12-13)

 

Guanajuato, Gto.- Con patrocinios gubernamentales y privados, el complejo “San Cristobal Center” albergará a principios de octubre uno de los acontecimientos del mayor interés para el expresidente Vicente Fox Quesada: el Cuarto Foro de Negocios Citek, “En la era de la incertidumbre el reto es la reinvención”.

 

Al foro Citek, Fox planea traer a la plana mayor del gabinete federal en materias económica y de política internacional, para hablar del momento crucial en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del sector energético mexicano y –una de sus obsesiones– de Venezuela.

 

El programa prevé un foro y conferencias con los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; de Economía, Ildefonso Guajardo; y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Incluso anuncia ya al presidente Enrique Peña Nieto para la inauguración, el 3 de octubre.

 

En otro foro de la agenda participarán expresidentes de América Latina. Fox, por supuesto, estará en la mesa junto a los exmandatarios Jorge Quiroga, de Bolivia; Laura Chinchilla, de Costa Rica; y Luis Alberto Lacalle, de Uruguay, quienes hablarán sobre la respuesta latinoamericana a los cambios del futuro.

 

El 4 de octubre (el foro durará dos días) se tiene prevista la participación del exsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, cuya conferencia se enfocará en la seguridad nacional en la era digital. El periodista estadunidense Thomas Friedman, ganador del Premio Pulitzer, será quien inicie el programa de conferencias del foro, en el que participarán ejecutivos de varias empresas, como Astra-Zéneca, UST Global y Mercer –algunas de ellas, patrocinadoras.

 

Encubren a las asesinas de mi hermano, acusa Gertz Manero

(Jorge Carrasco Araizaga, págs. 16-18)

 

Alejandro Gertz Manero narra a este semanario la odisea en la que se embarcó para exigir justicia por la muerte de su hermano. El exsecretario federal de Seguridad Pública acusa directamente a Laura Morán Servín y a sus hijas Alejandra Guadalupe y Laura Cuevas Morán (esta última, suegra de Alfredo del Mazo) de haber asesinado a Federico Gertz. Y va más allá: habla de un manto de protección para no castigar a las culpables y para que el caso no sonara y afectara la campaña del ahora gobernador electo del Estado de México.

 

Con la ayuda manifiesta del gobierno de la Ciudad de México y la mano de la Presidencia de la República, el gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, se libró durante la campaña electoral de un escándalo judicial que involucra a su suegra, Laura Cuevas Morán, acusada de haber propiciado la muerte Federico Gertz Manero, señala su hermano Alejandro.

 

La preocupación en el PRI y en Los Pinos era que durante la contienda electoral saliera a la luz ese caso, que lleva dos años en tribunales y que ahora tiene bajo presión a la justicia federal, afirma.

 

Esta semana, un tribunal colegiado de la capital del país deberá pronunciarse sobre un amparo interpuesto por Alejandro Gertz Manero, exsecretario de Seguridad Pública federal y actual rector de la Universidad de las Américas Ciudad de México.

 

Lo que pasó con el abogado y contador público de 82 años fue esclarecido desde un primer momento por el Ministerio Público, los médicos legistas y los especialistas del hospital que lo atendieron durante el mes previo a su fallecimiento: abandono que le provocó daños irreparables a la salud y prescripción de medicamentos que le hicieron perder la razón.

 

Durante 40 años Federico Gertz Manero fue concubino de Laura Morán Servín, madre de Laura y Alejandra Guadalupe Cuevas Morán. Las tres fueron denunciadas por el exfuncionario y exdiputado federal como probables responsables de la muerte de su hermano y de haber dispuesto de millones de pesos del fallecido.

 

Laura Cuevas Morán, madre de Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador electo del Estado de México, nunca se presentó a declarar ante el Ministerio Público, a pesar de que había sido citada para hacerlo el 14 de septiembre de 2015.

 

Antecedentes

“Lo que se buscaba era proteger al señor que quería ser gobernador y que no quería un escándalo a ningún precio en una situación de esta naturaleza”, asegura Alejandro Gertz Manero en entrevista el viernes 25 en sus oficinas de la Universidad de las Américas.

 

Tratado en el Ministerio Público de la Ciudad de México como cualquier persona, y con la consigna de que su demanda no prosperaría, como se desprende de su relato, el exjefe de la policía de la capital del país y primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, dice que cuando se trata de defender los intereses de quienes están en el poder, “todo está al servicio de ellos y no les importa nada”.

 

Gertz Manero no duda en que lo que pasaba con su hermano fuera conocido por la esposa de Alfredo del Mazo, Fernanda Castillo Cuevas, hija y nieta de dos de las probables responsables.

 

No es la primera vez que la familia política del gobernador electo del Edomex está en tribunales. Su suegra, Laura Cuevas Morán, incluso salió del país cuando fue encontrada responsable de fraude por 4 millones de dólares contra su entonces esposo, un estadunidense, según relató en 2007 Javier González del Villar, excandidato perredista a la delegación Miguel Hidalgo.

 

“Hay una fuerza poderosa que está detrás de todo esto”, asegura Alejandro Gertz Manero en la entrevista. “¿Quién tiene la capacidad de ordenar que la Procuraduría de la Ciudad de México advierta que nunca va a consignar a nadie en ese asunto y tenga el aval de una juez federal y de un magistrado de un tribunal colegiado?”, se pregunta.

 

Menciona entonces al exconsejero jurídico del Presidente de la República, Humberto Castillejos Cervantes, cuya renuncia se interpretó como su aspiración a convertirse en ministro de la Suprema Corte.

 

De acuerdo con Gertz Manero, el propio exprocurador general de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos, y el subprocurador Óscar Montes de Oca advirtieron que nunca consignarían el caso, rechazando la intervención de la Barra Mexicana de Abogados.

 

Abandono

En la entrevista, el rector de la Universidad de las Américas Ciudad de México cuenta que el 24 de agosto de 2015 llegó a la casa de su hermano, en las Lomas de Chapultepec, llamado por la propia Laura Morán Servín. “Me dijo que estaba en agonía y que ya le iban a dar los santos óleos”.

 

Cuando llegué, lo que me llamó la atención fue que Morán Servín y sus hijas estaban con otras personas en el jardín. Alejandra Guadalupe Cuevas, hija de la concubina de Federico Gertz, se presentó a la familia de éste como tanatóloga y sugirió que lo mejor era dejar que muriera.

 

El rector cuenta que encontró a su hermano en “estado de inconsciencia, abandono y agonía”, con unos 30 kilos de menos, por lo que llamó a sus propios médicos, quienes dieron constancia de la condición del enfermo. “Al ver que Federico estaba siendo víctima de un presunto delito de abandono con intenciones homicidas, llamé al Ministerio Público de la delegación Miguel Hidalgo, quien acudió a dar fe del estado de abandono, inconsciencia, enfermedad grave y agonía en que se encontraba”.

 

El agente ministerial apercibió a Morán Servín de que no tocara los bienes de su concubino, lo que implicaba, entre otros, sus cuentas bancarias en México y Estados Unidos.

 

A su vez, el perito médico de la fiscalía descentralizada en Miguel Hidalgo ordenó el traslado del enfermo a un hospital. Fue ingresado al hospital Inglés ABC, de Tacubaya, cuyos médicos, en un dictamen de más de 400 páginas, determinaron grave deterioro físico por abandono.

 

Los médicos comprobaron que llegó en completo estado de abandono, desnutrición, inconsciencia y hasta resto de anfetaminas en su orina. Federico Gertz Manero falleció un mes después, el 27 de septiembre de 2015, de un paro cardiaco provocado por una crisis masiva generada principalmente por la infección de una escara profunda que le recorría desde la nuca hasta la espalda baja.

 

Lozoya omitió declarar sus inversiones en Luxemburgo

(Mathieu Tourliere, págs. 19-21)

 

Documentos consultados por Proceso en el Registro Público del Comercio y de las Sociedades del Gran Ducado de Luxemburgo revelan que, contrario a lo que sostiene, Emilio Lozoya Austin sí realizó transacciones en una sociedad radicada en ese país, que invierte en el sector financiero alemán y se dedica a la compra, reestructuración y venta de pequeñas y medianas empresas. Según la documentación, lo hizo cuando ya era director de Pemex, pero no incluyó ese dato en sus declaraciones patrimoniales. Esa omisión se suma a los presuntos sobornos que habría recibido cuando fue director de la petrolera, y a las menciones de su nombre en los Panama Papers.

 

Cuando Emilio Ricardo Lozoya Austin estuvo al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó operaciones millonarias en una sociedad radicada en Luxemburgo que cambió de razón social tres veces. Por medio de apoderados legales y a espaldas de la sociedad mexicana, el entonces funcionario de la administración peñanietista omitió reportar estas transacciones en sus declaraciones patrimoniales.

 

Declaraciones incompletas

 

Altos ejecutivos de la empresa constructora Odebrecht declararon ante la justicia de Brasil que Lozoya presuntamente recibió sobornos por 10 millones de dólares a cambio de contratos de obra pública, como lo reveló la organización periodística Quinto Elemento Lab en las páginas de este semanario (Proceso 2128).

 

Los directivos de la empresa aseveraron que el dinero fue transferido a cuentas bancarias de Lozoya en Suiza, Liechtenstein y Mónaco a través de sociedades creadas en jurisdicciones offshore; primero cuando Lozoya era coordinador de asuntos internacionales durante la campaña de Enrique Peña Nieto, y posteriormente como director general de Pemex.

 

La semana pasada, Proceso reveló que el exfuncionario estaba familiarizado con los mecanismos de secrecía inherentes al sistema offshore previo a incorporarse al equipo de campaña de Peña Nieto.

 

El 1 de diciembre de 2012, primer día de la presidencia de Peña Nieto, Lozoya fue nombrado director general de Pemex. Tres meses antes había presentado su renuncia al consejo de administración de OHL, la firma de origen español involucrada en escándalos de corrupción en España y México.

 

La colisión automotriz

(Carlos Acosta Córdova, págs. 22-25)

 

La administración de Donald Trump desarrolla una estrategia paralela a la renegociación del TLCAN, que consiste en presionar con distintas medidas al gobierno mexicano para debilitar sus posiciones. Sin embargo, sus propósitos de modificar el tratado no han cambiado: no sólo tratarán de establecer su propia regla de origen en la industria automotriz, sino que insistirán en la homologación de salarios, temas en que los equipos negociadores han adoptado posiciones supuestamente inamovibles.

 

Con los peores augurios se iniciará, este 1 de septiembre en la Ciudad de México, la segunda ronda de negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que culminará el día 5.

 

Más allá del vociferante discurso de Trump y sus amagos, lo que está enrareciendo más el entorno para el reinicio de las pláticas entre los negociadores de los tres países, son las acciones de presión, el juego rudo y los golpes soterrados contra México que está empleando el gobierno de Trump para tratar de debilitar la postura negociadora de nuestro país. Hasta ahora van tres golpes bajos y ruines del gobierno estadunidense para dañar la imagen internacional de México.

 

El primero fue el miércoles 9, cuando, sin una investigación concluyente, el Departamento del Tesoro dio a conocer que, en una lista de 21 mexicanos, dos personajes famosos y muy populares del país –el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julio César Álvarez Montelongo, Julión Álvarez– estaban involucrados en actividades de lavado de dinero y de narcotráfico, pues los acusa de ser prestanombres del capo Raúl Flores Hernández, quien según el Departamento del Tesoro opera de manera independiente desde los ochenta pero mantiene “alianzas estratégicas” con los líderes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

 

La intención de hacer daño al país y al gobierno mexicano quedó en claro, pues las revelaciones del Departamento del Tesoro fueron un día después de una visita del presidente Peña Nieto a Chiapas, de la cual se difundió una gran cantidad de fotografías y videos del mandatario, acompañado del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco y… de Julión Álvarez, en franca y divertida convivencia.

 

El segundo agravio vino el martes 22. El gobierno de Trump lanzó una nueva alerta a sus ciudadanos para que restrinjan sus viajes a ciertas ciudades y entidades del país o de plano los eviten, por los altos índices de violencia provocados por el crimen organizado.

 

La advertencia del gobierno de Trump añade que “los ciudadanos de Estados Unidos deben usar carreteras de cuota cuando les sea posible y en áreas remotas la cobertura telefónica es limitada o no existe”.

 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, no dudó en señalar que Estados Unidos esté utilizando este tipo de alertas para presionar a México durante las negociaciones del TLC. Públicamente, el secretario manifestó su preocupación, pues 60% de los viajeros internacionales que ingresan al país por avión son de Estados Unidos.

 

El tercer golpe bajo fue el miércoles 23. Estados Unidos le canceló la visa al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien ya tenía reservaciones de hotel para él y quienes lo acompañarían a la Feria del Caballo Español en Los Ángeles, del 15 al 17 de septiembre.

 

Déficit y competitividad

En ese entorno se iniciarán las pláticas de la segunda ronda de negociaciones el viernes próximo. Pero el asunto se agrava porque los negociadores estadunidenses, encabezados por el representante comercial de ese país, Robert E. Lighthizer, vienen con todo para sacar adelante los caprichos de su presidente y sus obsesiones, ya patológicas, contra México, al que acusa de abusivo y de robarle millones de empleos a su país.

 

Desde la primera ronda, en Washington, los estadunidenses dejaron claro que su principal objetivo es abatir el déficit comercial que tiene Estados Unidos en su comercio con México, que supera los 63 mil millones de dólares. Y la mayor parte de ese déficit viene de la ahora poderosa industria automotriz instalada en México, que ha multiplicado por poco más de 3.5 sus exportaciones desde 1994, año de inicio del TLCAN.

 

Para ello está proponiendo cambiar las llamadas “reglas de origen”, que determinan el porcentaje de contenido local y regional de los bienes producidos por los tres países.

 

La guerra por los salarios

 

Los negociadores de Estados Unidos se van a ir en contra de la industria automotriz en México por la vía de cambios en las reglas de origen –que los negociadores mexicanos han dicho que no moverán un ápice–, pero también por los salarios, que en México son abismalmente bajos en comparación de los de sus socios comerciales.

 

Petroleras extranjeras se adueñan del Golfo de México

(Jenaro Villamil, págs. 29-31)

 

Con sus licitaciones energéticas, la administración de Peña Nieto está privatizando recursos naturales, rutas marítimas, litorales y puertos del Golfo de México, donde las trasnacionales petroleras más poderosas del mundo realizan actividades de exploración y explotación. En entrevista, la senadora perredista Dolores Padierna advierte que esta cesión de soberanía se agravará con las presiones del gobierno de Estados Unidos en la renegociación del TLCAN.

 

Desde finales de 2014 hasta 2018, la administración de Enrique Peña Nieto habrá concesionado la cuarta parte del Golfo de México (alrededor de 200 mil kilómetros cuadrados) a 31 empresas petroleras extranjeras mediante siete licitaciones, cuatro de ellas dedicadas específicamente a este territorio, y otras rondas nuevas que se realizarán en octubre de 2017 y enero del próximo año.

 

Así lo revela un estudio elaborado por la senadora Dolores Padierna, coordinadora del PRD en la cámara alta.

 

La cesión de soberanía será peor con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que “el gobierno mexicano ha hecho suya la propuesta del gobierno de Estados Unidos” en esta materia, que incluye preservar y fortalecer las inversiones, la posibilidad de bursatilizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, “establecer reglas que reduzcan o eliminen obstáculos a la inversión de Estados Unidos”, “obtener compromisos que faciliten el acceso al mercado y promuevan una mayor compatibilidad entre las regulaciones” de los tres países integrantes del TLCAN.

 

A partir de los documentos que ha obtenido de la renegociación que se inició este mes, Padierna, integrante de la comisión del Senado que acudió a ­Washington, advierte en entrevista que Estados Unidos “exige disciplinar a las empresas públicas, en clara alusión a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, las empresas más visibles en América del Norte y prácticamente las únicas en la región. El gobierno mexicano responde diciendo que la prioridad es ‘consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado que le permitan cooperación comercial’. ¿Qué entiende la administración peñista por esto? ¿Pretende acaso impulsar un cambio constitucional?”.

 

Otro de los puntos que están en la mesa de negociación es el reclamo del gobierno de Donald Trump para que las empresas públicas puedan tener una participación accionaria incluyendo situaciones en las que el control se ejerza a través de participación minoritaria.

 

“Es claro que este gobierno de Peña Nieto no tiene el mandato original de negociar un tratado de la importancia de éste y menos con asuntos tan sensibles para el futuro del país, como la soberanía energética”, comenta.

 

Golfo de México para extranjeros

El estudio de la senadora Padierna, La privatización del Golfo de México, menciona las cuatro licitaciones realizadas en esta zona, que suman un total de 23 bloques (25 mil 518 kilómetros cuadrados) entregados a 31 empresas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Rusia, China, Australia, Colombia y Argentina. Las dos únicas mexicanas son Pemex y Petrobal, del magnate minero Alberto Bailleres.

 

México y Estados Unidos comparten el Golfo de México, pero el estudio advierte que “las asimetrías tecnológicas, económicas y militares le permiten a la gran potencia imponer su ley… Alrededor de cada plataforma hay una zona de exclusión y la Armada vigila que nadie pase, con excepción de los operadores petroleros. La entrega del petróleo conlleva la militarización del Golfo de México”.

 

Empresas energéticas en el TLCAN

En la renegociación del TLCAN participan los integrantes del Consejo de Negocios de Energía de México-Estados Unidos, organismo creado a finales de 2015 que incluye a 10 miembros del sector privado de cada país y a los responsables de las secretarías de Economía y de Energía de México y Estados Unidos.

 

En su última reunión acordaron, en materia de petróleo y gas, “la armonización de sistemas de respuesta de emergencia en el Golfo de México y la armonización de los marcos regulatorios en ­forma integral”.

 

En materia de electricidad determinaron asimismo “la armonización del marco regulatorio, las bases para la interconexión e intercambio de datos e ­información y las bases para el desarrollo de la eficiencia energética regional”.

 

Y en el rubro de capital humano convinieron “el desarrollo de programas transfronterizos de mano de obra calificada, el desarrollo de procedimientos simplificados para el acceso al programa de visas del TLCAN para profesionales especializados en materia energética y buscar la solución del requerimiento sin precedentes de mano de obra calificada técnica” en la industria energética.

 

Escudo Centro, la estrategia que Mancera descartó

(Patricia Dávila, págs. 36-38)

 

Fue creada para proteger a la Ciudad de México –sede de los poderes federales– y mantenerla libre del accionar del crimen organizado. Se llamaba Escudo Centro y funcionaría con la colaboración de las fuerzas policiales de las entidades vecinas. Sin embargo, la ola de violencia criminal que afecta a la capital –desde la desa­tada por cárteles, como los de Tláhuac o Tepito, hasta los asaltos a mano armada en cafeterías, centros comerciales e incluso un cine, como ejemplos más recientes– es prueba fehaciente de que esa estrategia ya no existe.

 

Escudo Centro, la estrategia de seguridad creada en 2013 con el propósito de formar un cerco en torno de la Ciudad de México para protegerla del crimen organizado –para lo cual habría coordinación con seis gobiernos estatales y la Procuraduría General de la República (PGR)–, fue abandonada por su promotor, Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno capitalino.

 

El resultado es que los grupos criminales ya operan a sus anchas en la Ciudad de México, lo que se manifiesta ahora en frecuentes robos a mano armada en plazas comerciales y centros de reunión y de espectáculos, como ocurrió el pasado lunes 21 en la cafetería Galatea, el martes 22 en el Cine Tonalá o semanas antes en una joyería de Pabellón Cuauhtémoc.

 

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la ONG Semáforo Delictivo, de los ocho delitos con mayor incidencia en el país, seis –homicidio, secuestro, lesiones y robo a vehículo, a casa y a negocio– crecieron de manera alarmante en la Ciudad de México durante el gobierno de Mancera y se ubicaron arriba de la media nacional.

 

En cuatro años Mancera no convocó a los seis estados que invitó para que formaran el Escudo Centro –Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Querétaro y Puebla–, entidades de las cuales supuestamente también se erradicarían delitos de alto impacto, como el robo de vehículos, la trata de personas, el narcomenudeo, los secuestros y las extorsiones.

 

Consultado por Proceso, el fiscal general de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, único de los fiscales y procuradores de las siete entidades que estuvo presente en la puesta en marcha de Escudo Centro, se concreta a señalar que “hace tiempo que ese programa no está en activo”. Lo mismo dijo el fiscal queretano, Alejandro Echeverría Cornejo, quien tiene 14 meses en el cargo.

 

A cuatro años de la puesta en marcha de Escudo Centro, los estados del centro del país y la Ciudad de México están sumidos en una ola de violencia que crece con rapidez y los ubica con focos rojos en los semáforos delictivos.

 

Blindaje céntrico

El 3 de abril de 2013, en sesión extraordinaria, los procuradores de la zona central del país suscribieron los acuerdos para la creación y operación del programa Escudo Centro, que debía funcionar de acuerdo con cinco ejes estratégicos para combatir a la delincuencia: intercambio de información, homologación de programas de capacitación, intercambio de experiencias de éxito, prevención del delito y realización de operativos conjuntos.

 

La procuraduría capitalina se encargaría de concentrar los reportes de esa nueva herramienta, que serviría para intercambiar informes y diseñar operaciones de precisión en el combate al narcomenudeo, secuestro, trata de personas y robo de vehículos, principalmente.

 

En junio de 2013, Ríos Garza advirtió que no se permitiría el asentamiento del crimen organizado en la Ciudad de México y que el objetivo era “blindar” la región centro ante ese fenómeno. Añadió que habría coordinación y acciones conjuntas con la PGR y la Policía Federal.

 

Sin embargo, desde 2011 –con Mancera aún como procurador capitalino– la Policía Federal ya reportaba que en la Ciudad de México operaban los cárteles de Sinaloa, de los Beltrán Leyva, de Juárez, Los Zetas, la Familia Michoacana e incluso una célula de la Mara Salvatrucha, así como organizaciones locales.

 

El 3 de abril de 2013, Mariana Benítez Tiburcio, entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, ya había exhortado a las procuradurías de la República y estatales a aumentar su coordinación para hacer frente a la delincuencia en el centro del país.

 

Y en mayo de 2013 Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseguraba que los delitos en la zona centro del país, incluidos los cometidos por organizaciones criminales, ya iban a la baja.

 

No se volvió a tener noticia del Escudo Centro hasta julio de 2015, luego de la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Ríos Garza dio a conocer que desde la madrugada de ese día, 11 de julio, se había aplicado el Escudo Centro en los accesos y salidas de las carreteras colindantes con el Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo; sin embargo, contrario al espíritu de la estrategia de seguridad, el entonces procurador capitalino nunca se coordinó con los gobiernos de estos estados.

 

Efecto en la capital

El 20 de julio de 2015, en la Ciudad de México y gracias a una denuncia ciudadana, se desmanteló una bodega utilizada como narcolaboratorio en la Colonia Granjas Coapa.

 

Ese día, policías de investigación de la Procuraduría local, apoyados por marinos, desmantelaron la bodega y detuvieron a Víctor Manuel González Cruz, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en la capital del país.

 

Pero más recientemente han tenido un crecimiento desmesurado otras organizaciones delictivas, como la ya veterana Unión Tepito, asentada en las delegaciones del norte de la ciudad y responsable de las continuas balaceras, sobre todo en el barrio de Tepito; la última, el pasado jueves 3, dejó siete personas heridas y una muerta. No hubo detenidos.

 

Otra organización delictiva, el llamado Cártel de Tláhuac –identificado por autoridades capitalinas desde 2012–, es responsable de la grave inseguridad en las delegaciones del sur de la Ciudad de México.

 

Su líder, Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, ejecutado por efectivos de la Marina el pasado 20 de julio, controlaba la venta de drogas en las delegaciones Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac y Milpa Alta, además de en la UNAM, sin que el jefe capitalino recordara activar Escudo Centro.

 

El cinismo político del gabinete

(Jesús Cantú, págs. 40-41)

 

Sin importar la gravedad de las faltas, las consecuencias negativas de sus acciones y decisiones, la recurrencia de sus errores o actos ilícitos, la contundencia de las evidencias que los condenan, los integrantes del gabinete presidencial se aferran al puesto, reparten responsabilidades y se mantienen imperturbables. La última expresión de esto la escenificó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al comparecer el pasado martes en el Congreso de la Unión.

 

El dictamen técnico dado a conocer el pasado miércoles 9 por los peritos que lo realizaron y la misma secretaría, no deja lugar a dudas acerca de que la dependencia a su cargo tiene responsabilidades indirectas y directas en las decisiones y acciones que provocaron el socavón en el Paso Exprés de la carretera México-Acapulco, que cobró la vida de dos personas.

 

Ruiz Esparza tomó malas decisiones (o al menos, que produjeron malos resultados) entre las que se pueden señalar directamente la designación de los funcionarios que propusieron, diseñaron y ejecutaron la obra; y una pésima presupuestación, pues aunque en este caso –dada la gravedad de lo acontecido– pasa a un segundo plano, el contrato fue de mil 45 millones y, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación costó 2 mil 300 millones de pesos, es decir, más del doble de lo presupuestado.

 

Él, cómo en el pasado otros secretarios de Estado, son responsables directos y debe asumir las consecuencias de ello. Pero la constante en este sexenio, que ya llega a su quinto año, es la de culpar a otras instancias de gobierno (así fue en el caso Ayotzinapa), negar los hechos (­Tlatlaya, entre otros) o pretender crear una realidad alternativa (el mexican moment, al inicio del sexenio, como el mejor ejemplo). A pesar de la terca realidad, Peña y su equipo mantienen el mismo cinismo de principio a fin de sexenio.

 

Las pandillas “promotoras del voto”

(David Ernesto Pérez, págs. 48-50)

 

Las elecciones presidenciales de 2014 en El Salvador fueron muy reñidas. El resultado final, cerrado. El actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, ganó apenas por poco más de 6 mil votos. Pero ahora se ha descubierto –asunto que se ventila en tribunales– que el gobernante FMLN habría pagado 250 mil dólares a las dos principales y más temidas pandillas salvadoreñas para que obtuvieran sufragios a su favor y amenazaran a los posibles votantes opositores.

 

San Salvador.- En las elecciones de marzo de 2014 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) habría pactado con la Mara Salvatrucha (MS) y el Barrio 18 la entrega de 250 mil dólares a cambio de unos 120 mil votos de los colaboradores de ambas pandillas, así como habría usado su capacidad para infundir miedo en los ciudadanos que viven en las comunidades más pobres del país.

 

Esos 120 mil votos habrían sido decisivos para el triunfo del candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, quien ganó la Presidencia salvadoreña por apenas 6 mil 634 votos sobre su principal competidor, Norman Quijano, del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

 

Dicho “pacto” salió a la luz los pasados miércoles 9 y jueves 10, cuando Carlos Eduardo Nuila, Nalo, uno de los principales cabecillas de Barrio 18 facción Revolucionarios, compareció como “testigo criteriado” en el llamado Caso Tregua que se lleva en el Juzgado Especializado de Sentencia A, de San Salvador.

 

Nalo aseguró que las negociaciones para intercambiar dinero por votos se realizaron en 2013 y en ellas participaron Benito Antonio Lara Fernández, ministro de Seguridad en los primeros dos años de gobierno de Sánchez Cerén; Ramón Arístides Valencia, actual ministro de Gobernación; y José Luis Merino, viceministro para la Inversión Extranjera, dependencia adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Nalo dijo que los cabecillas desconfiaban de los miembros del FMLN y les pidieron firmar un documento para hacer constar que había una transacción: dinero a cambio de votos e intimidación a los opositores. Lara Fernández, Valencia y Merino se negaron rotundamente. Bastaba, según ellos, la honorable presencia del obispo Barahona. El primer pago fue de 150 mil dólares: la mitad para la MS-13, y el Barrio 18 se llevó la otra mitad que a su vez partió en dos: 37 mil 500 dólares para la facción Sureños y 37 mil 500 para la Revolucionarios.

 

Nalo señaló que las pandillas guardaron una parte del dinero para comprar armas. Era la preparación para los tiempos peores que veían venir.

 

Llamadas telefónicas

Entre 2011 y 2013 la Fiscalía General de la República (FGR) intervino los teléfonos celulares de pandilleros, jueces, narcos, abogados defensores y hasta de José Antonio Rodríguez, el Padre Toño, sacerdote de la Congregación de la Pasión, quien se dedicaba a la rehabilitación de criminales confesos.

 

Hablaron de la distribución del dinero que “los rojos” (es decir, el oficialismo) había pagado: cuatro miembros de la cúpula pandillera tomaron 400 dólares para sus gastos personales. Los protagonistas de la llamada prometieron también repartir entre 100 y 200 dólares para los “soldados”, palabreros de zona (es decir, líderes locales), colaboradores y “otros” de Soyapango, La Unión y otras localidades.

 

La tregua

En marzo de 2013 la Presidencia de Mauricio Funes Cartagena, también del FMLN, impulsó, apadrinó y protegió la tregua entre pandillas, lo que implicaba que la MS-13 y las dos facciones de la pandilla 18 dejaban de matarse entre sí por el control territorial y rompían la cadena de venganzas que desde antes de los noventa los convirtieron en enemigos a muerte.

 

Eso, en la práctica, se tradujo en la disminución de los asesinatos de 14 a 5.5 diarios e incluso, durante días radicalmente extraordinarios para los índices de criminalidad que lastran al país, en cero muertes violentas.

 

Uno de los elementos fundamentales de esta tregua fue el traslado de unos 30 pandilleros que estaban recluidos en cárceles de máxima seguridad a centros penales de mediana y baja seguridad, desde los cuales pudieron comunicarse fácilmente al exterior, ordenar asesinatos, coordinar el control territorial y fortalecer sus organizaciones criminales.

 

También Arena

La tregua se desmoronó después de que el Órgano Judicial destituyó a Munguía Payés como ministro de Seguridad por ser militar de carrera. En su lugar llegó Ricardo Perdomo, que antes había dirigido el Organismo de Inteligencia del Estado.

 

Perdomo rápidamente demolió los pilares que sostenían la tregua. Marginó a Mijango y a Colindres y controló las cárceles para frenar los desmanes de los pandilleros. Pero la violencia retornó con más virulencia que antes. Cierto es que, durante la tregua, las desapariciones y los hallazgos de cementerios clandestinos no cesaron, pero una vez que el Estado dio la espalda a los pandilleros y les cortó los privilegios, los asesinatos se incrementaron hasta llegar a 20 diarios. Sucedió, incluso, que en el oriente del país fueron asesinados 50 salvadoreños en un día.

 

Entonces los políticos decidieron posicionarse en el espacio que el Estado había dejado y buscaron a las pandillas. Para la primera vuelta el oficialismo se acercó a las pandillas y ocurrió el trato que Nalo contó.

 

Como parte del trato, los pandilleros intimidaron a los electores que antes, durante y después de las elecciones se identificaron públicamente vistiendo la camisa de Arena o manifestando su simpatía por los candidatos opositores. También les quitaron sus documentos de identidad, indispensables para votar.

 

Arena no se quedó atrás y quiso contratacar. Se enteró de la estrategia que su adversario político ocupó en la primera ronda y la replicó: también le entregó 100 mil dólares a las mismas pandillas.

 

Los meses pasaron y más voces comenzaron a hablar de que la izquierda –que, arropada en el marxismo, en los ochenta peleó en las montañas contra la dictadura militar– había instrumentalizado a las pandillas para mantenerse en el poder.

 

El FMLN se ha negado a hablar sobre la compra de votos a las pandillas.

 

Los resultados del juicio contra los involucrados en la tregua entre pandillas se conocerán el próximo martes 29.

 

Contralínea

 

Nuño regaló al SNTE 1 mil 80 millones de dinero público

(Nancy Flores, Online)

 

La gestión de Aurelio Nuño en la SEP ha otorgado 1 mil 80 millones de pesos en dádivas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mientras que con Chuayffet los apoyos ascendieron a 595 millones. En este sexenio, el SNTE ha obtenido, además, 626 millones por cuotas sindicales. En 2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP) –a cargo de Aurelio Nuño Mayer, uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional– entregó apoyos por 1 mil 80 millones de pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

 

Las ayudas se derivan de convenios firmados entre la SEP y el órgano gremial que encabeza Juan Díaz de la Torre, y se “justifican” en la partida presupuestal 15401 –prestaciones laborales–, a pesar de que la mayor parte del dinero no tuvo como objetivo beneficiar a los trabajadores del magisterio, revela información de la Secretaría entregada a Contralínea, a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En su página electrónica OPTISNTE –dedicada a “rendir cuentas” sobre el ejercicio de recursos públicos–, en 2016 el Sindicato reporta haber recibido sólo 790 millones de pesos. Según su información, 500 millones correspondieron al “fortalecimiento del programa nacional de apoyo a la reforma educativa”; 150 millones, a “acciones de difusión sobre los beneficios y compromisos” de la misma reforma, y sólo 140 millones a las “prestaciones de previsión social, fomento cultural y al ahorro, capacitación y actualización del magisterio”.

 

Junto con todos los mexicanos, los periodistas siguen en la mira del crimen

(Álvaro Cepeda Neri, Online)

 

Los homicidios se suman a toda la clase de delitos que tienen a la nación en la angustiosa desesperación de tomar la justicia por sus propias manos, ante los nulos resultados presentados por el peñismo y sus desgobernadores de las 32 entidades –Miguel Ángel Mancera, Javier Corral, Graco Ramírez, Miguel Ángel Yunes, etcétera– que, cuando mucho, cumplen al mínimo –por incapacidad, indiferencia y hasta complicidades– sus obligaciones de garantizar la paz pública implantando la máxima seguridad para contener a las delincuencias. Objetivo que no han logrado, de tal manera que, por todo el territorio, los mexicanos somos víctimas de hechos delictivos encabezados por las embestidas de los narcotraficantes y sus sicarios que, por lo regular, terminan con homicidios, violaciones sexuales, secuestros, desapariciones… Estudiantes asesinados o acorralados por policías y militares, como los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, mientras los gobiernos de ese estado y federal –encubriendo a los autores– van para 3 años sin dar cuenta y razón, porque, tal vez los sepultaron en fosas clandestinas policiaco-militares, fueron echados al mar o los entregaron al narco.

 

Entre esos cientos de miles de víctimas también están los periodistas, contra los cuales se ha desatado, a su vez, la acción criminal en todas sus facetas. Y como nunca, de Carlos Salinas a la fecha, se acumulan en este mal sexenio peñista más de 1 millón de asesinados, secuestrados y desaparecidos, que en este país siniestro y fúnebre están formando una cadena macabra. El periodismo de investigación de los reporteros Astrid Rivera y Horacio Jiménez (El Universal, 3 de julio de 20l7) revela que “cuatro de cada 10 amenazas que recibieron los periodistas vinieron del crimen organizado y tres de cada 10 vienen de políticos”. “La libertad de prensa existe entonces de palabra, pero de hecho reina la censura” (Alexis de Tocqueville, La democracia en América). Así que está claro que ahora impera la doble censura: la que ejerce el poder de los gobiernos espiando a los periodistas, negando publicidad y dando sobornos con boletines, y la censura de agredirlos, amenazarlos y privarlos de la vida.

 

Inteligencia civil mexicana, derroche y fracaso

(Zósimo Camacho, Online)

 

En los últimos 10 años, el servicio de inteligencia civil del Estado mexicano ha gastado por sí solo más de 2 mil 550 millones de dólares estadunidenses (45 mil millones de pesos mexicanos). El monto acumulado entre 2006 y 2016 coincide con la llamada “guerra” contra el narcotráfico. Para este 2017, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tiene previsto erogar otros 160 millones de dólares (2 mil 800 millones de pesos). En el periodo, los cárteles de la droga de este país se han fortalecido y se han convertido en los más poderosos del mundo. Los asesinatos y las detenciones de capos –operativos escandalosos generalmente a cargo de las Fuerzas Armadas– en nada inciden en el negocio: las estructuras se mantienen intactas y el trasiego de drogas rumbo a Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo sigue con el mismo vigor.

 

Lo peor para este organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación es que el narcotráfico no es el único problema que pone en duda la viabilidad del Estado mexicano. La Agenda Nacional de Riesgos –documento confidencial elaborado por el mismo Cisen– reconoce otros nueve temas que preocupan y ocupan a los agentes del servicio: los conflictos sociales agudos (en realidad, la inconformidad social generada por políticas públicas antipopulares y antinacionales); el anarquismo insurreccionalista; el terrorismo y el tráfico de armas no convencionales; la migración “descontrolada”; la corrupción y la impunidad; la ciberseguridad; el tráfico ilícito de mercancías; los desastres naturales y las pandemias, y los movimientos subversivos (guerrillas como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Popular Revolucionario, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo y otras expresiones, algunas que aún se preparan para irrumpir en el convulso escenario político-social mexicano).

 

En último trienio de Peña, hoyo fiscal por 2.2 billones de pesos

(Nancy Flores, Online)

 

El gobierno del priísta Enrique Peña Nieto llega a su fin con una severa deuda social, no sólo por la crisis de seguridad que heredará a la próxima administración federal y la rampante corrupción, sino también por los millones de mexicanos en situación de pobreza y miseria que dejará. Algo que no le quita el sueño al presidente ni a su círculo cercano, comprometidos en generar una estrategia para incidir en las elecciones presidenciales de 2018. Por eso fue el propio mandatario quien dio línea a los cambios estatutarios del Partido Revolucionario Institucional, para posibilitar la permanencia de un aliado en Los Pinos y evitar que llegue quien lo podría mandar a la cárcel por los daños que ha causado al país.

 

Entre esos perjuicios está el incremento de mexicanos en situación de miseria: la mitad de la población es pobre, admite oficialmente el gobierno federal. Según los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, son 55.3 millones de personas las que sufren marginación y pobreza. Pero esa deuda social no será pagada por el gobierno de Peña porque, al final del día, los pobres representan el voto del hambre, que facilita la compra y coacción de la voluntad de miles durante los procesos electorales.

 

La insostenible defensa de Lozoya Austin

(Miguel Badillo, Online)

 

Dos afirmaciones que hizo la semana pasada el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) en conferencia –ante la Procuraduría General de la República se reservó su derecho a declarar– llaman mi atención. La primera, cuando sostiene que “no hay prueba ni evidencia alguna” que lo involucre en los sobornos del escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, cuando es público que tres directivos de dicha empresa declararon ante la justicia de Brasil haber sostenido reuniones a partir de 2012 con Emilio Lozoya Austin, es decir cuando éste formaba parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto para la Presidencia de la República. Según los directivos brasileños, en esos encuentros privados con Lozoya acordaron la entrega de 10 millones de dólares –que fueron triangulados a cuentas bancarias de una empresa abierta en un paraíso fiscal- a cambio de que una vez que Peña asumiera el poder, el gobierno federal les otorgaría contratos de bienes y servicios de obra pública, tal y como ocurrió con la paraestatal petrolera Pemex, de las cual Lozoya fue director general hasta febrero de 2016.

 

Eso es una prueba testimonial, señor Lozoya Austin, que consta en un expediente judicial de tribunales brasileños, abierto en contra de Odebrecht, y aunque usted y su abogado Javier Coello Trejo digan que no hay prueba alguna, pues si las hay. Lozoya y Coello sostiene su afirmación de que no se conocen pruebas documentales que involucren al exfuncionario petrolero porque su nombre no aparece en la recepción de tales depósitos en cuentas bancarias en el extranjero; además, tampoco es socio de dicha empresa que recibió los fondos ilícitos. Esto al parecer es correcto, pero hablamos sólo de pruebas documentales.

 

Violencia recrudece infortunio de Río de Janeiro

(Moisés Pérez Mok, Online)

 

Brasil. La crisis sin precedentes por la cual atraviesa esa entidad federativa y que llevó a decretar el estado de calamidad financiera 49 días antes de inaugurarse los Juegos Olímpicos Río 2016, y el ostensible crecimiento de los niveles de inseguridad, encuentran claro reflejo en la baja ocupación que aqueja a los hoteles cariocas. En el primer cuatrimestre del año, según la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC), los ingresos turísticos mermaron en 320 millones de reales “debido a la criminalidad” y otros 390 millones dejaron de percibirse como consecuencia del desempleo, falta de créditos y aumento de los gastos de brasileños en el exterior. Mientras, en pleno mes de julio, cuando en el Cono Sur americano (su principal mercado emisor) disfrutan de las vacaciones de invierno, la planta hotelera de la Barra de Tijuca -por citar un ejemplo- alcanzó apenas un 8 por ciento de ocupación.

 

Mucho tiene que ver con ello, sin dudas, los alarmantes índices de criminalidad que exhibe Río de Janeiro, señalado como el Estado más violento de un Brasil que entre 2011 y 2015 registró más muertes violentas que la guerra en Siria. De acuerdo con el Anuario Brasileño Seguridad Pública, en ese lapso en la nación suramericana fueron contabilizados 278 mil 839 casos de homicidio intencional, robo o daño corporal, seguido de muerte y muertes por intervención policial, frente a las 256 mil 124 muertes violentas registradas en Siria.

