Las fiscalías cambiaron de nombre, pero las prácticas son las mismas

Alejandro Encinas, el responsable del respeto a los derechos humanos en el gobierno, asegura que derivado de la violación a esos derechos el país vivió una crisis humanitaria y advierte que, por lo que hace a la procuración de justicia, lo único que logramos fue cambiar de nombre, pero las prácticas siguen siendo las mismas.

“Sin duda –establece–, tiene que ver con la falta de renovación de todos los órganos de procuración de justicia, de los órganos de impartición de justicia. No solamente me refiero a las fiscalías, a la General de la República y a las de los estados, sino también al Poder Judicial, en donde hacen falta reformas muy profundas. En el caso de las fiscalías, todo es un debate muy intenso no sólo sobre el gobierno anterior, sino el actual, de cómo debería asumirse la autonomía del Ministerio Público para que no se le utilice de manera política.

“Después de esas discusiones lo cierto es que lo único que logramos fue cambiar de nombre, pero muchas de las prácticas, incluso de las personas que están dentro de las propias fiscalías de los estados, son exactamente las mismas.

En el caso del Poder Judicial, que es donde mayor rezago tenemos, resulta que es un poder intocable. En ambos casos no se han podido generar las condiciones de control y contrapeso, de seguimiento y rendición de cuentas que se deben facilitar para poder garantizar el ejercicio eficiente y responsable de sus funciones.

Encinas no pierde la calma, pero se nota molesto: “Nos tocó la herencia más dolorosa para este gobierno, en donde heredamos todo un cúmulo de violaciones a los derechos humanos, que dieron paso a una crisis humanitaria.

“Un país donde lamentablemente hemos rebasado la cifra de 100 mil personas desaparecidas, en donde el Estado no solamente no asumió su responsabilidad para garantizar el derecho de las víctimas a ser buscadas, sino que tampoco acompañó a las familias, a los hijos, a las madres, a los padres de las personas desaparecidas, y pretendió minimizar y esconde el problema.

Hoy no solamente tenemos esta grave crisis de más de 100 mil personas desaparecidas, sino también otros indicadores del abandono institucional, como la existencia de más de 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes y servicios forenses del país, y también un buen número de personas cuya ausencia no esta ligada a hechos delictivos y que pudieron estar vivas, pero que nunca se crearon los instrumentos para localizarlas, para dar tranquilidad a las familias.

–¿Y la impunidad?

–El mejor ejemplo que tenemos en eso de la impunidad son los altísimos índices en prácticamente todos los delitos. En el caso de la desaparición forzada, con más de 100 mil desaparecidos en los últimos 10 años, solamente hay 36 sentencias. En el caso de homicidio de periodistas tenemos una impunidad de más de 93 por ciento, igual que en el caso de los defensores de derechos humanos”.

–Ayotzinapa, subsecretario, Ayotzinapa…

–Ayotzinapa, además de que fue un compromiso explícito del presidente López Obrador con los padres y madres de familia, representa, sin lugar a dudas, uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos, pero también de las incompetencias del Estado. Nosotros lo hemos calificado como un crimen de Estado en donde distintos agentes del gobierno se coludieron no solamente en la desaparición de los muchachos, sino en un conjunto de actividades delictivas derivadas del tráfico de drogas, del tráfico de dinero, de personas, en donde es la coalición de delincuentes y autoridades de distintos ordenes y niveles del gobierno en la desaparición lo que está claro.

–¿Hay temor?

–Para nosotros el esclarecimiento del caso Ayotzinapa es, sin lugar a dudas, una ruptura con el pasado régimen con el que queremos terminar. Y por supuesto, de ahí la respuesta tan violenta, tan virulenta, de un régimen que no ha muerto y que muchos de sus tentáculos están vigentes dentro y fuera, incluso en las instituciones públicas, como ya hemos apuntado.

–Se dice que si se tenían vigilados a los estudiantes desde varios días antes de la noche del 26, lo sucedido fue planeado, ¿es cierto?

–No se puede afirmar. Lo que sí se acredita es que todas las autoridades estaban informadas de sus movimientos, y que desde el momento del ataque de que fueron objeto hasta su desaparición las autoridades fueron omisas o cómplices en lo sucedido.

–¿Cómo se crea este laberinto?

–El primer registro que tenemos de una persona desaparecida data de 1964. Es cuando inician las prácticas contrainsurgentes de la guerra sucia. Esa práctica representó alrededor de 2 mil personas desaparecidas, pero el detonante está en el momento de la llamada guerra contra el narcotráfico, en donde muchas de las prácticas contrainsurgentes que utilizó el Estado mexicano para combatir a la insurgencia política se trasladó a los grupos delictivos.

La más clara manifestación de ello fue la práctica de la desaparición de personas. Ese fenómeno se convirtió en algo sistemático, permanente, continuo, y se trasladó a los grupos delictivos en gran medida porque muchas de las personas que intervinieron en las acciones contrainsurgentes pasaron a formar parte de los grupos delincuenciales.

–¿Se trata del Ejército?

–No solamente del Ejército, no solamente las fuerzas armadas, sino los grupos civiles que se crearon en la Dirección General de Seguridad, la Brigada Blanca, el Batallón Olimpia, que fue capacitado también por civiles, todo lo que fue el grupo de los halcones, ese tipo de grupos contrainsurgentes se replicaron en las propias asociaciones delictivas.

–¿Y el gobierno actual?

–Ha habido cambios significativos a lo largo de estos casi cuatro años de gobierno del presidente López Obrador. Han caído de manera significativa todas las denuncias y quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, particularmente, lo que se refiere a la desaparición forzada, aunque el delito prevalece cuando está asociado a autoridades, y eso se da principalmente en aquellas regiones del país donde los grupos delictivos tienen redes dentro de la autoridad local, particularmente en el ámbito municipal.

“Esta asociación derivada de la penetración de los grupos delictivos que ha tejido redes incluso al interior de las institucionales del poder político local, autoridades impuestas, los diezmos, e incluso se benefician de los presupuestos estatales cuando se obliga a que los servicios que presta el municipio o las obras a desarrollar las realicen los propios grupos delictivos.

“La diversificación de los delitos –cobro de derecho de piso, la extorsión, la trata de personas, el robo de vehículo y el asalto a casa-habitación– ha llevado a que se fragmenten más los grupos delictivos que se habían formado, una especie de franquicia de los grandes cárteles, en donde las organizaciones criminales locales se asocian y se les paga con droga, y esto es un factor fundamental, pero se van a empezar a dar resultados que muestran que la política del gobierno ha logrado revertir la tendencia en el incremento del número de delitos y particularmente el homicidio.”

–Ahora hay un nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa, ¿qué esperar?

–El nuevo fiscal es una persona cercana y de confianza del Presidente. Tiene amplia experiencia judicial, fue subprocurador con Bernardo Bátiz en la Ciudad de México, entre otras cosas.

–¿Y las ONG? No lo aceptan.

–No lo conocen y no se les consultó, lo que sí sucedió con Omar Gómez –el fiscal saliente–.

–¿Tenían que ser consultadas?

–La facultad es exclusiva de la Fiscalía General de la República, pero tampoco había otras propuestas, no hay muchos que quieran entrarle.

https://www.jornada.com.mx/2022/10/10/politica/010e1pol

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