La fluidez e invisibilidad del desplazamiento interno forzado en México

LIBERTAD ARGÜELLO CABRERA / NEXOS

Recientemente se ha hecho visible un fenómeno concomitante a la exacerbación de la violencia en México: el desplazamiento interno forzado de personas (DIF), un tipo de migración silencioso porque no necesariamente involucra el cruce de fronteras internacionales. Este fenómeno tiene grandes magnitudes en México y el mundo: se considera que el DIF es producido por conflictos sociopolíticos, catástrofes ambientales o dinámicas de violencia e inseguridad; en 2020 el International Displacement Monitoring Centre estimó que para 2020 había en todo el mundo 55 millones de personas que se desplazaron forzadamente, correspondiendo a México una cifra aproximada de 110 000 personas por nuevo desplazamiento.

Estimaciones realizadas antes de 2011 apuntaban a que entre 2005 y 2010 aproximadamente 1 648 000 personas habían cambiado de residencia por motivos de violencia. Sin embargo, a partir de 2011 la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) incorporó en el cuestionario la pregunta sobre cambio de residencia por este tipo de motivos, y mostró que entre 2011 y 2017 más de 8 700 000 personas se habían desplazado de forma forzada.1 Ello da cuenta de la magnitud de una problemática que suele darse “gota a gota”, es decir, que suele implicar casos individuales o de pequeños grupos familiares,2 en muchos casos se trata de pequeños comerciantes o empresarios que deciden desplazarse por amenazas, extorsiones, intentos de secuestro3 o por motivos políticos.4

En relación con los eventos de carácter masivo —es decir, que involucran a 20 o más personas— la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) comenzó a analizar los episodios registrados en la prensa y concluyó que entre 2006 y 2020 más de 350 000 personas fueron afectadas directamente.5 Particularmente, entre 2017 y 2020 la Comisión registró 102 episodios de desplazamiento masivo en estados como Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Sinaloa Tamaulipas y Zacatecas. Es preciso atraer la atención a Guerrero, pues en ese periodo han sido afectadas más de 20 000 personas en más de 50 episodios de carácter masivo, que han ocurrido en municipios como Ajuchitlán del Progreso, Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan o Zirándaro. Todos esos municipios poseen vastos territorios que pertenecen al Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur, en los cuales se ubican aproximadamente 1400 localidades, algunas ya convertidas en pueblos fantasma.

Estos territorios han sido históricamente configurados como tierras de nadie, “salvajizados”: la marginalidad de estos espacios, comúnmente concebida como “ausencia del Estado”, en realidad implica una territorialidad poscolonial, que considera estos territorios como vacíos, objetos constantes de explotación y extracción, en los cuales sus habitantes son vistos como “salvajes”, “ociosos”. La presencia del Estado ha sido hostil, antes que protectora de derechos: a lo largo de las décadas de producción de amapola, el Estado, a través del Ejército, ha tejido relaciones de extorsión/soborno con los productores,6 y la distancia de estos territorios con sus cabeceras municipales ha sido estratégicamente aprovechada por diversos actores para extraer recursos, pero también ha producido grandes “zonas de silencio” donde la justicia privada suple la indiferencia de la justicia pública.7

La gran dispersión poblacional en estas zonas es patente y contraviene el ideal occidental de urbanización: por ejemplo, San Miguel Totolapan, uno de los municipios con más de 15 episodios de DFI masivo entre 2014 y 2019, posee un territorio de 2648 km2 y, sin embargo, el 100 % de su población radicaba en 2010 en localidades de menos de 5000 habitantes. Con un escaso acceso a servicios como agua entubada, escuelas, caminos pavimentados, sistemas de riego para cultivos, o centros de salud, la Sierra se convirtió desde hace décadas en un centro de producción de estupefacientes, principalmente la amapola y la mariguana.8

En este municipio los desplazamientos estuvieron asociados con la presencia de un grupo armado vinculado a actores políticos locales conocido como Los Tequileros, que fue tomando paulatino control de diversas localidades, y posteriormente fue desbaratado por los “comunitarios” de Tlacotepec (del municipio vecino de Heliodoro Castillo), sobre todo a partir de 2017 y 2018. Si bien este municipio ha llegado a ser considerado gran productor de goma de amapola, también existen 45 concesiones mineras (principalmente de oro, pero también de otros minerales como el uranio), además de poseer gran riqueza maderable.

Ello configura un contexto de expulsión muy complejo donde las instituciones del Estado se han limitado a ser testigos pasivos del “vaciamiento” de diversas localidades, presuntamente por conflictos intracomunitarios, o a actuar tímidamente para acompañar la salida de quienes huyen para resguardar sus vidas, dejando atrás sus casas, cultivos, animales de corral, sus pertenencias y todos sus vínculos afectivos. La existencia de la Ley 487 para atender el desplazamiento por motivos de violencia en Guerrero —que data de 2014 como una respuesta tardía al desplazamiento masivo ocurrido en Coyuca de Catalán en 2010—9 no se ha traducido en un verdadero instrumento para prevenir el desplazamiento ni atender de forma eficaz o medianamente digna a los desplazados.