 

Javier Valdez Cárdenas: Malayerba en 69 crónicas del semanario Ríodoce

(Álvaro Cepeda Neri, Online)

 

  1. Tengo un vago recuerdo de que en las veces que desayuné con Federico Campbell (tijuanense de hueso colorado y sonorense navajoense por raíces familiares) me mencionó a Javier Valdez Cárdenas, el periodista asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa.  Su cuerpo quedó tendido en la calle Riva Palacio en la colonia Jorge Almada de su ciudad natal, cuando salía de las oficinas del semanario Ríodoce. Presentaba impactos de bala en la cabeza y cuerpo. ¿Por qué lo asesinaron? ¿Porque sabía demasiado de la mala yerba del narcotráfico? Javier Valdez es el autor de este libro de crónicas periodísticas con el llamativo nombre de Malayerba –dedicado a Campbell, entre otros– al que he de referirme en esta nota. Son 70 estampas de esa mala yerba. O mejor expresado en plural, porque está la amapola y la mariguana, la cual es buena para muchos males a grado tal que los voraces laboratorios estadunidenses ya la venden como un fármaco, y nuestros antepasados la usaban como parte de su herbolaria. Ahora se exporta para consumo estadunidense y ese país nos envía armas a cambio de ella y de la cocaína.

 

  1. Con su periodismo de investigación, Valdez Cárdenas se dedicó a exhibir todo ese espectro del narcotráfico, como lo muestra y demuestra su dedicación a ese tema en todo su abanico de manifestaciones, plasmado en sus libros Miss narco, Los morros del narco, Con una granada en la boca: heridas de guerra del narcotráfico en México, que escribió desde uno de los centros de gravedad de esa delincuencia; y sus ramales de complicidad con funcionarios de Sinaloa y federales, quienes “todos a una” lo privaron de la vida, un mediodía cuando salía del semanario Ríodoce que se edita en Culiacán, y del cual fue fundador. Nacido en 1967, Javier Valdez dedicó su trabajo a fotografiar con su escritura la tragedia que vive el país desde su natal Sinaloa, para informar lo que veía, analizaba y le dolía por el drama que enfrentan los mexicanos: los directamente involucrados y los ajenos a los actos aberrantes de las delincuencias; quienes terminaron siendo las principales víctimas de una guerra de casi todos contra casi todos, que ha teñido de sangre al territorio, sembrado cadáveres por doquier y enlutado hogares en un ambiente de aterradora inseguridad.

 

III. Todo eso está en la selección de las crónicas que hizo Antonio Ramos Revillas para este libro, cuyo título lo dice todo: Malayerba. Había aprendido Javier Valdez a escribir con una soltura de quien leía ávidamente, tras sus estudios formales que culminaron con una licenciatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa… Su Sinaloa amadísima vislumbrada desde su Culiacán. Crónicas cortas, muy bien escritas donde está certeramente dibujada la violencia de una delincuencia que va en aumento, porque los gobernantes no cumplen con sus obligaciones ni mínimamente; en cambio, son cómplices del narcotráfico en cuyo botín participan. Y los que, tratando de acallar semejantes componendas asesinan a quienes informan al respecto, como el autor de este libro, porque saben mucho. Y suponen que no habrá más Javieres Valdez Cárdenas que –desde la democracia directa, es decir desde el pueblo– seguirán contándonos lo que saben, lo que investigan, lo que les informan.

 

Vértigo

 

Estado de Derecho: abono al desarrollo de México

(Norberto Vázquez, p. 18 a 20)

 

Uno de los objetivos principales que se perseguían con la reforma al sistema de justicia penal mexicano de 2008 y que entró en vigor en todo el país el 18 de junio de 2016 consistía en recuperar la confianza pública en todas las autoridades encargadas de la operación del inédito modelo, cuyo fundamento era fortalecer la “efectividad del Estado de Derecho” para que la sociedad goce de prosperidad económica y gobernabilidad democrática, pero poco o nada de ello se ha cumplido hasta el momento.

 

De hecho, de continuar el modelo con los tropiezos que ahora se le reconocen en la práctica, advierten legisladores y especialistas, México seguirá expuesto a la incertidumbre y a la indefensión de una procuración de justicia opaca, viciada y en la cual impere la impunidad.

 

Además, para los expertos “un Estado de Derecho sólido” es de suma importancia para el crecimiento económico del país, ya que “nadie va a querer invertir, abrir empresas, ni crear empleos en un sistema penal malogrado”, porque la sociedad necesita sentirse protegida “y esto es de suma importancia para el desarrollo económico y social de México”.

 

La democracia mexicana, cada vez más cara

Ricardo Pérez Valencia, p. 28 a 31)

 

Con cada vez mayor frecuencia se lee o se escucha  que “la democracia es cara” y crece también el número de ciudadanos que apoyan esa idea, mientras que otros tantos defienden las bondades del proceso de transmisión pacífica del poder: así, habría que distinguir la diferencia entre costo y valor.

 

Esto varía, por supuesto, porque si se considera de manera estricta que la democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos, por medio del voto, eligen libremente a sus gobernantes, quienes deben de acuerdo a la ley buscar el desarrollo, la justicia, la paz, el mantenimiento del Estado de Derecho y las mejores oportunidades para los gobernados, estaremos hablando, en pocas palabras, de una relación “costo-beneficio”.

 

Hoy nuestro país se prepara para hacer frente a las elecciones del 1 de julio de 2018, en las que se elegirá presidente de la República, nueve gobernadores, 128 senadores, 500 diputados federales y mil 537 alcaldías, además de diputados locales, regidores y concejales.

 

Omar Fayad inaugura la Cumbre Hemisférica de Alcaldes

(José Luna, p. 26 a 27)

 

Con un mensaje de unidad de México para el resto de América Latina el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, junto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a nombre del presidente Enrique Peña Nieto inauguraron los trabajos del XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes 2017 en la ciudad de Pachuca.

 

Se trata del encuentro más importante del “municipalismo latinoamericano” y el cual reunió a autoridades locales y líderes de los más de 16 mil municipios que integran los países de América Latina.

 

En este magno evento internacional, que tuvo como anfitrión al gobernador hidalguense, se abordaron diversos temas relacionados con la problemática, desafíos, experiencias y logros de los gobiernos a nivel municipal.

 

Siempre!

 

Políticos y candidatos de socavón

(Beatriz Pagés, Online)

 

Efectivamente, estamos ante uno de los escenarios políticos no solo más complejos sino más peligrosos para la incipiente democracia mexicana, dominada, más que nunca, por la corrupción, y falta de credibilidad y legitimidad.

 

Es cierto que las renuncias del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, no resolverían los errores cometidos en el Paso Exprés de la autopista Cuernavaca-Acapulco, ni van a devolver la vida a las víctimas, pero con su renuncia le hubieran restituido al servicio público algo de la mucha credibilidad perdida.

 

México tiene un serio problema con la pobre calidad moral de sus funcionarios. Están preparados para obtener fama, poder y fortuna, pero no para medir las consecuencias de sus decisiones y menos para reconocer con honestidad sus errores.

 

Frente a la basura que se acumula, el timing para designar candidatos comienza a colocarse en segundo plano de importancia. Hoy lo verdaderamente relevante no es tener competidores exprés —como el socavón— hechos o inventados a toda prisa, producto de decisiones unilaterales, sino candidatos de calidad que puedan ganar y sepan evitar una ruptura nacional.

 

Yihadistas y arios, la nueva violencia

(Gerardo Yong, Online)

 

En menos de una semana, varios hechos despertaron la conciencia de la comunidad internacional sobre un resurgimiento de la violencia motivada por distintos factores que van desde el extremismo islámico hasta el resurgimiento del orgullo ario. Por una parte, el presidente del país más poderoso del mundo, Donald Trump, se mostró ante el mundo como un defensor del movimiento supremacista blanco al, prácticamente, dar un espaldarazo a los grupos extremistas que se manifestaban en torno a la estatua de Robert Lee, principal líder del movimiento secesionista.

 

Su actitud reveló una simpatía tal que, en lugar de condenar los abusos cometidos por estos en Charlottesville, Virginia, donde un supremacista blanco arrolló con su auto a una manifestante de color e hirió a varios más, prefirió culpar a ambos bandos de los actos perpetrados. El propio presidente de la Cámara baja, Paul Ryan, señaló textualmente que Trump “metió la pata” al culpar a ambos bandos.

 

Mientras, la comunidad internacional era sacudida por un acto terrorista en Barcelona, la ciudad más cosmopolita de España, considerada como la puerta principal de África a Europa. En lo que fue calificado como el octavo y más catastrófico atentado en lo que va del año en Europa, un grupo de yihadistas arrolló a una muchedumbre en la Plaza de la Rambla, dejando al menos 15 personas muertas y decenas de heridos.

 

La preocupación por la ola de extremismos volvió a poner en alerta al mundo cuando un acuchillamiento tuvo lugar en la ciudad de Turku, Finlandia, donde un individuo apuñaló a dos personas causándoles la muerte, e hiriendo a otras seis, antes de ser detenido por la policía. Aunque las autoridades desestimaron el asunto como un acto terrorista, decenas de testigos afirmaron que el agresor gritaba consignas como “Alá es grande”, que alude sin lugar a dudas a los atacantes islamistas.

 

Ruíz Esparza y el socavón

(Jose Luis Camacho Acevedo, Online)

 

La irritación social la causan algunas de las muy escandalosas acciones de la actual administración y sus funcionarios; es la corrupción lo que caracteriza a muchas de ellas. Algo que recuerda la sentencia del expresidente Bill Clinton a sus conciudadanos: “It’s the economy, stuped”.

 

Un lastre vergonzante presente en la gran mayoría de las licitaciones de obra pública. Ejemplos de ello sobran: ahí está la famosa Estela de Luz creada en el gobierno de Felipe Calderón, que es un feo elefante blanco que salió costando mucho más de lo presupuestado originalmente; o la línea 12 del metro de la Ciudad de México inaugurada pomposamente por el pillo de Marcelo Ebrard, ahora convertido en consejero de otro pillo como Dante Delgado; o las altas tarifas que se cobran en los segundos pisos del periférico en la CDMX, y, para rematar, los socavones que se roban la vida de personas inocentes como el accidente ocurrido en el ya famoso Paso Exprés de Cuernavaca.

 

Un caso paradigmático de lo anterior es el del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, acusado de omisión en la vigilancia y auditoría de las obras del Paso Express en Cuernavaca. Cuando Ruíz Esparza se presentó ante los legisladores para hablar sobre el tema, solo pudo atinar a decirles a los representantes populares que le exigían airadamente que presentara su renuncia que “no era el momento de abandonar el barco”.

 

Ruiz Esparza insistió en que debe haber responsables por el caso del socavón, es decir: “las empresas, los supervisores, los coordinadores y todo aquel que tuvo que ver con esto”, pero obviamente él no. Repito: cobijado en la impunidad que le da su cercanía al círculo rojo del poder presidencial, a Ruiz Esparza le faltó valor y dignidad para asumir su propia participación, la cual fue muy activa en esos lamentables hechos.

 

Impacto

 

Emilio Gamboa por encima de Enrique Ochoa, reaparecen Pegasus

(Hugo Páez, online)

 

Más que una simple apreciación, el mensaje de Emilio Gamboa Patrón tiene los decibeles presidenciales para depurar una lista interminable a sólo cuatro aspirantes.

 

Los presidenciables del PRI deberán montar un espectáculo político con el fin de incidir en la opinión pública, de acaparar medios de comunicación y presentar al partido como la opción razonable y tranquilizadora, frente a la amenaza de Morena de Andrés Manuel López Obrador, y un PAN que no se decide a ir con el empequeñecido PRD.

 

El mensajero Gamboa se convierte de facto en la voz autorizada, por encima del presidente del PRI, Enrique Ocho Reza, para eliminar de tajo a Eruviel Ávila Villegas, Manlio Fabio Beltrones, José Calzada Rovirosa, Claudia Ruiz Massieu Salinas e Ivonne Ortega Pacheco.

 

La cena de Gamboa y la pasarela de Slim

(Juan Bustillos, online)

 

Quien esté interesado en la sucesión al interior del PRI debe saber qué ocurrió en las cenas de agosto de Carlos Slim y Emilio Gamboa con el Presidente Peña Nieto. Y que conste, no se trata de periodismo ficción.

 

En la primera, ocurrida el pasado 10, el mandatario se hizo acompañar de José Antonio Meade, Miguel Osorio Chong, Aurelio Nuño y José Narro, pero también de Gamboa.

 

En la segunda, el 23, al cumpleaños 67 de Emilio Gamboa llegó insólitamente temprano; de hecho cambió la fecha de su encuentro con Miguel Ángel Riquelme, cuya toma de posesión como gobernador de Coahuila aún está en manos de la autoridad electoral. En la cena estuvieron unas 25 personas, entre ellas Enrique Ochoa Reza, Héctor Gómez Barraza y Manlio Fabio Beltrones.

 

Al retirarse, el Presidente usó unos minutos para hablar a solas con el coordinador de los senadores priístas y fue entonces que le sugirió deslizar a los periodistas su póker de ases para la sucesión, lo que ocurriría al siguiente día.

Síntesis de Revistas / 20 de agosto del 2017

 

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Renegociación del TLCAN

Contralínea Descubren irregularidades en contratos de la Sedena

Equipos empaquetados y sin instalarse; licitaciones posteriores a la adquisición de los bienes, y compras sin avisar a la Función Pública, lo que encontró la ASF al revisar contratos de la Sedena por un valor de 2 mil 400 millones de pesos

Siempre Odebrecht y la sucesión presidencial

El contexto político actual también favorece a Lozoya. México está a unos días de que comience el proceso electoral para elegir candidato a la Presidencia de la República, y lo que menos quieren los partidos es que Lozoya empiece  a mencionar nombres y a repartir culpas.

Vértigo “Quien no puede lo menos no puede lo más. Que los ciudadanos elijan al candidato” Rafael Moreno Valle

El ex gobernador de Puebla advierte que “quien no puede lo menos, no puede lo más” y por ello está a favor de que “los ciudadanos elijan al candidato”

Impacto Tras Pemex hay un gran sindicato

La colaboración entre la administración y el gremio, expresa Carlos Romero Deschamps en el 82 aniversario de la STPRM, está basada en la buena fe y la franqueza en el trato; cooperación y no confrontación

 

 

Proceso

 

TLCAN: México traza sus “líneas rojas”

(J. Jesús Esquivel 6-10)

 

A la imposición de condiciones del gobierno de Estados Unidos al inicio de las renegociaciones del TLCAN, el de México reacciona a la defensiva y marca lo que el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, define como “líneas rojas”. Si se cruzan, advierte, nuestro país abandonaría las pláticas. En entrevista exclusiva con Proceso, en Washington, el funcionario dice que, ante las posiciones diferentes de ambos países, “no sé si nos debemos preocupar o aterrorizar”, pero “no vamos a aceptar un acuerdo sólo por tenerlo”.

 

Washington.- En la ceremonia de inauguración de la primera ronda de la renegociación del TLCAN, la semana pasada en Washington, el gobierno estadunidense inició el proceso con un tono de confrontación, condicionando las negociaciones al cumplimiento de los caprichos electorales de Trump.

 

El gobierno mexicano sostiene que no permitirá imposiciones. “Tenemos líneas rojas que no podemos cruzar”, afirma en entrevista con Proceso Juan Carlos Baker Pineda, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, que encabeza Ildefonso Guajardo.

 

– ¿Cuáles son los puntos por los que México se levantaría de la mesa de negociaciones? –se le plantea.

 

–La parte de volver a reintroducir aranceles, reintroducir cuotas, volver a poner restricciones al comercio; eso por supuesto que es absolutamente inaceptable. Si vemos que la negociación va para allá, se levanta México.

 

El subsecretario insiste en que en los planes de contingencia diseñados por el gobierno de Peña Nieto prevén también, como motivo de retirada, cualquier intento de los estadunidenses de “quitarle derechos” ya establecidos en el acuerdo comercial.

 

El miércoles 16, cuando Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, inauguró la llamada renegociación del TLCAN, fue directo: su gobierno no pretende modernizar o actualizar el tratado, como lo manejan los gobiernos de Canadá y México.

 

Durante la entrevista en la embajada de México en Washington, Baker rechaza todas las condiciones que Lighthizer enumeró al inaugurar las discusiones, a fin de cumplir las promesas de campaña electoral de Trump, quien insiste en que si no está de acuerdo con el resultado de las pláticas, aun en caso de que se logre un compromiso sacará a su país del tratado.

 

En las 28 mesas de negociación instaladas en Washington para la primera ronda, se presentaron únicamente las posiciones de los tres países. No hubo novedades. Trump insistió en sus condiciones, como la eliminación del Capítulo 19, sobre la resolución de controversias; algo que Canadá considera motivo para salirse del TLCAN.

 

Con la eliminación del Capítulo 19 Estados Unidos pretende meter a Canadá y a México en disputas comerciales que tenga con otros países, aprovechando el litigio para excluir a sus socios comerciales de la salvaguarda ya definida en el TLCAN.

 

Diferencias evidentes

En cuanto a las reglas de origen para el sector automotriz, que Estados Unidos quiere cambiar en su beneficio, Baker pronostica el fracaso de Trump. Según la regla de origen vigente en el TLCAN, cada automóvil producido en la región debe contener al menos 62.5% de partes fabricadas y producidas en la región para que los tres países le otorguen preferencia comercial.

 

El gobierno mexicano argumenta que incluso las asociaciones automotrices de la región han manifestado que no les interesa un incremento en la proporción de componentes norteamericanos. Baker matiza que las reglas de origen no pueden imponerse por decreto, como pretende Trump, ya que dependen de la disponibilidad y precios de los insumos y tecnologías.

 

Trump desea meter en las negociaciones un salario mínimo equiparable para los trabajadores de la región como remedio de lo que considera una fuga de empleos estadunidenses a México, la cual calcula en más de 700 mil desde que el TLCAN entró en vigor. El gobierno mexicano rechaza absolutamente dicha medida.

 

–¿El gobierno de México no quiere meter las manos en la renegociación por los trabajadores?

 

–No podemos de ninguna manera aceptar que haya un patrón o una compañía que no esté previendo todas las cosas a las que tienen derecho los trabajadores a partir de la Ley Federal del Trabajo y otras cosas.

 

Los negociadores en Washington, sin estrategia

(Carlos Acosta Córdova, págs. 11- 15)

 

En 1993, cuando se firmó el TLCAN, se prometía para México un generoso crecimiento económico con una fuerte creación de empleos, salarios mejor remunerados. Mayor bienestar social, en suma. Pero en más de 23 años esos objetivos no se cumplieron. Y ahora que los representantes de los tres países firmantes se reúnen en Washington para actualizar, mejorar o modernizar ese espíritu original, llama la atención que los negociadores mexicanos no lleven en sus documentos y estrategias una propuesta para lograrlo.

 

En 1990 México, Estados Unidos y Canadá anunciaron su decisión de iniciar pláticas formales, al año siguiente, para establecer un tratado de libre comercio, que a la postre sería una renovación y complemento del acuerdo que desde hacía años tenían los dos segundos.

 

México, encabezado por un reformador e hiperactivo presidente Carlos Salinas de Gortari –que devendría, por muchas razones, en uno de los mandatarios más denostados en la historia del país–, no se quería quedar fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se convertiría en una poderosa región comercial, económica y financiera.

 

Fueron tres años de arduas y complicadas negociaciones. Finalmente, el TLCAN se firmó a finales de 1993 y entró en vigor el 1 de enero de 1994.

 

De ser una economía cerrada y poco competitiva a finales de los ochenta, México es hoy una de las economías más abiertas al mundo. Algunos aranceles se cancelaron al momento de entrada en vigor del tratado, otros fueron sujetos a periodos de transición desde cinco y hasta 15 años (el maíz, por ejemplo). Hoy en día no hay producto, al menos de los que están incluidos en el tratado, que no esté libre de aranceles.

 

Las pláticas entre los tres países que iniciaron en Washington el pasado miércoles 16 para “renegociar” el TLCAN, “modernizarlo”, “actualizarlo”, “mejorarlo”, se realizan bajo los peores augurios.

 

Las expectativas

Si bien las actuales negociaciones apenas se inician, no se sabe realmente cuándo terminen ni en qué términos. La delegación mexicana, independientemente de que lleva la consigna de levantarse de la mesa si Estados Unidos insiste en imponer aranceles o cualquier tipo de impuestos o trabas a las exportaciones mexicanas –medidas proteccionistas, pues–, tienen el tiempo encima y saben que todo esto debe terminar antes del proceso sucesorio de la Presidencia.

 

Lo que llama la atención de estas nuevas pláticas es que si bien son muchos los temas por incluir, actualizar, mejorar o modernizar, los negociadores mexicanos no llevan en sus carpetas, en sus estrategias, en sus escenarios y mucho menos en sus mentes ni en sus propósitos un TLCAN renovado que recupere el espíritu del tratado original, que prometía para México un generoso crecimiento económico, con una fuerte creación de empleos, salarios mejor remunerados y, en suma, mayor bienestar social. Y que no se cumplieron.

 

La secretaria de la Cepal México debe replantear su economía

(Rafael Croda, págs. 16-18)

 

Más allá de los resultados de las discusiones en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte –que se iniciaron el miércoles 16–, México debe asumir esta coyuntura como la oportunidad para ajustar el modelo de desarrollo basado en la apertura externa que ha aplicado desde hace tres décadas, comenta a Proceso Andrea Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. Ella propone también replantear temas como la electrónica, la robótica y la capacitación laboral.

 

Bogotá.- Los ajustes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pasan por fortalecer el mercado interno, por ejecutar una política industrial “más estricta” en beneficio de las empresas nacionales y por revisar la política salarial para que México deje de basar su competitividad en el bajo costo de su mano de obra.

 

Así lo plantea la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, la mexicana con el cargo más alto en un organismo internacional. De ahí su insistencia en que la delegación mexicana impulse una estrecha asociación económica con Asia –la zona con más crecimiento en el mundo– y una integración profunda con América Latina.

 

“Nosotros seguiremos insistiendo en que México puede y debe ser un jugador mucho más importante en el mercado regional latinoamericano. Sobre todo orientando sus esfuerzos a un intercambio más vigoroso con sus socios del sur y con América Central”, dice Bárcena a Proceso.

 

Todos estos pasos, dice, constituyen un “ajuste necesario” del modelo aperturista que ha seguido México desde finales de los ochenta, y cuyo eje es el TLCAN suscrito con Estados Unidos y Canadá.

 

Y esas modificaciones deben hacerse sin importar el resultado de la renegociación del acuerdo comercial, la cual arrancó el miércoles 16 en Washington con una áspera intervención del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien responsabilizó a México y al TLCAN de la pérdida de 700 mil empleos en su país.

 

La secretaria ejecutiva de la Cepal cree que a México “le conviene” quedarse en el TLCAN y lograr una buena negociación porque Estados Unidos es hoy el destino de 80% de sus exportaciones.

 

Aunque, aclara, si México permanece en ese acuerdo comercial tendrá que diversificar sus mercados –una vieja aspiración que nunca ha podido ser concretada– con la mira puesta en Latinoamérica y en el área Asia-Pacífico, para reducir su dependencia del mercado estadunidense.

 

“Panama Papers”: el pasaporte de Lozoya en los archivos de Mossack Fonseca

(Mathieu Tourliere, págs. 20-23)

 

En abril de 2011 el despacho panameño Mossack Fonseca, especializado en la incorporación de sociedades offshore, hizo los trámites para abrir una cuenta bancaria y una caja fuerte en el banco panameño Prival Bank a nombre de Balerg Associates Inc., una sociedad de papel con sede en Panamá.

 

Era una fachada. En paralelo, el despacho otorgó un poder de administración de esa cuenta a Emilio Ricardo Lozoya Austin, entonces socio del fondo de inversión JF Holdings, S.A., establecido en Luxemburgo, e integrante del consejo de administración de la empresa española OHL en México.

 

Lozoya no lidió directamente con el despacho panameño: se valió de los servicios de Kalliopi Paky Houriet, una abogada del sector financiero, exvicepresidenta del Chase Manhattan Bank, experta en incorporación de sociedades offshore y una de las primeras clientas de Mossack Fonseca en Suiza.

 

En 2012, Lozoya se incorporó a la campaña del candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto como coordinador de asuntos internacionales. Cuando Peña llegó a Los Pinos, Lozoya se convirtió en director general de Pemex.

 

Altos ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht declararon ante la justicia de su país que otorgaron “propinas” por 10 millones de dólares a Lozoya, primero mientras formaba parte de la campaña de Peña Nieto y luego como director de Pemex, a cambio de su apoyo para obtener contratos de obra pública, como lo exhibió la organización periodística Quinto Elemento Lab en un reportaje publicado en este semanario (Proceso 2128).

 

Según los brasileños, el dinero de las “propinas” transitó por sociedades fantasma del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, para terminar en cuentas bancarias en Suiza, Liechtenstein y Mónaco, tres paraísos bancarios.

 

La semana pasada, Lozoya negó las acusaciones en su contra –las calificó de “chismes”– y amagó con demandar por difamación a quien las difundiera.

 

Nuevos documentos –que forman parte de la investigación global Panama Papers– muestran que Lozoya estaba familiarizado con las prácticas y la secrecía del inframundo offshore antes de integrarse a la campaña de Peña Nieto.

 

Los 11.5 millones de archivos de Mossack Fonseca fueron obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a más de 100 medios de comunicación internacionales, incluido Proceso.

 

Caso Odebrecht, un expediente vacío en la PGR

(Jorge Carrasco A. y Patricia Dávila, págs. 24-28)

 

En medio del caso internacional de corrupción que tiene en los tribunales a expresidentes de Brasil y de Perú, así como a funcionarios de otros 10 países, la PGR y la Secretaría de la Función Pública apenas comienzan a integrar sus indagaciones sobre los señalamientos directos contra el exdirector general de Pemex. Hasta ahora cuentan con lo que se ha publicado en los diarios y con oficios burocráticos, afirma el abogado de Emilio Lozoya Austin, Javier Coello Trejo.

 

De acuerdo con la defensa del exfuncionario y documentos internos de la Procuraduría General de la República (PGR) obtenidos por Proceso, el Ministerio Público no se ha movido gran cosa para indagar el papel de Pemex en el escándalo que desde hace ocho meses destapó el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que involucra a la petrolera mexicana, según las investigaciones en ese país y en Brasil.

 

La PGR tiene una carpeta de investigación con oficios burocráticos de solicitud de información, recortes de periódicos, copias de tres contratos de Pemex con Odebrecht y declaraciones de 19 funcionarios de la empresa estatal, pese a que la justicia estadunidense califica el caso de corrupción trasnacional como el mayor de la historia.

 

Eso fue con lo que se encontró Emilio Lozoya Austin el jueves 17, cuando acudió a la PGR, a decir de su abogado, Javier Coello Trejo, y que lo llevó a declarar ante la prensa que no hay ni una sola prueba en su contra.

 

La PGR no ha tenido prisa por investigar y está a la espera de la información que le quieran dar los gobiernos extranjeros que investigan la trama internacional.

 

La lentitud de la procuraduría fue evidenciada por el mismo Lozoya en su afán de deslindarse del caso de corrupción en el que están implicados funcionarios de una docena de países y que ha derivado en procesos judiciales incluso contra los expresidentes Lula da Silva, de Brasil, y los de Perú, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

 

En México, la escenificación ha reemplazado las investigaciones. El jueves 17 Lozoya y la PGR protagonizaron un acto anticlimático después de que los periodistas Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna, integrantes del colectivo de periodistas Quinto Elemento Lab, dieron a conocer en este semanario (Proceso 2128) los señalamientos de tres exdirectivos de Odebrecht, entre ellos el exrepresentante de la compañía en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, sobre las supuestas “propinas” por 10 millones de dólares entregadas por la constructora al exfuncionario mexicano a cambio de que le otorgara contratos de Pemex.

 

Lo que ocurrió en la PGR confirma que el exdirector de la petrolera está a salvo en las indagatorias, como declararon a la prensa Lozoya y Coello Trejo después de presentarse a la audiencia. A pesar de que pidió desde mayo que lo citaran a declarar, Lozoya decidió acogerse al artículo 20 de la Constitución para no declarar nada al principio. Sólo iba por la carpeta de investigación.

 

Coello Trejo, subprocurador de la PGR en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando fue conocido como El Fiscal de Hierro, explica en entrevista que el citatorio les llegó el lunes 14, después de la publicación del mencionado reportaje en este semanario. Según él, comprobaron que en la carpeta judicial del caso Odebrecht no hay nada que implique a Lozoya.

 

Asegura que en la carpeta hay oficios “de hace dos o tres meses” en los que la PGR le pide información a Brasil, sin que haya respuesta. Dice que está la denuncia en la que Pemex le entrega a la procuraduría los contratos que firmó Pemex Transformación Industrial con Odebrecht.

 

También hay peticiones de la PGR a los fiscales y procuradores de Perú y Colombia, “pero al día de la comparecencia, ninguno había contestado”. La PGR pretende saber si existen los mismos elementos de prueba y si hay alguna relación con Pemex, explica Coello Trejo.

 

Pifias y despilfarros durante su gestión en Pemex

(Jesusa Cervantes, págs. 28-30)

 

Emilio Lozoya Austin ha guardado prudente silencio en torno a una serie de gastos ilógicos y absurdos durante su gestión como director de Pemex; nada dijo, por ejemplo, ni cuando la Auditoría Superior de la Federación documentó las pifias de un contrato multianual para la compra de 700 carros tanque a una empresa texana en mayo de 2013. El funcionario se mostró generoso y pagó un anticipo de 30% a la firma, que finalmente no entregó las unidades. Y aun cuando todo eso está documentado, nadie le ha pedido cuentas.

 

El escándalo que envuelve al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin –quien presuntamente recibió más de 10 millones de dólares en sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht–, representa sólo 36.5% de los millones de dólares que él le entregó a una empresa asentada en Texas para la construcción de 700 carros tanque, de los cuales sólo 15 se incluyen en el inventario de la petrolera.

 

Lozoya hizo esa inexplicable operación cuando estuvo en la dirección de Pemex. Y, a diferencia del caso Odebrecht –que se basa en señalamientos de tres exfuncionarios de la empresa brasileña–, estas irregularidades están documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Pese a ello, el talentoso operador y favorito de Enrique Peña Nieto continúa intocable.

 

El 30 de mayo de 2013 –Lozoya tenía sólo cinco meses en el gabinete de Peña Nieto–, la petrolera autorizó un contrato multianual por 91 millones 295 mil 500 dólares para que Pemex Refinación comprara 700 carros tanque para transportar hidrocarburos destilados (gasolina) de las refinerías de Tula y Salamanca, así como para el desalojo de metales pesados.

 

Filial de Pemex

Especialista en operaciones financieras, Lozoya Austin continúo la promoción de operaciones de Pemex a través de sus filiales en el extranjero.

 

A contracorriente, la ASF siguió la pista de la millonaria operación que inició Lozoya Austin a escasos cinco meses de haber llegado a Pemex.

 

La ASF encontró que en el contrato se pactó un anticipo de 10%, pero Pemex, en su benevolencia, decidió darle 30% a la empresa, cuyo nombre no figura en el informe de la ASF, aunque se sabe que es Ethan Gas Oil, radicada en Texas.

 

En su informe a la ASF, Pemex sostiene que el proyecto autorizado por la SHCP, de poco más de 91 millones de dólares, había tenido cinco adecuaciones debido al cambio de la ya citada norma, “con lo que dicho importe se transfirió en su totalidad a otros proyectos debido a que el primero (el que fue autorizado para Pemex) se suspendió del 1 de agosto al 3 de noviembre de 2015”.

 

A diferencia del presunto soborno a Lozoya por 10 millones de dólares por parte de Odebrecht, en el caso de los carros tanque la ASF pudo comprobar la entrega de más de 27 millones de dólares a la empresa texana.

 

El desastre que dejó

Cuando Emilio Lozoya Austin llegó a Pemex, la dependencia tenía asignados 13 mil millones de pesos para los gastos de sus oficinas centrales; al dejarla, en febrero de 2016, la demanda era de 67 mil millones de pesos, según el reporte que recibió el consejo de administración en su sesión de ese mes.

 

Ruiz Esparza se hunde en el socavón

(Jenaro Villamil, págs. 32-34)

 

El accidente que el 12 de julio le costó la vida a Juan Mena López y Juan Mena Romero en el Paso Exprés de Cuernavaca, fue provocado por la lluvia, por la basura, por los gobiernos de Morelos y Cuernavaca, por una alcantarilla y por las empresas Aldesa y Epccor… todo esto, según el informe que Gerardo Ruiz Esparza envió al Senado, a donde comparecerá el próximo martes. Nada dice el titular de la SCT de su propia responsabilidad, ni del informe de sus peritos –que contradice casi todos sus dichos–, ni del incidente que ocurrió el año pasado en el mismo lugar y que, de haber sido atendido, hubiera evitado la tragedia del mes pasado.

 

En su intento por evadir la responsabilidad del trágico accidente del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ha responsabilizado a la lluvia, a la basura, al gobierno de Morelos, a la alcaldía de Cuernavaca, a las empresas Aldesa y Epccor y hasta a una alcantarilla, pero no acepta error o negligencia de su parte.

 

Sin embargo, los documentos oficiales de la SCT sobre el suceso contradicen a Ruiz Esparza. El dictamen realizado por los peritos Humberto Marengo, Héctor Manuel Valverde y Mario Rodríguez Rodríguez exhibe la negligencia de la Secretaría porque en el mismo sitio donde se abrió el socavón el pasado 12 de julio ocurrió un incidente similar en octubre de 2016, sin que se tomaran medidas preventivas.

 

En sus conclusiones, los peritos admiten que la dislocación de la tubería pudo deberse a “la falla de estabilidad del talud ocurrido en octubre de 2016, lo que pudo afectar al tubo, así como los esfuerzos inducidos por maquinaria pesada durante el proceso constructivo”.

 

El incidente ocurrido el 14 de octubre de 2016 fue reportado como un “socavón” por la propia Policía Federal en su cuenta de Twitter.

 

Este antecedente y la referencia del dictamen de los peritos fue ignorado por Ruiz Esparza en su informe de 19 cuartillas, enviado al Senado antes de su comparecencia, el próximo martes 22.

 

Según Ruiz Esparza fueron tres factores que “de manera cierta y relevante” dieron origen a la falla que ocasionó el socavón: el embovedado de la alcantarilla, el taponamiento por basura y el deterioro de la alcantarilla.

 

Las reformas pragmáticas del PRI y el voto útil panista

(Jesús Cantú, págs. 40-41)

 

La reforma a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que ahora permiten la postulación a la Presidencia de la República de ciudadanos sin militancia previa en el partido, a partir sólo de su compromiso de actuar conforme a la plataforma electoral priista– está dirigida a otorgar poderes plenipotenciarios al presidente Enrique Peña Nieto para designar al candidato de su partido.

 

Al hacerlo, se abre la puerta para que el mandatario proponga a un personaje que atraiga el voto panista, en caso de que la contienda presidencial se polarice entre el PRI y Morena, como podría ser.

 

La lectura generalizada es que la reforma amplió la baraja de posibles candidatos, pues ahora sí ningún integrante de su gabinete queda fuera de esa posibilidad. Antes de la reforma, José Antonio Meade no tenía posibilidades de ser el candidato tricolor; él mismo ha reiterado que no es militante del PRI, sino un profesional que ha servido en el gobierno lo mismo a priistas que a panistas.

 

El otro beneficiario es Aurelio Nuño, aunque en menor medida. Él sí ha señalado que es orgullosamente priista, por lo cual lo único que podría cuestionarse sería el tiempo de su militancia y la cobertura de los requisitos de haber sido postulado a puestos de elección popular.

 

Pero las repercusiones de la reforma estatutaria van mucho más allá de los beneficiarios directos e inclusive del propio PRI, pues al abrir la posibilidad de postular a Meade, coloca en una situación muy difícil al mismo PAN y, particularmente, a su pretendido Frente Amplio Opositor.

 

La volatilidad del electorado mexicano es una realidad en los últimos años y las elecciones del Estado de México son el reflejo más fehaciente de que la identificación partidaria dejó de ser el elemento más relevante para decidir el sentido del voto. El surgimiento de Morena y el derrumbe del PAN en dicha entidad dejaron en claro que ningún partido puede confiar en la lealtad de sus votantes.

 

La decisión de la asamblea priista del sábado 12 obliga a los cuatro partidos políticos con mayores preferencias electorales a repensar sus estrategias de cara a las elecciones presidenciales.

 

Al PRI, porque dejó todo en manos del pragmatismo de Peña Nieto, que repetidamente ha dado muestras de que está dispuesto a sacrificar todo en función de los posibles resultados electorales. En 2011, al decidir su sucesión en el Estado de México, sacrificó a su pariente Alfredo del Mazo y postuló a Eruviel Ávila para evitar una posible fractura del tricolor y frustrar la anhelada coalición PAN-PRD.

 

Los militantes tricolores saben que, por más cercanos que sean a los afectos presidenciales, nada está seguro. Finalmente, todo se resolverá en función de las posibilidades de triunfo; y, en ese sentido –aunque en estos momentos en las encuestas Meade no aparece con muy buenos resultados– es una realidad que si la elección se polariza entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO), seguro candidato de Morena, y el PRI, muchos de los simpatizantes e incluso militantes panistas estarían dispuestos a sufragar por el candidato tricolor.

 

Pero el mismo PAN hoy tiene que reconsiderar su estrategia del Frente Amplio Opositor, pues muchos simpatizantes y militantes panistas podrían inclinarse por Meade (como candidato priista) antes que por un candidato no panista postulado por la coalición; eso podría inclinar la balanza para el tricolor y llevar a esta polarización que conduzca a un voto entre PRI y Morena, donde el voto útil resulte definitorio.

 

El PAN se benefició del voto útil en 2000 y 2006. En esta ocasión podría ser al contrario: los simpatizantes y militantes del PAN podrían votar por el PRI para evitar la llegada de AMLO. Esta fuga de voto útil del blanquiazul puede darse con frente amplio o sin él, pues de mantenerse las actuales tendencias es muy probable que los votantes se decanten por el partido o candidato que tenga más posibilidades de ganar la elección.

 

Por supuesto que el PRD también tendrá que repensar su estrategia, pues si ya lucía difícil la coalición que impulsa un grupo de la dirigencia amarilla con esta decisión, la posibilidad todavía parece más lejana y en ese sentido, más vale que empiecen a pensar si optan por una apuesta como la del Estado de México, es decir, ir solos con un candidato sin posibilidades reales de ganar, pero que logra rescatar un porcentaje aceptable de votos; o, a pesar de sus principales dirigentes, apoyar a López Obrador.

 

Y el mismo López Obrador tendrá que repensar su estrategia, pues –aunque la posibilidad implica todavía una mayor cercanía e identidad entre PRI y PAN– desde ahora tendrá que trabajar en disipar los fantasmas de su populismo para tratar de minimizar la posibilidad de ese voto útil. Y, por supuesto, para en contrapartida, intentar una coalición de izquierda o conseguir el voto útil que Delfina Gómez no fue capaz de conseguir en el Estado de México.

 

El PRI libró exitosamente la XXII Asamblea Nacional, pues a pesar de que se encuentra en su peor momento se mantuvo unido; amplió la baraja de posibles candidatos y obliga a los otros contendientes a repensar y, eventualmente, replantear su estrategia.

 

López Obrador y la institucionalidad democrática

(John M. Ackerman, págs. 42-43)

 

Entre todas las calumnias y mentiras que cotidianamente se lanzan desde las altas esferas del poder económico y social contra Andrés Manuel López Obrador, la que ofende más a la inteligencia y la lógica es la acusación de que la llegada del tabasqueño a Los Pinos implicaría una amenaza para la institucionalidad democrática del país.

 

Los adversarios del futuro candidato presidencial de Morena no se cansan de acusarlo de ser un “populista” que supuestamente no respeta las leyes o la división de poderes. Advierten que como presidente podría actuar como un pequeño dictador que no permitiría ningún límite a su poder y aplastaría a sus adversarios.

 

Habría que hacernos una serie de preguntas serias al respecto: ¿Existe alguna institución del Estado mexicano que hoy funcione correctamente de acuerdo con su mandato constitucional o legal? ¿La Suprema Corte imparte justicia? ¿Las fuerzas armadas protegen al pueblo? ¿La Presidencia de la República fomenta el bienestar de los mexicanos? ¿El Congreso de la Unión legisla a favor del interés público? ¿La Procuraduría General de la República combate la impunidad? ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores defiende la soberanía nacional? ¿Los institutos electorales garantizan comicios libres, limpios y auténticos?

 

Muy difícilmente podríamos contestar, en buena fe, a cualquiera de estas preguntas en lo afirmativo. Nos encontramos hoy en medio de una enorme crisis histórica de efectividad y de credibilidad de las instituciones públicas.

 

No es necesario esperar, entonces, hasta después de las elecciones presidenciales de 2018 para saber cómo sería vivir en una situación de colapso total de la institucionalidad democrática. Enrique Peña Nieto, y el régimen prianrdista que lo respalda, ya ha avanzado demasiado en este sentido.

 

Recordemos cómo Peña Nieto violentó la división de poderes desde el primer día del sexenio con su Pacto por México, atropellando todos los procedimientos parlamentarios con el fin de lograr la aprobación relámpago de la privatización del petróleo y la electricidad.

 

El régimen actual tampoco respeta las leyes del país. La corrupción desbordada y la impunidad desenfrenada demuestran claramente que quienes hoy gobiernan no tienen ningún respeto por las instituciones públicas. El caso de los sobornos de Odebrecht para Emilio Lozoya es solamente el caso más reciente en una serie de escándalos públicos que involucran el círculo más íntimo del actual ocupante de Los Pinos. Y el fraude en el Estado de México demostró una vez más la total ausencia de un Estado de derecho en materia electoral.

