Ley de apoyo a desplazados, congelada desde 2020

MILENIO

 

En medio de la oscuridad, el 3 de noviembre de 2018 Joaquina Cantor, su esposo y sus dos hijos salieron de su domicilio en Zitlala, zona de La Montaña, Guerrero, para no ser vistos por un grupo armado que entró por la fuerza.

 

Como ellos, alrededor de 2 mil personas de ese municipio y Chilapa han dejado sus tierras por la violencia. Por ello, las víctimas exigieron al Senado aprobar la minuta de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que desde 2020 está en la congeladora.

“Alrededor de 50 familias veníamos caminando día y noche sin agua, sin comida, con niños y ancianos”, narró Joaquina, quien también reclamó que no los escucha ninguna autoridad.

Solo el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, Guerrero, acompañó en 2011 a 76 víctimas de distintas comunidades, en 2018 a mil 800 y en 2020 a 2 mil 800; es decir, los desplazados internos van en aumento y, de acuerdo con datos de senadores, se estima que en México hay alrededor de 310 mil 527 personas en esta condición.

El pasado 1 de marzo, la legisladora de Morena y ex lidresa de autodefensas, Nestora Salgado, recibió en el Senado a cerca de 50 personas de nueve estados, entre ellos Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Chiapas, a quienes informó que las comisiones dictaminadoras los escucharán en mesas de trabajo antes de la discusión del documento enviado por la Cámara de Diputados, aunque aún no hay fecha.

Los afectados que llegaron al Senado pidieron tipificar como delito el desplazamiento forzado y denunciaron que el crimen organizado los expulsa de sus comunidades para quedarse con sus tierras y recursos naturales. Además, llamaron a los legisladores a que se discuta dicha ley y que en la nueva se señale la responsabilidad de los gobiernos federal y estatal para darles seguridad y garantías.

En octubre de 2020, Salgado junto con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentaron una iniciativa sobre este tema, cuya propuesta establece los derechos de las personas a una investigación pronta y exhaustiva que permita la identificación y el enjuiciamiento de los responsables de los hechos que generaron el desplazamiento forzado interno, así como no ser privados arbitrariamente de sus propiedades y posesiones y que las autoridades realicen las acciones necesarias para protegerlas.

El adiós a toda una vida

El 11 de noviembre de 2018, en el municipio de Leonardo Bravo fueron desplazadas decenas de personas por grupos armados al asegurar que la riqueza de la zona son las tierras, principalmente para sembrar amapola.

“Varias comunidades tuvimos que salir de nuestras casas, abandonando todo lo que en una vida habíamos hecho. En ese momento nadie pudo sacar nada, salimos así como estamos ahorita. Salimos con niños, ancianos, peligrando nuestra vida, ¿por qué? porque llegaron muchos hombres armados. Fueron 3 mil hombres armados los que llegaron”, contó Mateo, otra de las víctimas.

El hombre narró que desde 2013 sufrieron atropellos por parte de distintos grupos delincuenciales que se encuentran en la entidad guerrerense.

“Después quisimos volver, pero lamentablemente ni el gobierno federal ni el del estado pudieron entrar a nuestras comunidades acompañados de nosotros”, recordó.

Mateo dio a conocer que no han recibido ninguna ayuda humanitaria por parte de las autoridades federales y solicitó apoyo psicológico: “no quedamos normal, sentimos mucho haber perdido lo que habíamos hecho, de un momento a otro quedar sin nada”.

La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales, quien acompaña a víctimas de desplazados desde 2011, insistió en que las comisiones que dictaminarán la minuta dialoguen con las víctimas.

Recordó que ha sido amenazada por acompañar a los afectados: “estamos preocupados, queremos que se apruebe esta ley, porque aprobándose ya no nos dirían que no se puede atender el tema, ya podríamos hacer las denuncias. También queremos que el desplazamiento interno forzado se tipifique como delito, porque hemos ido a las comunidades… cómo salen las familias, cómo dejan hasta sus animales. Hay comunidades fantasma en Guerrero”.

Como ejemplo, señaló, son siete comunidades en la sierra las que están abandonadas, pues “no quedó ni una persona, hasta la iglesia estaba balaceada, casas quemadas. No se nos hace justo que las víctimas no seamos escuchadas porque no hay una ley”.

Sin embargo, mencionó que en la Ley General de Víctimas se establece que inmediatamente cuando hay un desplazamiento las familias deben ser atendidas y se les debe garantizar hospedaje, salud y educación adonde quiera que vayan o se sientan a gusto, o que estén libres de amenazas.

“En todo este tiempo que hemos recorrido no hemos visto que se esté atendiendo o que el gobierno le preste atención a las víctimas desplazadas”, subrayó.

Nestora Salgado consideró que la minuta de desplazamiento interno es fundamental para avanzar en estas problemáticas. Indicó que las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda decidieron posponer su discusión hasta nuevo aviso “con el fin de generar un espacio de diálogo entre senadores, víctimas y colectivos de la sociedad civil”.

No obstante, aclaró que “las víctimas, colectivos y la sociedad civil han buscado este espacio desde el año pasado sin haber tenido una respuesta favorable”. Por ello, hizo un llamado a dichas comisiones para que “de una vez tengamos ese diálogo y caminemos rumbo a su aprobación en el pleno. Los días corren y las víctimas no pueden seguir esperando una respuesta”.

Solo de enero a diciembre de 2018, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró un total de 25 episodios de desplazamiento forzado interno masivo que afectaron a 11 mil 491 personas y ocurrieron en cinco estados.

 

https://www.milenio.com/politica/ley-de-apoyo-a-desplazados-congelada-desde-2020

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