Avanza decreto que permite promoción; envían minuta al pleno

EXCÉLSIOR

Las comisiones unidas del Senado avalaron anoche el decreto de interpretación correcta impulsado por Morena para que todos los servidores públicos puedan promover la revocación de mandato, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, pues plantean una nueva definición de propaganda gubernamental sin modificar el texto constitucional, como acusó la oposición.

La priista Claudia Ruiz Massieu recordó que los senadores de Morena están impedidos para participar en la discusión y votación de este decreto, pues incurren en conflicto de intereses, dado que ellos impugnaron la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que los sanciona por violar la veda electoral y les ordena no promover la revocación.

“Este dictamen supone, en más de un sentido, una invasión del Poder Legislativo en la esfera de competencias y de capacidad de interpretación que de la ley tienen tanto el Instituto Nacional Electoral como los Ople y el Tribunal Electoral. No sólo eso, también significa que la mayoría ha buscado activamente la forma de burlar la ley y de ir en contra de las disposiciones que, de forma colegiada y en consenso, buscamos cuando se promulgó la Ley de Revocación de Mandato”, destacó.

Esto “es cometer un exceso y permitir una herramienta de propaganda gubernamental como son las mañaneras y decir que eso es legal. Y ahí difiero, porque sí creo que el ejercicio al cual está dirigida esta interpretación sí es un ejercicio de propaganda gubernamental”, dijo por su parte Damián Zepeda, quien destacó que el decreto, por los términos que tiene, no interpreta una ley, sino el concepto de propaganda gubernamental que está en la Constitución.

Así, añadió Zepeda Vidales, es necesario el voto de la mayoría calificada para avalarlo, porque altera los términos constitucionales.

Miguel Ángel Mancera, del PRD, detalló que este decreto viola de manera flagrante el artículo 35 constitucional, que ordena expresamente que la promoción de la revocación es facultad exclusiva del INE; el 105 constitucional, porque interpreta una ley electoral y este artículo impide modificar las reglas electorales en un proceso en curso, y el artículo 134, que define la propaganda gubernamental e impide el uso de colores, imágenes y distintivos gubernamentales en un proceso de participación ciudadana.

Pero los morenistas respondieron que, al no haber sido notificados por los órganos electorales de la admisión de su impugnación, no incurren en conflicto de intereses; que no necesitan el voto de la mayoría calificada, porque no interpretan la Constitución y, como la revocación de mandato no es un proceso electoral, sino de participación ciudadana, no violan ninguna regla electoral.

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