 

El régimen actual también ha demostrado su enorme intolerancia a la oposición y el diálogo democrático. La censura a los comunicadores, la agresión a los periodistas, la represión de las manifestaciones y el encarcelamiento de activistas se han generalizado durante el presente sexenio como nunca antes en la historia reciente del país.

 

Es cierto, sin embargo, que las cosas podrían empeorar. Por ejemplo, si el régimen logra imponerse una vez más en 2018 por medio de la violencia, la censura y el fraude podríamos tocar fondo muy pronto. Cualquiera de los candidatos del PRIANRD (Margarita Zavala, Aurelio Nuño, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera, etcétera.) llegarían con el fin de culminar el trabajo de destrucción institucional iniciado desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari.

 

Resulta evidente que la única esperanza para iniciar el largo camino hacia la recuperación de la institucionalidad democrática es con la llegada a Los Pinos de un agente externo, alguien que no tiene participación alguna en la extensa telaraña de complicidades que hoy infecta las altas esferas políticas y económicas del país.

 

Es también importante recordar que López Obrador ha dedicado su vida entera a la lucha por la democracia y la recuperación de las instituciones públicas. Jamás ha llamado a la violencia y siempre acude a las instituciones para defender las causas que enarbola.

 

López Obrador no presenta riesgo alguno a la institucionalidad democrática sino todo lo contrario, representa la esperanza de finalmente recuperar la institucionalidad perdida.

 

Un atentado “a la desesperada”

(Alejandro Gutiérrez, págs. 48-50)

 

Madrid.- Driss Oukabir Soprano, magrebí de 28 años, residente desde hace años en Ripoll, al norte de Cataluña, actualizó su muro de Facebook el martes 15, con una fotografía donde aparece en la Barceloneta, la playa de Barcelona.

 

El jueves 17, dos días después de subir esa foto, se presentó voluntariamente en la comisaría de los Mossos d’Esquadra en Ripoll, la policía autonómica de Cataluña, cuando su imagen circuló profusamente en los portales de los medios y en las redes sociales como el principal sospechoso de haber participado en el atentado terrorista ese mismo día, en Barcelona.

 

Con el documento de identidad de Driss Oukabir se alquilaron dos camionetas de la empresa Telefurgo en la comunidad barcelonesa de Santa Perpetua de Mogoda (a 18 kilómetros del atentado), entre ellas la Fiat Talento blanco, con matrícula 7086JWD, que a las 16:50 horas de ese jueves se utilizó para atropellar de manera deliberada a una multitud que circulaba por Las Ramblas de Barcelona, lo que provocó la muerte a 13 personas y heridas a más de 130, 15 de ellas de extrema gravedad, según la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña

 

El vehículo ingresó a toda velocidad a la zona peatonal del paseo turístico desde la calle Pelai con la plaza de Cataluña. El conductor fue arrollando en su trayecto a los peatones, la mayoría extranjeros, por ser este punto uno de los centros neurálgicos del turismo en la ciudad condal.

 

Driss alegó en la comisaría que le habían robado su documento de identidad y sus sospechas se centraban en su hermano pequeño, Moussa Oukabir, de 17 años. Sin embargo, quedó detenido para esclarecer su grado de participación en el ataque terrorista porque extrañamente no había denunciado la pérdida de su documento oficial.

 

Según la policía catalana, el ataque terrorista tuvo “la intención de provocar el mayor número de muertos posible”. Es el primero que sufre España en 13 años después de los atentados del 11-M (11 de marzo de 2004) en Atocha, Madrid, con 192 personas muertas y cientos de heridos.

 

Esta comunidad y en especial Barcelona, como una de las principales ciudades del Mediterráneo y de gran atractivo turístico, es uno de los puntos que las fuerzas antiterroristas tienen desde hace años en permanente vigilancia, donde ya en enero de 2008 se desmanteló una célula de Al Qaeda que pretendía atentar con explosivos en el Metro.

 

Este es el octavo ataque yihadista que golpea a Europa después del atropellamiento masivo en el paseo marítimo en Niza, en julio de 2016, a los que se suman ataques en Londres, Manchester, París, Berlín y Suecia.

 

Contralínea

 

Descubren irregularidades en contratos de la Sedena

(Zósimo Camacho, Online)

 

Equipos empaquetados y sin instalarse; licitaciones posteriores a la adquisición de los bienes, y compras sin avisar a la Función Pública, lo que encontró la ASF al revisar contratos de la Sedena por un valor de 2 mil 400 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que bienes adquiridos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en 2016, se encuentran aún empaquetados y sin fecha de instalación porque no se ha acondicionado el espacio en donde deben ser ubicados.

 

Pero también documentó, en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, que se adquirieron bienes y servicios previamente al inicio del proceso de licitación, por lo que tal proceso fue sólo una simulación. Incluso, los sistemas comprados ya habían sido instalados cuando se publicó la convocatoria. Además, la Secretaría encargada de organizar y administrar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos adquirió aeronaves sin haber avisado a la Secretaría de la Función Pública del proceso. El valor de los contratos con irregularidades suma 2 mil 411 millones 268 mil 900 pesos. No se detectó malversación de fondos ni desvío de recursos; pero sí irregularidades administrativas que motivaron la promoción de investigaciones y procesos de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los servidores públicos involucrados.

 

Los suspirantes a presidentes del montón bajo la lupa de la investigación periodística

(Álvaro Cepeda Neri, Online)

 

  1. Irrumpe el rito sucesorio presidencial. Y como aquel rey que va desnudo creyendo que viste sus mejores trajes, los autoprecandidatos van mostrando el trasero con la gangrena de sus corrupciones, abusos, raterías, promiscuidad sexual y pederastia, presumiendo sus divorcios tras maltratar a sus mujeres (que en el Estado de México se muestra con miles de feminicidios), y la ambición de montarse en el cargo presidencial para más y peor de lo mismo –del alemanismo a la fecha–, con el Partido Revolucionario Institucional (1946), el Partido Acción Nacional (1939), hasta ahora los del ping pong en la silla embrujada por Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el que siga. Salvo si hay excepción en la regla, con Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, Miguel Ángel Osorio Chong, Ricardo Anaya, José Narro, Eruviel Ávila, Miguel Ángel Mancera, Aurelio Nuño, José Antonio Meade, Luis Videgaray, Rafael Moreno Valle, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Álvarez Icaza, Ivonne Ortega, Silvano Aureoles, etcétera. Porque en el libro no está el Bronco, ni Ferriz ni, para coronar la incontenible corrupción política y económica, Javier Duarte (el amigo-cómplice de Enrique Peña, extraditado para el teatro sucesorio de elecciones que disfrazan la reelección por 10 ocasiones del PRI y dos del PAN, que dejaron a la nación como las 11 presidencias de Santa Anna y los 32 años del porfiriato.

 

  1. Las biografías de los antes citados aparecen en el libro Los suspirantes, 2018, coordinado por Jorge Zepeda Patterson, autor de la de López Obrador. Sandra Lozano se encarga de Margarita Zavala, y Ricardo Raphael de Osorio Chong. Salvador Camarena desnuda más a Ricardo Anaya; y pasa por las armas de la crítica a Nuño Mayer, el antivasconcelos con parecido al Vera Estañol del huertismo. Rita Varela le receta antibióticos a Narro, el médico de la mafia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Humberto Paggett le quita el escapulario bendecido por el obispo Onésimo a Eruviel Ávila, antes de matrimoniarse por segunda vez (en una imagen donde parece que está entregando a su hija). Alejandro Páez Varela, con su periodismo de investigación, retrata a Miguel Ángel Mancera (el de los Bisquets Obregón, pez en las aguas del perredismo, peñismo y panismo). Maité Azuela, al de las misas los domingos y el “bien, gracias a Dios” de Meade Kuribreña, ni panista ni priísta ni perredista ni morenista, sino todo lo contrario. Y de nuevo Rita Varela se ocupa de los que quieren suspirar: Moreno Valle, Beltrones, Álvarez Icaza, Ivonne Ortega, Aureoles.

 

III. Es un libro de 375 páginas con las fotografías de los 15 aspirantes-suspirantes en la portada. Son biografías efímeras. Ninguna ofrece a un proyecto de estadista. Y salvo la trayectoria administrativa, legislativa y partidista del economista y político Beltrones Rivera, la mayoría son datos personales de burócratas que persiguen el poder por el poder, sin ninguno de los elementos weberianos ni de los señalados por Hannah Arendt en ¿Qué es la política? Pero esas biografías con rigor periodístico e investigación veraz sirven para tener a la mano 15 trabajos excepcionales, uno de los cuales puede ser el próximo presidente del montón que ha desgobernado a la nación, con dos o tres excepciones. Pero son los que sin siquiera una pizca de carisma y su diarrea retórica andan como osos al son del pandero, con sus acarreados y con el dinero robado, para comprar apoyos y votos.

 

MVS-Vargas, Sánchez, Peña y Moreira versus Aristegui y Aguayo

(Álvaro Cepeda Neri, Online)

 

De entre los derechos de los mexicanos, los de la libertad de expresión y de escribir han estado siendo objeto de graves intentonas y hechos consumados por minarlos. Esto por parte de funcionarios federales, empresarios y desgobernadores que, aparte de ladrones, se comportan como los delincuentes del narcotráfico, para agredir, asesinar, criminalizar y amenazar a los trabajadores del periodismo escrito, audiovisual y oral de los medios de comunicación e internet. Aprovechando para esto, la sangrienta inseguridad que se abate contra la población sobre todo el territorio, la incontenible corrupción de los funcionarios federales, municipales y de los 32 estados, donde participan empresarios y banqueros en una red para el lavado de dinero, tanto de ellos como de los narcotraficantes. Así es como se aprovechan para, asimismo, atacar las libertades de prensa que han estado exhibiendo, en informaciones veraces y críticas, a esa fauna criminal. Y, para rematar esa avalancha de vilezas, hasta un ministro de la Suprema Corte intentó, más que judicializar las libertades de expresión y de escribir, criminalizarlas para tratar de derogar sus principios constitucionales. Para muestra de esto resulta que Andrés Manuel López Obrador-Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido de la Revolución Democrática apoyados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto, párrafo primero de la Constitución en materia del derecho de réplica. Y cuya propuesta fue realizada por el ministro Alberto Pérez Dayán, lo cual limitaría esa libertad. Tesis que afortunadamente fue desechada (ver las amplísimas notas de la reportera Diana Lastiri, en El Universal, 4 y 12 de noviembre de 2016).

 

De entre los muchos casos contra esas libertades de prensa, continúan en la discusión los de Carmen Aristegui con los reporteros Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, quienes fueron objeto de censura definitiva en su noticiero en la empresa de MVS-Vargas, donde metieron la mano negra inquisitorial Enrique Peña y su vocero Eduardo Sánchez, en un hecho de abuso del poder, como sucedió cuando Luis Echeverría arremetió contra el periódico Excélsior de Julio Scherer, y sus periodistas y trabajadores. O el golpe inquisitorial de Ernesto Zedillo-Vicente Fox-Felipe Calderón contra José Gutiérrez Vivó, para culminar con la supresión de Monitor, en complicidad con los Aguirre de Radio Centro. Todo esto, pues, rematado por el atrevimiento autoritario de Morena-López Obrador y el PRD para reducir el derecho de réplica hasta querer que aunque la información y crítica fuera verídica como hechos, los periodistas fueran sancionados si funcionarios y particulares se decían ofendidos. El otro caso es el del analista, investigador y periodista Sergio Aguayo, quien está en la mira de una demanda por 10 millones de pesos, acusado por Humberto Moreira, el exdesgobernador de Coahuila (y expresidente del Partido Revolucionario Institucional que avaló la postulación de Peña al cargo que ahora ocupa), por haber opinado sobre el encarcelamiento de éste en España como presunto responsable de corrupción. El otro pretexto que esgrimió Moreira para atacar a Sergio Aguayo es que éste puso el dedo en la llaga sangrienta de los 300 homicidios en Coahuila cuando ese Moreira era el desgobernador de estado. Esto, obviamente lleva la finalidad de que el periodista e investigador de El Colegio de México no siga abordando la masacre de más de 300 personas que perpetraron Los Zetas en el municipio de Allende.

 

El voto electrónico no es más seguro

(Gonzalo Monterrosa, Online)

 

En México, la idea del fraude electoral es permanente. El descrédito y la desconfianza es lo que deviene en las personas al escuchar la palabra elecciones. Quizá se deba a que después de cada elección gana un nuevo presidente por el que la mayoría niega haber votado. Además, porque las promesas no se cumplen, y la televisión, radio y periódicos se llenan de informes y propaganda anunciando éxito comercial macroeconómico, pero en la realidad de los ciudadanos la crisis económica continúa o se incrementa. En otros países que cuentan con urnas de voto electrónico se dice que son más seguras; dicen también que detendrían los fraudes electorales en México. La idea se oye interesante y algunos dirán que, como siempre, nos hemos tardado en usarlas.

 

Aunque no podemos decir que México es un país con ideas obsoletas, en la Ley Electoral del 19 de diciembre de 1911 –conocida como la “Ley Madero”– por primera vez que se hace mención de dispositivos automáticos de votación. Después, en 1918, con la “Ley Carranza”, se plantea la transición para utilizar medios mecánicos o automáticos para votar, incluyendo algunas especificaciones como: fácil identificación de partidos por colores y nombres de los candidatos; que automáticamente se marquen el número total de votantes y los votos de cada uno de los candidatos; que exista una forma de incluir candidatos no registrados; que proteja el voto secreto; que el resultado sea inmediato y visible, que incluya votos parciales de cada candidato y que los electores conozcan el manejo.

 

Un país roto, quebrado

(Zósimo Camacho, Online)

 

Cuarenta años de crisis y, lejos de ver la luz al final de túnel, el país se sumerge en tinieblas más espesas. Si observamos hacia dónde llevan la nación los políticos sistémicos, el panorama es de mayor pobreza, despojo, represión, corrupción, impunidad, desapariciones y asesinatos. El poder adquisitivo de los salarios se deteriora de manera sostenida y las ofertas de empleo formales no son capaces de cubrir ni a los miles que cada año buscan trabajo por primera vez. El doctor en historia Carlos Silva ataja mi percepción, la desgrana y la ajusta. La situación mexicana no es peor que en otras épocas. La crisis, la contradicción, es una constante que nació con el país. “Y tenemos estos picos. A veces es más profunda. Pero en crisis llevamos muchos años”.

 

Lo que sí es preocupante, reconoce el historiador, es que en otras épocas de agudas dificultades sociales, económicas y políticas, como las que antecedieron a la Revolución o a la Independencia, por ejemplo, la gente tenía esperanza. Y hoy, en términos generales, la mayoría de las personas no tienen esperanza alguna en que el panorama puede ser distinto. La decepción y la desconfianza son parte de este tipo de hartazgo que vive la población. La ausencia de esperanza es preocupante porque si la gente no cree en sí misma y en que puede cambiar su situación, difícilmente participará masivamente en la construcción de otra realidad.

 

El conflicto Videgaray-Lozoya

(Miguel Badillo, Online)

 

Emilio Lozoya Austin representa la parte más delgada de un hilo de la madeja de corrupción gubernamental en México en cuanto a sobornos se refiere con la empresa brasileña Odebrecht, por lo que el exfuncionario tendrá que soportar los juicios paralelos (mediáticos) y los procesos legales que se han abierto en su contra en dos áreas de la Procuraduría General de la República, que más que un intento por aplicar la justicia, lo que buscan las autoridades es resolver el problema para que el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) salga bien librado lo más pronto posible. Pero esa impunidad para un exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto que estaría gestándose en las oficinas del Ministerio Público Federal, tiene un límite, que es el año y medio que le resta al actual sexenio para que termine la gestión del actual gabinete, porque de llegar la oposición a Los Pinos, como se prevé, seguramente el exdirector general de la paraestatal petrolera tendrá una amplia estadía en prisión y en Estados Unidos estaría muy interesado.

 

Meses antes de que el vecino país diera a conocer los primeros sobornos repartidos por Odebrecht (21 de diciembre de 2016) a funcionarios de Brasil y de otros países de América, entre ellos México, a fin de obtener de manera ilícita contratos de obras y servicios en el ramo petrolero por miles de millones de dólares, en México se conoció la noticia de la renuncia de Lozoya a la Dirección General de Pemex (8 de febrero de 2016). La permanencia de Lozoya en Pemex entró en crisis desde 2014, cuando al interior del gabinete eran conocidos los conflictos entre el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el director general de Pemex por la distribución del ingreso petrolero y el pago de impuestos de la paraestatal, pues mientras que el titular de Hacienda pretendía que Pemex mantuviera los porcentajes tradicionales que el fisco extrae de las ventas de crudo, Lozoya ya había convencido a su amigo el presidente de que eso era inviable para mantener en mejor situación a la empresa petrolera del Estado.

 

Vértigo

 

México requiere una transformación: Rafael moreno valle

(José Antonio Caporal, p. 6-10)

 

Como presidente de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Rafael Moreno Valle asumió la responsabilidad de organizar en diversas entidades una serie de Foros Ciudadanos con el fin de escuchar el sentir de la gente y los sectores sociales y productivos en cuanto a los principales problemas que enfrentan día a día.

 

En los encuentros que realiza su mayor atención se centra en hallar las áreas de oportunidad que cada región ofrece, puesto que está convencido de que asuntos como la pobreza, la inseguridad y el desempleo encuentran solución en la generación de riqueza, la creación de fuentes de empleo, la atracción de inversiones, así como la honestidad y la eficiencia desde el servicio público.

 

Y de eso conoce muy bien el ex gobernador de Puebla, quien logró sacar a su estado de los últimos lugares de los índices de marginación, además de mejorar sustancialmente sus indicadores en áreas como educación, creación de empleo, atención de la salud y la seguridad, de acuerdo con las mediciones de los organismos y dependencias del Estado mexicano.

 

Foros temáticos

Rafael Moreno Valle indica que las giras que lleva a cabo para él representan “un acto de responsabilidad con el país”, ya que aprovechando su experiencia política acude a escuchar la voz de los ciudadanos sobre diversos temas, lo que a su vez permite ir construyendo la plataforma electoral de su partido.

 

Destaca la puesta en marcha de la plataforma Rafa te Escucha, sitio de internet donde además de difundir propuestas en diversos rubros se recaban sugerencias y puntos de vista y se interactúa con los ciudadanos.

 

Sobre los foros explica que estos son temáticos y se realizan en diversas entidades.

 

Rafael Moreno Valle señala que hay un sentir de réplica en todo el país: “El enojo por la corrupción, la inseguridad y la falta de oportunidades”.

 

Y añade: “Es tiempo de cambiar la estrategia que se ha venido planteando. Ahora es tiempo de invertir en prevención del delito: además de enfrentar los efectos de la delincuencia  debemos atender sus causas.

 

Gobernabilidad

El presidente de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN refiere que al frente, además de buscar un proyecto de cambio ene l país, tiene como fin unir a las fuerzas políticas y a los ciudadanos sin partido para propiciar la gobernabilidad, puesto que es un hecho que desde 1997 ningún presidente de la República ha contado con el respaldo mayoritario de la ciudadanía ni de los legisladores.

 

Elección del candidato

Al referirse a la conformación del frente, Rafael Moreno Valle resalta las buenas noticias: “PAN, PRD Y movimiento Ciudadano han manifestado su respaldo a la conformación del frente, tenemos ya un carta de intención y estamos invitando a la ciudadanía: por eso el esfuerzo de abrir foros a la sociedad”.

 

El mejor perfil

Moreno Valle puntualiza que en una lección  abierta serán los ciudadanos quienes determinen cuál de los contendientes tiene el mejor perfil para ser el candidato del frente, pero definitivamente apunta, “se requiere solidez desde el punto de vista técnico para poder llevar a cabo la transformación del país”.

 

Campaña

La contienda de 2018 será particularmente difícil, señala Rafael Moreno Valle: “Hoy la gente ha dejado de creer en los políticos, en los partidos; la gente quiere un cambio profundo. Hay que buscar que esa gente vuelva a creer”.

 

México, firme en la renegociación del TLCAN

(Arturo Moncada, págs. 14-18)

 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un acuerdo de amplio alcance que establece las reglas que rigen el comercio y las inversiones entre Canadá, Estados Unidos y México. Fue rubricado en 1994 y desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero pasado, su gobierno promueve su transformación.

 

Y es que para él este convenio trilateral es el “peor” acuerdo comercial de la historia y ha prometido arreglarlo o salirse de él. Por ende, el mandatario llamó a sus pares a renegociar el documento.

 

Así, el pasado 16 de agosto los representantes de México, Estados Unidos y Canadá pusieron en marcha la primera de siete rondas de sesiones para abordar temas específicos para la renegociación del tratado.

 

La dimensión del TLCAN es gigantesca: más de un billón de dólares cruza en bienes y capital entre los tres países cada año.

 

Entre sus principales objetivos se encuentra establecer una zona de libre comercio para conseguir la libre circulación de los productos y servicios entre las tres naciones. Es decir, eliminar paulatinamente los permisos, las cuotas y las licencias, así como las tarifas y los aranceles: favorecer la apertura comercial, promover condiciones de competencia leal, así como proteger los derechos de propiedad intelectual.

 

Posicionamientos

En la primera ronda de renegociaciones, realizada en Washington, los protagonistas colocaron sus cartas sobre la mesa.

 

La Ministra de Asuntos Globales de Canadá, C. Freeland, dijo estar convencida de que el tratado funciona  y se puede llevar a mejores términos.

 

A su turno, el representante comercial de EU. R. Lighthizer, aseveró en cambio que a juicio de su país el TLCAN falló y necesita una “mejora mayor y no sólo retoques”.

 

Por su parte, el representante de México, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que le TLCAN ha sido un “tratado con un rotundo éxito para todas las partes”, no sólo para incrementar los flujos comerciales, sino también para crear la plataforma de una “visión común” en América del Norte.

 

Siempre!

 

Odebrecht y la sucesión presidencial

(Beatriz Pagés,Online)

 

Rodrigo Tecla, el abogado de Odebrecht detenido en España a petición de la Fiscalía brasileña por repartir sobornos a políticos y jefes de Estado de América Latina, declaró hace quince días al diario El País que  “la empresa tenía mucho interés en el exdirector general de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya” por creer que podría convertirse en presidente de México.

 

Si esto es verdad  —y no tendría por qué mentir quien es considerado por el diario como uno de los hombres más temidos por todos aquellos que recibieron sobornos—, cabría preguntar si Lozoya salió de Pemex por todo lo que se le acusó, incluidos los nexos que tuvo con Odebrecht, o también por haberse adelantado y haber sido considerado, a destiempo, como el favorito para 2018.

 

El caso —guardando las debidas distancias— recuerda el extraño accidente aéreo en el que murió el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ocurrido justo cuando era señalado como el sucesor del presidente Felipe Calderón.

 

A Lozoya lo mataron políticamente al destituirlo de la dirección de Pemex, y a Mouriño le asesinaron su aspiración al perder la vida.

 

El solo señalamiento de Tecla convierte el escándalo Lozoya-Odebrecht no solo en un caso penal, sino en un asunto político que coloca al acusado en una posición de privilegio frente a quienes lo acusan y pretenden llevarlo a la cárcel.

 

La urgente necesidad de Emilio Lozoya y su abogado Javier Coello Trejo de presentarse ante la PGR y  poder ventilar su defensa ante los medios de comunicación, permite deducir que el acusado está dispuesto a decir quién o quiénes fueron los principales beneficiarios de los sobornos otorgados por Odebrecht.

 

El exdirector de Pemex parece querer mandarle un mensaje y una advertencia a sus enemigos y a quienes puedan estar detrás de esta trama, de que él no se irá a prisión solo y que el descrédito lo compartirá con otros.

 

El contexto político actual también favorece a Lozoya. México está a unos días de que comience el proceso electoral para elegir candidato a la Presidencia de la República, y lo que menos quieren los partidos es que Lozoya empiece  a mencionar nombres y a repartir culpas.

 

El Odebrecht mexicano tampoco puede entenderse fuera de lo que hoy ocurre en el ámbito internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos trabaja con la Fiscalía brasileña y los testigos protegidos, para conocer a detalle la historia de sobornos a políticos y jefes de Estado latinoamericanos, para que luego Washington —como es su estilo— utilice la información como instrumento de chantaje e intimidación.

 

El rol que desempeñó el periódico brasileño O´Globo es similar al que  tuvo el diario alemán Süddeutsche Zeitung con los Panama Papers. En este último caso la investigación provino del archivo de una importante oficina de inteligencia para detonar un escándalo y crear  condiciones favorables a Estados Unidos para sancionar a un país, como Panamá, que pretendía competir con los paraísos fiscales controlados por Wall Street, de manera desleal.

 

La investigación que publicó O´Globo sobre Lozoya provino también de Washington y es apenas la punta de una madeja que irá desenredando el Tío Sam, en medio de la renegociación del TLC y de la sucesión presidencial, de acuerdo con su muy particular conveniencia.

 

La inoportuna renegociación del TLCAN

(Luis Humberto Fernández Fuentes, Online)

 

Esta semana comenzó la renegociación del TLCAN, que será determinante para el futuro de México y la economía global. Si bien es conveniente para México, llega en el momento más inoportuno.

 

Con un gobierno como el de Trump, el éxito de la negociación será su fracaso, pues se dará sobre premisas falsas como que los problemas económicos de Estados Unidos están vinculados a México y que servirá para equilibrar la balanza de pagos y generar empleos. Primero, porque la balanza de pagos o el déficit económico entre Estados Unidos y su socio comercial se equilibrará por las compras de gasolina; y segundo, porque alterar la relación con nuestro país no generará empleos, estos se fueron a China y han disminuido por el uso de robots industriales.

 

La negociación también es inoportuna debido a que se dará en el marco de las elecciones de medio término en Estados Unidos y del proceso de sucesión presidencial en México. México no se preparó para entrar en la siguiente etapa. Desde que arrancó la primera negociación del TLCAN se planteó como prioridad el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, la construcción de obra pública fue secuestrada por la corrupción. Los sobreprecios y las deficiencias en las obras son un obstáculo para la competitividad. Nuestro país tampoco avanzó en Estado de derecho o seguridad, elementos fundamentales para atraer inversiones.

 

La renegociación del tratado se da en medio del mayor reacomodo de fuerzas económicas y políticas desde la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentan dos grandes proyectos: por un lado, la estrategia de Estados Unidos para focalizarse en su mercado interno; y, por el otro, un proyecto de gran expansión comercial a cargo de China. Al final del día la apuesta más sensata es alejarnos de los epigramas, las sentencias y los comentarios ligeros, para enfrentar el reto con seriedad y madurez. En estos momentos difíciles lo mejor es que cada país acuerde lo que más le convenga, desde una visión pragmática de prosperidad y no negociar desde Twitter. Si impera la racionalidad, el futuro de Norteamérica será promisorio.

 

La disputa por la nación

(José Fonseca, Online)

 

Desde la transición democrática, no hay duda, México ha evolucionado, se han construido más instituciones y se han abierto espacios suficientes como para oxigenar la política y permitir el juego y rejuego de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la república, un juego y rejuego en el cual a veces son actores los ciudadanos de a pie, a veces simples espectadores.

 

A diez meses doce días de las elecciones del 1 de julio de 2018, en las cuales los ciudadanos acudiremos a votar para elegir presidente de la república, nueve gobernadores, alcaldes, diputados locales y a los senadores y diputados del Congreso de la Unión. Los medios y los politólogos hacen cuentas sobre las posibilidades de triunfo de uno u otro partido, pero salvo foros electoreros, nadie nos explica a los ciudadanos que iremos otra vez a las urnas para escoger qué rumbo tomará esta nación de más de 120 millones de habitantes durante los siguientes seis años.

 

Mientras, no sabemos si las elites económicas y políticas seguirán en otra histórica disputa por la nación. Porque eso es lo que estamos viviendo desde hace ya varios años, una disputa por la nación, en la que cada grupo de nuestras elites quiere imponer su punto de vista a los demás mexicanos. Por ahora, la disputa se refleja en esa súbita “sed de justicia” que parece consumir a nuestras elites, una sed de justicia que, a veces, más bien parece sed de venganza.

 

TLCAN, ahora o nunca

(Julio A. Millán, Online)

 

En el pasado, México tuvo una apertura indiscriminada en pro de la globalización; la situación ahora es distinta y no podemos quedar anclados al grillete maquilador. Empresarios mexicanos han trabajado de la mano con la Secretaria de Economía para hacer llegar las inquietudes; sin embargo, como hemos dicho en repetidas ocasiones en Consultores Internacionales, S. C, si no llevamos a cabo una renegociación de Estado, el futuro de México, donde están involucrados todos los sectores, las cámaras, las embajadas, las organizaciones, puede estar en riesgo. Debemos ver el bosque, no solo el comercio, mirar a Estados Unidos como vecino, socios y amigos, y así considerar el TLCAN como un mecanismo para fortalecer las cadenas productivas, con una política industrial firme y clara en beneficio de la generación de valor agregado nacional, para así tener un comercio más equilibrado.

 

Las retóricas sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se terminaron. El próximo 16 de agosto comienza la primera ronda para la modernización del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá; los funcionarios de los tres países se reunirán en Washington para dar los primeros pasos orientados a lograr acuerdos que beneficien a los tres países en materia comercial y modernizar un acuerdo con más de 20 años sin ser modificado.

 

Se anticipa que serán negociaciones nada sencillas, por lo pronto se tienen contempladas siete rondas que definirán la nueva versión del acuerdo comercial, el cual, en el mejor de los escenarios, puede llevar de seis meses hasta un año, aunque recordemos que los acuerdos deben ser aprobados por el Congreso de los tres países, lo que llevará más tiempo. Cabe resaltar que, desde antes de iniciar formalmente con las reuniones, ya empezaron a surgir los temas controvertidos.

 

Por lo menos, la primera de estas medidas implicaría eliminar el llamado capítulo 19, que es el mecanismo de solución de controversias del TLCAN que hasta el momento ha permitido resolver conflictos en materia de cuotas antidumping, subvaluación y salvaguardas, mediante un panel independiente con miembros de los países involucrados. Ante tal medida, tanto Canadá como México se han pronunciado en contra y se comienzan a fijar posturas en estos temas controvertidos, que son sin duda la antesala de lo que se avecina en los próximos meses.

 

Inédito protagonismo militar

(Raúl Jiménez Vázquez, Online)

 

Como las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros a que se refiere el portentoso poema épico Suave Patria, trascendentales pronunciamientos del sector castrense están surcando el cielo mexicano. El primero de ellos enuncia: “Ningún integrante de las fuerzas armadas está obligado a seguir órdenes cuando impliquen un delito, una violación a derechos humanos o a la disciplina militar”. Con este pronunciamiento se pone en entredicho el principio angular de la obediencia debida pues los subalternos tienen el deber inexcusable de desacatar las consignas irregulares emanadas de la superioridad.

 

Sin duda se trata de un avance significativo. Empero, es insuficiente para hacer prevalecer el Estado constitucional de derecho en el ámbito miliciano. Adicionalmente, es preciso llevar ante la justicia a quienes giraron y ejecutaron las órdenes que dieron pie a las ejecuciones sumarias, torturas y desapariciones forzadas denunciadas en los informes emitidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras autoridades internacionales.

 

También es menester instrumentar y visibilizar los cambios institucionales que se requieren a fin de controlar, prevenir y garantizar que esas estructuras organizadas de poder no serán utilizadas para cometer nuevas atrocidades. Sin esto, a los superiores jerárquicos les puede ser imputada la responsabilidad por cadena de mando prevista en el artículo 28, inciso a), del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la sentencia dictada por dicho tribunal en el emblemático caso del general congoleño Jean Pierre Bemba.

 

Todo lo anterior refleja un inédito protagonismo militar que es absolutamente incompatible con el espíritu civilista del pacto social consagrado en nuestra ley fundamental.

 

Impacto

 

La vocación democrática del PRI

(Fausto Alzati Araiza, Online)

 

Si algún partido político mexicano ha demostrado su vocación democrática, ese es el PRI. Hay evidencia, sobrada, del tenaz empeño de éste partido por construir, a lo largo de su historia, instituciones que, a la luz de las exigencias de la sociedad mexicana y de los criterios internacionales, son cada vez más democráticas. La Reforma Política promovida por el priísta Jesús Reyes Heroles, desde la Secretaría de Gobernación, en 1977 fue un parteaguas histórico en este perseverante empeño priísta por hacer de México una democracia moderna, aceptada y reconocida como tal dentro y fuera del país. Muchos, innumerables, incesantes esfuerzos priístas por perfeccionar nuestra democracia le han seguido, llegando, incluso, a la decisión institucional de un Presidente de la República priísta, Ernesto Zedillo Ponce de León, de entregar, pacífica y ordenadamente, el Poder Ejecutivo federal al candidato de una coalición opositora que obtuvo el triunfo en un proceso electoral que, salvo las inevitables posturas recalcitrantes que las libertades políticas permiten, fue reconocido como legal y legítimo por todas las fuerzas políticas del país.

 

Cierto, Zedillo Ponce de León no hizo más que respetar la voluntad del electorado y cumplir con su obligación constitucional, pero no fue poca cosa si se tiene en cuenta que Morena, partido que a los cuatro vientos  proclama su vocación democrática y cuyo líder, Andrés Manuel López Obrador, se apresta, una vez más, a competir por la titularidad del  Ejecutivo federal, no se ha comprometido todavía, de un modo público y explícito, a respetar el resultado de las elecciones federales del 2018 si éste le fuese desfavorable, ni ha expresado, de manera inequívoca, que está dispuesto a entregar el poder al PRI o, en su caso, a una alianza encabezada por el PRI de manera institucional, pacífica y ordenada, en caso de que el PRI y la alianza que encabeza resulte triunfador por la inequívoca voluntad mayoritaria de la nación.

 

Huachicoleros de cuello blanco

(Jesús González Schmal, Online)

 

La empresa más importante del país, nacida de una decisión patriótica para recobrar la soberanía sobre los yacimientos petroleros terrestres y marinos que producían el combustible que llegaría a ser la energía vital del mundo durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la nación. Pemex ha sido paradójicamente, la fuente de ingreso público más importante de la historia de la nación y, por la otra, el patrimonio más saqueado por políticos en turno durante todos los sexenios desde López Portillo. En importantes capítulos de sus anteriores plataformas electorales, el Partido Acción Nacional censuraba la corrupción en la paraestatal ofreciendo al pueblo que, de llegar al poder, acabaría con esa lacra de robos, venalidad sindical creciente e improductividad comparativa con la mayoría de las empresas petroleras del mundo.

 

Llegó Fox a la Presidencia y colocó a un empresario de la Dupont, Raúl Muñoz Leos para salvar a la empresa induciendo el cambio hacia una administración honrada, moderna y efectiva. Acababa de ocurrir que se habían sustraído cientos de millones de pesos para el apoyo electoral del candidato oficial. El ambiente era propicio para una reorganización a fondo y, aparentemente Muñoz Leos la había planeado y empezaba a implementarla, cuando llegó su sorpresivo cese del que ni él mismo conoció el motivo. La empresa petrolera no sólo volvió al vicio de fabricar riquezas inimaginables a contratistas sino negocios hasta para despachos de abogados, asesores y chambas de aviadores con estratosféricos sueldos y prestaciones.

 

Tras Pemex hay un gran sindicato

(Juan Bustillos, Online)

 

José Antonio González Anaya no requirió de muchas palabras para destacar la importancia del gremio en la empresa más grande de México y América Latina y una de las más importantes del mundo: “Detrás de Pemex, está un gran sindicato”, el petrolero.

 

No es la primera ocasión que el director de Pemex se expresa así del sindicato que encabeza el senador Carlos Romero Deschamps; en agosto de 2016, cuando apenas tenía siete meses en el puesto dijo lo mismo que el martes pasado en la conmemoración del LXXXII aniversario de la fundación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

 

Quizá, en los pocos metros que separaban su silla en la mesa principal de la celebración del pódium, se preguntó qué decir y decidió repetir lo del año anterior porque en 2016 empresa y sindicato rompieron la marca de tiempo en las negociaciones de la revisión salarial; en tan sólo 9 días se pusieron de acuerdo las comisiones negociadoras (Carlos Treviño y Marco Antonio Murillo, por la empresa, y el diputado Fernando Navarrete, Ricardo Aldana y Manuel Limón, por el sindicato), pero el senador Romero Deschamps y el director González Anaya requirieron sólo de 5 minutos para firmar lo acordado por sus representantes.

 

¿Se retira… sin ser absuelto?

(Marco Antonio Aguilar Torres, Online)

 

En espera de la confirmación de su jubilación eclesiástica de parte del Papa Francisco, mismo que guardó su distancia con el gremio que encabeza desde su visita pastoral a México por perspectivas de visión religiosa encontradas, el Cardenal Norberto Rivera Carrera presentó desde junio pasado su renuncia por haber cumplido 75 años de edad, para retirarse de la arquidiócesis más grande del mundo.

 

El custodio de la imagen de la Virgen de Guadalupe, tras 12 largos años de presidir la Arquidiócesis Primada de México, espera su retiro con grandes dudas sobre el calificativo que le aplicará la historia doctrinaria que representa, por sus tareas pastorales desde su ordenación sacerdotal por el Papa Pablo VI en 1966.

 

Ve con intranquilidad el futuro, el que fuera Obispo de Tehuacán en 1985, por el juicio social sobre su pontificado que lo identifica más con la clase política y empresarial que, de acercamiento con sus feligreses.

 

Observa preocupación declarada el Cardenal Presbítero en Roma de 1998, por las demandas civiles que obran en su contra por el presunto encubrimiento de 15 casos de abusos sexuales contra niños, en las que asegura no haber encubierto a sacerdotes pederastas, convirtiéndose en el primer cardenal en el mundo que es llamado a declarar ante una institución civil de impartición de justicia.

 

AMLO barrena

(Roberto Cruz, Online)

 

Interpretado en las recientes palabras del líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, el temor por el avance de Andrés Manuel López Obrador es más que claro.

 

Y ese temor incumbe, mayoritariamente, al PRI.

 

El PRD, con o sin Frente con el PAN, si el próximo año triunfara su ex militante se daría por satisfecho. Vaya, haría fiesta, aun cuando el líder de Morena ha pasado, una y otra vez, sobre ellos.

 

El PAN sólo hablaría de una derrota más, acostumbrados a Josefina… y a Josefina, pero aplaudiría la salida del PRI de Los Pinos.

 

En medio de tormentas de toda índole, y no precisamente porque estamos en temporada de huracanes, los damnificados parecen ser todos, menos Andrés Manuel López Obrador.

 

Aun cuando los golpes mediáticos por audios, videos, vinculación de allegados a Morena con el crimen organizado (Rigoberto Salgado), aparición de “señoras de las ligas” (al estilo René Bejarano, llámese Eva Cadena…), del “diezmo” (…o Delfina Gómez), o cualquier parecido con líderes protagonistas del autoritarismo latinoamericano, retumben en la carcasa de su partido, él, siempre fiel a su doctrina, resulta inmaculado e increíblemente en ascenso.

 

‘Ha vuelto’… y no sólo es Donald Trump

(Hugo Páez, Online)

 

“¿Nunca se preguntó por qué me sigue la gente..? Porque por dentro son como yo”, dice Adolf Hitler al productor de televisión en el aterradoramente interesante filme “Ha vuelto”, basado en el libro de Timur Vermes.

 

Una producción de Netflix con escenas reales de alemanes del momento, sorpresivamente empáticos con el intérprete del Führer.

 

Más aterrador es compartir naturaleza y especie con el líder del Tercer Reich de Alemania, naturaleza reflejada en las protestas con ultraderechistas y neonazis en Charlottesville Virginia, y la justificación grotesca del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

 

Peor aún: el sentimiento ultranacionalista y antimusulmán despierta en Barcelona después del atentado en las Ramblas, atribuido al Estado Islámico, con saldo de 14 muertos y medio centenar de heridos.

 

Leí el libro de Vermes cuatro años atrás. Antes de la edición en español del 2013, vendió más de un millón de ejemplares en Alemania.

 

Una sátira ingeniosa que analiza la forma en que se comportaría Hitler si de pronto reviviera en el 2011 en Berlín, en donde se ubicó el bunker, y cómo sería recibido por el pueblo alemán.

Revistas de 13 de agosto del 2017

Proceso
Los sobornos de Odebrecht; testimonios en Brasil involucran a Lozoya

Odebrecht y Lozoya Austin, nombres vinculados en investigación sobre sobornos
Contralínea
Crisis en la UNAM por violencia

· 300 ataques sexuales

· 35 muertos

· 5 desaparecidos

Siempre
Rafa Márquez y el Julión en la mesa del TLC

Tal parece que eligieron con todo cálculo a unos de los muchos que a diario se retratan con el presidente mexicano
Vértigo
Alfredo del Mazo, gobernador electo

El Instituto Electoral del Estado de México ratifica su triunfo
Impacto
‘Batalla decisiva por México’: Peña; ‘Unidad para servir, unidad para ganar’

Con un efusivo discurso durante la clausura de su XXll Asamblea Nacional, el presidente llama a los priístas a no intimidarse ante los retos

Proceso

Odebrecht y Lozoya Austin, nombres vinculados en investigación sobre sobornos

(Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, págs.6-11)

El nombre de Emilio Lozoya Austin ha sonado repetidas veces a lo largo de la investigación que la justicia brasileña lleva sobre el caso Odebrecht, la constructora que hizo del soborno su arma de sobrevivencia. En declaraciones juramentadas, tres exejecutivos de esa empresa aseguran que quien fuera director de Pemex entre 2012 y 2016 recibió “propinas” por 10 millones de dólares para ofrecerle a esa firma contratos a modo. Proceso da cabida en sus páginas a esta investigación, realizada por Quinto Elemento Lab, parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.

