Violencia sexual y familiar, con cifras históricamente altas

EL ECONOMISTA

“Si no hay programas efectivos de prevención y reeducación y no se atiendan a los agresores y generadores de violencia como debe ser, entonces no habrá una disminución (en los delitos)”.

Lydia Cordero Cabrera, directora de Casa Amiga Esther Chávez Cano de Ciudad Juárez.

La violencia sexual y familiar son dos problemáticas distintas que afectan por igual a mujeres y niñas en nuestro país, las cuales suelen ser acompañadas por la estigmatización y revictimización de las afectadas a lo que se suma la falta de justicia.

Del 2015 a enero de este 2022, se han registrado 328,724 delitos relacionados con violencia sexual, los cuales incluyen abuso sexual; acoso, hostigamiento, violación simple y equiparada e incesto entre otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual de las personas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras en 2015 se documentaron 31,408 casos, en 2021, año con más denuncias de violencia sexual, se registraron 69,514 carpetas de investigación, es decir, un aumento de 121 por ciento.

Del 2019 a enero pasado se han contabilizado 54% del total de los casos (177,258). En enero de este año se han denunciado 4,775 delitos de violencia sexual contra mujeres en el país.

Por otro lado, del total de los delitos registrados como violencia sexual, el 34% se tratan de violaciones, y al igual que la mayoría de estos ilícitos, encontró su punto más álgido en 2021, ello al contabilizar 21,188 indagatorias. Mientras que, en 2015 hubo 12,619 casos, es decir, este delito creció en 68% en los años mencionados.

5 millones de víctimas

En los últimos años, la violencia familiar ha impactado de manera creciente a las mujeres y niñas de México, con hasta 5 millones de posibles casos entre 2015 y hasta enero de este año.

Se han registrado al menos un millón 332,427 denuncias formales por dicho delito, más las 4 millones 157,298 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar.

Al igual que los demás delitos, la tendencia de la violencia familiar va en aumento. Durante 2015, el SESNSP tenía registrados 127,424 carpetas de investigación, para 2016 esta cifra subió a 153,893; en 2017 fue de 169,579; 2018 concluyó con 180,187 denuncias.

Para 2019 la cifra de estos delitos llegó a 210,188, mientras que en 2020 subió a 220,031 y para finales de 2021 se alcanzó la cifra récord de 253,736 denuncias formales de violencia familiar. Tan solo en el primer mes de este año se registran 17,389 casos.

Lo anterior se traduce, con cifras completas por año, en un incremento de 100% en las denuncias por violencia familiar, entre 2015 y 2021.

En tanto, las llamadas de emergencia por casos de violencia familiar mantienen la misma tendencia desde 2016, año en que se contabilizaron 721,771 pedidos de auxilio a los servicios de emergencia. En 2017 las cifras bajaron a 689,889; al igual que en 2018 a 647,940.

Sin embargo, para 2019 se incrementaron de nueva cuenta a 718,019, en 2020 se redujo a 689,388 y para 2021 los datos llegaron a 690,295 llamadas de emergencia por violencia familiar. En enero pasado se contabilizaron 46,538 pedidos de auxilio al 911.

Wendy Figueroa Morales, directora Red Nacional de Refugios (RNR), destacó que, durante enero de este año, cada día se registraron más de 560 delitos por violencia familiar, por lo que es lamentable que las autoridades no reconozcan que este delito es la antesala al feminicidio, además de que sigan minimizando los actos de violencia familiar cuando justo es en el seno de la familia que se comenten un sin fin de violaciones a los derechos humanos.

Recordó que en el mismo mes se registraron 1,428 delitos por violación contra mujeres, 16% más que en enero 2021.

“Esto solo es una pincelada de lo que sucede en México ya que recordemos que la cifra negra en nuestro país es de más del 80% y hay serios vacíos para tipificar los delitos aunado a que no todas las mujeres denuncian porque no creen en las autoridades”, subrayó.

La activista también lamentó que las víctimas se enfrentan a la revictimización, a la impunidad y corrupción, a la deslegitimación de sus testimonios, a ser ellas las que tengan que comprobar que son víctimas mientras los agresores están libres por la “presunción de inocencia”.

Aunado a un proceso tortuoso para acceder a una justicia que nunca llega, que en el mejor de los casos llega a medias 6 años después del delito. “En México no existe una real restitución de derechos ni mucho menos el acceso a la justicia integral que implica acceso a una debida diligencia, a la salud integral, a una vivienda, a un empleo digno, al ejercicio de la ciudadanía”, dijo.

En 2021 el 38% de las mujeres que se contactaron con la RNR reflejaron vivir violencia psicológica, 24% física y 9% afirmó vivir todos los tipos de violencia, incluida la sexual, económica y patrimonial. En promedio una mujer se comunica cada hora para pedir apoyo. Asimismo, 492 mujeres reportaron violencia feminicida y cuatro de cada 100 mujeres reportaron un intento de feminicidio.

El 25% de los agresores de las mujeres que solicitaron apoyo a la RNR tenían antecedentes penales; el 27% usaba armas de fuego y el 16% contaba con vínculos militares o políticos, lo que limitó la posibilidad de que las mujeres pudieran solicitar ayuda.

La impunidad

Lydia Cordero Cabrera, directora de la organización Casa Amiga Esther Chávez Cano de Ciudad Juárez, Chihuahua, advirtió que el tema de la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres es muy alto, ello al señalar que en el caso de este municipio la impunidad llega hasta un 98 por ciento.

“Hay una impunidad en todo este trayecto que también pone en vulnerabilidad a las mujeres y niñas que deciden denunciar, porque muchas de estas conviven con su agresor, o lo tiene cerca o son parejas o exparejas”, dijo.

La activista también lamentó que las instituciones se ven rebasadas para atender estos temas, ello al explicar que en el caso de Chihuahua hay falta de personal ya que hay cerca de 9,000 carpetas de investigación por año por violencia familiar, y solo hay entre 10 y 12 agentes del Ministerio Público asignados a la fiscalía especializada de género, lo que conlleva a cada uno atienda un promedio de 700 a 800 carpetas por año en la entidad.

“Humanamente posible no es. Y solamente en delito de violencia familiar (…) te puedes imaginar la carga, los casos no los están llevando, no los están atendiendo”, subrayó.

La directora de Casa Amiga comentó que se ha identificado que cuando la violencia familiar o de pareja llega a sus hijas es parte del detonante para que las mujeres pidan ayuda. Además de que llegan a un punto depresivo con trastorno que traspasan su personalidad y que les hace tocar fondo.

Narró que han llegado a la asociación casos de mujeres que han sobrevivido a un suicidio y quienes incluso intentaron asesinar a sus hijos en medio de la violencia que viven, bajo el pensamiento de que ellos no sigan sufriendo las agresiones.

“Si no hay programas efectivos de prevención y reeducación y no se atiendan a los agresores y generadores de violencia como debe ser, entonces no habrá una disminución (en los delitos)”.

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