CFE va por un mercado de 230 mil mdp anuales

EL UNIVERSAL

Las grandes empresas están en la mira de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el proyecto de reforma a la industria eléctrica en el rubro de sociedades de autoabastecimiento.

De acuerdo con la propuesta, estos actores son considerados evasores fiscales, y junto con los productores independientes de energía representan un negocio estimado en casi 230 mil millones de pesos anuales.

Según la iniciativa dada a conocer el viernes pasado, estas empresas reciben beneficios porque simulan ser socios, cuando en realidad son clientes de las sociedades de autoabastecimiento a quienes se les facturan la energía eléctrica e incurren en fraude contra la ley.

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Son “parásitos que viven de la CFE”, opinó un alto funcionario del sector energético que pidió no ser identificado.

En total, casi 77 mil 767 empresas compran electricidad a 239 centrales que operan bajo el concepto de autoabasto, de acuerdo con la Ley del Servicio Eléctrico vigente. Este esquema rompió con la premisa de que todo suministro tenía que ser otorgado por la CFE.

La ley permite a empresas asociarse en consorcios de autoabastecimiento y compartir la propiedad de una generadora.

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Entre las compañías asociadas con generadores de autoabasto figuran corporaciones como Cementos Mexicanos, Cementos Anáhuac, Cementos Tolteca, Cervecería Cuauhtémoc, Cigarrera la Moderna, Conductores Monterrey, Fábricas Monterrey, Hylsa, 7Eleven México, Mexicana de Cobre, Industria Minera México, Teléfonos de México, Almexa Aluminio, Vidriera Monterrey, Industria Química del Istmo, incluidos gobiernos estatales y municipales, así como estatales como Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación (ahora Pemex Transformación Industrial) y organismos operadores de agua.

La lista también incluye a Bimbo, Herdez, McCormick, Walmart, Vips, Suburbia, Nestlé, Cryoinfra, Embotelladora Mexicana, General Motors, Acciona Energía o el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, entre otros.

Sin embargo, ahora esas empresas “podrían ser obligadas a ser clientes de CFE y pagar por la energía eléctrica que consumen y a los precios que fije la CFE cuando se elimine la figura de autoabastecimiento”, dijo el funcionario consultado.

La idea de la reforma es recuperar a esos clientes, un mercado de casi 230 mil millones de pesos anuales, añadió.

Empresas del Estado: ¿Solución o ineficiencia?

Lo anterior se logrará “mediante un mecanismo de adquisición por parte de CFE, basado en procedimientos de competencia, sujetándose a requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y de las tarifas que fije la empresa estatal a partir de la aprobación de la reforma propuesta por el Ejecutivo”.

Hasta ahora, según el proyecto de reforma y fuentes consultadas, “aprovechando ventajas ilegales en estas sociedades o monopolios privados se han acomodado grandes consumidores y cadenas comerciales (supermercados) a los cuales no tiene acceso la CFE y que no fueron resultado de la competencia económica, sino de la sustracción ilegal de grandes clientes del organismo eléctrico estatal”.

Actualmente, junto con los productores independientes, estas sociedades generan 43% del total de la energía eléctrica en el país. El funcionario señaló que los generadores privados controlan dos terceras partes de los grandes consumidores, quienes logran los mayores ingresos.

Buena parte de las grandes empresas de México que forman parte de las sociedades de autoabastecimiento reciben beneficios como despacho prioritario de electricidad, es decir, que las centrales que les suministran están entre las primeras en subir la energía a la red, y no pagan el transporte a través de cables de la CFE, un subsidio directo.

 

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