Cuando el poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht no tuvo más remedio que colaborar con la justicia, confesar y exhibir la cauda de corrupción sembrada en una decena de países de tres continentes, se produjo un ligero terremoto: presidentes, ministros, diputados, prominentes figuras políticas y todo tipo de hombres ambiciosos de Latinoamérica y otras latitudes se cimbraron. En México ocurrió que se mencionó en ese momento muchas veces el nombre de un hombre de la tecnocracia: Emilio Lozoya Austin.

Hoy, en declaraciones juramentadas, altos exejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias. Y ahí aparece, de nuevo, Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, el político al que la dirección de la constructora brasileña asegura haber sobornado y entregado “propinas” de 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública.

Eso es lo que sostienen los testimonios jurados de tres inculpados por la justicia brasileña. Eso dicen Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva. Y dicen mucho más, según las delaciones secretas de esos tres altos funcionarios de Odebrecht contenidas en el proceso penal 6655, radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, y obtenidas por Quinto Elemento Lab como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.

Y lo que dicen ante el Ministerio Público Federal de Brasil los máximos responsables de Odebrecht para México, para Latinoamérica y el cerebro del “Departamento de Sobornos”, como lo calificó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es lo siguiente:

Que Emilio Lozoya solicitó y recibió, primero, 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012. Cuentan que era una manera de asegurar los favores de quien se había colocado como una figura prominente en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Que en marzo de 2012 Emilio Lozoya se reunió con Luis Alberto de Meneses, el director superintendente de Odebrecht en México, y que en ese encuentro, quien sería futuro director de Pemex le proporcionó el nombre de una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, cuyo número de cuenta en el banco privado suizo Gonet et Cie es el CH 46 0483 5090 3745 3400 7.

Que les pidió que ahí le enviaran las transferencias bancarias. Y que a partir del 20 de abril de 2012 llegarían en cascada: primero, de 250 mil dólares, luego de 495 mil dólares, y un día después 505 mil dólares.

Que la relación creció y que una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General de Pemex las cosas se mantuvieron en un buen tono, que lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar contratos y que éste les respondió positivamente.

Los cerrajeros de Peña Nieto abren las candidaturas del PRI

(José Gil Olmos, págs. 12-14)

La XXII asamblea priista fue manipulada por los hombres del presidente Peña Nieto con el fin de quitar los candados que estorban a sus cercanos José Antonio Meade y Aurelio Nuño para ser candidatos presidenciales. Al denunciar esta situación, los priistas César Augusto Santiago y Ulises Ruiz advierten que tal imposición puede defraudar a las bases y causar una escisión tan grave como la de 1988.

Al cabo de una discusión acalorada en Campeche, el miércoles 9 por la noche los priistas dieron el paso que se fraguó desde Los Pinos: modificaron los estatutos con el fin de allanar el camino para que alguno de los favoritos del presidente Enrique Peña Nieto sea presuntamente ungido candidato presidencial para 2018: José Antonio Meade o Aurelio Nuño.

Los priistas que asistieron a la mesa de debate instalada en Campeche identificaron a Augusto Gómez Villanueva, José Murat y José Ramón Martel como los “mercenarios” de Peña Nieto para abrir paso a un “tecnócrata” simpatizante, al suprimir los candados del artículo 166 de los estatutos, principalmente los 10 años de militancia, cumpliendo así el objetivo principal de la XXII Asamblea Nacional.

Jorge Carlos Ramírez Marín presidió la asamblea, pero fue el exdiputado federal José Ramón Martel –a quien Meade nombró su asesor especial cuando fue secretario de Desarrollo Social– el que propuso quitar de manera definitiva los candados de los estatutos que impedían a simpatizantes externos aspirar a una candidatura, sobre todo la presidencial.

César Augusto Santiago y Ulises Ruiz sostienen que la decisión fue ejecutada también por un grupo que controla al PRI desde hace años y que manipuló la asamblea al imponer delegados a modo. Y señalan que encabezaban ese grupo el senador Emilio Gamboa, el diputado César Camacho y el dirigente del partido, Enrique Ochoa Reza, todos cercanos a Peña Nieto.

Durante 21 años, desde la Asamblea XVII efectuada en 1996 y que estuvo dirigida por César Augusto Santiago como secretario del Consejo Político Nacional y Santiago Oñate Laborde como presidente del partido, se aprobaron los famosos candados que impedían la llegada de simpatizantes externos.

Antes de ser modificado, el artículo 166 señalaba que para ser candidatos a presidente de la República, legislador o presidente municipal, los aspirantes debían tener 10, cinco o tres años de militancia, respectivamente; haber ocupado un cargo de elección popular, estar al corriente del pago de cuotas, tener el apoyo de tres organizaciones y de los sectores del partido, de un porcentaje de miembros del Consejo Político, de los comités municipales y estatales, así como de la militancia.

Estos requisitos no los cumplían Meade ni Nuño.

Al suprimir todos los requisitos de militancia y de experiencia en puestos de elección popular, Nuño y Meade pueden entrar en la terna de aspirantes a la candidatura presidencial del PRI. También se menciona la posibilidad de que la integren el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de Salud, José Narro, quienes sí cumplían el requisito de militancia.

La elección en Edomex, viciada y anulable

(Álvaro Delgado, págs. 15-17)

En la sesión en la que Instituto Electoral mexiquense declaró ganador de la elección pasada a Alfredo del Mazo, un consejero rompió la unanimidad: Gabriel Corona Armenta. El experto politólogo afirma que la elección fue viciada por la integración de los órganos electorales y la intervención abierta del gobierno federal, todo ello a favor del candidato del PRI. Para él, cuando unos comicios son anticonstitucionales, lo que procede es anularlos.

La compra y coacción del voto, la utilización electoral de programas sociales federales y estatales, la intervención de funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como la actuación parcial del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y del Instituto Nacional Electoral (INE), todo para favorecer al priista Alfredo del Mazo, configura un proceso viciado que debe ser anulado, afirma el consejero Gabriel Corona Armenta.

“Fue una elección en la que no hubo libertad, equidad ni imparcialidad y en la que no se respetaron los principios básicos de la función electoral”, afirma el único consejero del IEEM que votó en contra de la declaración de validez de la elección del 4 de junio y de la entrega de la constancia de mayoría como gobernador electo al priista Del Mazo, en la sesión del miércoles 8.

En entrevista un día después de que sus compañeros del IEEM convalidaron la elección y el triunfo de Del Mazo, Corona Armenta insiste en que el principio de imparcialidad se violentó, “porque no se detuvo, no se hizo gran cosa para frenar la intervención, sobre todo del gobierno federal”.

Y la razón de este operativo es que para el presidente Enrique Peña Nieto “ésta se convirtió en una elección estratégica; de aquí dependía buena parte de su futuro político. Conservar el Estado de México mantiene vivas las expectativas de ganar la Presidencia de la República; perderlo lo ponía en la antesala de la derrota y por eso echaron toda la carne al asador”.

–¿Esto se va a repetir en la elección federal de 2018?

–¡Por supuesto! No tengo dudas de que así será. Ya vieron que en el Estado de México funcionó y no dudo de que van a intentar repetirlo. ¿Por qué razón? Lo dije hace no mucho tiempo. En 2011, cuando Bernardo Barranco y yo hicimos un estudio en Dictamen Ciudadano, la ONG que teníamos, una de las conclusiones fue: en México violar la ley electoral resulta muy barato.

–Si no se hubiera hecho todo lo que se ha documentado, ¿hubiera ganado Del Mazo?

–¡Claro que no! De hecho, partido por partido, el que saca más votos es Morena.

Y, especula, si se hiciera una investigación muy cuidadosa sobre los errores en el conteo de votos que le restan sufragios a Morena y se los sumaron a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social, las cifras cambiarían: “Es probable que con esos votos fuera suficiente para que ganara Morena”.

Un foxista en la carrera por la Presidencia

(Álvaro Delgado, págs. 22-24)

Luis Ernesto Derbez se reconoce como el único aspirante foxista a la Presidencia de la República, pero se deslinda de su exjefe, el que anda en campaña permanente. Hace un año propuso una alianza PAN-PRI y ahora dice que el partido en el poder está manchado de corrupción, así que mejor acepta la alianza blanquiazul con el PRD, pero no le gusta definirla como “opositora”. Y con las promesas de ser honesto y dedicarse a gobernar, no a colocar un sucesor, se dice preparado para ganar una elección interna, abierta a la militancia panista.

Secretario de Economía y de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox, así como amigo de Marta Sahagún, Luis Ernesto Derbez irrumpe en el PAN como el único aspirante foxista a la candidatura presidencial.

“Sí, soy el único foxista”, admite Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLA), quien tras nueve años de alejamiento del PAN busca ser su candidato presidencial el próximo año.

“Yo sería excelente presidente por una razón –se ufana–: todos los que he visto como candidatos llegan a presidentes y quieren seguir siendo candidatos, y yo no. Quieren poner a alguien para que sea su continuidad, y entonces están haciendo todo para poner a alguien o tienen alguna otra pretensión de futuro.”

Pero candidatos siguieron siendo también Felipe Calderón, el sucesor panista de Fox, y además el priista Enrique Pena Nieto. “¿Qué está haciendo hoy el presidente Peña? Dando discursos, pensando que dando discursos se está resolviendo el problema del país. ¿De qué sirve eso? De nada, porque ni siquiera le da popularidad al final”.

En amplia entrevista, el pasado 7 de julio en las oficinas de la UDLA de la Ciudad de México –institución de la cual se separará el 30 de agosto–, el único foxista que sigue activo en política dice ignorar si la imagen de Fox lo afectará negativamente, sobre todo por la frustrada expectativa que generó ese gobierno.

Sobre las alianzas

Hace exactamente un año, en julio de 2016, Derbez propuso una alianza del PAN, pero no con el PRD, como la que se negocia, sino con el PRI y hasta vaticinó que Moreno Valle podría ser el candidato.

Sobre Moreno Valle, Derbez considera que repuntará en el PAN en 2017 y dejará atrás a Zavala y a Anaya: “La pregunta para los otros es: ‘Dime qué estás proponiendo’. En el caso de Moreno Valle, ya cuenta con una trayectoria como gobernador. Ni Margarita ni Ricardo Anaya tienen una propuesta sólida”.

Aspirantes panistas truenan contra Anaya

(Álvaro Delgado, págs. 24-25)

Ante la ira y la impotencia de Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, que ven cómo lo controla todo –incluidas las negociaciones para la alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano–, Ricardo Anaya edifica su proyecto presidencial con todos los recursos del PAN, partido que preside.

Anaya contrató ya como su estratega al consultor Roberto Trad Hasbun, pese a que en la elección de Coahuila, impugnada por el PAN, fue el estratega del PRI en Torreón y es allegado a Alejandra Sota, vocera de Felipe Calderón en la Presidencia y asesora de los priistas Eruviel Ávila, Rubén Moreira y Alfredo del Mazo.

De acuerdo con información de varios militantes panistas, se han celebrado al menos cuatro reuniones formales para negociar los términos de la alianza: a ellas han asistido la presidenta y la secretaria general del PRD, Alejandra Barrales y Beatriz Mojica, con la presencia a veces también de los gobernadores Graco Ramírez y Silvano Aureoles, mientras que por el PAN sólo acude Anaya.

Según esas fuentes, Anaya se asume como el único panista autorizado y avalado por la Comisión Permanente Nacional del partido para negociar y acordar todo lo concerniente al Frente Amplio Opositor, como la medición de los prospectos a la candidatura presidencial de éste, entre ellos los gobernadores mencionados y el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

La Presidencia ignoraba la investigación de la OFAC

(J. Jesús Esquivel, págs. 26-28)

El expediente criminal contra Raúl Flores Hernández –quien hoy está recluido en el penal del Altiplano y en Estados Unidos es considerado un narcotraficante “significativo”– lo abrieron las autoridades del país vecino hace un año, aseguran a Proceso un funcionario mexicano y otro estadunidense. Y según las mismas fuentes, autoridades del gobierno de México estaban al tanto desde entonces. No así la Presidencia, lo cual explica que Enrique Peña Nieto se haya fotografiado en días previos al escándalo con uno de los personajes implicados en el caso: el cantante Julión Álvarez.

Washington.- Desde mediados de 2016 el gobierno de Estados Unidos compartía con el de México el expediente criminal de Raúl Flores Hernández, presunto narcotraficante y lavador de dinero. Y aunque el documento incluye los nombres del futbolista Rafael Márquez Álvarez y del cantante Julión Álvarez, en Los Pinos presuntamente no estaban enterados del caso.

–¿Sabía la Presidencia del caso criminal de Flores Hernández que involucra a Rafa Márquez y al cantante Julión Alvarez, con quien incluso el presidente Enrique Peña Nieto se tomó fotografías durante su gira por Chiapas? –pregunta el corresponsal a un alto funcionario del gobierno mexicano que pide omitir su nombre y el de la dependencia en la cual labora.

–La Presidencia, no; el presidente, no lo sé –responde vía telefónica.

El miércoles 9 la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sacudió al mundo deportivo, al de la farándula y a la propia Presidencia de México, al ligar a Márquez y Álvarez a una red de lavado de dinero y prestanombres, presuntamente relacionada con las operaciones del tráfico de drogas de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bajo la ley estadunidense promulgada en 1999 y conocida como la Kingpin Act, la OFAC calificó a Flores Hernández como el narcotraficante “más significativo” y lo ubicó entre las mayores amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y otros narcotraficantes.

“Además de Flores y su organización… la OFAC también designa a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en México por prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Raúl Flores Hernández y la organización de narcotráfico Flores y/o por ser propiedad o estar bajo control de ésta, sus miembros y asociados de confianza”, indica el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro.

El comunicado lo difundió primero la embajada de Estados Unidos en México, en español; media hora después lo hizo el Departamento del Tesoro en Washington.

Tres días antes de que Washington etiquetara al futbolista y al cantante de música norteña como “frentes y testaferros” de la organización criminal de los Flores, durante una visita a Chiapas, Peña Nieto y el gobernador de esa entidad, Manuel Velasco Coello, se tomaron una foto con el cantante de piezas vernáculas durante un paseo en lancha por el Cañón del Sumidero.

Minutos después de que la OFAC sacudiera a la sociedad mexicana con el caso del futbolista y el cantante, la Presidencia de México borró la fotografía que Peña Nieto había colocado en las cuentas oficiales de Instagram y Facebook.

Intercambio de información

Un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos comenta al corresponsal –a condición de omitir su nombre, pues la investigación está en curso–: “Desde el año pasado compartíamos la información con el gobierno de México sobre la investigación a Flores Hernández y sus socios para lavar dinero y traficar drogas.

La falta de coordinación y tal vez una falla de comunicación entre Los Pinos, Hacienda –que encabeza José Antonio Meade–, la procuraduría e incluso un error para advertir a Peña Nieto del asunto de parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quizá sea la única explicación lógica al hecho de que el mandatario se tomara la fotografía con un personaje al que Estados Unidos asocia con Flores Hernández y con las dos organizaciones criminales más peligrosas de México.

El funcionario del Departamento de Justicia consultado acota que para los intereses de seguridad de Estados Unidos y los del combate al crimen organizado y al narcotráfico, el caso se concentra en Flores Hernández y no en Márquez y Álvarez.

Legal y jurídicamente el gobierno de Trump no minimiza las acciones contra el futbolista, el cantante, 19 personas más y 42 empresas. El punto central del caso son las acusaciones criminales contra Flores Hernández, a quien el Departamento del Tesoro le imputa cargos criminales federales relacionados con el trasiego de drogas y el lavado de dinero.

En marzo pasado el gobierno de Trump acusó formalmente ante la Corte Federal del Distrito Sur del estado de California y ante la del Distrito de Columbia (capital estadunidense) a Flores Hernández de esos ilícitos a favor del Cártel de Sinaloa y del CJNG.

El pasado 20 de julio, gracias al intercambio de información de inteligencia con la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), las autoridades mexicanas capturaron a Flores Hernández en un operativo federal en el que no fue necesario hacer un solo disparo. Inmediatamente después de la captura, Estados Unidos solicito a México la extradición.

Las andanzas (y los socios) del “Tío” en Jalisco

(Gloria Reza M., págs. 29-30)

En Jalisco sus amigos describen a Raúl Flores Hernández, El Tío, como un ciudadano impasible, lo que contrasta con la ficha del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que le imputa varios delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y otros ilícitos. El caso ya salpicó a otras 20 personas, entre ellas a Rafael Márquez. El futbolista, amigo de Flores Hernández y otros personajes de su entorno, es considerado uno de los presuntos prestanombres del cártel que lideraba El Tío. Proceso investigó los probables nexos del futbolista con el capo y detectó las empresas que fundó Márquez.

El 9 de julio de 2009 por la madrugada policías federales catearon varias fincas en Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Iban en busca de Raúl Flores Hernández, El Tío, y su hijo Raúl Flores Castro, señalados como operadores de Joaquín El Chapo Guzmán e Ignacio Nacho Coronel, dos de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades les atribuían la propiedad de la finca La Camelia, ubicada en avenida Chapalita y López Mateos. A ese lugar acudió el cantante Julión Álvarez a amenizar una fiesta. Ahí conoció al Tío, según reveló el propio artista.

Un mes después, el 3 de agosto, la Procuraduría General de la República (PGR) vinculó a Flores Hernández en operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación o alteración de moneda.

Desde entonces se conocían las andanzas del Tío, la red de sociedades que tejió, sus nexos con el crimen organizado y su amistad con gente de la farándula, como Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez, presuntos implicados en el caso judicial que se le sigue a Flores Hernández en Estados Unidos.

En sus inicios, El Tío –a quien el departamento del Tesoro de Estados Unidos considera como líder del Cártel de los Flores, una organización vinculada al Cártel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación (CJNG)–, era gente de confianza de Coronel. Cuando el capo fue abatido por elementos del Ejército, sus seguidores se fraccionaron y formaron varias células, entre ellas la que se transformó en el CJNG.

Los orígenes

Fuentes consultadas por Proceso aseguran que El Tío es originario de Villa Purificación, municipio controlado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG. También mencionan que el político priista Félix Flores Gómez, quien falleció el 22 de agosto de 2013, era primo de Flores Hernández.

La Procuraduría General de la República (PGR) buscaba a Flores Castro por su presunta participación en el asesinato del futbolista David Mendoza Díaz, El Magic, ocurrido en noviembre de 2008 en las inmediaciones del estadio 3 de Marzo, en Zapopan.

Ese día, El Magic presenciaba un encuentro entre el América y Los Tecos junto con Flores Castro, Omar Cano Urías y Víctor Manuel Carranza Zepeda, cuando fue ejecutado de tres balazos. Todos los mencionados están en la lista publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la semana pasada. En ella, El Tío aparece como operador del Cártel de los Flores, vinculado al Cártel de Sinaloa y al CJNG.

Durante cuatro años la PGR no detuvo a ninguno de ellos a pesar de que en 2010 ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por El Tío, a quien también identificó como Miguel Casas Linares.

En 2013 también fue detenido El Tío acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estuvo preso dos años en el penal federal número 4 del Noroeste. Por esas fechas comenzó a relacionarse con Julión y con el futbolista Rafael Márquez, a quienes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala junto con otras 20 personas como presuntos prestanombres para lavar dinero de la organización que encabezaba El Tío.

Caso Márquez-Julión “La corrupción paraliza al sistema judicial”

(Patricia Dávila, págs. 31-34)

El caso judicial que implica al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez como presuntos lavadores de dinero, sólo evidencia que, como Estado fallido, México permite que sus propios ciudadanos sean acusados con o sin fundamento por Estados Unidos, comenta a Proceso el investigador Edgardo Buscaglia, para quien lo importante no es investigar a las personas físicas, sino desmantelar la estructura financiera de las redes criminales que las utilizan.

Consultado sobre los presuntos vínculos del narcotraficante Raúl Flores Hernández, El Tío, con el futbolista Rafael Márquez Álvarez y el cantante Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julión Álvarez, Edgardo Buscaglia habla de la “tragedia mexicana”.

“Como Estado fallido, México da lugar a que sus propios ciudadanos sean acusados con o sin fundamento en otros países. Esta es una de las grandes tragedias mexicanas: la corrupción política de más alto nivel que va del presidente hacia abajo”, comenta el investigador de la Universidad de Columbia.

Explica que tanto Márquez como Álvarez Montelongo deben ser investigados penalmente en Estados Unidos para determinar si las inversiones que realizaron en el sistema bancario de ese país deben ser sancionadas; de lo contrario, ambos deben ser absueltos de los presuntos delitos que les imputa el Departamento del Tesoro.

Las cinco investigaciones

El también presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México explica: “El que tu nombre aparezca en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no es una evidencia o prueba judicialmente evaluada. Lo que debe hacerse es abrir de manera paralela cinco investigaciones, algo que en México nunca se hace, por lo que nunca se desarman las enormes redes patrimoniales, como las que se le atribuyen al Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales.

Buscaglia enumera esas cinco investigaciones paralelas: “la penal, la financiera, la patrimonial no financiera; en ésta, países con estructuras federales como México, Alemania y Estados Unidos, los Estados aportan la investigación, algo que no ocurre en México, a pesar de que ésta identifica tierras, bienes tangibles no financieros, fábricas, bienes que normalmente están asociados a la red criminal a nombre de empresarios.

“La cuarta investigación es la penal tributaria, la cual debería de ser llevada por el SAT (Servicio de Administración Tributaria); la quinta es la investigación por extinción de dominio, una figura no penal. En México se invierte la carga de la prueba y el Estado pide que el acusado demuestre que adquirió los bienes de manera legal. Estas cinco investigaciones permiten desmantelar redes de narcotráfico –similares a la de los Flores– como lo hacen Brasil, Alemania y Colombia”.

Estas cinco investigaciones se deben de llevar con un fiscal como hace Italia, que involucra a 17 agencias federales y estatales. Pero en un país como México, eso no existe.

Así, Estados Unidos, deberá iniciar esas cinco investigaciones para demostrar si el futbolista y el cantante son culpables o no de los delitos que se les imputan.

México no está cumpliendo con más de 50% de los acuerdos de la Convención de las Naciones Unidas (ONU), entre ellas de Convención contra la Delincuencia Organizada, la Convención contra la Corrupción, así como las 40 recomendaciones sobre la prevención de lavado de dinero.

Un cura pederasta de Coahuila, protegido por jerarcas católicos

(Rodrigo Vera, págs.35-37)

Un caso más de pederastia sacude a la Iglesia católica mexicana: un seminarista de Piedras Negras, Coahuila, sufrió abusos sexuales del rector del seminario local. Y pese a que la víctima denunció ante las autoridades eclesiásticas, nada se hizo para castigar al abusador. Para cuando el joven acudió a las autoridades judiciales, su victimario ya estaba prófugo, aparentemente ayudado por el arzobispo de Monterrey y el nuncio apostólico en México.

En 2015, aún como rector del Seminario Menor de la diócesis de Piedras Negras, Coahuila, Juan Manuel Riojas Martínez abusaba sexualmente de su estudiante Javier Calzada Tamez, entonces de 16 años y quien denunció ese abuso ante las autoridades eclesiásticas. Al comprobar que éstas protegían al sacerdote, el joven acudió este año a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, donde denunció penalmente tanto al pederasta como al obispo de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño, por considerarlo encubridor.

Estos hechos ocurren en un entramado de encubrimiento eclesiástico de muy alto nivel, en el que participan el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera; el nuncio apostólico en México, Franco Coppola; y algunos sacerdotes subalternos. Todos conocían los atropellos de Riojas Martínez, conocido como el padre Meño, y aun así permitieron que se fugara.

En entrevista, Calzada Tamez, ya de 18 años relata paso a paso los atropellos que sufrió, así como las artimañas y presiones de la Iglesia con que intentaron acallarlo. De entrada, detalla que entre marzo y julio de 2015 el padre Meño lo obligaba a entrar a su habitación para cometer ahí sus abusos sexuales, valiéndose de su autoridad como rector del seminario.

Cuenta el hoy exseminarista: “La primera vez que el padre Meño abusó de mí fue el 23 de marzo de ese año, día de su aniversario sacerdotal. Me ordenó que le llevara a su cuarto una casulla. Él estaba ya ahí… esperándome… y andaba tomado.

Del Seminario Menor de Piedras Negras el adolescente pasó a estudiar al Seminario Mayor de la arquidiócesis de Monterrey. Fue ahí donde, a mediados de diciembre de 2016, se atrevió a denunciar al sacerdote ante las autoridades eclesiásticas, quienes se comprometieron a denunciar a Riojas ante la justicia civil y eclesiástica, como lo marcan las leyes. Pero todo quedó en el papel. No lo denunciaron ante las autoridades civiles. Más bien se dieron a la tarea de acallar a la víctima para evitar cualquier escándalo.

Denuncia penal

No fue sino hasta enero de este año cuando el seminarista reveló a sus padres los abusos de que fue víctima. Después, el 17 de enero, Garza Treviño citó en su casa a los padres de la víctima para tratar de acallarlos a cambio de dinero.

Señala que un mes después, el 18 de febrero, el obispo le quitó finalmente la rectoría del seminario al padre Meño. Pero no lo castigó. Solo lo cambió de puesto. Lo nombró vicario del Santuario de Guadalupe.

Sobre este cambio de adscripción, comenta indignado la joven víctima: “El obispo más bien le dio un premio al padre Meño, pues el Santuario de Guadalupe es el principal templo de la diócesis y al que concurren más feligreses. Y, por si fuera poco, el obispo también lo dejó a cargo de una casa para migrantes aquí mismo, en Piedras Negras.

“Luego, a principios de marzo, durante unos días que tomé de asueto en el Seminario Mayor para estar con mis papás en Piedras Negras, el padre Jesús Martínez me llamó para decirme: ‘Ya te tengo una respuesta del obispo’. Me alegré muchísimo, pensé que el obispo por fin se había decidido a denunciar a su sacerdote. Pero al encontrarme con el padre Chuy (Martínez Compeán), éste me entregó una carta, redactada en primera persona y en nombre mío, como si yo la hubiera escrito. La carta decía que yo exculpaba al obispo de todo acto de encubrimiento.”

Mi familia y yo también decidimos denunciar penalmente al padre Meño. Lo hicimos el pasado 24 de marzo, ante la Procuraduría de Justicia de Coahuila. Un día antes le avisamos al padre Martínez Compeán que pondríamos la denuncia porque la diócesis no hacía nada.

–¿Y del padre Meño qué se sabe?

–¡Nada! La procuraduría dice que lo sigue buscando. Y la Interpol ya puso, por su lado, la ficha roja… No sabemos dónde se esconde.

Contralínea

Crisis en la UNAM por violencia
(Zósimo Camacho, Online)

En las rectorías de los médicos De la Fuente, Narro Robles y Graue se han registrado 300 ataques sexuales en instalaciones de la UNAM. Además, han muerto 36 personas y cinco más desaparecieron. Fuera del campus, otros 12 universitarios han sido asesinados o desaparecidos. Trescientos ataques sexuales se han registrado en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 2006 a la fecha. En ese periodo –que abarca el final del rectorado de Juan Ramón de la Fuente; la gestión del actual secretario federal de Salud, José Narro Robles, y la administración de Enrique Graue Wiechers– también han muerto 36 personas en los distintos campus.

De esos fallecimientos, los nueve más recientes ocurrieron en poco más de 1 año. Y aunque las investigaciones ministeriales aún no concluyen, en algunos casos –como el de la joven Lesvy Berlín Osorio, muerta el pasado 3 de mayo en Ciudad Universitaria– se sospecha que se trató de asesinatos. En ese mismo lapso, cinco estudiantes desaparecieron. De éstos, dos hombres y dos mujeres fueron localizados con vida; pero de la quinta víctima, una alumna, se localizaron sus restos. Académicos y universitarios señalan que durante los rectorados de José Narro Robles (noviembre de 2007-noviembre de 2015) y de Enrique Graue (quien está en el cargo desde el 17 de noviembre de 2015) se incrementó la presencia de grupos porriles y de narcomenudistas en la Ciudad Universitaria.

Utiliza Trump ley extraterritorial para amedrentar a México
(Miguel Badillo, Online)

A 5 días de iniciar las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno del repudiado Donald Trump dio un golpe de mesa para dejar en claro a nuestro debilitado presidente Enrique Peña Nieto y su grupo de negociadores (como se demostró en aquella llamada de principios de año entre los dos mandatarios) quién manda en esta deteriorada relación bilateral México-Estados Unidos. Las acciones legales emprendidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de dos mexicanos populares y admirados (el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez) son una clara advertencia para los funcionarios que se van a sentar en las mesas de negociación de que cualquier mexicano puede ser investigado, perseguido y procesado por el largo brazo de la ley extraterritorial del gobierno más poderoso del mundo, convertido en el clásico policía que utiliza el garrote para amedrentar y golpear a quien le plazca.

Más allá de cualquier responsabilidad penal que pudieran tener Márquez y Álvarez por supuestos vínculos con el crimen organizado, circunstancia que no ha sido probada ante un tribunal, el problema para el Estado mexicano es que las autoridades de Estados Unidos vuelven a poner contra la pared al gobierno mexicano y lo exhiben como negligente y omiso por su incapacidad para investigar el lavado de dinero en México y combatir con eficacia a la delincuencia organizada. Según la lista publicada por la OFAC, entidad dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para identificar a empresas y personas vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado, tanto Márquez como Álvarez son testaferros y lavadores de dinero de Raúl Flores Hernández, jefe de un supuesto cártel con sede en Jalisco y operación en varios estados del país.

Las 10 áreas que más interesan a Trump en la renegociación del TLCAN
(Nancy Flores, Online)

Diez son las áreas en las que se enfocará el gobierno de Donald Trump para reducir o “acabar” lo que a su juicio es un “abuso” por parte de México (principalmente el déficit comercial y el supuesto robo de empleos) y para someter aún más a nuestro país a sus ambiciones hegemónicas regionales. En esos 10 puntos girará la desventajosa renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a la cual el gobierno de Enrique Peña Nieto llega prácticamente arrodillado. En la lista sobresalen los recursos energéticos, que han llevado al vecino del Norte a encabezar sangrientas y devastadoras guerras alrededor del mundo. Pero en el caso mexicano no tendrá necesidad de mandar tropas y “liberar” a nuestro pueblo de su tirano gobierno, pues para apropiarse de éstos le bastará con cambiar las cláusulas del TLCAN.

Y es que su entrega total a los intereses de Estados Unidos estará justificada en la reforma energética de 2013, que abrió ese sector estratégico a la iniciativa privada, sobre todo extranjera. Las otras nueve áreas que más importan a Trump en la renegociación del TLCAN son: la industria automotriz, las condiciones laborales, temas medioambientales, los avances tecnológicos, los derechos de propiedad intelectual, la “competencia desleal” de las empresas estatales, las inversiones extranjeras y la solución de conflictos (decisiones antidumping). En su análisis The North American Free Trade Agreement (NAFTA), el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense considera que ésos son los temas más importantes para la administración de Trump.

Buscar el apoyo del pueblo hace populistas de izquierda, centro y derecha
(Álvaro Cepeda Neri, Online)

Hay un falso debate en el “teatro de las disputas sin término”. Y es que aquellos que invocan al pueblo, aunque sólo sea para usarlo como etapa o escalón a fin de hacerse del poder o los poderes, por medios electorales o de plano antidemocráticos (“no hay régimen, incluso el más autoritario, que no quiera hacerse llamar democrático”, afirma Norberto Bobbio en su diccionario Teoría General de la Política, editorial Trotta), irremediablemente y en mayor o menor grado son populistas. La experiencia política –al menos desde Atenas hasta nuestro tiempo– nos acusa que dictadores, golpistas, demócratas se apoyan en el pueblo y recurren a él para justificarse y así, legítimamente y hasta ilegalmente, apoyarse popularmente, con mayorías o minorías, para alcanzar el poder del Estado y ejercerlo, ya sea con arreglo a elecciones o hereditariamente como en las monarquías; o sucesiones familiares que van desde el Reino Unido a Corea del Norte. O partidos como en Rusia, Cuba, Venezuela, etcétera.

No hay uno que se haya hecho del poder, que no alegue, se justifique o trate de probar que el pueblo lo apoya. E incluso hasta dice gobernar en su beneficio. Mayormente populistas o en menor medida, los regímenes, desde la Roma republicana a la cesarista-imperial-monárquica, pasando por los regímenes europeos, estadounidense y latinoamericanos, los gobernantes y partidos que ocupan el poder transitoriamente según períodos electorales o dictatorialmente, no dejan de invocar al pueblo para justificarse, y asegurar que detentan ese poder en su nombre. Lo que pasa es que el populismo no es solamente característico de quienes se dicen portavoces del pueblo. Los que llaman a los ciudadanos a votar, son, también, populistas. Y así el populismo se divide en populistas de izquierda, populistas de centro y populistas de derecha. Y los hay de centro-izquierda, de centro-derecha; o exclusivamente centristas. Pero absolutamente todos los gobernantes (salvo tal vez los que en una época presumieron de ser impuestos por los dioses: John Neville Figgis, El derecho divino de los reyes, FCE) aseguraron gobernar para beneficio del pueblo. Unos y otros, pues, son populistas. Y en sus Ensayos, George Orwell –seudónimo de Eric A Blair– tiene uno sobre El Ami du peuple, un periódico parisino de 1928: o sea El amigo del pueblo.

Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos
(Zósimo Camacho, Online)

El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) han anunciado un paso más en el movimiento de insurgencia civil pacífica en el que se han empeñado. Los zapatistas siempre han ido en serio, con honestidad y decisión, más allá de los resultados que al final obtengan en sus propósitos. Ha quedado constituida la asociación civil mediante la cual se gestionará la inscripción de la vocera del Concejo Indígena de Gobierno para México, la nahua María de Jesús Patricio Martínez, en las boletas de la elección presidencial de 2018.

Toma forma la iniciativa del EZLN aceptada, enriquecida y hecha suya por el CNI en el V Congreso Nacional Indígena. Sorprendió a propios y extraños la propuesta. Generó controversias al interior del movimiento (la esperada condena de todos los partidos sistémicos no podía sorprender a nadie). Lo que queda claro es que los pueblos originarios de México construyen, probablemente por primera vez, un movimiento para gobernar México donde ellos no son apéndices, carne de cañón ni folclor de movimientos políticos de derecha o de izquierda socialista, comunista, progresista, vanguardista, liberal, federalista, republicana…

Revés del pueblo venezolano a la derecha latinoamericana
(Martin Esparza, Online)

Con la jornada electoral del pasado 30 de julio, el pueblo venezolano dio al mundo una lección masiva de dignidad y conciencia revolucionaria, asestando un duro revés a los miembros de la derecha que bajo los mandatos del gobierno estadunidense se han prestado a desempeñar el papel de vergonzantes comparsas en contra de un modelo de nación libre e independiente. Los 8 millones 89 mil 320 votos computados en favor de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) son la prueba inobjetable de la decisión democrática, soberana y mayoritaria de una nación que desde hace años viene resistiendo los ataques sistemáticos de los intereses trasnacionales que anhelan como valioso botín el abundante petróleo que guarda el subsuelo venezolano.

Es hora de pedirle a estos consorcios internacionales, con Estados Unidos como orquestador de la desestabilización tanto en Venezuela como en aquellas naciones que no aceptan plegarse a sus proyectos geopolíticos, que deben quitarse las caretas y dejarse de patrañas: ni a estos ni a los opositores al gobierno de Nicolás Maduro les interesa el bienestar de las mayorías venezolanas, su objetivo es y seguirá siendo apropiarse de las riquezas naturales de las naciones subdesarrolladas. Quienes a nivel internacional vociferan contra el gobierno de Venezuela desearían que en el país sudamericano aconteciera algo similar a lo registrado en México con las reformas estructurales diseñadas de acuerdo a los planes de expansión de las multinacionales. La reforma energética es el mejor ejemplo de este legalizado saqueo en aras del progreso y la globalización. El petróleo en México ha dejado de pertenecer al pueblo y la negativa de Maduro a ceder sus ricos yacimientos a las trasnacionales es lo que mueve los planes injerencistas para derrocar su gobierno.

Vértigo

Alfredo Del Mazo, gobernador electo
(José Antonio Caporal, pág. 4-10)

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) llevó a cabo el cómputo final de la elección constitucional del pasado 4 de junio en la entidad y derivado de ello procedió a entregar la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo Maza “como gobernador constitucional para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 1017 al 15 de septiembre de 2023”.

A finales del pasado mes de julio los magistrados del pleno del Tribunal Electoral del Estado de México (TEM) informaron que luego de analizar 127 juicios de inconformidad y dos asuntos especiales- relacionados con la jornada electoral del 4 de junio- resolvieron desechar las demandas que exigían un recuento total de votos y la anulación de los comicios. Y en consecuencia avalaron los resultados electorales.

De esta manera el candidato de la coalición conformada por PRI, PVEM, Panal y PES recibió la constancia respectiva al haber sido quien mayor votación obtuvo: dos millones 40 mil 709 votos; esto es, 1969 mil 167 votos más que el segundo lugar. En tanto, ya gobernador electo, Alfredo del Mazo señaló que está comprometido en construir, junto a los mexiquenses, un gran futuro para el Estado de México.

Alfredo del Mazo expresó su satisfacción porque el conteo final de votos ratifico lo que ya se sabía, es decir, que ganó la elección: “Lo que ya habían dicho las encuestas de salida, el conteo rápido y el PREP se confirma con el conteo de las actas: ganamos la elección del Estado de México”. Al encabezar en Toluca los trabajos dela mesa del Programa de Acción de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, le gobernador electo reiteró que el triunfo se logró gracias al trabajo y la unidad del priismo, “una fórmula que repetirá para 2018 para refrendar al frente del gobierno de la Republica”.

Por lo pronto, Alfredo del Mazo ya tiene la base de lo que será su programa de gobierno, mismo que busca “mejorar lo bueno que ya se tiene y cambiar lo que haga falta”. Se trata de las principales propuestas que formuló durante su campaña a través de un decálogo de acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses.

En primer lugar, expresó hará del Estado de México la entidad más segura del país. Al respecto enumeró algunas acciones para conseguir este objetivo: cámaras de videovigilancia y botones de pánico en el transporte público, policía de proximidad, deportación de los cuerpos policiacos y darles un salario justo, así como creación de dos nuevos C5.

Finalmente del Mazo aseguró que el suyo será un gobierno que se caracterice por la trasparencia y la apertura gubernamental, así como por el combate a la corrupción y el fin de la impunidad. Será también, afirmo, un gobierno sin privilegios, eficiente, austero y moderno. Así, una vez ratificada su victoria en la jornada electoral y recibida su constancia de mayoría, Alfredo del Mazo Maza se alista para a sumir la gubernatura del Estado de México el próximo 16 de septiembre.

Definiciones Hacia 2018
(Norberto Vázquez, pág. 12-16)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a cabo su XXII Asamblea Nacional Ordinaria bajo una cascada de propuestas de cambio, reinvención y autocritica donde se conjugaron distintas generaciones de militantes, quienes previamente dialogaron en cinco mesas temáticas sobre el pasado y presente del partido para construir una definición del futuro ideológico, estatutario, estructural y métodos de elección a cargos públicos de cara a los procesos electorales de 2018.

Los intensos debates desarrollados en esa casi media docena de mesas, dicen los expertos, tuvieron como objetivo primario conjuntar la las fuerzas y voces del partido para transitar hacia un esquema de apertura y méritos. Se hicieron señalamientos para dar solución a temas que prevalecen entre los ciudadanos en general, como el combate a la corrupción, denunciar al mal gobernante dentro de las filas del partido político, la abolición del compadrazgo para los cargos administrativos y, por ende, el desperdicio de sus nuevos cuadros.

La Comisión Nacional de Dictamen de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del PRI aprobó por unanimidad los predictámenes que se llevaron a cabo en las cinco esas temáticas donde se discutieron los documentos básico del organismo político. Allí se detalló que durante dos días se analizarían las propuestas de los más de 365 mil 700 priistas de todo el país que participaron en las tres mil 34 asambleas municipales, estatales y reuniones de sectores y organizaciones.

Entre los cambios a probados en la mesa nacional de Estatutos, que presidió el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, destacan los siguientes: quedaron eliminados los candados para aspirantes-simpatizantes a candidaturas a cargos de elección popular; se aprobó a asignación de 30% de candidaturas para los jóvenes; se prohibió la reelección inmediata de legisladores que llegaron a ese cargo por la vía plurinominal, y se creó una Secretaria Anticorrupción, que será un enlace directo con el Sistema Nacional Anticorrupción y hará a los candidatos priistas corresponsables con su partido en la transparencia y rendición de cuentas.