El caso de Laguna de Hueyanalco, una localidad de San Miguel Totolapan de la cual fueron expulsadas 90 personas en abril de 2018,10 evidencia esta situación. La salida expresó la poca coordinación entre corporaciones de seguridad estatal y el Ejército, derivada de la ausencia de protocolos de actuación, amén de la serie de desventuras que los desplazados experimentaron en su primer contexto de recepción, que fue la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez, un municipio de la Costa Grande colindante con San Miguel Totolapan. La familia extensa que llegó al albergue municipal de huérfanos recibió despensas y ropa donada.

Su arraigo se hizo inviable en Atoyac por diversas razones: al ser agricultores, dependían de la posibilidad de emplearse como peones durante la siembra o la cosecha; su escaso acceso a mayores niveles de escolaridad les dificultaba emplearse en otros sectores; el haber sido desplazados por violencia los hacía objeto de desconfianza entre los habitantes del municipio. Este último aspecto se vincula con la territorialidad salvajizada de la que hablé arriba: los desplazados de la Sierra de Guerrero sufren una estigmatización por partida doble, por un lado, históricamente se les ha visto como “violentos”, propensos a participar en actividades ilegales —por “gomeros”—, conflictivos, aunque trabajadores y “entrones”. Por otro lado, el haber sido obligados por grupos armados a salir de su territorio refuerza el estereotipo existente, convirtiéndolos en objetos de rumores sobre su presunta “peligrosidad” y aislándolos socialmente.

Ante la imposibilidad de arraigarse, esta familia extensa desplazada de Laguna de Hueyanalco tuvo que dispersarse, dando lugar a sucesivos desplazamientos gota a gota: mientras los más jóvenes se trasladaron hacia Tijuana con la intención de cruzar la frontera, los de mayor edad se trasladaron al vecino estado de Morelos. Esto tuvo diversas consecuencias: la pérdida de los vínculos familiares se tradujo en un incremento de la precariedad, pues como ya es sabido las redes de apoyo mutuo que aporta la familia extensa suelen ser cruciales ante la precariedad;11 el fin de la asistencia gubernamental, pues la Ley 487 sólo contempla el apoyo a los desplazados mientras se encuentren en territorio guerrerense, como si el cruce de fronteras estatales disolviera la necesidad de los desplazados.

La inexistencia de una Ley General en materia de desplazamiento interno forzado representa una enorme deuda del poder legislativo, pues fomenta la negligencia institucional frente a fenómenos que, en primera instancia, han sido promovidos por la propia inacción de las instituciones, al no garantizar la seguridad para la población serrana. Muchos desplazados han enfrentado grandes dificultades para ser reconocidos como tales y ser sujetos de apoyo institucional por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), lo cual ha llevado a diferentes grupos de desplazados a organizarse para impulsar acciones legislativas, como se expresó en noviembre y diciembre de 2021. Es tal en nivel de desprotección, que incluso la propia directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales, se encuentra en calidad de desplazada por acompañar a desplazados de Chichihualco.

Las gestiones realizadas por el Centro Morelos lograron ciertos apoyos económicos que resultaron insuficientes, pero no alguna garantía de poder retornar a sus casas ni retomar sus vidas. A lo largo de la historia estos procesos de despojo, eufemísticamente llamados “reingeniería social”, inicialmente encabezados por los Estados, han sido las bases para crear entornos sociales extremadamente violentos y marginalizados.12 Hoy la oleada neoextractivista es encabezada por intereses trasnacionales y sus aliados políticos y criminales locales, frente a la mirada aparentemente pasiva del Estado: los procesos de desplazamiento forzado masivo en México parecen calcas de otros ocurridos en Colombia13 o Centroamérica.14 Ello hace preciso poner más atención a los intereses mineros y madereros, al tráfico de armas, y al entramado jurídico articulado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto alrededor de las concesiones mineras, para comprender por qué las disputas territoriales son tan encarnizadas y obtener claves para combatir el desplazamiento interno forzado.15

Quiero cerrar volviendo a la invisibilidad del desplazamiento: una vez que los desplazados dejan de ser objetos de atención mediática, y ante la imposibilidad de arraigarse en sus iniciales contextos de recepción, la dispersión hace lo suyo. El caso de Laguna de Hueyanalco muestra cómo un desplazamiento de carácter masivo transita a uno por goteo, que posteriormente puede derivar en migración internacional. Es decir, los procesos son muy dinámicos y esta fluidez se vincula también con una gran vulnerabilidad y la ausencia de verdadero acompañamiento institucional. ¿Cuántos connacionales no se encuentran en esta situación sin que lo sepamos? ¿Cuántos desplazamientos más se requieren para aprobar una legislación que atienda de forma integral a quienes se encuentran en esa condición, y además prevenga y castigue nuevos desplazamientos? ¿Cuánta impunidad más se requiere para comprender que la violencia seguirá reproduciéndose?

Libertad Argüello Cabrera
Socióloga (Colmex) e historiadora (UNAM), investigadora independiente y docente en la UACM

La fluidez e invisibilidad del desplazamiento interno forzado en México

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