El programa de acción se llevó acabó en Toluca, Estado de México, y fue una de las más nutridas. Ahí se tocaron temas como “factores y presiones”, externos, en especial la vecindad con Estados Unidos, como agravantes de algunos de los principales problemas del país: inseguridad, crimen organizado y corrupción. En tribuna estuvieron integrantes del gabinete presidencial para defender las reformas estructurales aplicadas en este sexenio y afirmar que hay muchos elementos de buen gobierno, aspectos básicos para ganar la contienda del próximo año y retener la Presidencia de la Republica.

Repudio internacional y levantamiento social contra la dictadura
(Arturo Moncada, pág. 30-32)

La lamentable situación que vive Venezuela, donde el gobierno monopoliza el poder y desconoce la voluntad popular, la polarización entre el régimen y la oposición se radicaliza diariamente, se encarcela a opositores y se coarta la libertad de expresión, agravó en os últimos días el caos económico, político y social que sufre ese país.

Porque si bien Venezuela tienen las mayores reservas de petróleo del mundo y una inmensa riqueza natural, los malos manejos financieros por parte de la administración del presidente Nicolás Maduro mantiene a la población con hambre debido a desbasto de alimentos y productos básicos, mientras que a inflación afecta de manera inmisericorde a la ciudadanía, que se dice harta de un régimen ya calificado de dictadura.

Y para muestra solo basta observar el remate de un ambicioso plan de gobierno para consolidar su poder: la controversial elección efectuada el 30 de julio pasado para elegir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), proceso electoral que Maduro impuso sin dejar a la población opinar primero sobre la necesidad o no de la medida. De hecho, la presunta elección se limitó a obligar a los venezolanos a elegir delegados con base en una lista de aliados de confianza del chavismo: a los votantes no se les dio la opción de rechazar el plan.

En tanto, la ONU ha puesto los reflectores sobre Venezuela: un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos denunció el uso “generalizado y sistemático” de “fuerza excesiva” contra miles de manifestantes. El documento indica que las violaciones cometidas por las autoridades ante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro van desde detenciones arbitrarias hasta malos tratos y “tortura”, como descargas eléctricas, golpes con cascos y porras contra detenidos esposados, presos colgados de las muñecas durante periodos prologados, asfixia con gases y amenazas de muerte o violación.

Si la crisis venezolana no es atajada, el terremoto puede afectar gravemente también a otros países de la región. El país es un polvorín de desgobierno, con múltiples focos de violencia aun dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)… y armando hasta los dientes: más de 15 millones de armas ligeras se calcula que circulan entre una población de 31 millones, además del armamento militar de origen ruso en el que Hugo Chávez invirtió miles de millones de dólares.

Siempre!

Rafa Márquez y el Julión en la mesa del TLC
(Beatriz Pagés, Online)

El futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez fueron elegidos con toda premeditación por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para provocar una crisis política en México.

Es obvio que no se escogió a cualquier personaje, ni siquiera a los que puedan tener una vinculación más demostrable con el crimen organizado, sino a quienes han estado, en los tiempos recientes, más cerca de la figura presidencial.

Tal parece que eligieron con todo cálculo a unos de los muchos que a diario se retratan con el presidente mexicano.

Por los tiempos, la denuncia contra esas dos figuras resulta sospechosa. Se emite siete días antes de que comience la renegociación del Tratado de Libre Comercio, en un clima de incertidumbre e insistentes amenazas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el acuerdo si no se incluyen ventajas para su país.

Extraña, también, porque la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro decidió filtrar, apenas ahora, una lista de nombres que todavía no ha sido transferida al Departamento de Justicia pese a que, desde hace muchos años —según señala el mismo Estados Unidos—, Márquez y Julión han sido socios del capo Rafael Flores, alias el Tío.

La maniobra, por la forma y por el fondo, parece más política y mediática que justiciera. Encaja perfectamente con los amagos que Trump ha lanzado contra Peña Nieto cada vez que sostiene un encuentro o llamada telefónica con él.

Conforme se acerca el inicio de la renegociación bilateral del TLC, las posiciones se endurecen. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ya advirtió que “tenemos que estar preparados para algo muy serio”, porque existe la posibilidad de que Estados Unidos se “levante de la mesa” y México, en consecuencia, deje de colaborar en materia migratoria y de seguridad con ese país.

El TLCAN empieza y termina en Chiapas

(Zoé Robledo, Online)

Es de conocimiento público que el Estado mexicano participará en una mesa de negociación conformada por expertos en materia de comercio exterior con el propósito de modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Según lo informa la Secretaría de Economía, la primer ronda de negociación dará inicio el 16 de agosto y terminarán el 21, en la ciudad de Washington, D. C., la capital de Estados Unidos.

Sin lugar a dudas este es el ejercicio diplomático más importante de los últimos años para el Estado mexicano. No supimos aprovechar la oportunidad histórica que se presentó entre Estados Unidos y Cuba los últimos años en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas y el levantamiento del embargo comercial. Fueron Canadá y el Vaticano quienes llenaron el vacío que nuestra política exterior dejó. Las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y las FARC es también otro momento histórico desperdiciado, tomando en cuenta las negociaciones de paz que se llevaron a cabo en México entre El Salvador y la guerrilla.

En cambio, hemos condecorado al rey saudí —con el máximo galardón que el Estado mexicano puede ofrecer a un mandatario extranjero— en medio de violaciones graves y sistemáticas a derechos humanos en la región; nos hemos confrontado con más de 16 relatores internacionales relacionados con la promoción y defensa de derechos humanos. Nuestra política exterior es una mísera sombra comparada con la que alguna vez tuvimos. Esa que recibió a los exiliados españoles que huían de la dictadura y la que también logró que todo un continente aceptara los términos para la no proliferación nuclear. Fuimos faro y guía. Ejemplo a seguir entre todos los miembros de la comunidad internacional. La oportunidad que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es importante solo en términos económicos, sino también políticos, e incluso pone en juego nuestra dignidad soberana como país.

La federación le debe mucho a Chiapas. Esta oportunidad histórica solo servirá si, parafraseando al maestro Serrat, se decide que no ganen siempre los mismos y que hereden los desheredados. Así sí ganamos todos.

 

Resumen de Revistas 6 de agosto

 

Proceso La sombra del dedazo

La inconfesable división de los priistas

Contralínea Tribunal Superior Agrario dispendio y asignación discrecional de plazas

El Tribunal Superior Agrario paga a secretarias, cocinera y chofer sueldos de subdirectores. Por autonomía, la asignación de plazas y salarios “es discrecional”, confirma el magistrado presidente López Escutia. También admite otros dispendios, como la renta del edificio sede por 72 millones de pesos anuales

Siempre El crimen, base social y financiera de Morena

Todos los hermanos Salgado, según reportes de diferentes medios, se dedican a actividades ilícitas y todos son, formal o informalmente, integrantes de Morena.

Vértigo Las naciones ven al país con confianza, certidumbre y futuro a México le va ir bien

José Antonio Meade Secretario de Hacienda

Impacto Los dilemas de Peña Nieto

¿Cómo descartar la baraja para quedarse con un as triunfador?. Las reglas, el método, ‘el traje a la medida’…

 

 

Proceso

 

La inconfesable división de los priistas

(José Gil Olmos, págs. 6-10)

 

Conforme se acerca la fecha límite para designar a su candidato presidencial, destacados militantes priistas –de cara a la 22 asamblea nacional de su partido– siguen confrontados por dos posturas: un sector pretende que se designe un candidato que cumpla al menos una década de militancia, mientras que otros advierten que el descenso de su partido en las elecciones de los últimos años se debe a que no se abre a la sociedad. Frente a este dilema, los dirigentes manifiestan el optimismo imperturbable que los ha caracterizado aún en sus peores debacles… mientras sobre el tricolor se abate la amenaza del eterno “dedazo”.

 

De cara a la 22 asamblea nacional del PRI, que será encabezada por Enrique Peña Nieto, los militantes de ese partido se enfrentan a muchas dificultades al enfilarse a la designación de su candidato presidencial para 2018.

 

Aunque ya atajaron dificultades al decidir que no se quitará el candado de 10 años de militancia para ser candidato a legislador, edil o presidente de la República, la amenaza del “dedazo presidencial” y el suspenso que ocasiona el destape del elegido, para mediados de septiembre, tiene confrontados a los dirigentes del partido.

 

Hasta una semana antes de la realización del cónclave priista, en el que se espera la participación de 10 mil delegados, la dirigencia del partido a cargo de Enrique Ochoa Reza no tenía el control de la asamblea y estaba bajo la acusación de que se quiere imponer en la designación del candidato presidencial.

 

En el interior del partido corren versiones de que el expresidente Carlos Salinas de Gortari apoya las aspiraciones del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a través de Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación en la SEP, quien fue el primer jefe de prensa del salinismo.

 

Mientras que al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se le atribuye el respaldo del equipo de Enrique Peña Nieto, aunque también se nombra al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al exrector de la UNAM y actual titular de la Secretaría de Salud, José Narro, como parte de una terna de aspirantes.

 

José Murat, presidente de la Fundación Colosio, sostiene que la asamblea nacional “no debe realizarse para definir un traje a la medida del futuro candidato priista”, sino que debe tener carácter deliberativo y dejar claro que hay “piso parejo” para todos los aspirantes a la candidatura presidencial.

 

–Da la impresión de que se quiere imponer el peñismo, sobre todo para la selección del candidato presidencial.

 

–Todo lo que se ha venido diciendo va a ser materia del análisis, del debate y discusión en las mesas, principalmente en la de estatutos. Yo creo que ese tema no debe espantar a nadie, es la expresión de un partido vivo, con militantes, con puntos de vista, señalamientos muy claros y con mandato de la militancia. En los estatutos están las definiciones de los métodos, ya lo tenemos.

 

Mientras que para el representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Arturo Zamora –cercano al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa–, ya pasó el tiempo del dedazo presidencial:

 

“Creo que no estamos en condiciones de pensar en una situación de esa naturaleza. Me parece que como partido político tenemos varios métodos y hay que ajustarnos a ellos porque esto nos ayudará para vocacionar adecuadamente las propuestas.”

 

Ivonne Ortega, quien fue gobernadora de Yucatán y secretaria general del PRI, señala que, más que el dedazo presidencial, lo que la militancia está cuestionando son las decisiones cupulares que han llevado a que de los candidatos seleccionados en los últimos 24 procesos internos, ocho hayan perdido.

 

“El presidente de la República es parte del Consejo Político, así se decidió en la Asamblea 21 porque no tenía ninguna representación en el partido, y será escuchada su voz como la de quienes integramos el consejo. Espero que tenga la misma idea de hacer rentable al partido, mantener nuestro triunfo de 2012, que nos costó mucho trabajo, para 2018.”

 

La yucateca admitió públicamente que aspira a la candidatura presidencial del PRI para 2018.

 

En tanto, Francisco Labastida Ochoa, quien fue candidato presidencial del PRI en 2000, señala que sería una mentira negar que el presidente de la República tendrá una influencia en las decisiones del partido, pero que, si se sigue la tradición de sus antecesores, Peña habrá de consultar con gente con experiencia sobre los perfiles de los precandidatos.

 

Los estatutos

Durante semanas la discusión sobre la asamblea se ha centrado en posibles cambios al artículo 166 de los estatutos, que establece los requisitos para la postulación de candidatos.

 

En la dirigencia nacional hubo un anteproyecto en el que se eliminaban los candados de 10 años de militancia, para abrir la postulación presidencial a un simpatizante.

 

Ante la presión de diversos grupos y personajes, la Comisión Nacional de Dictamen a cargo de la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, elaboró un documento que propone mantener los candados y los requisitos para la postulación, con la idea de prevenir los problemas que plantearía lanzar a un candidato no priista para la Presidencia.

 

No obstante, aún existe la posibilidad técnica de aceptar a un candidato simpatizante siempre y cuando el PRI se adhiera a una alianza con otro partido, el cual elija a un personaje que no sea priista. Pero eso sería inédito en el PRI.

 

Arturo Zamora señala que el partido no puede quedarse sólo en la discusión de los estatutos porque se quedaría como un partido de visión corta y lo que se busca es tener un programa para los próximos 30 años.

 

Entre las propuestas que se discutirán en la asamblea están establecer mecanismos para evitar candidatos con historias de corrupción o ligas con el narcotráfico; que los legisladores plurinominales que quieran repetir lo hagan por la vía uninominal y realicen su campaña; la desaparición del fuero desde el presidente municipal hasta el presidente de la República, y establecer la revocación de mandato para procesar a quien haya traicionado la confianza de los militantes y ciudadanos.

 

Asimismo se prevé disminuir a cuatro años el periodo presidencial y el de las gubernaturas; una revisión de la política económica y la instauración de los gobiernos de coalición que impulsa Manlio Fabio Beltrones.

 

Antes de la asamblea nacional que el PRI realizará a partir del 12 de agosto en su sede central, se efectuarán entre el 9 y 10 del mismo mes cinco mesas de trabajo: en Campeche se discutirá el tema de los estatutos; en Coahuila, la declaración de principios; en Mazatlán, la ética partidista; en Toluca, el programa de acción, y en Guadalajara, el proyecto de visión de futuro.

 

Sin embargo, el panorama para el PRI en 2018 no es promisorio: en los últimos cinco años han perdido casi 5 millones de votos en las elecciones de distintos estados. En el mismo lapso, de los 8 millones de militantes registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) ha perdido 800 mil, 10%, los cuales se han ido principalmente a Morena; la imagen de Enrique Peña Nieto es la peor de un presidente desde 1996; gobierna seis estados menos que cuando empezó esta administración y arrastra la pesada carga de 21 exgobernadores involucrados en escándalos de corrupción y con el crimen organizado.

 

Labastida Ochoa tiene claro este panorama y, ante la amenaza de posibles rupturas, reconoce: “Sí, por supuesto, e irnos al tercer lugar, como en 2006 con Roberto Madrazo, a quien le pronostiqué que le pasaría eso”.

 

–¿Hay una situación igualmente difícil que en 2006?

 

–Sí, igualmente difícil. Es incómodo decir la verdad y lo que uno piensa, pero se es más leal cuando se hace esto que cuando sólo se dice: “Sí, señor, todo está bien”.

 

La asamblea a modo

El senador jalisciense Arturo Zamora, líder de la CNOP, señala que no hay necesidad de cambiar los estatutos porque ya existen diferentes modelos para elegir a los candidatos aprobados desde la asamblea 14, que incluyen la consulta a la base y por decisión de los consejeros políticos, que ha funcionado positivamente.

 

–¿Al PRI le conviene un candidato simpatizante o militante?

 

–Un candidato que sea garantía de unidad al interior del partido y garantía de confianza para la sociedad en general. Esa es la clave. Creo que tenemos que pensar en un perfil de quién puede ser un buen presidente de México para los retos y desafíos que tenemos aquí en la puerta.

 

“Debemos pensar, hacia adentro, quién garantiza esa hegemonía, esa inclusión, la unidad interior, pero también quién cuenta hacia afuera con la confianza del electorado. Son dos elementos que no debemos perder de vista.”

 

Sin embargo, Ivonne Ortega insiste en que se cambien los estatutos y se abra la participación a simpatizantes y ciudadanos en el proceso de selección de candidatos.

 

Ortega es la primera priista que difundió su aspiración a la candidatura presidencial. Junto con otras corrientes y personajes, como José Ramón Martel, de Alianza Generacional; Ulises Ruiz, de Democracia Interna; y César Augusto Santiago, presidente de la asociación política Alternativa, entregó a Ochoa Reza un documento avalado por priistas de 18 estados para que se abran los candados a fin de que simpatizantes, militantes y ciudadanos puedan aspirar a una candidatura y se sometan a una consulta directa con las bases del partido.

 

Ortega también se ha reunido con el presidente Peña Nieto y le ha hablado de la necesidad de escuchar a la militancia para decidir el rumbo del PRI y elegir al mejor candidato para 2018.

 

Además, sostiene que en realidad la participación de los 10 mil delegados se reducirá en una cúpula de 600, que verdaderamente toman las decisiones.

 

“Si es una asamblea de maquillaje, donde van a llegar a tener documentos ya redactados con anterioridad pero que no se han dado a conocer, como ocurrió en otras asambleas, va a haber problemas –advierte la exgobernadora en entrevista–. Esperemos que en el documento se incluyan todas las propuestas que traen los estados y se puedan debatir y discutir en la asamblea, porque si no habrá un escenario muy complejo para el partido.

 

“Lo que veo de riesgo es que, si la mesa redactora rasura esta parte, va a ser una situación muy difícil. Si no lo ven reflejado en la redacción de las mesas, puede ser que no participen, y tendrás a mil 500 o 3 mil delegados inconformes porque sus propuestas no están siendo incluidas.”

 

Señala que la convocatoria está hecha a modo, porque de los 10 mil delegados que se dice van a estar en la asamblea sólo 3 mil tienen condición de participar en las mesas, y de éstos nada más 600 van a tener las condiciones para votar.

 

“Los 10 mil delegados sólo tienen la facultad de votar o no el documento, ya no tienen la capacidad de decidir”, precisa, y si no se escucha a la gente se creará un escenario adverso para el PRI porque muchos militantes votarán contra su partido.

 

–¿Esa es la tendencia que hemos visto en las últimas elecciones?

 

–Sí, de 2012 a 2017 la tendencia que hemos visto, independientemente de que ganemos, es que hemos perdido rentabilidad electoral. Perdemos 4 millones 700 mil electores, comparados con las elecciones inmediatas anteriores. Es muy fácil verlo: llegamos en 2012 con 20 estados gobernados por el PRI y hoy tenemos 14, más uno impugnado, que es Coahuila.

 

–El panorama se ve complicado para todos los partidos, pero para el PRI más.

 

–Se ve complicado si la decisión no es la que el ciudadano y militante está esperando. Si es la que espera nuestra militancia, está ávida de participar en las decisiones profundas de quién nos va a gobernar. Va a haber mil 548 ayuntamientos en disputa,­ 828 diputaciones locales, 500 dipu­ta­ciones federales, 128 senadores, la Presidencia de la República, 21 gubernaturas… es la elección más grande en la historia del país. Si como partido no entendemos a los ciudadanos, difícilmente vamos a tener una posibilidad de triunfo.

 

Al respecto, Zamora confía en que el PRI saldrá bien de este encuentro porque Ochoa Reza se ha reunido con representantes de sectores, organizaciones y delegados a la asamblea para llegar a acuerdos.

 

Asegura que se han ahuyentado los fantasmas de las divisiones y las fracturas que amenazaban hace un par de meses, cuando iniciaron formalmente las reuniones de trabajo previas a la asamblea, gracias a la inclusión de todas las opiniones de los grupos y corrientes de opinión.

 

–Da la impresión de que se puede repetir el escenario de 1988: confrontaciones muy fuertes, un choque de trenes entre tecnócratas y políticos tradicionales.

 

–Como partido más nos vale que no ocurra. Creo que en los dos casos hay gente muy profesional. Aquí debe prevalecer la madurez, la estabilidad que tenemos, y debemos ser muy cuidadosos y respetuosos respecto a la postura de cada quien.

 

Concluye: “Es como las fiestas de los 15 años o las bodas: las grandes preo­cupaciones de cuidar todos los detalles son antes de la fiesta. Ese trabajo lo estamos haciendo el presidente Ochoa y todos los sectores, es un trabajo de inclusión y de escuchar”.

 

La Suprema Corte, “ángel guardián” de Ochoa Reza

(Jorge Carrasco Araizaga, págs. 10-12)

 

Aún como director de la Comisión Federal de Electricidad, el actual dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, incumplió una sentencia judicial que obligaba a ese organismo del Estado a indemnizar a una empresa a la cual años atrás se le había rescindido injustificadamente un contrato. El caso era ya cosa juzgada y, de acuerdo con la ley, el entonces director general debió ser al menos inhabilitado como funcionario público. Pero hace tres meses la ministra Margarita Luna Ramos –y con ella, el resto del máximo tribunal– salió en su rescate y los cargos en su contra se desecharon.

 

Una maniobra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) salvó de la inhabilitación –y posiblemente de un castigo mayor– al presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza.

 

Una interpretación jurídica a modo, propuesta por la ministra Margarita Luna Ramos y avalada sin discusión por el resto de los ministros del máximo tribunal, dejó al hoy líder del partido gobernante en la posibilidad de seguir ocupando cargos públicos, a pesar de haber incumplido una sentencia judicial cuando era director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

 

Cuando la sentencia de última instancia era inminente y en contra de la CFE, el pasado 2 de mayo la SCJN pasó por encima del principio de cosa juzgada y, de última hora, se deshizo de un proyecto que acreditaba abuso de autoridad durante la gestión de Ochoa Reza, por negarse a cumplir con un amparo.

 

“México debe estar preparado para salirse del TLCAN”

(Jenaro Villamil, págs. 13-15)

 

Con el ambiente político enrarecido por filtraciones informativas, las persistentes amenazas del presidente estadunidense, Donald Trump, y los reclamos a Enrique Peña Nieto por su falta de energía para defender los intereses de México, la senadora perredista Dolores Padierna –quien participará en las consultas nacionales sobre la renegociación del TLCAN– puntualiza en entrevista cuáles son las debilidades y posibles fortalezas del país ante las pretensiones de Washington.

 

En vísperas del reinicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la “filtración” de la versión completa de la conversación telefónica del mandatario estadunidense Donald Trump con el mexicano Enrique Peña Nieto, el 27 de enero de este año, confirmó que Estados Unidos tratará de imponer unilateralmente nuevas cuotas arancelarias, presionará a México en materia migratoria y de combate al crimen organizado y que “buscará una integración subordinada” sin respetar las reglas acordadas.

 

En esta llamada Trump amenazó explícitamente a Peña Nieto con imponer “un arancel fronterizo para que los productos que vengan de México a los Estados Unidos estén gravados a una tasa por determinar. Pero, ¿sabes?, podría ser 10%, 15% o 35% para algunos productos que, por ejemplo, sean empleos arrancados de sus cimientos y trasladados a México”.

 

Abiertamente, Trump utilizó el tema del muro y presumió sus facultades presidenciales para imponer impuestos fronterizos “si no podemos llegar a un acuerdo, porque la verdad es que no queremos sus productos a menos que sus productos estén gravados (…) Nos ganan en comercio, nos ganan en la frontera y nos matan con drogas”, sentenció Trump, después de ordenarle a Peña Nieto que no mencionara ante la prensa que México no pagará el muro.

 

Para la senadora Dolores Padierna, coordinadora de la bancada del PRD y especializada en los temas económicos y comerciales del Senado, la llamada de Trump “denota el desconocimiento de las reglas del TLCAN, pero su ignorancia no debió ser admitida por Peña Nieto, que se queda impávido y no defiende al país.

 

Padierna participará en la comisión que el Senado integrará para establecer las consultas con los distintos sectores involucrados en el TLCAN. En entrevista, la legisladora es contundente: “El gobierno de Peña Nieto, que está de salida, no debe renegociar el TLCAN en estas condiciones. No recibió el mandato de la población y estaría en una situación muy buena para no dejarse someter, pero no se le ocurre. Al contrario, tiene miedo de que la inestabilidad de carácter del magnate lo haga perder los estribos y acuda a la cláusula del tratado que permite a cualquiera salirse del pacto”.

 

–¿Sería muy grave si México o Estados Unidos se salen del tratado?

 

–Si México o Estados Unidos se salen del TLCAN realmente perderíamos de momento lo único que nos queda: nuestra industria manufacturera, que genera 26% del PIB; pero saldríamos ganando en otros aspectos. Ganaríamos en soberanía, en mercado interno, abriría el multilateralismo, provocaría que se concretaran otros tratados que sólo firma y olvida México, porque no tiene nada más qué exportar que lo que manda a Estados Unidos.

 

La posibilidad de que Estados Unidos o México se levanten de la mesa de negociaciones del TLCAN no es lejana. Se deja entrever en la llamada telefónica entre Trump y Peña, pero también lo advirtió el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en un informe de 11 cuartillas que les entregó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado durante su encuentro privado del pasado 27 de julio.

 

En el apartado “Consecuencias de no hacerlo”, la Secretaría de Economía argumentó así el peligro de que México no renegociara el TLCAN:

 

“Se correría el riesgo de no participar en el desarrollo de las nuevas disciplinas de comercio en bienes, servicios, inversión, propiedad intelectual, compras de gobiernos y otras, con las que México tendría, en los hechos, que coexistir sin participar en su elaboración.”

 

Sin embargo, el secretario Guajardo advirtió también que “no es posible descartar que Estados Unidos decida dejar de ser parte del TLCAN. Si esto sucediera, el Tratado continuaría aplicando para México y Canadá, mientras que con Estados Unidos se aplicarían las disciplinas de la OMC.

 

“México debe estar preparado para este escenario, a través de una agenda comercial de diversificación de nuestras exportaciones y de nuestras inversiones”, sentenció el documento de la Secretaría de Economía, aunque no abundó sobre la estrategia para evitar o preparar la salida del país del TLCAN.

 

Los temas delicados

En la entrevista con Proceso, Padierna relata parte de las conversaciones que sostuvieron los coordinadores parlamentarios con Guajardo y hace un balance de los asuntos más delicados de la renegociación: los de reglas de origen; el capítulo 19 sobre resolución de controversias, “que el gobierno mexicano no defenderá y se lo dejará sólo a Canadá”; la imposición de nuevas medidas proteccionistas “simuladas” que propone Estados Unidos; homologar el derecho laboral mexicano al estadunidense y ceder en los terrenos de energía, telecomunicaciones y comercio electrónico.

 

–¿Qué sucede si Estados Unidos se sale del TLCAN?

 

–Tal vez los gobiernos mexicanos necesiten un golpe así de fuerte para aplicar una verdadera política industrial en el país. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, habla de incorporar a las pequeñas y medianas industrias ahora.

 

“Si bien no recomendaría romper el TLCAN, ahora Estados Unidos quiere eliminar las reglas de origen y el contenido nacional. Si antes no lo respetaban, ahora vamos a ser una república bananera como en los años veinte. México, antes del TLCAN, era un país productor y luego se convirtió en monoproductor de petróleo. Eso vale mucho y por eso no se notaba el impacto, pero ahora que ya los entregamos lo van a meter al TLCAN.”

 

Otro punto álgido “es la negociación de excepciones”. Estados Unidos afirma que no se va a abordar nada de seguridad nacional, pero “era una carta para una negociación integral, como lo prometió el gobierno de Peña Nieto. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos cuidar? Que México tenga las mismas medidas y las mismas excepciones que Estados Unidos”.

 

El texto de ese país sobre la renegociación habla de incorporar asuntos laborales que actualmente se encuentran en los tratados paralelos. Para Padierna “esta es una de las cosas positivas, pero ¿cuál es el lado negativo?: se quiere meter a los trabajadores en la defensa de sus derechos en el derecho internacional. El gobierno mexicano no defiende a sus trabajadores. Los deja morir solos.

 

Para colmo, añade Padierna, “los negociadores de México, en particular Herminio Blanco y Jaime Serra Puche, no quieren que se meta el tema de salarios cuando es lo poquito que podríamos ganar. Es lo único bueno que tal vez pudiera tener la renegociación del TLCAN.

 

“En el documento original hay un renglón que habla de ‘libertad de tránsito de mercancías’ y ‘libertad de mano de obra’. A través de esta rendija, si se logra, podríamos incorporar al tema migratorio.”

 

El padre del jefe de la Oficina de la Presidencia, enlace legislativo de Petróleos Mexicanos

(Jesusa Cervantes, págs. 18-19)

 

Pocos meses antes de que naciera el actual jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, su padre, el entonces funcionario ­federal Francisco Aurelio Guzmán Lazo, firmó un contrato de compra de sal, ventajoso para la empresa japonesa Mitsubishi, y le causó al erario una pérdida de millones de dólares.

 

Era el 20 de diciembre de 1979. Guzmán Lazo encabezaba la compañía de ­participación estatal Exportadora de Sal, S. A. (ESSA), que dirigía como un negocio familiar.

 

Ahora, 38 años después y cuando su hijo es el principal consejero del presidente Enrique Peña Nieto, Guzmán Lazo regresó a la administración federal como sustituto de Rosario Brindis Álvarez, la ­funcionaria de Petróleos Mexicanos (Pemex) que enfrenta una denuncia por realizar negocios ­millonarios al amparo de su cargo.

 

El pasado 30 de abril se evidenció cómo Rosario Brindis Álvarez, entonces titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Pemex, operó para beneficiar a su cónyuge en un contrato por 567.5 millones de pesos (Proceso 2113). El 16 de mayo, el Senado intervino, pero el PRI y el PAN operaron para que el asunto no llegara a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y todo quedara en una solicitud de investigación a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

 

Mientras PRI y PAN operaban para que la indagatoria no rebasara el ámbito del Poder Ejecutivo (Proceso 2116), Brindis Álvarez “trituraba” unos documentos de Pemex y extraía otros “en bolsas negras para basura”.

 

La administración de Peña Nieto designó al padre del jefe de la Oficina de la Presidencia para que sustituya a esa funcionaria y “resguarde los negocios que benefician a funcionarios federales y se operan desde una secundaria oficina que ni siquiera figura en el reglamento de Pemex”, indica la diputada federal Rocío Nahle, especialista en temas energéticos, al mostrar una copia del acta de entrega-recepción que formaliza el relevo.

 

Inexperto en materia petrolera, Guzmán Lazo es un viejo conocedor de contratos con compañías extranjeras. El que firmó en 1979 fue para que ESSA le vendiera a Mitsubishi sal barata que ésta revendía mucho más cara, lo que causó pérdidas al erario, según el reportaje de Ignacio Ramírez que publicó este semanario el 6 de abril de 1985 (Proceso 99).

 

Documentación destruida

Aunque pequeña, la oficina de la que Guzmán Lazo tomó posesión fue un importante centro de poder cuando la ocupaba Brindis Álvarez, quien desde ahí autorizaba la entrada de “visitantes especiales” a Pemex y les daba acceso al elevador para uso exclusivo del director general.

 

Ella fue parte del Consejo Político Nacional del PRI en 2008, pero logró una diputación federal por el PVEM en el periodo 2009-2012. Ahí conoció a Luis Videgaray, actual secretario de Relaciones Exteriores y coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto, donde Brindis Álvarez fungió como enlace con agrupaciones religiosas, desplazando a viejos priistas que tenían más de una década en esa labor.

 

Más de una vez se pidió su destitución del cargo en Pemex, pero quienes trabajaron con ella no tienen claro si la mantuvo ahí Videgaray o el general Eduardo León Trauwitz, encargado de la Subdirección de Seguridad Estratégica de Pemex y con quien operó la ley contra el robo de hidrocarburos.  El caso es que llegó a Pemex el 1 de marzo de 2013 y para mayo era ya la titular de la Unidad de Enlace Legislativo.

 

Este 2017 su carrera política sufrió un cambio. Llegó a su oficina del piso 45 de la Torre de Pemex “muy agitada, 10 minutos antes de las 10 de la mañana del viernes 12 de mayo”.

 

Días después, gente de Pemex regresó a la oficina y le tomó declaración a Brindis Álvarez de las 17 a las 23 horas, todo relacionado con el contrato ­millonario que benefició a su esposo. Los enviados de Pemex preguntaron a los colaboradores de la funcionaria “por qué no había nada de documentación” y nadie respondió.

 

Nahle cuestiona que en lugar de despedir a Brindis Álvarez la enviaran al área donde se delinean “las alianzas estratégicas que Peña ha estado impulsando. Claro, no la corren porque ella es el alfil corrupto del presidente para que le mueva sus intereses. La siguen protegiendo para que siga cuidando los negocios que hacen en Pemex”.

 

El NAICM, un desastre ecológico condenado a hundirse

(Diego Tonatiuh Calamard, 20-23)

 

Comuneros del Estado de México, ambientalistas y antropólogos demandan a las autoridades federales detener a las mineras que sacan el tezontle de las faldas de los cerros del oriente de la entidad antes de que los daños al ecosistema sean irreversibles. El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la controvertida megaobra de la que se ufana el presidente Enrique Peña Nieto, dicen, simplemente no se sustenta. Se está construyendo sobre una superficie pantanosa y lo más probable es que, una vez terminada, se hunda.

 

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la obra más ambiciosa y polémica de la administración de Enrique Peña Nieto que se erige sobre el lecho del antiguo Lago de Texcoco, es un desastre ecológico.

 

Se está construyendo sobre un pantano. Y, para darle solidez a la superficie donde estarán las futuras pistas, se necesitan más de 63 millones de metros cúbicos de tezontle, la piedra roja de origen volcánico que las mineras extraen de las laderas de los cerros, volcanes y depresiones del oriente del Estado de México, lo que afecta severamente el hábitat y a los pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco.

 

El NAICM será el más costoso en dinero, vida y afectaciones sociales, comentan los habitantes de las comunidades afectadas.

 

La batalla por el agua: Constellations Brands contra Mexicali Resiste

(Jesusa Cervantes, 26-28)

 

Con todo el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal, la cervecera estadunidense Constellations Brands instala una gran planta en Mexicali, aunque para hacerlo se haya valido de toda clase de trampas y maniobras oscuras. Lo más grave, señalan los agricultores locales y las organizaciones agrupadas en Mexicali Resiste, es que la empresa requerirá para su funcionamiento de ingentes cantidades de agua, de un agua que se le va a escamotear a los campesinos y a los habitantes de la capital bajacaliforniana.

 

Pese a que ha habido suspensiones de obra y la cancelación de un acueducto, y no obstante sus dudosas licencias de construcción y de uso de suelo, así como una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) “condicionada”, avanza en Mexicali la construcción de la nave industrial de la cervecera estadunidense Constellations Brands, apoyada por las autoridades federal, estatal y municipal.

 

Documentos –informes y correspondencia entre los implicados, de los que Proceso tiene copias– revelan cómo, sin estar facultadas para ello, desde el 20 de octubre de 2015 las autoridades locales comprometieron el agua de los mexicalenses, catalogada como de “uso doméstico”, y la han entregado a Constellations Brands.

 

Rigoberto Campos, de la Confederación Nacional Campesina, señala que haciendo una revisión de los “pozos” que se señalan en los documentos, detectó que son de jurisdicción federal, por lo que advierte que esa compra sólo puede ocurrir si “Enrique Peña Nieto los vende o el próximo presidente de la República los entrega por decreto”.

 

Diversos colectivos de la capital del estado, aglutinados a inicios de este año con el nombre de Mexicali Resiste y con el respaldo de por lo menos la mitad de los ejidatarios del Valle de Mexicali, lograron en febrero pasado la derogación de la ley estatal propuesta por el gobernador panista, Francisco Vega de la Madrid, y avalada por el Congreso local, que privatizaba los servicios del agua.

 

Hoy, ciudadanos y agricultores tienen como estrategia echar del estado a Constellations Brands y que se respete la cuota de agua para los mexicalenses.

 

El pasado 24 de julio, durante la visita de Enrique Peña Nieto al Valle de Mexicali, integrantes y simpatizantes del movimiento se manifestaron contra el mandatario federal y la cervecera estadunidense.

 

Permisos dudosos

Según los documentos consultados por Proceso, seis meses después de que Constellations Brands le presentó al gobierno bajacaliforniano el proyecto de instalar en Mexicali una de sus plantas más grandes, éste ya negociaba la entrega a la empresa de parte del agua de la ciudad.

 

El 24 de febrero de 2017 el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Francisco Cervantes Beltrán, informó en conferencia de prensa que no se han entregado nuevos permisos de agua a Constellations Brands porque no hay nuevos volúmenes de agua. El único mecanismo para nuevos usuarios es que un titular se lo transmita. Y “hasta el día de hoy” no hay tal solicitud.

 

Rigoberto Campos explica a este semanario que los documentos revelan que las tres formas de abastecimiento son potestad federal y que por lo tanto la MIA debió entregarse a instancias federales –la Conagua o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales–, “por lo tanto esa MIA es nula”. Además, comenta, “el oficio firmado por Francisco Paredes, director de la CESPM, tiene dos irregularidades: una, que no tiene autoridad sobre aguas federales”, aunque la CESPM “la haya comprado, no la puede entregar”.

 

Y la segunda: “El cambio de uso de suelo es irregular, la prelación para la entrega de agua dice que en primer lugar está el uso humano y en octavo para uso industrial (como la cervecera), además tiene que existir el cambio de uso agrícola a uso industrial (porque los permisos de agua que pretende utilizar la empresa son para uso agrícola)”.

 

NAYARIT: Un gobernador que ama los pura sangre

(Pedro Zamora Briseño, 28-30)

 

Comprador de los caballos más finos del mundo y enfrentando denuncias por enriquecimiento ilícito –además de que su fiscal, Édgar Veytia, fue detenido en Estados Unidos por presunto tráfico de drogas–, el gobernador nayarita Roberto Sandoval se está convirtiendo en un lastre político para el presidente Peña Nieto, quien lo impulsó hacia la gubernatura como parte “del nuevo priismo”.

 

Tepic, Nay.- En uno de los actos más concurridos de su campaña por la gubernatura, el 5 de junio de 2011, Roberto Sandoval Castañeda agradeció, emocionado, el respaldo del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a quien atribuyó haber sido el artífice de su postulación por parte del PRI y le soltó: “Aquí has formado al candidato de la gente, aquí has formado a uno más de tus soldados”.

 

Peña Nieto, quien ya se encontraba en plena etapa de proselitismo por la candidatura presidencial, elogió a Sandoval calificándolo de “representante de un PRI renovado” y “parte del rostro del nuevo priismo que viene creciendo y ganando confianza ciudadana”.  Seis años después, Sandoval Castañeda llega al final de su sexenio en medio de señalamientos de corrupción, ineficiencia y supuestos vínculos de uno de sus principales colaboradores con el narcotráfico.

 

Cuando todavía faltan casi dos meses para la conclusión de su mandato, analistas políticos consideran que Sandoval Castañeda tiene al estado sumido en la ingobernabilidad, con una administración fuertemente cuestionada a raíz de la captura del fiscal Édgar Veytia en Estados Unidos por presunto tráfico de drogas, y con el propio jefe del Ejecutivo estatal bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), acusado de enriquecimiento inexplicable.

 

Aunado a esto, las cifras oficiales muestran en el primer semestre del año una tendencia creciente en los índices de violencia, cuando el gobierno de Sandoval Castañeda pregonaba como uno de sus logros la disminución de esos mismos índices.

 

Fiebre equina

De origen humilde y con estudios inconclusos de ingeniería en agronomía, Sandoval utilizó el marketing para convertirse en diputado y después en alcalde de Tepic. Aunque no pertenecía a ningún grupo político local, en 2011 sus niveles de aceptación en las encuestas y el respaldo de Peña Nieto lo llevaron a la candidatura del PRI a gobernador.

 

Durante su campaña, Sandoval contó que un año antes el entonces alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila Villegas, le presentó al gobernador mexiquense, quien “fue el único que me abrió las puertas en los momentos más difíciles, cuando más lo necesitaba”; políticamente estaba “huérfano hasta que Peña Nieto me adoptó en su equipo”.

 

La relación de Sandoval y Peña Nieto se estrechó aún más cuando el primero ganó la gubernatura y, como muestra de gratitud, se comprometió a trabajar por las aspiraciones presidenciales del segundo.

 

En marzo de 2012, ya como candidato del tricolor, Peña Nieto designó coordinador general de su campaña en Nayarit a Hugo Ismael Sánchez Sandoval, sobrino del gobernador Sandoval Castañeda, quien le entregó buenas cuentas al obtener en la entidad 47.1% de los votos, el segundo mejor resultado en el país después de Zacatecas, donde alcanzó 51.2%.

 

El exgobernador Antonio Echevarría Domínguez, padre del actual gobernador electo, Antonio Echevarría García, declaró en mayo pasado que los nayaritas esperan que la PGR investigue la fortuna del gobernador Roberto Sandoval, quien “era cargador de carne” y “ahora tiene caballos españoles”.

 

El corresponsal de Proceso en España, Alejandro Gutiérrez, contactó en Sevilla a un vocero de la empresa Gap Horse, quien confirmó que le han vendido caballos a Sandoval y a su sobrino, aunque no precisó el número de ejemplares ni las fechas de las transacciones.

 

El crimen organizado invade Xochimilco

(Patricia Dávila, págs. 31-33)

 

Xochimilco, populosa delegación vecina de Tláhuac, padece desde hace tiempo la operación de bandas criminales que despojan de sus tierras a los dueños originarios y los amenazan, cobran derecho de piso a comerciantes y transportistas y trafican droga al menudeo. Los habitantes afectados han denunciado la situación y la delegación ha realizado visitas e iniciado algunos procesos administrativos para recuperar propiedades, pero está lejos de aliviar la situación.

 

La delincuencia organizada se está apoderando de las tierras en la zona cerril de la delegación Xochimilco. Habitantes de Santa Cruz Acalpixca denuncian que en sus propiedades han encontrado sembradíos de mariguana y que hombres armados descargan las ráfagas de sus cuernos de chivo para expulsarlos de sus propias tierras. Les advierten: “¡La próxima vez que los veamos por aquí, los matamos!”

 

Una zona violenta

El Barrio de Santa Cruz colinda al poniente con el pueblo de Santa Cecilia, al sur con San Bartolo, delegación Milpa Alta, y al oriente con San Gregorio Atlapulco y con San Pedro Atocpan. Sus pobladores poseen 600 hectáreas de tierra en donde se filtra el agua.

 

Estas zonas son vigiladas por “halcones” que checan quien entra o sale, afirma Carlos, un vecino que apoya a los dueños originarios de la tierra, como lo hacen otros habitantes de Santa Cruz.

 

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) alertó desde 2011 sobre la venta y consumo de drogas en más de 100 puntos de alto riesgo en la delegación. Entre los más peligrosos figuran el Barrio 18, Belén, Caltongo, El Rosario, La Asunción, La Guadalupita, la Santísima, San Antonio, San Cristóbal, San Diego, San Esteban, San Juan, Santa Crucita, Tlacoapa y Xaltocan.

 

Otros síntomas del problema se manifestaron en 2012: el secuestro, la extorsión o los 100 pesos por semana que cada autobús de pasajeros y muchos comerciantes pagaban como derecho de piso al Cártel de Tláhuac, que asesinaba a quien se le oponía.

 

El narco

El pasado 8 de mayo el gobierno federal detuvo a seis integrantes del Cártel de Pacífico, al mando de Dámaso López Serrano, El Mini Lic, cinco de ellos en la colonia Jardines del Sur, en Xochimilco. La PGR dijo que eran los encargados de la seguridad del cabecilla.

 

Entrevistado el jueves 3, al término del operativo con 400 policías con que el gobierno de la Ciudad de México retiró 43 mototaxis irregulares en tres puntos de la demarcación, Avelino Méndez habla sobre el recorrido del 26 de julio en la comunidad de Santa Cruz Acalpixca:

 

“Me encontré con reportes de siembra de mariguana y de detonación de armas largas. Recorrí toda la zona alta de Xochimilco, desde San Francisco hasta Tulyehualco, en toda la zona cerril. Hemos buscado contener el crecimiento urbano hormiga. En esa zona de Santa Cruz ya hicimos tres acciones en un espacio que se llama Xochiltonala. Fuimos tres veces, quitamos casas a petición de los propietarios de los predios, pero allí hay una persistencia de personajes que han estado haciendo negocio con los terrenos.

 

La rebelión de las audiencias

(Jenaro Villamil, págs. 34-37)

 

La gran mayoría de las audiencias –los ciudadanos que consumen información, especialmente por medios electrónicos– descreen ya de los medios tradicionales (radio y televisión) y depositan su confianza en las redes sociales. En México, esa “franca rebelión” afecta principalmente a los dos emporios televisivos: Televisa y TV Azteca, cuya credibilidad cae en picada. A continuación se reproduce el capítulo “La caída de la confianza, el ascenso de la movilidad”, del libro La rebelión de las audiencias. De la televisión a la era del trending topic y el like (Grijalbo, 2017), de Jenaro Villamil, que se presentará el próximo jueves 17, a las 19:30 horas, en El Estanquillo.

 

En julio de 2012 la empresa Parametría publicó una encuesta levantada en 800 hogares mexicanos para conocer el nivel de confianza en los medios tradicionales: prensa, radio y televisión. En esa primera muestra 55% admitió tener “mucha confianza/algo de confianza” en los noticiarios de la pantalla, y sólo 44% “poca confianza/nada de confianza”. Fue el mes de las elecciones presidenciales. En las calles de las principales ciudades había irrumpido un movimiento social de jóvenes, la mayoría universitarios, que reclamaban la democratización de los medios masivos y, especialmente, el fin de ese “matrimonio por conveniencia” entre Televisa, la empresa emblemática del poder mediático en el país, y el candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto. Se llamaron #YoSoy132, a tono con el lenguaje del trendig topic de Twitter.

 

Dos años después, en julio de 2014, la ecuación comenzó a cambiar: de 55% disminuyó a 37% el nivel de quienes tenían “mucha confianza/algo de confianza” en los noticiarios de la televisión, mientras que 62% admitió tener “poca confianza/nada de confianza”. En ese mes se aprobó la reforma de telecomunicaciones, una de las grandes promesas del gobierno peñista y de los partidos que formaron el Pacto por México. Se presumió a nivel internacional como uno de los grandes logros de la nueva administración. La mayoría de los mexicanos ignoraba en qué consistían esos cambios legales que prometieron una mayor competencia y disminución en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones.

 

Para enero de 2017 la debacle en la confianza de los contenidos informativos era total. La misma empresa midió que 83% de sus encuestados confiaba “poco/nada” en los noticiarios televisivos, mientras 81% declaró lo mismo frente a los programas noticiosos de la radio y 79% no confiaba en los periódicos. ¿Qué había sucedido?

 

Parametría explicó en su reporte que “la pérdida de confianza en los medios tradicionales de comunicación no es un fenómeno propio de México. La mayoría de los países presenta una baja de confianza que la ciudadanía tiene de la radio, la televisión y los periódicos. En este contexto, las redes sociales se han convertido en una herramienta que los ciudadanos usan cada vez más con mayor frecuencia para enterarse de los acontecimientos”.

 

En alguna medida, la tendencia al descrédito es generalizada en todas partes del mundo. De hecho, en Estados Unidos el magnate inmobiliario Donald Trump triunfó en las elecciones presidenciales de noviembre 2016 confrontándose con los medios más importantes del establishment americano y continuó su pleito durante los primeros meses de su mandato. En otras partes del mundo la caída en las audiencias de los medios analógicos es muy pronunciada. Y la desconfianza en los “medios establecidos” es equiparable con la irrupción de los ciberpasquines o de los sitios en internet dedicados a generar falsas noticias, rumores o simplemente burlarse de todo.

 

Sin embargo, en pocos países, como en México, el cambio ha sido tan drástico y vertiginoso para la propia clase política y tan crítico para las poderosas empresas televisivas que durante los años anteriores aspiraron a fundar un “monopolio de la opinión pública” gracias a la alta concentración de las concesiones en televisión abierta (Televisa dominaba 70% y TV Azteca 30% de las audiencias, la publicidad y los contenidos), a su dominio de la agenda informativa, a su influencia en los principales noticiarios de radio y a la sociedad con la mayoría de los periódicos.

 

El peor momento del PRI

(Jesús Cantú, pág. 40)

 

Por primera vez en su historia, el Partido Revolucionario Institucional gobierna a menos de la mitad de las entidades federativas y de los posibles electores: desde 2015 ha perdido 10 gubernaturas y recuperado cuatro, con lo que su déficit es de seis gobernadores y 14 millones de potenciales electores, que equivalen a 16.5% de la lista nominal.

 

Al iniciar 2018 gobernará 15 estados (considerando suyo el de Chiapas, cuyo gobernador es militante del Partido Verde pero fue postulado en coalición; y en caso de mantener Coahuila).

 

En caso de que se anule la elección de gobernador de Coahuila, se quedaría con 14 estados y 44.6% de los electores potenciales.

 

Pero más allá de las gubernaturas en su poder, los últimos resultados electorales y las encuestas de preferencia electoral también lo ponen en una situación de extrema dificultad.

 

En las elecciones estatales en la mitad de las entidades, el PRI se mantiene como primera fuerza, gracias fundamentalmente a los votos que obtuvo en la elección del Estado de México, donde como partido político quedó en segundo lugar, pues Morena obtuvo más votos.

 

Y si se recurre a las encuestas de preferencia electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, también está en su peor momento, pues en la mayoría de ellas su candidato mejor posicionado (que hasta el momento es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong) aparece en tercer lugar, después de Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala.

 

Además, el nivel de aprobación de la gestión de Enrique Peña Nieto es históricamente la más baja de cualquier presidente mexicano. Y si bien ha subido algunos puntos porcentuales después del bajísimo nivel de casi un dígito que alcanzó después del gasolinazo, en enero de este año, todas las encuestas coinciden en ubicarlo alrededor de 20%.

 

Para establecerlo con toda claridad: los resultados electorales de los últimos tres años han sido desfavorables y el PRI está en los más bajos niveles de preferencia electoral; por primera vez en su historia gobernará menos de la mitad de las entidades y de la población; las encuestas lo colocan en segundo y tercer lugar en la carrera presidencial; y por si esto fuera poco, la aprobación del presidente es la peor que ha tenido cualquier mandatario en la historia mexicana.

 

En este contexto celebrará el próximo sábado 12 su vigesimosegunda Asamblea Nacional, en la que su mayor preocupación es evitar una fractura de cara a la próxima sucesión presidencial. El presidente y su círculo cercano seguramente se aferrarán a los resultados electorales de este año y, aunque perdieron porcentajes importantes de votos, defenderán que retuvieron dos de sus principales bastiones, particularmente el Estado de México, que tiene 13% del padrón electoral; el resto de los grupos priistas buscarán limitar la influencia del presidente en la selección de su sucesor, sin embargo, esto implica ir en contra de la tradición tricolor.

 

Actores externos ante la tragedia venezolana

(Olga Pellicer, págs. 41-42)

 

La situación de Venezuela es de los problemas más graves que tienen lugar en América Latina. El desgarramiento económico y político del país ha llegado a un momento de tensión que, de romperse, puede dar lugar a una franca guerra civil. Las consecuencias en pérdidas de vida y empeoramiento de las condiciones para la supervivencia de los sectores más numerosos y desfavorecidos del país será enorme.

 

La diplomacia en foros multilaterales y las condenas reiterativas contra el gobierno de Maduro no producirán mayores efectos en la etapa que se inicia con la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente. La acción internacional debe pasar a las negociaciones discretas fuera de los reflectores oficiales, que permitan identificar voces moderadas en el lado de la oposición y del gobierno para explorar la posibilidad de un gobierno de transición que incorpore a representantes de las dos partes. Ignoro si el gobierno mexicano está empeñado en buscar esa vía. Ojalá así sea. Es la única esperanza desde mi punto de vista. Basta hacer notar que en esa mesa de negociación deben estar sentados actores que hasta ahora no han ocupado mayor atención en los análisis sobre la situación venezolana, como China, el principal socio comercial, y Cuba, el principal asesor político.

 

Ahora bien, al igual que siempre en momentos críticos, las posiciones de política exterior se vinculan con los intereses de la política interna. En el caso particular de México hay dos motivos poderosos que limitan sus posibilidades de influir sobre la situación venezolana.

 

De una parte, atravesamos momentos difíciles en las negociaciones con el impredecible gobierno de Estados Unidos. Para la élite dirigente, salvar el TLCAN está por encima de cualquier compromiso para ayudar a Venezuela. De la otra parte, ya estamos en la dinámica electoral de 2018. Para el PRI y el PAN el enemigo a vencer es Andrés Manuel López Obrador. Un ataque efectivo para debilitarlo, sobre todo entre sectores medios y altos, es afirmar que AMLO haría de México otra Venezuela. Por descabellada que sea esa acusación, tiene repercusiones en la opinión pública.

 

México es un botón de muestra de las múltiples circunstancias que acotan la eficiencia de la acción externa para influir en la trágica situación venezolana.

 

Dos rutas políticas para un país en crisis

(Marjuli Matheus Hidalgo, págs. 46-48)

 

Tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, representantes de la oposición y del oficialismo marcan sus líneas estratégicas: los primeros se debaten entre instaurar un gobierno paralelo al de Nicolás Maduro o participar en las elecciones regionales programadas para diciembre; los segundos adelantan que la agenda de la ANC incluye “abordar el funcionamiento de la Fiscalía” –cuya titular, Luisa Ortega, se convirtió en una dura crítica de Maduro– y sancionar a dirigentes de la oposición, a pesar del rechazo internacional y el descontento interno.

 

Caracas.- Luego de la elección unilateral de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela el pasado 30 de julio por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, la crisis política en ese país se acentúa. El rechazo internacional de más de 40 países que desconocen el resultado, se suma a la presión interna. El clima de ingobernabilidad en las calles se hace latente con protestas y detenciones que organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian como arbitrarias e ilegales. La tensión política, además, ha puesto al descubierto fisuras en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el país sigue en una acelerada crisis.

 

Por su parte, el gobierno venezolano insiste en haber obtenido una victoria en la jornada electoral en la que no participó ningún actor de la oposición política y siguió adelante con la instalación de la ANC, pese a las solicitudes internas y extranjeras de retirarla, las cuales califica de traición e injerencia, respectivamente.

 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano anunció en la madrugada del lunes 31 de julio que más de 8 millones de electores participaron en el proceso; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no habían publicado los resultados desglosados y enfrentaban una denuncia de la empresa Smartmatic, encargada de la votación electrónica, según la cual los resultados fueron alterados.

 

La agenda madurista

La instalación de la ANC se produjo el viernes 4, en medio de protestas de la oposición y un pronunciamiento del Vaticano que solicitó al presidente Maduro suspender la toma de posesión de los asambleístas. No se registraron hechos violentos.

 

Entre las primeras acciones que tomará la ANC, Faría destaca la de investigar hechos violentos registrados en el país. Además ponderó como segundo punto en orden de importancia la agenda económica.

 

Otra línea estratégica de la ANC, según la opinión de Faría, será la de “la defensa de la soberanía”, dice en relación con las sanciones estadunidenses contra Maduro.

 

En cuanto a las elecciones regionales que se programaron para diciembre de este año, dijo que no está planteado suspenderlas, pero destacó que el principio de la ANC es que sus actos deben ser acatados por el resto de los poderes públicos.

 

El viernes 4 la ANC se instaló sin contratiempos. Su junta directiva quedó formada por Delsy Rodríguez, como presidenta; Aristóbulo Isturiz, como primer vicepresidente; y como segundo vicepresidente fue nombrado Isaías Rodríguez.

 

La constituyente, “un salto al vacío”: Samper

(Rafael Croda, págs. 50-52)

 

El expresidente colombiano Ernesto Samper, tradicionalmente identificado como partidario del régimen de Nicolás Maduro, ahora critica severamente al mandatario venezolano por su proceso para elegir una Asamblea Nacional Constituyente: “La base de cualquier negociación en Venezuela debe ser el respeto a la institucionalidad democrática”, y la elección de esa asamblea, “en la que no tiene presencia la oposición, no va en esa vía. Es un error, un salto al vacío”, dice.

 

Bogotá.- El expresidente colombiano y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, quien ha mantenido durante años una cercana relación con el régimen chavista, considera que los comicios del pasado domingo para elegir una Asamblea Nacional Constituyente en ese país son un “error y un peligroso salto al vacío” del presidente venezolano Nicolás Maduro.

 

Es la primera crítica pública que hace Samper al presidente Maduro, lo cual es significativo porque, como secretario general de la Unasur, siempre fue acusado por la oposición venezolana de “defender” al mandatario chavista.

 

Presión mundial

Los resultados de los comicios constituyentes del pasado domingo fueron desconocidos por varios países latinoamericanos –México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile, entre ellos–, por Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia, Bolivia y Ecuador respaldaron al régimen de Maduro.

 

Para Samper, sería un error que Estados Unidos o cualquier otro país decidiera sancionar económicamente a Venezuela, porque eso agravaría la crisis humanitaria que vive ese país por la escasez de alimentos y medicinas, una hiperinflación de tres dígitos que devora los salarios y una recesión que le ha hecho perder 26% del producto interno bruto en los últimos cuatro años.

 

Respecto a la postura de condena a Venezuela que ha asumido México, Samper considera que se trata de “expresiones tan legítimas como las de los países que se han pronunciado a favor del gobierno del presidente Maduro”.

 

Contralínea

 

Tribunal Superior Agrario: dispendio y abuso discrecional de plazas

(Nancy Flores, Online)

 

El Tribunal Superior Agrario paga a secretarias, cocinera y chofer sueldos de subdirectores. Por autonomía, la asignación de plazas y salarios “es discrecional”, confirma el magistrado presidente López Escutia. También admite otros dispendios, como la renta del edificio sede por 72 millones de pesos anuales.

 

Escudada en la “autonomía e independencia” que le da su carácter judicial, la administración de Luis Ángel López Escutia en el Tribunal Superior Agrario habría incurrido en dispendios, que incluyen el pago de sueldos superiores a los que deberían percibir sus colaboradores más cercanos, el aumento del personal bajo su mando directo y el excesivo pago de inmuebles arrendados. Secretarias, chofer y hasta una cocinera –cargo que oficialmente no existe en la institución– cobran como subdirectores y jefes de departamento. Aunado a lo anterior, el equipo de López Escutia se integra por 23 funcionarios, mientras que el de su antecesor –Marco Vinicio Martínez Guerrero–  contaba con 18.

 

Política entreguista: 1 mil 172 mexicanos extraditados a Estados Unidos

(Nancy Flores, Online)

 

Uno de los rostros de la política más entreguista de este país es el de la extradición de mexicanos a Estados Unidos con fines judiciales; es decir, la renuncia del Estado a juzgar a sus delincuentes, en su propio país y con sus propias leyes. Bajo el argumento de tener un sistema corrupto, que no garantiza justicia a su sociedad, el gobierno ha ido cediendo en el tema de extradiciones a cambio de la “cooperación” financiera estadunidense. El peor momento se vivió con el panista Felipe Calderón Hinojosa, cuando 587 mexicanos fueron entregados a la justicia estadunidense y allá compurgan o compurgaron sus penas, además de pagar multas millonarias a las arcas de ese país.

 

Aunque lo peor ocurrió en ese sexenio, en el gobierno de Enrique Peña no estamos mejor: en los primeros 4 años (2013-2016), 268 presuntos delincuentes fueron entregados a Estados Unidos, refiere el informe US-mexican security cooperation: the Mérida Initiative and beyond, publicado en junio pasado por la unidad de investigación del Congreso estadunidense. A éstos se suman los extraditados en lo que va de 2017: al menos otros seis individuos acusados de diferentes delitos, entre los que destaca Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

 

Agentes mexicanos en misiones en Estados Unidos

(Zósimo Camacho, Online)

 

Un total de 61 efectivos mexicanos –de cuatro dependencias federales de seguridad– se encuentran en Estados Unidos realizando labores de “colaboración” con las autoridades de ese país. Se trata de elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Gobernación (Segob). La información está contenida en dos oficios de la Secretaría de Relaciones Exteriores que obtuvimos por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: el UDT-3742/2017 y el UDT-3743/2017.

 

Cabe señalar que se trata de elementos mexicanos que realizan trabajos relacionados con la seguridad. No se incluyen, por supuesto, a los del servicio diplomático con responsabilidades políticas o económicas. Tampoco a quienes se encuentran en ese país por motivos de entrenamiento o capacitación. No sabemos cuántos, de los 61 efectivos mexicanos en Estados Unidos, pertenecen a la PGR, cuántos a las Fuerzas Armadas (Sedena: Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y Semar: Armada de México) y cuántos a la Segob. De esta última dependencia, no se especifica qué oficinas o agencias enviaron efectivos. Podrían ser el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración.

 

Presiona EU a México en materia laboral

(Miguel Badillo, Online)

 

A unos días de que arranque la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos toma ventaja y presiona al gobierno mexicano en materia laboral (igual lo hizo con su socio Canadá) para obligarlo a firmar el convenio fundamental 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la aplicación de los principios de sindicación y de negociación colectiva. Fuentes del gobierno confirmaron las pláticas “informales” que ya sostienen con su contraparte estadunidense y se quejaron de las presiones de Washington, pues mientras los funcionarios gringos exigen al gobierno mexicano que rubrique dicho acuerdo 98 –México ha firmado siete de los ocho convenios fundamentales–, Estados Unidos sólo ha aprobado dos principios básicos de la OIT.

 

El gobierno de Canadá habría cedido a las presiones estadunidenses al firmar dicho convenio antes de las negociaciones del TLCAN, por lo que Estados Unidos enfila sus baterías a México y ya presiona para llegar con ventaja a la mesa de negociación, algo muy dado en los abusivos negocios a los que acostumbra Donald Trump. Por su lado, los negociadores mexicanos y canadienses en materia laboral prevén hacer equipo para enfrentar a Estados Unidos y obligarlo en materia laboral a que rubrique los seis convenios que se ha negado a reconocer como un derecho en favor de los trabajadores en ese país.

 

Nada tienen que aplaudirle los periodistas a Peña

(Álvaro Cepeda Neri, Online)

 

Cuentan que harto de estar en Los Pinos, acariciando la silla de montar que puso en lugar de la pintura de Benito Juárez, Fox pedía a su secretario particular, Alfonso Durazo (primero priísta, luego fanático panista y hoy furibundo morenista): “¡Dile a Castañeda que me consiga viajes fuera del país!”. Lo mismo le pasa a Peña, quien solicita a su amigo Videgaray (su precandidato presidencial, como as bajo la manga), llevarlo de viaje porque está en su año de hartazgo. Por eso va y viene a lugares donde nada tiene que hacer, ni lo invitan, como en la pasada reunión del Grupo de los 20 (países más ricos). Se fue a parís para conocer a Macron. Antes estuvo en Sudamérica. Y se ha quedado con las ganar de ir a Washington, porque sabe que Trump no lo puede ver ni en pintura. En nuestro país inaugura reuniones y devela placas, como hizo cuando Javier Duarte era desgobernador. Y es que sabía que éste era corruptísimo, pero le financió su campaña presidencial. No para de viajar el inquilino de Los Pinos como lo hizo en vísperas de las “elecciones” para imponer a su primo hermano Del Mazo, júnior del júnior. Pero su pésimo gobierno ha creado más pobreza, más desempleo, más inseguridad que contabiliza 180 mil homicidios; más los miles de feminicidios ocurridos en el Estado de México desde su sexenio a la fecha. A lo que se suma la impunidad y la corrupción, donde sólo nos falta saber si participó en los sobornos de las empresas Odebrecht y OHL.

 

Ya no sabe cómo terminar su maldito sexenio, que empeoró las ruinas que dejaron Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Pero no deja de pedir acarreados a sus reuniones para aturdirse con aplausos. Tan necesita de ese clamor, que su vocero Eduardo Sánchez citó a casi 500 reporteros a una reunión sobre cuestiones irrelevantes. Llegó Peña sin corbata, con la clásica palidez en su rostro –que ha provocado rumores sobre su deteriorada salud, desde que le extirparon la tiroides cancerosa–, y se apoderó del micrófono. Y ya molesto reclamó a los periodistas: “ya sé que ustedes no aplauden…”. Acto seguido se retiró. Pues parece que suponía que eran acarreados como también sucede en sus reuniones con empresarios; o con sus empleados que tienen orden de aplaudir y hasta ponerse de pie para caravanearlo. El señor Peña se molestó con los periodistas por no aplaudirle, como lo hizo con quienes reclamaron ser espiados por funcionarios peñistas. Igual se les fue encima con la amenaza de que si no probaban su denuncia, él los acusaría ante la PGR (con su amigo-cómplice Raúl Cervantes); vomitando a los reporteros de la “fuente” que: “sin son tan machos, presenten pruebas”. Está claro que en lugar de aplausos, los mexicanos le lanzarán reclamos, como le acaba de suceder a Fox­ (La Jornada y El Universal, 6 de julio de 2017); especialmente los periodistas, quienes debido a su trabajo sufren las embestidas de las élites del poder público y privado, así como de la delincuencia, para evitar que se conozcan sus triquiñuelas.

 

Peñabots influyendo en la opinión pública

(Gonzalo Monterrosa, Online)

 

Todos lo hemos notado, lo hemos visto y lo sabíamos: los peñabots existen y manipulan las redes sociales para favorecer la imagen del presidente. Pero en un país donde las acusaciones se desvirtúan ironizando con que se trata de un complot, necesitamos que alguien de fuera sea quien lo asegure. En el reporte titulado Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, la Universidad de Oxford asegura que México está entre los países que utilizan un ejército de bots en las principales redes sociales, entiéndase Twitter o Facebook.

 

El estudio incluye entre los países que utilizan los bots como herramientas para influir en redes sociales están México, Argentina, Brasil, Ecuador, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, en América, y en el resto del mundo encontramos a Irán, Israel, Siria, Rusia, Arabia Saudita y Turquía entre otros. Lo que nos indica la lista es que lo hacen países amigos y enemigos, paladines de la “democracia”, defensores de un gobierno religioso y países gobernados por dictadores. Lo que coincide con otro estudio, éste de la Universidad de California que indica que un 15 por ciento de los usuarios de la red social Twitter son bots, a pesar de seguir a otros, de marcar publicaciones como favoritas para aparentar un comportamiento humano, simplemente son bots esperando órdenes.

 

Julio Hernández López: Crónica del encabronamiento mexicano

(Álvaro Cepeda Neri, Online)

 

  1. De las columnas políticas, la firmada por Julio Hernández López desde hace 20 años en La Jornada es, indudablemente, una de las mejores; pues con datos e información cumple cabalmente lo que escribe el periodista José Ribas en su ensayo El columnismo no es un parapeto para el uso del poder, sino del contrapoder: “Adquiere así mayor precisión y eficacia; todo tipo de periodismo en una democracia siempre debe ejercer de contrapoder, pues ha de defender los intereses de los ciudadanos y de la legalidad. Ha de controlar los poderes públicos para que no se excedan y también el comportamiento de los poderes privados”. Esto lo cumple Hernández López con la puntualidad sistemática del periodista comprometido con el ejercicio de las libertades de prensa, para informar, analizar y criticar con legitimidad desde la democracia directa; es decir, desde la perspectiva del kratos: el pueblo, para, con esta legitimidad política, ser “espejo de las tensiones políticas, sociales y culturales del momento”, en el entendido de que es una lectura de la realidad… ayudando a pensar, interpretar y situar los diferentes hechos que constituyen y presiden la realidad”. Es el columnista como reportero, quien expone a los lectores lo que investiga de esa realidad “que es más pródiga que la más febril fantasía”. Y es con esta última con la que otras columnas sirven a sus intereses, siendo voceros de los poderes públicos y/o privados.

 

  1. Autor de la columna política, social y cultural Astillero, Julio Hernández vislumbró en su libro Las horas contadas del PRI, lo que está siendo una realidad: de socavón-crisis a socavón-crisis. Y ahora nos presenta sus crónicas agrupadas en seis partes, con el esclarecedor título Encabronados, en donde intercala las encabronadas reflexiones de ciudadanos; lectores que opinan, critican y exponen su encabronamiento, como actitud máxima de enojo, indignación y antesala para la rebelión. Gritos de alarma que Hernández López ha recogido en sus andanzas de reportero y lector, para darnos un recorrido sobre las huellas de los funcionarios-ladrones, politiquillos-saqueadores y toda la fauna que provoca “el enojo social ante la ineficacia, el cinismo y la corrupción de los grupos que han gobernado en México”. Es un rastreo del peñismo y su actor principal: Peña; los peñistas, los perredistas, los priistas, los panistas y de los demás partidos (Morena incluido), a quienes encabronados quisiéramos darles, en lugar de votos, hachazos para quitárnoslos de encima como chupa-ingresos millonarios para, “todos a una” repartirse los cargos en la chupa-corrupción.

 

III. Encabronados, o sea, hasta la coronilla de enojados (pero no hasta el copete que sonaría a Peña) por la descarada ratería de los desgobernadores, de Peña, de Ruiz Esparza –quien, altanero, dijo que sólo su amigo Peña lo puede cesar– y todos los causantes del “hartazgo mexicano”. El texto describe la creciente ingobernabilidad e “indignación insuficientemente organizada”. Y con el gasolinazo como parteaguas del inmediato pasado al inmediato futuro, sintetiza las desgracias de la pobreza, el desempleo, la homicida inseguridad que supera ya a la de Calderón; feminicidios y narcotráfico: el infanticidio de la guardería ABC, Ayotzinapa, la farsa de Paulette y Alfredo Castillo, Tlatlaya, Nochixtlán, etcétera. En 230 páginas, el autor confirma el enriquecimiento de la élite que honra la divisa del “prócer” de Atlacomulco: “un político pobre es un pobre político”. Es un prontuario de fechas, datos, hechos, nombres y su encadenamiento con la crisis de más de 120 millones de mexicanos. Al menos 100 de ellos encabronados por la ineptitud y corrupción del menguado copete del peñismo.

 

Vértigo

 

A México le va a ir bien 

(Ángel Hernández, pág. 4-12)

 

Frente al “choque de confianza” que a principios del año vivó el país (incertidumbre por la nueva administración en Estados Unidos, aumento del precio de los combustibles, depreciación del peso mexicano frente al dólar, aprensión por la renegociación del TLCAN y un entorno internacional inestable), la economía de México demostró que cuenta con una infraestructura sana y realiza un manejo adecuado de sus finanzas públicas, afirma José Antonio Meade Kuribreña.

 

En entrevista exclusiva el secretario de Hacienda destaca que el conjunto de reformas  que han cambiado la estructura de la economía mexicana, combinado con muchos años de buenas finanzas públicas, hoy da resultados que acreditan la confianza que debe haber en el país. Meade manifiesta su confianza en que el país le irá bien en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya que México aporta a la región competitividad, cadenas de valor, ubicación estratégica y trabajadores calificados, junto con Estados Unidos y Canadá le permiten a Norteamérica ser un área integrada y dinámica que la convierten en el bloque económico más importante del mundo.

 

Meade quien se declara así mismo como un servidor público con vocación, a lo largo de su trayectoria ha tenido la responsabilidad de estar al frente de cinco secretarias de Estado: dos veces en Hacienda, una en Relaciones Exteriores, otra en Energía y una más en Desarrollo Social. Con toda esa experiencia y una visión clara sobre las responsabilidades que con lleva la administración publica, Meade Kuribeña reconoce que el país hay retos y riesgos que se deben afrontar, entre los cuales menciona la consolidación de un proceso de reforma que haga del acceso a la justicia una experiencia cotidiana.

 

Resalta que el nuevo sistema de justicia penal dará muy buenos réditos hacia adelante, aunque en su aplicación ha puesto de relieve desafíos que hoy estamos enfrentando. Respecto del nivel de endeudamiento del país considera que se debe ver en perspectiva con relación a nuestra historia, respecto de nuestros pares y respecto de la trayectoria que hemos visto que se registra en el resto del mundo. Destaca que México es uno de los países que se ha adelantado a ir reduciendo su nivel de deuda como porcentaje del PIB en el tiempo, además de que registran un superávit primario por primera vez en una década.

 

Respecto de sus proyecciones económicas para el cierre de 2017 asegura que se van a cumplir con las metas fijadas: se buscara que las finanzas públicas sean fuente de certidumbre, mandar señales de que estas irán convergiendo para alcanzar mejores niveles e incluso ir hacia adelante. “Vamos a un cierre de administración ordenado, donde la deuda como porcentaje del PIB esté cayendo, donde tengamos posibilidad de generar de manera permanente un superávit primario y donde, cuando en el mundo y en México veamos a nuestras finanzas públicas, reconozcamos en ellas un pilar de certidumbre y un eje de la certeza que tenemos que trasmitir al mundo”, expresa Meade.

 

Tláhuac acapara la atención pública 

(N.Vázquez/  A.Caporal, pág. 16-22)

 

En poco más de dos lustros la Delegación Tláhuac pasó de ser una de las más seguras y folclóricas por sus diversas conmemoraciones tradicionales de talla mundial, a transformarse radicalmente en un corredor de inseguridad, extorsión, robos, desapariciones forzadas y venta de sustancias ilícitas cuya cloaca se destapó abiertamente en la administración de Rigoberto Salgado Vázquez por su presunta relación con el desaparecido Felipe de Jesús Pérez Luna alias El ojos.

 

Este último, que de hecho controlaba su venta en el oriente del Valle de México, cayó abatido el pasado 20 de julio por elementos de la Secretaria de Marina durante un operativo en la delegación. Lejos quedo el Tláhuac cuya característica principal era el ser un mosaico de costumbres y manifestaciones artísticas, como las famosas celebraciones a los muertos en San Andrés Mixquic, para dar pie a un área de grave inestabilidad social debido a una red de probables complicidades delictivas gestadas desde hace diez años entre Salgad Vázquez y Pérez Luna.

 

Hoy Tláhuac está convertida en un auténtico polvorín ya que a partir de que Salgado Vázquez tomó posesión como jefe delegacional la venta clandestina de estupefacientes aumentó de manera dramática, mientras que los asesinatos del crimen organizado, los secuestros y los giros negros proliferan… y los delitos del fuero común rompen ya las estadísticas de los últimos años.

 

Según los expertos, distintos diputados de la Asamblea Legislativa Capitalina (ALDF) y las pistas que desarrollan en sus indagatorias de manera oficial las autoridades judiciales y administrativas, queda claro que el caso Tláhuac resulta una muestra evidente de una regionalización de la administración pública en la que cotos de poder locales pueden transformarse rápidamente en auténticos enclaves de corrupción y contubernio con grupos delictivos organizados.

 

Dreamers

(Nacionales, pág. 47)

 

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, presentó una agenda de servicios para jóvenes binacionales, la cual difundirá los programas que ofrecerá la administración para los dreamers. Bachillerato digital o distancia es uno de los apoyos que presentará la agenda. Ofrecerá también las carreras de técnico superior universitario en Administración, Mercadotecnia y Tecnologías computacionales. Podrán contar con un seguro de desempleo con un ingreso mensual de dos mil 264.70 pesos por medio año.

 

Campaña

(Nacionales, pág. 47)

 

San Cristóbal de Las Casas. Tres organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos de los migrantes en Centroamérica, México y Estados Unidos iniciaron la denominada Campaña de los pueblos contra a deportación.

Miguel Paz Carrasco, coordinador de la agrupación denominada Voces Mesoamericanas, explicó que la herramienta principal de la iniciativa consiste en “la creación de un página de internet que ha reunido y sistematizado la  información que los inmigrantes que están en Estados Unidos y sus familiares que viven en los lugares de origen requieren para disminuir los riesgos de deportación” que abre la nueva política migratoria norteamericana.

 

Siempre!

 

El crimen, base social y financiera de Morena

(Beatriz Pagés, Online)

 

Rigoberto Salgado, delegado en Tláhuac, es la biografía de un delincuente especializado en crimen organizado. Su negro historial lo vincula con el secuestro, extorsión, asesinatos, desapariciones, linchamientos, invasión de terrenos, las peleas de gallos de gallos, la prostitución y, desde el poder, a la protección de narcotraficantes como Jesús Pérez Luna, alias el Ojos, abatido el 20 de julio por la Marina.

 

Su actitud “sobrada” ante los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, su negativa a renunciar, a negar con argumentos frívolos los cuestionamientos que se le hacían y el darse el lujo de dar por terminada la comparecencia habla de una sola cosa: de sentirse protegido por las poderosas organizaciones delictivas que operan en su demarcación y, tal vez —¿por qué no?—, en el ámbito nacional.

 

Todos los hermanos Salgado, según reportes de diferentes medios, se dedican a actividades ilícitas y todos son, formal o informalmente, integrantes de Morena.

 

El periódico El Universal publicó la nómina de quienes cobran y fingen trabajar para la delegación Tláhuac, y en la lista no solo aparece la familia del Ojos sino su jefe de sicarios, ayudantes y amigos, involucrados en la distribución de droga junto con policías, comerciantes y taxistas.

 

Después de Tláhuac, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la misma PGR están obligadas a investigar si existe una asociación delictuosa entre Morena y la delincuencia organizada.

 

Rigoberto Salgado no es el único funcionario militante de esa organización política acusado de tener prácticas que lo ligan con el crimen. El delegado de Xochimilco, Avelino Méndez, tiene antecedentes de dedicarse a extorsión y es, por cierto, representante de Morena y de Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa.  Es cada vez más claro que el partido del tabasqueño y su plataforma para convertirse en presidente de México son financiados con el dinero de las demarcaciones que gobierna y con los recursos ilícitos procedentes de las redes criminales que crecen al amparo de los delegados “morenistas”.

 

Tláhuac, el Iguala de la CDMX

(Emma Islas, Online)

 

Las operaciones contra la delincuencia en la Ciudad de México se habían reducido a ciertas detenciones y cateos. Sin embargo, todo ha dado un giro. El 27 de julio, un operativo de la Marina para arrestar al líder del cartel de Tláhuac, derivó en un tiroteo y la muerte de ocho supuestos delincuentes, entre ellos Felipe de Jesús Pérez Luna apodado el Ojos.

 

Los acontecimientos de Tláhuac han abierto diversas incógnitas respecto a si hay o no delincuencia organizada en la capital y sobre qué autoridad tiene mayor responsabilidad. Para el periodista Héctor de Mauleón la problemática que se vive en la capital por la presencia de grupos delictivos va más allá de la discusión de si existen o no carteles, “radica en la forma en que un sistema fue creado para obtener dinero informal, o dinero no fiscalizado”.

 

Asevera que los niveles de delincuencia son provocados por una corrupción sin límite que ha permitido que existan organizaciones criminales que en diversas demarcaciones están cobrando derecho de piso en bares, antros y amedrentan a la población. “Es una sombra que se fue metiendo a la ciudad sin que la viéramos. Al agitar al monstruo, no concebimos su verdadera magnitud”.

 

Cartel Tláhuac y La Unión Tepito, parte de una cadena

Explica que organizaciones como el cartel de Tláhuac o como La Unión Tepito son grupos locales, muy grandes, poderosos. Con mucho dinero, gente y control que tienen la capacidad de surtir la segunda ciudad más poblada del mundo. Sin embargo, están al servicio de organizaciones como el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o el cartel del Pacífico.

 

Esta cadena —precisa— va de la CDMX al puerto de Acapulco, atravesando las principales ciudades y los principales lugares de Morelos y Guerrero que hay en el camino, “es justamente a lo largo de toda esa cadena, donde se han presentado situaciones de violencia desmedida”.

 

Crimen organizado en la CDMX

(Irma Ortiz, Emma Islas, Nora Rodríguez y Armando Reyes, Online)

 

En 1997, al resultar ganador —por primera vez en la historia— en la elección de la jefatura de gobierno del, en ese entonces, Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas hizo un compromiso formal: “quitarles la ciudad a los delincuentes”.

 

Luego de 20 años de gobiernos perredistas, no se ha logrado hacer realidad esa promesa. Luego de Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador enfrentó la llamada Marcha Blanca que congregó a cientos de miles de personas, en junio de 2004, en protesta por la inseguridad, quienes recibieron como respuesta el calificativo de “pirruris” de parte del jefe de gobierno.

 

López Obrador también enfrentó el linchamiento de dos policías federales en Tláhuac, ante lo cual solo atinó a decir que no había que meterse con los usos y costumbres de los pobladores y cobijó a un Marcelo Ebrard que había sido cesado como secretario de Seguridad Pública de la capital por el presidente de la república, Vicente Fox, al nombrarlo secretario de Desarrollo Social, cargo del cual pasó a ser candidato para la jefatura de gobierno.

 

Con Ebrard, el tema de la inseguridad se mantuvo en índices similares a los de su antecesor, a pesar de haber invitado a Rudolph Giuliani para retomar su estrategia de tolerancia cero para la urbe como secretario de Seguridad Pública en la administración anterior.

 

Su programa Ciudad Segura se vio opacado por el episodio de la muerte de 9 jóvenes en la discoteca News Divine, motivo por el cual renunciaron el secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, y el procurador de Justicia, Rodolfo Félix, quien fue sustituido por Miguel Ángel Mancera.

 

Este último se convirtió en candidato a jefe de gobierno en las elecciones de 2012, las cuales ganó. Una frase ha definido su gobierno ante el tema de la inseguridad: “no tenemos ninguna notificación de las autoridades federales, ni de la Marina, ni del Ejército, de que aquí en la Ciudad de México hubiera un foco rojo (crimen organizado)”, por lo que ha negado en distintas ocasiones que haya grupos delictivos, pese al operativo de la Marina en Tláhuac.

 

¿Quién gobierna la CDMX? La gran incógnita

Al hablar sobre quién gobierna la Ciudad de México y por qué se ha dejado crecer el crimen organizado a tal magnitud que haya casos como el de Tláhuac, en donde por primera vez en la capital se pudo ver cómo marinos se enfrentaban a narcos, Gabriel Regino, especialistas en temas de seguridad y exsecretario de Seguridad Pública, asegura que todo obedece a un debilitamiento institucional motivado por la desatención del gobierno actual que, en primer lugar, niega la presencia del crimen en las calles de la ciudad, a tal grado que es difícil saber quién gobierna la CDMX, “esa es la gran incógnita que todos tenemos”.

 

El arribo de los Beltrán Leyva a la CDMX

Gabriel Regino afirma que el crecimiento del crimen organizado en la capital ha sido expuesto por diversos medios de comunicación desde 2015, “con pelos y señales se han dado datos de los movimientos de gente de los Beltrán Leyva. Pero a pesar de eso, las autoridades no han actuado en materia de prevención del crimen, es como si no pasara absolutamente nada”.

 

Armando Rodríguez Luna, investigador del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede) y coeditor del Atlas de la Seguridad y la Defensa de México, coincide con Gabriel Regino y detalla que la presencia de los Beltrán Leyva en la Ciudad de México y el control que ejercieron en el Aeropuerto de la capital marcaron la expansión del narcomenudeo.

 

“Desde ahí vemos una presencia importante de un grupo criminal, con capacidad para el trasiego de drogas a escala nacional. En los siguientes años, de 2010 a 2013, se empieza a ver la presencia de grupos criminales como el cartel del Golfo, el cartel de Los Zetas que también tenían cierto control sobre el narcomenudeo, y con capacidad para tener presencia en ciertos restaurantes y bares de Polanco, de la Roma, de la Condesa”.

 

Impacto

 

Los dilemas de Peña Nieto

(Juan Bustillos, Online)

 

Hace tiempo que el Presidente Enrique Peña Nieto observa con mirada diferente a sus colaboradores; le sorprende que hasta los menos imaginables, quienes permanecen en sus puestos más por su concepto de amistad que por eficaces, estén más que puestos para ocupar su oficina.

 

Lo puede leer en sus ojos, en su lenguaje corporal, en los informes confidenciales que sobre sus movimientos le llegan a diario, y en las columnas políticas de los periódicos, pero también lo escucho en los sesudos análisis de la opinión electrónica.

 

Audaces, algunos hasta se han atrevido a sugerirle los tome en cuenta so pretexto de abrir el abanico; otros le han dicho, con falsa modestia, que no cuente con ellos para una batalla que se presume épica, pues lo suyo es permanecer con él hasta el final, sin embargo, omiten hablar del después del final, cuando empieza el corredero de gente.

 

Sólo Luis Videgaray se ha autodescartado públicamente aduciendo que la patria lo necesita luchando por el TLC contra Donald Trump, razón por la cual no puede distraerse buscando la candidatura; no dice, sin embargo, que dos de sus alfiles lo representan en la búsqueda de otro sexenio.

OPINIÓN. Hugo Aboites: La herencia

Hugo Aboites*
En 2007, Robert Hertztein, ex secretario de Comercio Internacional de Estados Unidos y uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) reveló que en los ochenta, en reunión del Comité de Negocios México-Estados Unidos, “los empresarios mexicanos estaban en shock por la nacionalización de la banca y ahí mismo se estableció un acuerdo que aseguraba para el futuro algunos lineamiento para la protección de inversiones [mexicanas]…” Este acuerdo preliminar derivó luego en un acuerdo internacional que asegura que en adelante un gobierno mexicano jamás podrá decretar unilateralmente una nacionalización. Ese acuerdo es el TLCAN (el mismo que ahora Trump quiere echar abajo), y fue la manera de preservar hacia el futuro y como intocable el territorio económico y político de una poderosa clase social en México. (Ver Aboites, H. La medida de una nación: 167).
En 2000, con el triunfo de Fox, el entonces secretario de Educación Pública, Limón Rojas, manifestaba su preocupación. Después de 80 años de una educación de Estado, nacionalista y conducida por el grupo que se hizo del triunfo en la Revolución de 1910, le tocaba entregar el encargo al panismo, la oposición de derecha. Y en carta pública exhortó al nuevo gobierno a mantener el legado de la educación, a salvaguardar los principios más caros, como el carácter público, laico, gratuito y popular. Por supuesto, el exhorto sirvió poco, pero paradójicamente no por falta de receptividad de los nuevos conductores, sino porque con la firma del TLCAN y el ingreso a la OCDE, aquella herencia educativa construida a partir de los años veinte y treinta, ya había sido socavada radicalmente por los revolucionarios institucionales, los propios encargados de preservarla. El panismo realmente sólo llegó a continuar y fortalecer lineamientos privatizadores y subordinados a la banca internacional, adoptados años antes.
Hoy, casi dos décadas más tarde, de nuevo hay una profunda preocupación en el sector de la educación por el cambio de sexenio. Más que en años anteriores a los morenos hoy se les percibe como el nuevo y amenazante peligro para el futuro de la reforma llamada educativa. Por eso la poderosa (y costosa) campaña publicitaria que insiste en que la reforma no es persecutoria de maestros, es, más bien, Escuelas al Cien, un nuevo y progresista modelo educativo, planteles de tiempo completo, reforma en las normales, y hasta computación e inglés. Se busca generar una percepción de que es una iniciativa que trae beneficios concretos para garantizar así su sobrevivencia transexenal, incluso aunque no gane el PRI. La magnitud de la campaña es un indicador de una gran preocupación que tampoco es reciente. El resultado de las elecciones presidenciales de 2006 pero también la creciente resistencia magisterial desde 2008 obligó al gobierno federal a reforzar dos procesos de largo alcance. El primero, a apoyarse en la alianza de co-conducción con entidades representativas del poder financiero a escala internacional (firma de acuerdos muy específicos con la OCDE) y en el ámbito nacional (adopción de agenda de Mexicanos Primero y grupos afines). Y, el segundo, más importante, el establecimiento de un blindaje para preservar el proyecto educativo privatizador y empresarial. Y éste consistió en la inclusión de lo fundamental de la reforma en el texto constitucional. En efecto, la columna vertebral de la actual reforma es la evaluación como instrumento de contención y control de los maestros. Porque se considera que sin un cambio radical del poder al interior de la educación que someta las inconformidades magisteriales, la actual reforma puede ser fácilmente desechada o transformada de manera que se vuelva irreconocible. Y la evaluación, es decir el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) está para garantizar que nada de eso ocurrirá. Colocado en la Constitución (y leyes) como autónomo se intentó crear un poder paralelo que estuviera por fuera y por encima de cualquier gobierno. Podrán cambiarse algunas cosas en el modelo de reforma, pero la columna vertebral, lo esencial, eso queda como territorio intocable.
Un ejemplo, cuando en 2015 el titular de la SEP, Chuayffet, decidió suspender un examen para que no coincidieran protestas de los maestros con las elecciones intermedias, el INEE públicamente encabezó un beligerante tropel contra el secretario, quien luego tuvo que renunciar. Y recientemente, el INEE reiteró su postura de guardián del legado: ¿No es necesario blindar las evaluaciones para que el gobierno federal no las utilice según el termómetro político? se le pregunta al presidente del instituto. Y éste contesta: El blindaje lo hace la normatividad y para eso se creó una institución autónoma. Estaremos pendientes de que eso (una cancelación) no ocurra. ( El Universal 5/05/17). En otras palabras, si viniera otro gobierno y planteara una reforma que desechara la evaluación y verticalidad autoritaria, ahí estaría el INEE junto con organismos empresariales, para contradecir. En 1992, los empresarios y gobierno mexicanos firmaron el TLCAN para defenderse de alguna futura nacionalización; en 2013 con calzador se colocó en la Constitución al INEE para asegurar la perpetuidad de la reforma, y así obstaculizar la otra que viene desde abajo. Pero no todo resulta igual a como se planea.
*Rector de la UACM

Artículo publicado en La Jornada 5 de agosto

Resumen de Revistas / 30 de julio

Proceso

El narco en la CDMX

Invasión de cárteles apoyados en mafias locales

Contralínea

Pensiones vitalicias para cada expresidente por 60 millones de pesos

Cinco expresidentes de México y dos viudas obtienen beneficios por más de 5 millones de pesos cada mes: personal de ayudantía y escoltas, pensiones, seguros de vida y de gastos médicos son cargados al erario. Entre los beneficiarios está Margarita Zavala, actual aspirante a la candidatura presidencial por el PAN

Siempre

El país bulle y el PRI duerme

El único ausente es el PRI. Nadie, ni los mismos priistas —la militancia, ¡claro!— saben lo que quiere, ni qué busca y menos hacia dónde va. Su mutismo y cerrazón recuerda el mundo conventual, oscuro y misterioso, de El nombre de la rosa

Vértigo

La reforma energética da rentabilidad a la empresa: José Antonio González Anaya Pemex con futuro

Hallazgo de megayacimiento, saneamiento financiero e inversiones consolidan a la petrolera

Impacto

Comparado con el de Tláhuac, el caso Eva Cadena es ‘juego de niños’…El narco contamina a Morena

Hace casi tres años, López Obrador escondió las manos en el caso Ayotzinapa tras la tragedia y su acercamiento con la familia Abarca, responsable directa de la desaparición de 43 normalistas

Proceso

Invasión de cárteles, apoyados en mafias locales

(Jorge carrasco A. y Patricia Dávila, págs. 8-12)

Pese a las evidencias en contra, los estudios de especialistas y las denuncias ciudadanas, el gobierno de la Ciudad de México sólo tiene una versión: aquí no hay presencia de los cárteles del narcotráfico. Y las bandas criminales se han afianzado en la capital del país –especialmente desde la llegada al gobierno de Miguel Ángel Mancera–, apoyándose en mafias locales, como La Unión Tepito o el ahora célebre Cártel de Tláhuac, cuyo líder murió el jueves 20 en un enfrentamiento con la Marina, durante un operativo del cual no se informó a la policía local, bajo sospecha de estar infiltrada.

La delincuencia organizada se ha consolidado en la Ciudad de México durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Aunque la capital de la República está lejos de ser asiento de alguna organización del narcotráfico, prácticamente ninguna de las 16 delegaciones políticas escapa de la presencia de los cárteles del narcotráfico que operan en el país, gracias a grupos locales como el llamado Cártel de Tláhuac.

El caso más significativo es el de La Unión Tepito, que según autoridades y especialistas, le permitió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) convertirse en el grupo de delincuencia organizada predominante en la Ciudad de México, como parte de la expansión de esa organización en el país durante el actual sexenio.

Durante una década, desde que era titular de la Procuraduría General de Justicia de la capital, Mancera ha minimizado la presencia del narcotráfico en la Ciudad de México, pese a las crecientes expresiones de violencia, extorsión y hasta presunta penetración de esos grupos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local, como ha ocurrido en el resto del país.

El titular de la SSP, Hiram Almeida, informó a este semanario (Proceso 2125) que entre 10 y 15 mandos de la corporación comisionados en Tláhuac están bajo investigación por su supuesta protección a la célula delictiva local. Explicó que los agentes pudieron involucrarse con esta banda por acción u omisión.

Fue precisamente por el temor a una fuga de información que la Secretaría de Marina excluyó al gobierno de Mancera de la Operación Tango del pasado jueves 20 en la delegación Tláhuac contra la mafia local, revelan a este semanario fuentes cercanas a la investigación.

Fue un operativo militar sin precedente en la capital del país desde que las Fuerzas Armadas participan en el combate frontal al narcotráfico. En la confrontación, que la Marina presentó como una respuesta a una agresión armada, murieron ocho presuntos delincuentes, entre ellos Felipe de Jesús Pérez Luna, identificado como El Ojos y señalado como líder de la organización local.

La SSP desplegó un intenso operativo para vigilar el entierro, luego de los narcobloqueos habidos cuando los infantes de Marina incursionaron en Tláhuac.

Fuentes cercanas a la investigación de la Operación Tango indican que la Marina ha detectado a agentes de la policía capitalina involucrados con grupos de la delincuencia organizada en la Ciudad de México. Esa fue la razón por la que el día del operativo en Tláhuac tuvieron “gran cuidado en el manejo de la información para concretar la operación”. Según dijeron, la policía capitalina fue la última en incorporarse a la acción.

En entrevista con la reportera Sara Pantoja el jueves 27, Edmundo Garrido, procurador capitalino, rechaza esa versión y asegura que el operativo fue resultado de las reuniones periódicas del “consejo metropolitano de seguridad”, en el que también participan autoridades federales. “De ahí nació el tema de la investigación” en Tláhuac, asegura.

Unión Tepito

Autoridades de la Ciudad de México –que pidieron el anonimato– confirmaron a este semanario la existencia de esa “sociedad estratégica”, y explicaron que La Unión Tepito es un grupo con muchas más capacidades que el Cártel de Tláhuac.

El operativo de la Marina en Tláhuac visibilizó lo que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ha pretendido eludir en todo momento y que incluso fue reportado el jueves 27 por el diario estadunidense The Washington Post. Su gobierno no sólo recibió denuncias de distintos delegados respecto a la operación de los grupos delictivos en la ciudad, sino que él mismo fue objeto de advertencias por esos grupos. En particular, del CJNG.

En un reportaje de la reportera Jesusa Cervantes publicado en este semanario hace casi dos años (Proceso 2030, del 27 de septiembre de 2015), Mancera; su entonces procurador, Rodolfo Ríos, y la SSP fueron los destinatarios de mensajes atribuidos al CJNG. Tres cartulinas fueron colocadas afuera de dos ministerios públicos de la capital: en Benito Juárez y Tlalpan, y en la Glorieta de los Insurgentes, prácticamente en las puertas de la SSP.

Después de publicado el reportaje, la reportera tuvo acceso en 2016 a nuevos mensajes al jefe de gobierno. Uno de ellos fue colocado sobre el cadáver de, al parecer, un policía: “La plaza es nuesta y aqui todos pagan el que no respete le toca lebanton manos con ojos los vamos a desaparecer. Mancera CUMPLA YA”.

Xochimilco, zona conflictiva

(Patricia Dávila, págs. 10-12)

Avelino Méndez Rangel, jefe delegacional en Xochimilco, se explaya al abordar el asunto de la delincuencia organizada: “La mitad de nuestra población se ve afectada por la venta de droga. Los grupos que se dedican al narcomenudeo invadieron las zonas con mayor concentración de habitantes”.

Méndez Rangel, militante de Morena y quien asumió el cargo en octubre de 2015, durante su campaña habló del narcomenudeo y la inseguridad generada por los grupos que se dedican a la venta ilegal de mariguana y cocaína en Xochimilco y zonas aledañas.

“Atendiendo al mapa delictivo, hemos destinado más elementos a los puntos (críticos) que nos marca, como el centro de Xochimilco, el punto intermedio entre los barrios de San Pedro y San Antonio; así como Rosario, Belem, San Esteban, La Santísima, San Diego. Eso nos ha ayudado a disminuir el índice (delictivo)”.

Respecto a la venta de droga, la estrategia es otra, dice: “Lo que hacemos es reportar a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México lo que se comenta en la calle y lo que reporta la población. Nosotros no somos investigadores ni tenemos los métodos que se requieren para dar una información precisa.

“Detectamos que Tulyehualco es una zona muy conflictiva, además del centro de barrios que integran el de San Diego y una parte de San Gregorio Atlapulco. Allí tenemos el mayor número de reportes de vecinos sobre la presencia de esta actividad. Hablan de narcomenudeo o se refieren a la venta de estupefacientes de diversos tipos.”

–¿Qué porcentaje de la delegación ocupan estos puntos conflictivos –se le pregunta a Méndez Rangel.

– Si hablamos de superficie, 30%. Ello implica como 50% de la población, porque Tulyehualco es el pueblo más grande de Xochimilco, junto con San Gregorio; son de los más poblados.

La CDHDF reactiva el caso Narvarte

(Sara Pantoja, págs. 16-18)

Tuvieron que pasar 23 meses del multihomicidio de la colonia Narvarte para que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitiera la recomendación 4/2017, en la que pide a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México atender el caso. Aunque ese documento de 15 puntos representa una “nueva oportunidad” para recomponer las indagatorias, los familiares de las víctimas y sus abogados se muestran escépticos, mientras el nuevo procurador Edmundo Garrido Osorio dice estar dispuesto a “ceñirse a la ley”.

El titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio conoce bien el caso del multihomicidio del 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, pues supervisó la investigación cuando era subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales.

La procuraduría aceptó los 15 puntos de la Recomendación 4/2017, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), emitida el pasado 21 de junio, pues tiene la “disposición para cumplir lo que la ley nos obliga” y sentarse a trabajar de nuevo con los ofendidos y sus coadyuvantes, comenta a Proceso.

Este lunes 31 se cumplen dos años de la ejecución del fotoperiodista colaborador de este semanario Rubén Manuel Espinosa Becerril, la modelo colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete Avilés, la estudiante de belleza Atziry Yesenia Quiroz Alfaro y la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez en el departamento 401 del edificio número 1909 de la calle Luz Saviñón en la colonia Narvarte.

Daniel Gutiérrez Pacheco, José Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas están presos por ese crimen en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Hasta ahora sólo Torres Tranquilino, un expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina ha sido sentenciado, aunque su defensa apeló la resolución de la juez 25 de lo Penal, Hermelinda Silva Meléndez, por falta de pruebas directas que confirmen su responsabilidad.

Apenas se descubrió el multihomicidio, los familiares de las víctimas han sido bloqueados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalinos. Les impidieron identificar los cadáveres, no recibieron la debida atención psicológica ni económica que les otorga la ley, les limitaron sus declaraciones ministeriales y padecieron maltratos por parte de los servidores públicos.

Las autoridades procuradoras de justicia ignoraron los protocolos para investigar casos de feminicidio y homicidio de extranjeros, así como los de agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, sin tomar en cuenta que Nadia y Rubén denunciaron públicamente que eran objeto de amenazas y hostigamiento en Veracruz.

Personal ministerial violó la cadena de custodia del lugar y contaminó la escena del crimen, filtró información a medios de comunicación con datos personales de las víctimas –incluso los resultados de las necropsias– y desviaron la atención para preponderar la línea relacionada con presunto narcomenudeo que, hasta la fecha, tampoco ha sido comprobada.

Los funcionarios obstaculizaron a la coadyuvancia el acceso al expediente y les dificultaron la realización de diligencias solicitadas; por ejemplo, tomar la declaración a testigos del hostigamiento y las amenazas contra Nadia y a Rubén en Veracruz.

Chihuahua Desaparecidos en un abismo de impunidad

(Gloria Leticia Díaz, págs. 20-26)

Los gobiernos de Chihuahua, incluido el de César Duarte, se preocuparon más por negar el grave problema de las desapariciones de personas que por asumir estrategias y protocolos de búsqueda, o al menos apoyar a los familiares en sus denuncias e investigaciones. Como resultado, el municipio de Cuauhtémoc ocupa el primer lugar nacional en incidencia de ese delito y una de las pocas esperanzas de las familias para encontrar a sus ausentes es la labor de Equipo Argentino de Antropología Forense. Esta investigación forma parte de la serie sobre las desapariciones forzadas en el país, que se inició en la edición 2114 con el reportaje sobre Coahuila.

Cuauhtémoc, Chih.- Guillermina Aguilar y Jesús Roberto Chávez tuvieron que esperar cinco años para reunirse con su hijo, Julián Iván, quien se “comunicaba” en sueños con su madre para que no desfalleciera en su búsqueda e informarle que estaba “en los primeros tres montones de Tamaulipas”.

Julián Iván Chávez Aguilar desapareció el 8 de marzo de 2012, luego de ser detenido por policías municipales de Cuauh­témoc cuando manejaba ebrio. El auto, un Grand Marquis 86, apareció en el corralón municipal, pero los agentes no dejaron rastro del ingreso o la salida del joven de los separos.

Después de 20 días de búsqueda y de interponer una denuncia, Guillermina recibió una llamada de su hijo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, para pedirle que retirara la denuncia. Por llamadas sucesivas muy cortas, la mujer supo que Iván fue llevado a mil kilómetros de Cuauhtémoc junto con otros 20 jóvenes y que a todos se les obligó a deshacerse de sus identificaciones.

Gracias a los abogados del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Ce­dehm), Guillermina y su esposo, Jesús Roberto, lograron reactivar la denuncia que ya se había archivado en la delegación de Fiscalía General en Cuauhtémoc. Además, en 2013 se integró un expediente de búsqueda en Tamaulipas y a la pareja se le tomaron muestras de ADN que supuestamente fueron cotejadas con otros estados.

En 2014 personal de la Fiscalía en Chihuahua les sugirió que ya no lo buscaran, pues creían que “se había integrado a Los Zetas”.

En enero pasado, tras la firma de un contrato entre el gobierno de Javier Corral y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Guillermina supo dónde quedó su hijo, gracias a un diente que se le cayó a Iván cuando era pequeño y que ella guardó celosamente.

Con trabajo previo de identificación de restos en Tamaulipas, la coordinadora del EAAF, Mercedes Doretti, tomó el caso de Guillermina tras advertirle que usaría el diente de Iván.

Guillermina relata: “Nos enteramos de que el cuerpo de mi hijo estaba en una tumba aparte. Mimi (Doretti) lo encontró porque insistió en cotejar el ADN del diente con la base de datos de la PGR. Se tardaron un mes en encontrarlo y, de acuerdo con el expediente en Tamaulipas, mi hijo falleció en mayo de 2012. Desde entonces tenían su perfil genético y por lo visto nunca lo cotejaron con el nuestro, tuvo que venir el EAAF a hacer ese trabajo.”

La esperanza de muchas personas en Chihuahua se alimenta de casos como el anterior y de la notificación que Doretti y personal de la fiscalía les hicieron a tres familias: que se logró identificar a los suyos entre varios restos calcinados que se hallaron en ranchos cercanos a la sierra entre 2011 y 2013.

En una reunión emotiva, Doretti informó que se estableció una veintena de perfiles genéticos que deben cotejarse con los aportados por los familiares de un centenar de personas desaparecidas de 2010 a 2013.

No es la primera vez que el EAAF colabora con el gobierno de Chihuahua. Entre 2004 y 2010, el equipo de antropólogos intervino en el proyecto de identificación de cuerpos de mujeres no identificadas en Ciudad Juárez y Chihuahua, la capital del estado.

De una base inicial de 24 restos en Ciudad Juárez y 12 en Chihuahua, en 2005 el EAAF terminó por revisar 107, de los cuales pudo identificar plenamente a 26 de la ciudad fronteriza y siete de la capital. El resto, 74, siguen esperando a ser identificados.

El nuevo convenio fue parte de los compromisos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el exgobernador César Duarte mantenía sin cumplir desde 2014, luego de que se localizaron restos óseos en municipios cercanos a la sierra.

De acuerdo con el fiscal general César Augusto Peniche, en una primera fase el EAAF deberá procesar 60 muestras óseas en su laboratorio de ADN de Córdoba, Argentina, y las muestras sanguíneas de los familiares en un laboratorio de Estados Unidos, con la expectativa de que en 11 meses se cumpla con las fases establecidas.

La gran mayoría de las familias que esperan resultados son originarias de Cuauh­témoc, municipio que ocupa el primer lugar nacional en desaparición de personas, lo que reconoce el fiscal general.

Ciudad Juárez: hambre de justicia

(Gloria Leticia Díaz, págs. 22-23)

Ciudad Juárez, Chih.- José Luis Castillo Carreón se mueve entre los montículos de arena del desierto para mostrar los sitios donde han sido localizados cadáveres y restos de mujeres durante casi 25 años en esta ciudad fronteriza.

Del Cristo Negro a Lomas de Poleo –donde se hallaron cuerpos de jovencitas en los noventa–, pasando por el centro de la ciudad, donde fueron vistas por última vez la mayoría de las desaparecidas, hasta el Camino Real donde, dice, han sido encontradas al menos 12 víctimas, cuatro en lo que va del año, Castillo Carreón instruye sobre la historia trágica que puso a Ciudad Juárez bajo la mirada internacional.

Lo cubre una larga lona rosa a la que le hizo un agujero por el medio para colocársela a manera de gabán que le llega arriba de las rodillas. Él lo llama mandil y tiene la fotografía de su hija Esmeralda, de 14 años cuando desapareció, el 19 de mayo de 2009, en el centro de Ciudad Juárez mientras esperaba el autobús para llegar a su casa.

Castillo es un icono en esta ciudad fronteriza por su búsqueda de jovencitas desaparecidas. En este año, comenta, van 25, cuyas edades oscilan entre 15 y 20 años.

Castillo asiste a actos públicos para exigir justicia. En 2011, durante la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer –en la que presuntamente se invirtieron 150 millones de pesos–, increpó al entonces gobernador César Duarte.

Castillo también se enfundó en su mandil cuando encabezó una marcha en 2012 que partió de Juárez hacia la ciudad de Chihuahua, para denunciar las desapariciones de mujeres.

Castillo, de 57 años, guía a los reporteros por la ruta de las cruces rosas, pintadas y repintadas por familiares de víctimas. Están colocadas en los lugares donde las chicas fueron vistas por última vez, muchas de ellas desaparecieron luego de apearse de los autobuses de la Ruta 16.

El padre de Esmeralda recorre calles como 16 de Septiembre, las vías aledañas a la catedral y los pasos peatonales; camina por el centro de Ciudad Juárez y muestra, a quien quiera ver, los resultados de las “pesquisas” pegadas en los postes con las imágenes de las adolescentes desaparecidas.

El infatigable activista reflexiona: “Definitivamente es una banda muy bien organizada con mucho poder económico. Creemos que se las llevan para Estados Unidos porque la mayoría de los cuerpos son encontrados en áreas cercanas a la línea divisoria”.

Dice que su hija fue víctima precisamente de una banda sofisticada de trata de personas. Su caso, dice, está siendo investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la PGR, así como por la Fiscalía General del estado, en el área de Personas Ausentes y en la de Lesiones.

Martha Rincón, la madre de Esmeralda, recuerda que el mismo día que su esposo se manifestó frente al presidente Peña Nieto, ella asistió a la fiscalía por un citatorio. Las autoridades no le dieron información por falta de avances.

Los rastreos

Curtidos por el sol del desierto del Valle de Juárez, los padres de Esmeralda Castillo Rincón se sumaron a los rastreos ciudadanos en Arroyo del Navajo en septiembre de 2016, que hoy encabezan.

Eran los últimos meses del gobierno de Duarte y los primeros de Corral cuando el matrimonio decidió buscar más restos. Tenían la certeza, dicen, de que esa zona es “un tiradero clandestino de restos. Están a ras de tierra; ni siquiera hay fosas”.

En Arroyo del Navajo el área de genética de Servicios Periciales ha identificado los restos de 20 jovencitas, en tanto que la FGE ha procesado a cinco personas por 11 homicidios.

Con el apoyo de ciudadanos que simpatizan con su causa, los Castillo Rincón se convirtieron en asesores. Han encabezado cinco rastreos, a los que han asistido “a fuerza” agentes investigadores y peritos de la fiscalía general.

Ante las amenazas, Castillo se acogió al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Asesorado por los abogados David Peña y Karla Micheel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, acudió a la PGR, que en 2015 abrió una investigación. La dependencia descubrió que las llamadas amenazantes salían del conmutador de las oficinas del gobierno del estado, y en junio pasado la procuraduría declinó la investigación a la fiscalía estatal.

Castillo se muestra indignado. “No estamos conformes con que el gobierno del estado se investigue a sí mismo. Vamos a insistir en que sea la PGR, y aunque en la administración del señor Corral no hemos recibido amenazas, hasta ahora no nos ha querido recibir. Creen que estoy loco, pero si me llaman así por exigir justicia y buscar a mi hija, bendita locura”.

Madres contra el olvido

(Gloria Leticia Díaz, págs. 25-26)

Chihuahua, Chih.- Desde hace mes y medio la vida de Nidia Ivonne Muñoz Gavaldón cambió de forma radical. Liquidada como operadora de la maquila FIH por no laborar durante una semana por buscar a su hija Fátima, de 17 años, desaparecida el 17 de junio, se planta todos los días en las oficinas de la Fiscalía General en la capital del estado. Espera respuestas.

Muñoz Gavaldón incluye en su rutina diaria visitas a las oficinas de Justicia para Nuestras Hijas, organización civil dirigida por Norma Ledezma Ortega, madre de Paloma Escobar, desaparecida el 2 de marzo de 2002 y localizada sin vida 27 días después, caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo emitió nueve recomendaciones al Estado mexicano tras acordarse una solución amistosa.

Entrevistada en el local de la organización, Muñoz acudió a Ledezma los primeros días posteriores a la desaparición de su hija y logró que el 8 de julio se organizara un rastreo en el área de la hacienda Los Potreros, donde se llevó a cabo la fiesta rave donde se vio por última vez a Fátima y a la que asistieron alrededor de mil 500 personas.

En la búsqueda intervino personal de la Agencia Especial de Investigación, de la Unidad Especializada de Personas Ausentes, de la Fiscalía Especial de Víctimas del Delito y el Grupo Especial K9, que cuenta con perros adiestrados. No hubo resultados.

La ausencia de Fátima es una evidencia de la imparable desaparición de mujeres en este estado fronterizo, que en el caso de las jovencitas tiene un cariz especial, advierte Ledezma Ortega, quien después del hallazgo sin vida de su hija se ha dedicado a buscar personas privadas de su libertad, en particular mujeres y niñas. Actualmente su asociación Justicia para Nuestras Hijas da seguimiento al menos a 55 casos de desaparición.

Más empleos formales…

(Carlos Acosta Córdova, págs. 27-31)

Consultado sobre las rimbombantes cifras de creación de empleo que el presidente Peña Nieto ha proclamado por todo el país en las últimas semanas, sorprende que uno de sus altos funcionarios puntualice: no todos son nuevos empleos, son altas en el Seguro Social y se combinan con la formalización de viejos empleos. De todas formas, apunta, se trata de una buena noticia porque “las altas tasas de informalidad y la subcontratación son el principal problema del mercado laboral mexicano”.

“Por el llamado bono demográfico que registra hoy el país, actualmente ingresan al mercado laboral 800 mil jóvenes por año; pero a principios de 2020, en poco más de dos años, ya serán 1 millón de jóvenes los que demanden, por primera vez, un puesto de trabajo.

“Para que México pudiera absorber cada año la demanda de jóvenes que ingresan al mercado laboral, debió tener un crecimiento económico superior a 4%, y debe tenerlo de casi 5% para la próxima década, de manera sostenida durante los siguientes 20 años.

“Pero la realidad es que hemos tenido un crecimiento promedio de 2% en los últimos 30 años, que es absolutamente insuficiente. Lo que nos dice la historia, hasta el día de hoy, es que el modelo (económico) no ha alcanzado, y esa es la realidad, ahí están los números, no necesito decir más.”

Quien afirma todo es el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, el encargado de la política laboral del país, justo el hombre que debe vigilar que esté en orden el mercado laboral.

El funcionario aceptó la entrevista con Proceso luego de varias semanas en que el presidente Enrique Peña Nieto se desgañitaba por todo el país gritando que en su gobierno se había creado la mayor cantidad de empleos “nuevos y formales” –“casi 3 millones”, dijo el viernes último– como en ninguna otra administración en la historia del país.

–El crecimiento económico del país, como dije, ha sido de 2% en promedio. Cada punto porcentual, cada punto de crecimiento económico, genera más o menos 200 mil empleos. En realidad han sido 400 mil empleos nuevos, si fuera por crecimiento económico; para los 2 millones 800 mil empleos que ha dicho el presidente, la tasa de crecimiento del país sería mucho mayor de 4%.

“¿Qué es lo que en realidad ha pasado? Que hay una migración muy importante de empleos que eran informales, hacia la formalidad. Eso ocurrió. ¿Por qué le llaman ‘nuevo empleo’? Yo no utilizo esa palabra, yo utilizo ‘altas al Seguro Social’, para que se reconozcan las dos realidades, una es nuevo empleo y otra cosa es formalización, porque además el trabajo de formalización le corresponde mucho a la Secretaría (del Trabajo). Son empleos nuevos y empleos viejos que se formalizaron. La realidad es que es una combinación.”

Ahora, el fenómeno de la formalización ha sido muy bueno en México, es un gran desafío. Hoy la pregunta que se hace el mundo, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) por ejemplo, es cómo hacerle en el mundo, en una perspectiva de por lo menos de cinco o 10 años de bajo crecimiento económico, para generar empleo, en un mundo donde, además, las nuevas tecnologías desplazan generaciones.”

Navarrete Prida, abogado y maestro en derecho penal por la UNAM, procurador general de justicia del Estado de México en los sexenios de Arturo Montiel y parte del de Enrique Peña Nieto, señala:

“Es una realidad que tenemos un mercado laboral de bajo costo en términos de lo que se gana, con una alta volatilidad, donde se emplea una gente un día de una cosa y otro día de otra cosa.”

Jorge Ramos Persiste en México el periodismo sumiso

(Jenaro Villamil, págs.32-34)

Jorge Ramos, que desde el noticiero de Univision se caracteriza por sus cuestionamientos al poder en México y Estados Unidos, señala en entrevista que la prensa mexicana vive uno de sus peores momentos, ya sea bajo el acoso del narco y del gobierno o sumiso ante la línea oficial. El galardonado con el premio Gabriel García Márquez a la excelencia periodística 2017 por la Fundación para el Nuevo Periodismo prefiere la verdad sobre la neutralidad y lamenta que sus colegas en el país vecino hayan visto demasiado tarde la amenaza que el ahora presidente Donald Trump representa para el oficio informativo.

Los periodistas mexicanos “tenemos la obligación de ser un contrapoder” y “nuestra obligación para la sucesión presidencial en 2018 no es no apoyar a nadie, sino ser críticos de todos”, afirma Jorge Ramos, conductor, reportero y profesor en Estados Unidos, identificado como uno de los connacionales más influyentes en la comunidad latina del país vecino.

En entrevista, Ramos admite que observa “tristemente” que hay periódicos, noticieros en televisión y radio “que apoyan a Peña Nieto porque todavía existe en los medios tradicionales muchísima complicidad con el poder”.

Crítico también con el papel de muchos colegas suyos en Estados Unidos, que reaccionaron tardíamente a la amenaza que representa Donald Trump para el ejercicio libre de la prensa, Ramos advierte: “Muchos nos equivocamos si seguimos pensando que ante determinados eventos debemos ser neutrales”.

No generaliza, pero subraya que ante fenómenos de “discriminación, de racismo, de corrupción, de violación a los derechos humanos, de mentiras públicas y de enfrentarse a dictadores, como periodistas estamos obligados a dejar la neutralidad de un lado.

“Para eso sirve el periodismo. Lo entiendo como un servicio público que tiene como objetivo fundamental buscar la verdad desafiando a los poderosos.”

“En Estados Unidos hay casos muy claros de cuando un periodista abandonó la neutralidad para llegar a la verdad: ahí está el caso Watergate o las denuncias contra la red de pederastas que publicó el Boston Globe.

“En el caso mexicano reciente, yo identifico dos casos muy claros: el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que fue una investigación de corrupción encabezada por Carmen Aristegui. En ambos casos, tienes una realidad y necesitas tomar una posición como periodista frente a ella.”

La prensa cedió

Jorge Ramos conduce su reflexión a partir de lo que ha sucedido en Estados Unidos con el fenómeno de Trump. “Es el mejor ejemplo de cuando los periodistas deciden no ser contrapoder y ceden, entonces el bullying llega al poder”, dice.

El “peor momento” del periodismo mexicano

Por supuesto, admite Jorge Ramos, “no es lo mismo decir esto desde la comodidad de mi estancia en Miami, pero nada es comparable al riesgo que tienen los periodistas mexicanos si trabajan en el norte del país o en Veracruz”.

Ramos estudió periodismo en la Universidad Iberoamericana (1977-1981), tuvo un paso breve como reportero de Televisa en el programa 60 Minutos y tras un intento de censura fue a vivir a Los Ángeles en 1983. Desde 1986 es el conductor titular del Noticiero Univisión, donde ha mostrado su preocupación por la circunstancia del periodismo en México y los asesinatos y amenazas a reporteros.

Para Ramos, “no ha habido peor momento para el periodismo mexicano desde la Revolución como éste”.

Subraya que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y que al finalizar del sexenio de Peña Nieto habrá más ciudadanos y específicamente más periodistas asesinados que en el periodo de Calderón.

Ante la sucesión presidencial

–¿Cómo observas al periodismo mexicano ante los escenarios de la sucesión presidencial?

–Nuestra verdadera labor periodística es ser contrapoder, estar siempre del otro lado del poder. Ante las noticias falsas, necesitamos hacer más periodismo; ante el espionaje, necesitamos hacer más periodismo; ante la violencia, necesitamos hacer más periodismo.

Ramos también ha sido muy puntual e incisivo en su crítica hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto. Expresó su apoyo a Carmen Aristegui y a su equipo de periodistas cuando fueron expulsados de MVS tras el reportaje de “La Casa Blanca de Peña Nieto”. Ha señalado una y otra vez en televisión y en sus mensajes en redes sociales la corrupción del gobierno priista y su ineficacia.

El director de Ríodoce “No podemos dejar que nos gane el miedo”

(Patricia Dávila, págs. 36-41)

Ismael Bojórquez, director del semanario sinaloense Ríodoce –que fundó junto con Javier Valdez y otros dos periodistas–, lo admite: en Sinaloa se vive con miedo, pero ello no impide a sus compañeros ejercer su trabajo cotidiano. Hace una remembranza de su amistad con Javier, de la columna que escribió desde el primer número y se publicó hasta su muerte, del dolor que embarga al gremio y de su indoblegable tarea de informar a la sociedad sobre los temas candentes que pocos se atreven a abordar.

En Sinaloa se trabaja “administrando el miedo”, sostiene Ismael Bojórquez, director del semanario Ríodoce, fundado en febrero de 2003 por él y Javier Valdez Cárdenas, quien fue asesinado el pasado 15 de mayo.

“Javier solía decirlo: en Sinaloa los reporteros trabajamos con la mano en el culo. No importa si es más grande el miedo que el compromiso periodístico. Si te gana el miedo tienes que aprender a administrarlo”, comenta Bojórquez a Proceso.

Los reporteros de Ríodoce no traen escoltas, pese a que tanto el gobierno de Sinaloa como el federal les ofrecieron apoyo por medio del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El director de Ríodoce admite que tras el asesinato de Javier “a manos del narco” comenzó a tomar precauciones para reducir el nivel de riesgo.

Junto con Valdez y él se salieron otros dos compañeros. Los cuatro formaron una sociedad anónima y fundaron Ríodoce: “Hicimos acciones, promovimos el periódico en Culiacán, Mazatlán y Guasave, fuimos con el PAN y el PRD. Arrancamos prácticamente sin un cinco y en un contexto de muchas asechanzas por parte del gobierno de Juan S. Millán Lizárraga.

Los primeros años

Desde su inicio, Ríodoce marcó su línea editorial basada en la investigación y publicación de casos polémicos, como el de Jorge Julián Chávez Castro, ejecutado el 17 de febrero de 2003. Él fue procurador estatal, alcalde de Culiacán, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública; fue un personaje clave en el diálogo entre las cámaras industriales y la Iglesia. Ríodoce publicó un reportaje titulado Los demonios que prohijaron las administraciones de gobierno a las que él perteneció, regresaron.

La columna Malayerba, escrita por Javier, tuvo un lugar muy importante en el ­semanario.

A raíz de la ejecución de Javier, el espacio de su columna se publica en blanco: “La primera vez fue una decisión de protesta, igual que todos los artículos que se firmaron con el nombre de Javier. No fue planeado. Fue una forma de decir que no había miedo, que le estábamos haciendo frente con valentía, aquí seguimos, aquí estamos. Hoy, no hemos tomado una decisión acerca de qué vamos a hacer con Malayerba”, cuenta el entrevistado.

Cuando el narco irrumpió

Cuenta Bojórquez: “A la vuelta de cinco o seis años llegamos a la conclusión de que estábamos haciendo un periodismo de sobrevivencia, por lo que teníamos primero que garantizar nuestra seguridad. Estábamos conscientes de que nunca hay garantías. Así trabajamos todos estos años”.

No obstante, reconoce que con el asesinato de Javier los colaboradores del semanario están obligados a ajustar esos criterios sin dejar de cubrir un solo tema:

“Hace poco publicamos una nota que nadie se atrevió a cubrir: el asesinato de Ignacio Avendaño Ojeda, integrante de una familia boletinada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Un comando entró a su casa y le disparó en la cabeza. Los agresores no dejaron acercarse a los periodistas. La policía llegó dos horas después. Publicamos la nota ese mismo día en el portal en internet. Nadie más lo hizo. Al día siguiente sólo El Noroeste la sacó en su edición impresa”, cuenta el entrevistado.

Ese día por la tarde, a través de Facebook, llegó un mensaje a Ríodoce en la que les pedían retirar la nota porque la familia Avendaño Ojeda no quería que se divulgara el asesinato de Ignacio. El equipo de Ríodoce mantuvo la nota en su portal.

Bojórquez habla de la solidaridad gremial que ha recibido Ríodoce en las últimas semanas de la Ciudad de México, de la prensa internacional y en las redes sociales. Hoy, dice, “nuestro compromiso es mucho más grande con la gente que nos lee. Javier nos ha jalado a las calles en demanda de justicia.

Y sobre las investigaciones en torno al homicidio del autor de Malayerba, subraya: “Estamos en espera de que la fiscalía estatal y la Procuraduría General de la República informen sobre avances en la investigación. Hasta ahora se han escudado en el debido proceso; argumentan que deben guardar información para que la imputación no se les caiga”.

Bojórquez y sus compañeros piden a la fiscalía estatal y a la PGR definir quién va a tomar la investigación, porque cada dependencia tiene abierta una carpeta.

AMLO, a la cabeza en las encuestas

(Jesús Cantú, pág. 44)

Aun año de la elección presidencial de 2018, las encuestas de preferencia electoral muestran una muy cerrada carrera; y aunque en todas Andrés Manuel López Obrador encabeza, también es cierto que lo hace por pocos puntos, los que están dentro del margen de error, y podría perder ante Margarita Zavala, suponiendo que ella sea la candidata del PAN.

En las últimas dos semanas se han difundido al menos tres encuestas de preferencia electoral, las de El Financiero, Reforma y El Economista, ésta elaborada por Consulta Mitofsky.

En las tres el orden de los posibles ganadores es el mismo: López Obrador, Zavala y Miguel Ángel Osorio Chong, aunque en las de Reforma y El Economista el secretario de Gobernación está en un lejano tercer lugar, mientras en la de El Financiero le disputa el segundo lugar a la panista.

Un promedio de las tres encuestas coloca a AMLO con 31.2% de las preferencias electorales; a Zavala con 27.5% –es decir, 3.7 puntos porcentuales abajo–, y a Osorio Chong con 19.7%, fuera de cualquier posibilidad de competir.

Otro dato interesante es que en las tres el priista Osorio Chong disminuye su porcentaje de participación electoral respecto a lo que le otorgaban en julio de 2016; la pérdida promedio en 12 meses es de 1.5 puntos porcentuales.

Al preguntar por qué partido votarían, El Economista y El Financiero colocan con mayor preferencia electoral al PAN, pero difieren en el segundo lugar, pues el segundo ubica al PRI y el primero a Morena. Mientras tanto Reforma le otorga más preferencias a Morena, seguido del PAN y muy abajo el tricolor. En este caso en lo que sí hay coincidencia es que en los tres, PRI y PAN disminuyen sus preferencias electorales en el último año, mientras Morena las incrementa y de manera muy significativa, pues en promedio obtenía en junio del año pasado 17.7% y ahora llega a 25.7%.

Mientras tanto, el PRD y su más probable candidato, Miguel Ángel Mancera, se mantienen en todos los casos con una preferencia electoral de alrededor de 9%.

En abril de 2011 una encuesta de Reforma ubicaba a Enrique Peña Nieto con 45% de las preferencias, a López Obrador con 23% y a Josefina Vázquez Mota con 16%. En junio del mismo año la encuesta de Consulta Mitofsky le otorgaba al priista 47% de las preferencias; al tabasqueño, 18%; y a la blanquiazul, 15%. En este caso la ventaja clara era para el tricolor y nuevamente la panista quedaba en tercer lugar, lo que en esta ocasión se mantuvo hasta el final, salvo algunas encuestas que la quisieron ubicar en varios momentos del proceso en el segundo lugar.

En junio de 2011 una encuesta de Consulta Mitofsky le otorgaba a Peña Nieto un saldo favorable de 33 puntos; a Josefina, 2.2; y a López Obrador un saldo desfavorable de 13 puntos porcentuales. Mientras Reforma, en ese mismo mes, le otorgaba saldos favorables a los tres: Peña, 46 puntos; AMLO, 14; y la panista, 11.

En esta ocasión, Consulta Mitofsky le otorga a AMLO un saldo desfavorable de 3.7 puntos; a Zavala, de 4; a Osorio Chong, de 20; a Mancera, de 17; y al independiente Jaime Rodríguez, de 7. Y Reforma mantiene las mismas tendencias: AMLO, 5; Zavala, 5; Osorio Chong, 15; Mancera, 9; y Rodríguez, 16. Aun con saldo negativo, López Obrador es el “menos malo”.

Aunque López Obrador aparece al frente en todas las encuestas, la ventaja todavía se encuentra dentro de los márgenes de error y tiene frente a sí el reto de revertir ese saldo negativo de opinión que hoy tiene.

#SNACorrupto

(Ernesto Villanueva, págs. 46-47)

El combate a la corrupción y a la impunidad es una prioridad en México porque ambos fenómenos erosionan las instituciones, socavan los principios de legalidad y legitimidad y reproducen al infinito estas prácticas contrarias a la mínima ética pública. En México se hizo una amplia reforma constitucional sobre la materia, de la cual derivó un conjunto de leyes secundarias para desarrollar los preceptos constitucionales, lo que se denomina el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Quiero ampliar algunos puntos que no he expresado del #SNACorrupto. Veamos.

Primero. Hay personas que consideran que debemos dar el “beneficio de la duda” al SNA. Es respetable su punto de vista, pero atado a la fe, no a criterios probabilísticos de que el #SNACorrupto pueda cumplir los propósitos programáticos previstos en la Constitución federal

Segundo. El #SNACorrupto nace de la unión entre varios sujetos obligados que han dado vida a un sistema que los vigile. De entrada, se trata de un conflicto de interés, de ser juez y parte. Por sí mismo es un acto de corrupción que el vigilado nombre al vigilante.

Tercero. No han faltado quienes me preguntan por qué si en otros países se ha seguido un diseño normativo similar al #SNACorrupto, en México no va a funcionar. La respuesta es muy sencilla: en esos países, sobre todos los nórdicos, existen dos ingredientes de los que México carece: a) una activa participación popular en la reproducción de las pautas democráticas como modelo de vida y b) porque en los países de referencia, los políticos tienen un honor que cuidar de manera celosa para darle viabilidad a su carrera política.

En México no hay, ya no se diga una abultada participación comunitaria, ni siquiera alguna capacidad de convocatoria activa que se traduzca en seguidores comprometidos.

Cuarto. De acuerdo con Fernando Belaunzarán fue la “sociedad organizada” la que hizo el diseño institucional del #SNACorrupto y los legisladores tuvieron un papel accesorio de revisión de estilo para generar un sentido de pertenencia. Más aún, Belaunzarán señala que fue la Red por la Rendición de Cuentas la responsable del diseño normativo hoy cuestionado por la afrenta que representa contra la inteligencia de la sociedad entera.

Quinto. Es menester, si en verdad hay un interés mínimo razonable, cambiar el #SNACorrupto por otro que carezca del pecado capital de nacer de actos de corrupción en su modalidad de conflicto de interés. En suma, el régimen no puede combatirse a sí mismo mediante su intervención no definitoria, sino definitiva, en la construcción de una entelequia que asegura que todo va a cambiar para que todo siga igual, parafraseando a Lampedusa.

Sexto. Un sistema efectivo debería observar al menos las siguientes características: a) eliminar a las dependencias y entidades de los sujetos obligados como parte del comité coordinador del sistema de referencia; b) generar convocatorias públicas, abiertas, sin acompañamientos de la “sociedad civil organizada”, que vela por sus propios intereses apoyando a personas afines y vetando a quienes no lo son; c) integrada la lista de candidatos por el Senado, que se debe limitar, de entrada, a revisar que los aspirantes hayan cumplido los requisitos en donde se establezca que quienes se postulen, acepten voluntariamente someterse a exámenes de control de confianza hechos por expertos independientes del gobierno.

El día en que todo está en juego

(Marjuli Matheus Hidalgo, págs. 50-53)

Tanto el gobierno de Nicolás Maduro como sus opositores intensificaron sus acciones de cara a este domingo 30, fecha programada para elegir a los miembros de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. El primero quiere que las votaciones se realicen a toda costa; los opositores intentan impedirlo. El primero recurre a la intimidación contra los trabajadores del Estado y a la represión abierta contra desafectos y opositores; éstos, por su parte, arrecian sus jornadas de protesta: realizaron un paro cívico y una huelga general. Unos se juegan su permanencia en el poder; los otros sostienen que es el país lo que está en juego.

Caracas.- El “día final” es este domingo 30, fecha en la que está programada la elección de los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el gobierno de Nicolás Maduro y rechazada por sus opositores.

En los días previos a la elección, la situación en Venezuela mantuvo en vilo a la población y expectante a la comunidad internacional. Las protestas se intensificaron. Tres personas fueron asesinadas en las primeras 24 horas de la huelga.

El jueves 20, durante el primer paro cívico, 19 reporteros fueron agredidos, registró el Instituto Prensa y Sociedad. Testimonios de corresponsales extranjeros dan cuenta de la difícil situación del ejercicio periodístico en el país. El lunes 24 The New York Times dio a conocer que su enviado a Caracas, Nicholas Casey, fue vetado por el régimen de Maduro: le revocaron el permiso para trabajar como periodista en Venezuela luego de permanecer ocho meses en el país contando la crisis que aquí se vive.

La Unión Europea y 13 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron suspender la Constituyente.

El pasado 1 de mayo Maduro anunció que impulsaría una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Desde ese momento las protestas de la oposición se centraron en rechazar la ANC de Maduro, objetivo que se le sumó a los anteriores: restituir el orden constitucional, destituir a los magistrados del TSJ que lo violentaron, libertad de los presos políticos, elecciones generales y apertura de un canal humanitario para enfrentar la crisis venezolana.

Así han transcurrido más de 110 días de protestas fuertemente reprimidas por cuerpos militares y policiales leales al régimen de Maduro.

Pese al rechazo en las calles y evidenciado en un plebiscito convocado por el Parlamento, que se celebró el domingo 16 y obtuvo más de 7 millones y medio de votos contra el régimen, Maduro se niega a retirar la convocatoria para la ANC. Mientras, la oposición se niega a dejar las calles y mantiene sus demandas iniciales.

Guerra cibernética

Los enfrentamientos que se libran en las calles venezolanas entre manifestantes y las fuerzas policiales y militares se trasladan a otros escenarios. En el campo virtual, la guerra es sin cuartel.

En esta batalla virtual surgen rumores y cuentas falsas que contribuyen a aumentar la tensión y la desinformación en un país fuertemente afectado por la censura gubernamental.

Directrices intimidantes

Además de la pugna en las redes sociales, el régimen de Maduro se vale de tácticas intimatorias para contar con la participación de empleados públicos y beneficiarios de los programas sociales del Estado. Con ese propósito envía cadenas por mensajería instantánea a los trabajadores, mensajes de voz a través de grupos de trabajo en WhatsApp y hasta llamadas telefónicas para recordarles lo que les podría pasar de no acudir este domingo a la votación de la ANC.

Las autoridades gubernamentales también envían a los trabajadores instrucciones para registrarse en listas de asistencia, consultarse en bases de datos e indicaciones para lo que llaman “1×10” que consiste en que cada uno lleve a 10 personas más a votar, entre otras directrices.

Constituyente inconstitucional

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por Maduro, ha sido catalogada de inconstitucional por no cumplir lo establecido en la Carta Magna venezolana.

Según el artículo 347 de la Constitución, sólo en el pueblo reside el poder constituyente originario. “En ejercicio de dicho poder, el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”, reza el texto constitucional vigente. Por ello, es indispensable hacer un referendo consultivo para que el pueblo decida si aprueba o no la convocatoria a una ANC, tal y como lo hizo Hugo Chávez en 1999.

De acuerdo con la Constitución actual, la iniciativa de la convocatoria para una ANC la pueden tomar el presidente de la República, las dos terceras partes del Parlamento o los consejos municipales, o 15% de los electores inscritos en el registro. Cualquiera de estas instancias puede iniciar el proceso, pero sólo el pueblo puede convocar a una ANC.

Cuando Fox expulsó a las FARC

(Rafael Croda, págs.54-56)

Marco León Calarcá, quien representaba a las FARC en México desde finales del siglo pasado y fue corrido del país por el gobierno foxista hace 15 años, narra a este semanario ese incidente diplomático –cuyo ejecutor, contra su voluntad, fue el subsecretario de Relaciones Exteriores Gustavo Iruegas–, que significó mucho más que sólo la expulsión de un guerrillero: fue, según el entrevistado, el fin de una era de política exterior mexicana.

Bogotá.- En abril de 2002, el entonces subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe Gustavo Iruegas citó en su oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al representante de la guerrilla de las FARC en México, Marco León Calarcá, para comunicarle que el gobierno del presidente Vicente Fox había decidido expulsar del país a todos los delegados de ese grupo insurgente.

De acuerdo con Calarcá, Fox y su canciller, Jorge Castañeda, ya habían comenzado a romper antiguas tradiciones de la diplomacia mexicana, como la de jugar un papel neutral frente a los conflictos internos en la región, para dejar abiertas las puertas a eventuales mediaciones, como lo hizo en Centroamérica en los ochenta y noventa.

“Toda esa política exterior mexicana se fue perdiendo desde la llegada de Fox al gobierno”, dice Calarcá.

Y la “presión principal para sacarnos de México fue de Uribe. Él hizo un acuerdo con Fox”, asegura el representante de las FARC en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego y el desarme que, bajo coordinación de la ONU, pusieron en marcha el gobierno colombiano y esa exguerrilla, tras firmar un acuerdo de paz en noviembre pasado.

Un mes antes de tomar la decisión de expulsar a las FARC de México, Fox había sido anfitrión, en Monterrey, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiamiento del Desarrollo, en la cual restringió la participación del gobernante cubano Fidel Castro, según quedó demostrado con la grabación de una llamada telefónica que éste hizo pública y en la que el panista le dijo: “Comes y te vas”.

Y justo cuando se estaba produciendo la salida de los delegados de las FARC de territorio mexicano, México votó una resolución sobre Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

La embajada insurgente

Las FARC, que llegaron a ser la guerrilla más poderosa de América Latina, habían abierto una oficina en México en 1993 como parte de las labores de su Comisión Internacional.

Calarcá señala que su principal contacto y apoyo en México fue el exsenador priista Gustavo Carvajal Moreno, quien durante tres décadas desarrolló una gran actividad en la región como dirigente y presidente fundador de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.

A partir de 1995, los delegados de las FARC en México iniciaron una relación “muy buena” con diferentes funcionarios de la SRE, con los que Carvajal Moreno los puso en contacto.

Cuando Fox llegó a la Presidencia, en diciembre de 2000, fue Iruegas, como subsecretario para América Latina y el Caribe, quien se encargó de los asuntos con esa guerrilla, cuyos delegados en México tenían la visa de residencia permanente FM3.

Todos entraban al país con pasaportes colombianos con sus nombres verdaderos, no los de su vida en la guerra y la clandestinidad. El de Calarcá –apellido que tomó de un cacique indígena colombiano que combatió la conquista española– es Luis Alberto Albán Burbano.

En febrero de 2002, los diálogos de paz que sostuvieron las FARC y el gobierno de Pastrana en la suroriental región del Caguán se rompieron.

Fue cuando, según Calarcá, Uribe y Pastrana –quienes hoy rechazan los acuerdos de paz con las FARC y son aliados de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2018– “presionaron” al gobierno del panista Vicente Fox, quien tenía una gran sintonía política con esos dos colombianos.

En México, además de Calarcá, estaban integrantes de las FARC como Olga Marín y Juan Antonio Rojas, y en ocasiones llegaba Raúl Reyes, jefe de la Comisión Internacional de esa guerrilla y quien murió el 1 de marzo de 2008 durante un bombardeo de las fuerzas militares colombianas a un campamento instalado en territorio ecuatoriano.

“Nosotros le dijimos a Iruegas que nos diera unos días para salir y empezamos a hacer las vueltas internas para ver a dónde nos íbamos. Vimos que había un contexto muy desfavorable. Ya no estaba el PRI, sino el PAN, que de alguna manera quería romper con la política exterior progresista que tenía México. Y era evidente que Uribe nos quería cerrar todos los espacios”, dice Calarcá.

Recuerda que los últimos días en México fueron muy desagradables. “El seguimiento que usualmente nos hacía la policía se volvió hostigamiento, con muchos agentes de civil montando un cerco en la vivienda que ocupábamos… una cosa descarada”.

Las FARC decidieron que los expulsados regresaran a Colombia, donde tras la ruptura de los diálogos del Caguán el conflicto armado interno revivió con intensidad.

“Hicimos escala en Cuba y seguimos para Colombia. Yo entré directo, para hacer contacto con el Bloque Caribe. ¿Por dónde entré? ¿Con qué papeles? No sé”, dice Calarcá sonriendo. “No me acuerdo de nada. Y dejémosla ahí”.

La Propuesta Política de la UNT va más allá de los procesos electorales

(Responsable publicación: Eduardo Torres Arrollo, págs. 4-5)

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) publicó un desplegado en la Revista Proceso 2126 en las primeras páginas donde convoca a la construcción de un proceso unitario para impulsar un nuevo bloque de fuerzas democráticas. Lo anterior ante el proceso electoral que se avecina “extremadamente complejo debido a la gran incertidumbre ante la actual coyuntura política de los EEUU”, según detalla el desplegado.

La UNT señala que buscan construir una “Agenda y Programa del Cambio social para un gobierno de coalición social y democrática cuya prioridad sea la satisfacción de las necesidades sociales y los derechos”, se lee en la inserción. Detalla que la agenda que propones se basaría en tres ejes, entre los que destacan una agenda para resolver la crisis de derechos humanos que sacude al país.

Contralínea

Cada expresidente cuesta a los mexicanos 60 millones de pesos anuales

(Víctor Hugo Reyes Martínez, Online)

Cinco expresidentes de México y dos viudas obtienen beneficios por más de 5 millones de pesos cada mes: personal de ayudantía y escoltas, pensiones, seguros de vida y de gastos médicos son cargados al erario. Entre los beneficiarios está Margarita Zavala, actual aspirante a la candidatura presidencial por el PAN. Los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría y las viudas de Miguel de la Madrid –Paloma Cordero– y de José López Portillo –Alejandra Acimovic (Sasha Montenegro)– cuestan al erario más de 60 millones de pesos anuales cada uno (a razón de más de 5 millones de pesos por mes).

Copias de los comprobantes de gastos –obtenidas a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– revelan que el gasto público destinado a los exmandatarios y sus beneficiarios no se reduce a las pensiones de 205 mil 121 pesos mensuales, sino que incluye aguinaldos (21 mil 876 pesos), seguros de vida (32 mil 448 pesos), seguros de gastos médicos mayores (de 74 a 333 salarios mínimos generales mensuales generales vigentes en la Ciudad de México) y sueldos al personal de ayudantía y escoltas (4 millones 799 mil 999 pesos). Además, los mexicanos –de los cuales 70 millones se encuentran en situación de pobreza– les pagan los denominados “servicios domiciliarios”, que van desde el servicio de jardinería, luz, predial, agua y teléfono, hasta la manutención de tres automóviles de uso personal para los beneficiarios (expresidente, esposa e hijos) y tres más para el uso de escoltas, así como el pago de gasolina y tenencia de esos vehículos.

Agentes de EU en México: los mexicanos no tienen derecho a saber

(Zósimo Camacho, Online)

Los mexicanos no tenemos derecho a saber cuántos agentes de corporaciones de Estados Unidos se encuentran en misiones en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores –hoy encabezada por el “aprendiz” de diplomático Luis Videgaray, según sus propias sinceras palabras– poseedora de la información, dijo que revelar tal estadística vulneraría la seguridad nacional de este país y, además, se molestarían nuestros vecinos. Más sorprendente aún es que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) haya confirmado tal reserva de la información. Lo que requerimos desde principios de año es apenas una estadística básica. Sólo quisimos saber el número de los agentes estadunidenses que están en México. A sabiendas de lo quisquillosos que se vuelven los funcionarios mexicanos cuando se trata de información que involucra a sus ¿pares? gringos, sólo les preguntamos por el número total. No requerimos el número por agencia, los lugares en que se encuentran ni la naturaleza de las misiones que cumplen en México.

La pregunta cuya respuesta causaría una hecatombe –si nos atenemos a los sesudos raciocinios de los censores de Relaciones Exteriores y de la Inai– es bastante simple: “Solicito conocer el número de integrantes de las agencias de seguridad de los Estados Unidos de América que, en territorio mexicano, cooperan con las autoridades mexicanas desde 2006. Desglosar por año”. Ya en este espacio habíamos dado cuenta –con documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores– de que un número indeterminado de elementos de 13 agencias de seguridad estadunidenses se encuentran en México “colaborando” con las autoridades mexicanas. Siete de ellas están adscritas al Departamento de Justicia, cinco al Departamento de Seguridad Interna y una al Departamento del Tesoro.

Entre la corrupción y la impunidad

(Sinay Sánchez, Online)

Compitiendo con los saldos de la inseguridad, diariamente sabemos de las imputaciones sobre quién roba más, qué se hacen entre sí funcionarios de todos los niveles. Saquean los dineros públicos tirándose con el excremento de esa corrupción. Y hacen como que se limpian, pero despiden ese hedor a ladrones. Las mutuas acusaciones ponen al descubierto lo que era un secreto a voces: que nuestros politiquillos no han dejado de robar desde que el alemanismo se implantó y se creó el instrumento pionero de las corruptelas: el Partido Revolucionario Institucional; disfrazado con los colores de la Bandera Nacional para simular un patriotismo y nacionalismo depravados. No ha habido un gobernador que no se haya embarrado de esa peste, junto con sus familias. De Miguel Alemán Valdés a Enrique Peña Nieto son más de 70 años de esa descomposición donde sus beneficiarios excepcionalmente pisan la cárcel. Antes bien, son exonerados. El peñismo es otra cara del alemanismo; son el alfa y el omega de la posrevolución devenida contrarrevolución con la punta de lanza del neoliberalismo económico creador del empobrecimiento masivo de la nación, a partir del período sangriento del depredador Carlos Salinas de Gortari, quien carga con los homicidios políticos de Colosio y Ruiz Massieu; la hija de éste sacando raja, aunque degradada de Relaciones Exteriores a empleada de segundo de abordo de Ochoa Reza quien, con Peña, festejó los 88 años del priísmo anunciando que no se dejarán quitar el poder ni por los votos en las urnas, al grito-divisa de “¡matanga dijo la changa!”.

Peña llegó por la corrupción, y corruptor advierte que al precio de esta perversión heredará el desvencijado trono sexenal. En la fotografía de la reportera Yasmín Ortega (La Jornada, 5 de marzo de 2017), aparece Peña ante sus dinosaurios Gamboa Patrón y Ochoa Reza con pose de boxeador sin guantes, cerrando los puños para demostrar que su PRI está en la pelea; declarando que “nunca pactará su derrota el PRI”. Y en verdad ese priísmo, derrotado ya, no tiene por qué negociar su final, ante el avance de la oposición de centro-izquierda, la caída del PAN, un desdibujado PRD y el resto de los semipartiditos que no podrán ser salvavidas ni de sí mismos. Y es que éstos también tienen el excremento de la corrupción en la boca, como cómplices de los despojos a la nación. Todos se reparten el patrimonio de los mexicanos como botín; y extorsionan y sobornan a lo descarado (Israel Covarrubias, La corrupción a debate: bibliografía comentada, revista Metapolítica; Enero-febrero, 2006). Y mientras, la democracia directa ha recurrido al populismo para atajar esa corrupción que embarra al sistema (y al régimen, porque se ha pervertido todo mecanismo de representación política). Y esa descomposición nos arrastra en “continuo retroceso hacia lo peor… comienza justamente ahora una época de retroceso” (Immanuel Kant, El conflicto de las facultades). Los mexicanos saben que el estado de derecho está cancelado como medio y fines de la política democrática. Y sólo hay ingobernabilidad, crisis económica y ladrones en los cargos públicos dedicados al robo, pues la impunidad los mantiene a salvo.

Nueva auditoría responsabiliza aún más a Duarte

(Miguel Badillo, Online)

A pesar de las ineficiencias mostradas por la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz procesado por múltiples delitos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sigue aportando evidencias de las atrocidades que este político “ex” priísta cometió en perjuicio de centenas de veracruzanos. El pasado 12 de junio, la ASF presentó la trigésimo séptima denuncia penal contra el gobierno de Veracruz y quien resulte responsable por su probable responsabilidad en la simulación de reintegros. A lo largo del sexenio, la Auditoría documentó irregularidades por más de 35 mil millones de pesos que afectaron a la hacienda pública federal, por las cuales también presentó denuncias penales ante la PGR.

Hay que recordar que el ámbito de actuación de la ASF se reduce a fiscalizar los recursos que la federación entrega a las entidades y no todo el presupuesto que ejercen, por lo cual es probable que los desfalcos que cometieron Duarte y su banda implicaron mucho más dinero público. Lo documentado hasta ahora por la Auditoría basta para darnos una idea del tamaño del robo. A los 35 mil millones observados hasta la Cuenta Pública 2015, se le suman otros 1 mil 305 millones de pesos que reclama ese órgano de control, sólo correspondientes a los recursos destinados en 2016 a Veracruz para infraestructura. Aparte hay otras observaciones millonarias.

En estados, riesgo de quiebra por exceso de deudas

(Álvaro Cepeda Neri, Online)

Las arcas federales podrían verse obligadas a rescatar, en breve, a varios estados y municipios que se han endeudado a niveles escandalosos. El problema radica, sobre todo, en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha frenado a gobernadores ni alcaldes que, sin justificación, piden créditos hasta para pagar nóminas. De 2008 a 2016, la deuda de estados y municipios creció 107.5 por ciento, alerta la Auditoría Superior de la Federación tras analizar el incontenible aumento de la deuda subnacional. “El monto registrado en la SHCP hasta el cierre de 2016, de 568 mil 591.8 millones de pesos, equivalió a 107.5 por ciento real comparado con el cierre de 2008, de 203 mil 70.2 millones de pesos”, refiere en su “Evaluación del marco institucional para la disciplina financiera de entidades federativas y municipios”, presentada el 30 de junio pasado.

El peor caso es el de Coahuila, gobernado por el PRI, con una deuda vigente y obligaciones por 37 mil 47.8 millones de pesos. Al cierre del primer semestre de 2017, ésta se ubicó como “la única entidad federativa que presenta un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo con el Sistema de Alertas”, refiere el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados. El Sistema de Alertas es operado directamente por Hacienda –que encabeza José Antonio Meade–, y sirve para evaluar tanto los financiamientos como la capacidad de pago que tienen no sólo las entidades federativas, sino también los municipios.

Baja California Sur: el desorden se tiene hasta en la casa

(Martin Esparza, Online)

Los gobiernos de Baja California Sur, al menos los dos últimos, demuestran y reafirman en muchas de sus decisiones su vocación empresarial y su escaso compromiso social. Desde hace tiempo, en Contralínea hemos dado seguimiento a varios asuntos que afectan a la sociedad sudcaliforniana. Entre estos, la exacerbación de la violencia por el enfrentamiento de bandas del crimen organizado, grupos que cada vez generan episodios más violentos ante una descomunal ineficacia de las autoridades administrativas y legislativas, así como de las corporaciones policiacas del estado, aunque también debe reconocerse que tampoco han sido muy útiles los aparatosos despliegues militares en la entidad; la violencia criminal no ha sido erradicada, ni siquiera contenida. Tarea difícil la de salir avante en una crisis que atraviesa al país de península a península. Veamos entonces otras áreas en las que el gobierno estatal pudiera accionar y garantizar beneficios sociales si así lo quisiera.

Las autoridades sudcalifornianas y sus gobernados mantienen diferentes conflictos, en los que la sociedad percibimos cierta inclinación de los gobernantes al distanciamiento con la base social. Ahí está el asunto del despojo de playas por parte de la empresa Tres Santos sobre los pescadores de Todos Santos, una trama llena de irregularidades en la otorgación de permisos para los desarrolladores inmobiliarios y en la participación de las autoridades ambientales. Situación en la que incluso se ha llegado a la represión de la comunidad todosanteña por parte de cuerpos policiacos. Y en cuyo último episodio ha sido encarcelado el abogado defensor de los pescadores, el también activista John Joseph Moreno Rutowski, en otro asunto legal plagado de irregularidades. En el que algunos medios locales han jugado un papel importante en la desacreditación infundada de Moreno. Extraña encarcelación que sucede cuando sus representados, los pescadores opositores al desarrollo hotelero y de viviendas de lujo, ganan un amparo a nivel federal en el largo conflicto legal contra los invasores inmobiliarios de capital nacional y extranjero, relacionados a figuras políticas nacionales de altos vuelos.

Otro asunto que sigue tensando la relación de la sociedad sudcaliforniana con el gobierno estatal involucra a la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo accionar conjunto pudo el año pasado llevar a cabo la demolición de una de las primarias más antiguas del puerto de La Paz, que estuviera erigida en el corazón del centro histórico a unos pasos del kiosco del malecón, en una de las zonas de mayor plusvalía del centro; que ahora incrementará su valor con el nuevo remozamiento que las autoridades planean para el malecón de la ciudad, pues aspiran a tener uno de clase mundial, según ellos. En cuyo plan se maneja la especie de la creación de playas artificiales para ganarle terreno al mar. Ni más ni menos que la creación de playas en la entidad federativa con mayor litoral del país, con el propósito de que el ciudadano común y todo turista tenga acceso a éstas; cuando gran parte de la zona costera ha sido entregada por diversas autoridades, municipales y estatales, a particulares. Ahí está el asunto de Tres Santos y muchos otros en todo el estado, pero principalmente en Cabo San Lucas y San José del Cabo.

Vértigo

Pemex, con futuro

(José Luna, pág. 9)

Hace muy poco tiempo todavía que el panorama se veía difícil para Petróleos Mexicanos (Pemex), pero en las últimas semanas los signos positivos se han sucedido uno tras otro: su director general, José Antonio González Anaya, enumera logros obtenidos recientemente al recordar que hace poco más de un año, cuando llegó a ese cargo, “había muchas dudas sobre la viabilidad financiera” de la compañía, por lo que comenzó a trabajarse muy duro en medidas para hacer más eficiente y competitiva a la empresa productiva del Estado.

De hecho los analistas del sector energético y financiero también externan un claro optimismo respecto del futuro tanto de Pemex como del sector energético mexicano.

Enseñanza del inglés: política de igualdad para jóvenes

(Ángel Hernández, pág. 18)

En todo el mundo el inglés es el idioma aceptado a nivel internacional para un entendimiento común entre las personas que no tienen la misma lengua materna, así como para las transacciones comerciales, además de que se utiliza en 22 por ciento de los libros publicados a nivel global, 56 por ciento de los sitios web o 45 por ciento de las publicaciones académicas, por ejemplo, por lo que resulta obvia la importancia de su uso en las relaciones económicas y sociales del siglo XXI.

Por ello, en uno de los objetivos más ambiciosos del nuevo modelo educativo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la Estrategia Nacional de Inglés, con la que busca que en un periodo de 20 años todos los estudiantes desde preescolar hasta bachillerato concluyan su escolaridad hablando esa lengua, aprendizaje que tendrá una certificación de reconocimiento internacional.

Esclavitud en el siglo XXI

(Ricardo Pérez Valencia, pág. 22)

Cuando se escucha o utiliza la palabra esclavitud, de manera inmediata nos remitimos al pasado y pocas voces lo relacionamos con la actualidad, pero el informe Global Index Walk Free 2016 señala que hoy 45.8 millones de personas en el mundo están esclavizadas bajo situaciones de explotación bajo amenazas, coerción, violencia, abuso de poder y/o engaño.

Es la esclavitud moderna, que hoy se denomina trata de personas. La campaña Corazón Azul, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), señala que la trata de personas constituye una de las manifestaciones delictivas más preocupantes de la actualidad.

Salvaguardar Vidas

(Redacción, pág. 26)

Al asumir la Copresidencia del Grupo Consultivo del Fondo del Banco Mundial para la Reducción de Desastres el secretario de Gobernación expresó que en este tema hay que prevenir y actuar con oportunidad para conseguir el objetivo primordial: salvar vidas. La designación es un reconocimiento al trabajo que en la materia realiza el Estado mexicano.

La pesadilla de Trump

(Arturo Moncada, pág. 28)

Las acusaciones y revelaciones sobre la presunta intromisión del gobierno ruso en la elección presidencial estadounidense del año pasado se recrudecen y colocan de nueva cuenta al presidente Donald Trump en el ojo del huracán que lo persigue desde que ganó la Presidencia el 8 de noviembre, cuando se impuso a la candidata demócrata Hillary Clinton.

No obstante, por primera vez salió al descubierto una oferta concreta de información para perjudicar a Clinton y ayudar a Trump en los comicios: la oferta provino de una abogada con presuntos nexos con el gobierno ruso y a quien Donald Trump Jr., el hijo del presidente, atendió personalmente y con expectativas de sacarle provecho.

Karime, más inteligente que Duarte

(Lourdes Mendoza, pág. 35)

Quienes los conocieron dicen que Karime Macías es más inteligente que Javier Duarte. Hasta el momento parece que sí: la señora ha logrado zafarse de la justicia pese a que es señalada como parte de la red de corrupción en Veracruz.

Por lo pronto ella se logró quitar de encima al goro (de Duarte) y le pegó al gordo (de billetes). Cada vez se juntan más testigos en contra de Karime este será un reto para la PGR.

Y solo para tener en cuenta el grado de corrupción del ex gobernador les voy a dejar unos números: tras la segunda audiencia la PGR solicitó la vinculación a proceso de este señor bajo cargos de lavado de dinero por un monto de mil 670 millones de pesos.

Siempre!

El país bulle y el PRI duerme

(Beatriz Pagés, Online)

Se escucha en los pasillos del PRI el eco de tiempos pasados.

A días de que se lleve a cabo la XXII Asamblea Nacional, inmovilidad, indefinición e incertidumbre dominan la vida y la percepción política de la mayoría de los priistas y de la sociedad.

Parecen repetirse el ambiente y las actitudes que imperaron cuando el PRI perdió la Presidencia de la República en el año 2000. También, cuando la golpeada candidatura de Luis Donaldo Colosio desembocó en su asesinato.

Al igual que en esos momentos, el silencio es lo que hoy, paradójicamente, ensordece y hace pensar que la dirigencia trabaja para perder. Es como si el partido hubiera caído en un estado de inconsciencia o quisiera, de manera premeditada, quedar al margen del cambio que, sabe, bulle en la nación.

Lo que parecía lejano e imposible comienza a tomar cuerpo. PAN, PRD y ahora también el Verde Ecologista se acercan cada vez más para formar un Frente Amplio Democrático (FAD).

El pasado fin de semana, ocurrieron dos hechos que hablan del interés y voluntad para fortalecer el FAD.

Por un lado, el “destape” del senador Carlos Alberto Puente como candidato a la Presidencia de la República. Con esa decisión, el Verde Ecologista —de cara a 2018— se desprende del PRI y entra en un proceso de negociación con el PRD para decidir si forma parte de esa coalición.

Y por el otro, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, anuncia que comenzará a competir de manera paralela en dos pistas: en la de su partido Acción Nacional, y en la del Frente Amplio Democrático donde van a disputarse la candidatura presidencial lo mismo líderes ciudadanos, que panistas, perredistas y, en una de esas —por considerar que se intenta imponer candidato—, tal vez hasta priistas.

El mismo Moreno Valle propuso que la selección del candidato se haga sin veto y sin exclusiones. Como también lo ha reiterado el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles.

El exmandatario poblano marcó el pasado domingo la “hoja de ruta” que debe seguir el Frente. Curiosamente coincide con la exigencia que varios priistas vienen haciendo para que el próximo candidato a la Presidencia de la República se legitime a partir de un proceso verdaderamente democrático.

A diferencia del PRI, donde nadie se ha pronunciado sobre la posibilidad de formar un gobierno de coalición rumbo a 2018, PAN, PRD y otros partidos de izquierda —excepto Morena— han incorporado el tema a sus agendas.

El único ausente es el PRI. Nadie, ni los mismos priistas —la militancia, ¡claro!— saben lo que quiere, ni qué busca y menos hacia dónde va. Su mutismo y cerrazón recuerda el mundo conventual, oscuro y misterioso, de El nombre de la rosa.

Y mientras muchos aspirantes y no aspirantes, ciudadanos y políticos, están decididos a cambiarle las entrañas a la nación, en Insurgentes norte, sede del CEN del PRI, solo se escucha la respiración de quienes han optado por… dormir.

La antesala de una debacle

(Emma Islas, Online)

Dicen que la realidad terca siempre se impone, y justamente eso es lo que está sucediendo con el PRI. Ante el malestar y enojo generalizado de la ciudadanía, cada día es más evidente su desprestigio.

En las páginas editoriales del diario The Washington Post, Christy Thornton, miembro de la Universidad de Harvard, señala que luego de situaciones como el socavón, los asesinatos de periodistas y la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto van en caída libre y, asegura, se fueron en picada.

En una metáfora, Thornton compara la legitimidad del gobierno de Enrique Peña —que dice que está llena de cráteres— y la actuación del PRI, con el reciente hundimiento en el Paso Exprés de Cuernavaca que provocó un socavón de más de 10 metros, donde murieron dos personas.

Al igual que el analista estadounidense, José Antonio Crespo, politólogo e investigador del CIDE, considera que la situación que se vive al interior del PRI y en el gobierno federal es mala. “Nos encontramos en la antesala de la debacle del Revolucionario Institucional; va a ser muy difícil que el PRI pueda volver a mantener la presidencia el año que viene y de que por lo menos pueda remontar la posición que tiene actualmente de tercer lugar”, advierte.

Inevitablemente —señala—, los problemas que aquejan al gobierno como la corrupción, la falta de rendición de cuentas, ahora el socavón, junto con la decisión de que Gerardo Ruiz Esparza siga como secretario de Comunicaciones y Transportes, hace que se genere un mayor malestar.

Al igual que en el 2000, afirma que en el gobierno veremos “una nueva alternancia donde el PRI deje el poder pero por razones distintas a las que sucedieron con Zedillo”, pues a diferencia de este gobierno, en el sexenio zedillista no hubo tantos escándalos de corrupción y el país terminó creciendo bastante, contrario al bajo crecimiento que se tiene en estos momentos.

El investigador del CIDE advierte que, ante el rechazo de la gente, es poco probable que el tricolor vuelva a ser competitivo por lo que considera que el escenario previsible es que la disputa por la silla presidencial sea entre el PAN y López Obrador, “el PRI se quedará rezagado en el tercer lugar, lo que va a provocar que muchos priistas se vayan a otro lado, muy probablemente a Morena, como ha estado sucediendo”.

FAD: si solo hay cálculo personal, estamos perdidos

(Irma Ortiz, Online)

La ebullición en partidos como el PAN y el PRD son más que evidentes, movimientos de los que no han sido ajenos otros partidos y organizaciones ciudadanas. Y es que la conformación del Frente Amplio Democrático, un proyecto de gobierno, suscita la esperanza de crear un gobierno de coalición que haga frente no solo al PRI sino también al morenista y sempiterno candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018.

Sin embargo, hasta ahora no se ven avances claros. Partidos como PRD y PAN se enfrascan en ríspidas discusiones y se avizora la escisión de militantes. Eso sí, la lista de candidatos a encabezarlo es larga. Lo que llama la atención es la inacción del PRI.

En espera de la Asamblea que se realizará el próximo 12 de agosto, en donde se decidirá el proceso de selección del candidato del tricolor y el cambio de estatutos, donde la cúpula ya maniobra para permitir el arribo de un candidato externo pese a la demanda de abrir la consulta a la militancia. El escenario no podía ser más oscuro, recientes encuestas ratifican el rechazo a la continuidad del PRI en el poder.

La pregunta a Emilio Álvarez Icaza, candidato independiente y cabeza del movimiento Ahora, es si esta inacción se debe a que el PRI busca perder en los próximos comicios. El también sociólogo es tajante: “El PRI vive una crisis profunda, un presidente que se quiere hacer valer, que es el jefe, con pésimos niveles de popularidad y también hay actores que llaman a una democratización”.

Impacto

El narco contamina a Morena

(Roberto Cruz, Online)

Después de los sucesos del 26-27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que condujeron a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ilocalizables hasta la fecha, cuya fatal trama inició en las redes político-criminales de quienes gobernaban entonces ese municipio, de extracción de izquierda (PRD-Morena, principalmente), sólo el entonces recién designado líder nacional perredista, Carlos Navarrete, tuvo la entereza de renunciar al cargo.

De entre esa maleza de políticos a quienes no se les quita la intención de querer cambiar a México con sus ideales, pero que profesan la pureza de espíritu y palabra, cayendo al extremo de erigirse como “reales salvadores de la Patria” y mintiendo, extraemos, como con pinzas, a López Obrador y a su agrupación Morena.

La frustración de no alcanzar el poder buscado una y otra vez los conduce al delirio para convencer a otros también desilusionados, hay que decirlo, por malos gobiernos, funcionarios transas y la inalcanzable prosperidad social.

En el PRI, ni menos ni más candados

(Juan Bustillos, Online)

Las circunstancias de esta sucesión son diferentes a las de 2011. Los dos precandidatos de entonces se manejaban sin jefe y cada quien hacía la lucha a su estilo y con los recursos a su alcance; hoy, los aspirantes no se mandan solos. La responsabilidad de la decisión está en manos de Peña Nieto; Beltrones está a la espera de la conclusión de la Asamblea Nacional del PRI para decidir si lo intenta de nueva cuenta; sin las derrotas de junio del año anterior, nada lo habría parado, pero ocurrieron, y mientras cada cual de los verdaderos responsables se lavaba las manos, él, en una decisión insólita entre quienes rodean a Peña Nieto y a las que éste no está acostumbrado, asumió el costo para que no llegara al Presidente.

La sucesión se está enturbiando no sólo porque Andrés Manuel López Obrador se ve más sólido que en sus dos anteriores incursiones, sino porque, a la vista, no tiene a un Peña Nieto enfrente, y ni siquiera a un Felipe Calderón. La cuestión es que el Presidente ahora tendrá que estar pendiente de lo que haga o deje de hacer quien reciba la misión de sucederlo. Deberá hacerlo de manera personal; las experiencias últimas demuestran que no se puede confiar en nadie, ni en los más avezados ni en la familia, a pesar de que todo el poder del Estado se vuelque en su apoyo o, peor aún, cuando les es escatimado. Seis años después todo cambió, pero nosotros seguimos aquí, listos a escribir la historia de esta sucesión y a comer, brindar y cantar celebrando sin importar que todo esté en contra. Seguimos presentes, dando lata.

‘El mismo grupo político controla la ilegalidad criminal en Tláhuac’

(Hugo Páez, Online)

La irrupción de fuerzas federales en la delegación del morenista Rigoberto Salgado Vázquez desató una crisis política alrededor de Andrés Manuel López Obrador, con antecedente inmediato en Eva Cadena, la candidata de Morena, filmada aceptando dinero en efectivo, que en declaraciones posteriores asegura que era para la campaña del tabasqueño.

En ese oportunismo esperado por la Federación, por el PRD y por el gobierno de Mancera Espinosa, el coordinador parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto Romero, exigió la revelación de información que vincule a proceso al delegado de Tláhuac, previendo el uso electoral.

Mientras tanto, la actitud de López Obrador podría jugar de nuevo en su contra, tal como se mantuvo con Eva Cadena, y el recaudo de parte del sueldo de los trabajadores de Texcoco a Morena en la administración de Delfina Gómez Álvarez, con repercusiones en la contienda electoral del Estado de México.

Hasta el momento no vemos a ningún funcionario de Tláhuac en la cárcel, no estamos frente a una historia de año y medio de administración de Morena, las sólidas complicidades implican añejos contubernios que se explican, como dice Héctor de Mauleón, por la continuidad del mismo grupo político que ahora opera en Morena.