El ejército estadounidense completó hoy su retirada de Afganistán, dejando el país en manos de los talibanes, el mismo grupo islamista al que derrotó hace 20 años.
“El último avión [de transporte militar] C-17 despegó del aeropuerto de Kabul el 30 de agosto” a las 15:29, hora de Washington, declaró el general Kenneth McKenzie, quien dirige el comando central del que depende Afganistán en conferencia de prensa en Washington.
El embajador de Estados Unidos, Ross Wilson, y el general Chris Donahue fueron los últimos estadounidenses en embarcar al avión, indicó el Pentágono.
Miles de vidas perdidas y billones de dólares, el costo de la guerra en Afganistán
El Departamento estadounidense de Defensa publicó en Twitter la foto de Donahue. “El último soldado estadounidense en dejar Afganistán, el mayor general Chris Donahue, al mando de la 82 división aerotransportada, aborda un C-17 el 30 de agosto de 2021, poniendo fin a la misión estadounidense en Kabul”.
Se trata de la misma división que, el 15 de agosto de 1942, se convirtió en la primera en saltar en Normandía en el llamado Día-D, durante la Segunda Guerra Mundial, y que este lunes se convirtió en la última en dejar Afganistán.
La división aerotransportada también tuiteó la foto de Donahue, con este post: “Asombrados por nuestros soldados Sky Drafon. Esta fue una misión increíblemente dura, de presión, llena de múltiples complejidades, con amenazas activas todo el tiempo. Nuestras tropas mostraron valentía, disciplina y empatía. Aquí, una foto del último soldado en abandonar Afganistán”.
Salen las últimas tropas de EU de Afganistán, terminando así la guerra más larga del país
Donahue tiene una larga trayectoria militar. De acuerdo con la página del ejército de Estados Unidos, ha sido desplegado 17 veces en apoyo de operaciones en Afganistán, Irak, Siria, el Norte de África y el este de Europa. En Afganistán fue desplegado como comandante de la Fuerza de Trabajo Conjunta de Operaciones Especiales, en respaldo de la Operación Centinela de la Libertad, la misión posterior a la Operación Libertad Duradera.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló una carta escrita a mano que le envió el ex secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, tras ser detenido por la DEA en octubre 2020 en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La misiva aparece en el capítulo dos de su nuevo libro “A mitad del Camino”, del presidente López Obrador
“Le escribo estas letras, orillado por las circunstancias que se han venido dando. Desde el día 15 de este mes y que coincide con mi detención en el aeropuerto de esta ciudad. Una detención arbitraria, injusta y humillante, enfrente de mi familia (esposa, cuatro hijos y tres nietos) por las autoridades de este país (DEA).
“Cómo mi comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo con toda veracidad como ciudadano y como militar, que los cargos que se me atribuyen son totalmente falsos porque nunca en mi vida he cruzado una palabra con ningún criminal, ni por tercera persona, ni mensajes, ni vías telefónicas o mensajes de cualquier tipo”.
El general Salvador Cienfuegos le solicitó al presidente López Obrador su superior atención para que el juicio que se le imputa sea agilizado y pueda demostrar su inocencia.
En la segunda hoja de la carta, escrita en letras mayúsculas Cienfuegos asegura que podría escribir mucho más, pero lo importante es que hay una gran injusticia.
“Me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país. Usted me conoció y me trató en dos ocasiones ya como presidente electo, en la que me permitiría darle mi opinión del ejército y la fuerza Aérea. Quedo en espera de su determinación”.
La carta esta fecha el 29 de octubre de 2020, 14 días después de la detención del secretario de la Defensa del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Todo fue un fracaso, habrán visto entonces que sufrir nunca sirvió de nada y, sin embargo, es tan rabioso pensar en la chancleta con pus y sangre de la guatemalteca Catherine Díaz que libraba apenas la brasa negra del pavimento.
Arrastraba a sus dos nenes, cargaba una maleta, miraba lo que quedaba de la vanguardia de la caravana: haitianos, rápidos y potentes, desesperados, iban ya muy lejos.
“Ellos están acostumbrados a caminar, me imagino yo, porque ni llagas tienen en los pies, y nosotros, si usted me viera una llaga que tengo en el otro pie se asusta, porque ni siquiera se me ha reventado”, dice.
Había caminado durante tres días y dos noches de Tapachula a Escuintla, lo que en un auto se hace en una hora. El dolor no le permitía pensar ahora que iba a Mapastepec: a seis horas a pie. Ni el dolor ni su esposo Gherson que iba a unos metros atrás, con un desgarre en la pierna.
Tampoco él podía pensar porque era el último de una caravana de 300, 350 hombres y mujeres, que habían salido desde las seis de la mañana y ahora eran pura sombra en el infierno del día. Nenes sudorosos, ingenuos y sonrientes, como si por la huida a 40 grados hacia Disneylandia fuera un día divertido.
Damiana, una nena de cuatro años, que la noche anterior, en el estrepitoso aguacero de Escuintla, se cayó en el jardín y se abrió la cara. La cargaba su padre, Nilton Lizandro, otro guatemalteco, de 41 años, de Tiquisate, “de allá donde si te amenazan o huyes o matas, lo que sea primero”.
Nilton decidió huir un mes atrás con Berlin, su esposa, y sus cuatro hijos. Nilton, el mayor que ya sabía decir su edad con todos los dedos de la mano, y la más chica, Niraldy, de dos.
Originario de Guatemala, crecido en Zacatecas y deportado de California a los 41 años a donde había nacido, pero no recordaba, Nilton Lizandro cargaba además una maleta, más pesada que los cuatro niños juntos. Nilton, el pequeño caminaba. Berlin cargaba a la menor. Niraldy iba en brazos de un haitiano bondadoso. Al final, por rescatar a Niraldy, Nilton Lizandro iba a ser detenido. Esa es la rabia.
La misma con la que el cubano Juan Díaz, nacido en San Miguel del Padrón, lugar de lodo, mugre y mierda, a 40 minutos de la Habana del turismo revolucionario. El pelo a rape, las bermudas azules, gastados los tenis, maldecía al régimen que lo llevó a buscar una mejor vida en Venezuela, luego en Chile y ahora en el capitalismo más feroz del planeta, donde hasta los pobres de regímenes comunistas saben que serán más ricos.
De paso, maldecía al Presidente López Obrador por decirse humanista y mandar a la Guardia Nacional que los había golpeado el sábado en Huixtla.
“Son los mismos revolucionarios, son los mismos”, gritaba, rezagado. Juan Díaz, aunque fuerte como los haitianos, prefería no separarse de su grupo.
“Te estoy diciendo que yo viví en Venezuela cuando vivía Chávez. Que había de todo todavía, pero sabía que todo se iba a caer a la mielda como este país, que si lo siguen chinchando se va ir a la mielda. Es la misma política de la revolución”.
Eran las once de la mañana, no habían ni desayunado. No había un puesto de ayuda, agua, algún sandwich, alguna naranja. Se entretenían suplicando en las rejas de las casas, y el tropel de haitianos ya no estaba a la vista. Detrás, amenazante, una patrulla de la Guardia Nacional avanzaba a su ritmo.
Los haitianos, los más pobres del mundo, se habían apoderado de la caravana del hambre. Decían cuándo avanzar, cuánto dormir. Al final, con su miedo de que la migra mexicana mandara tráileres para regresarlos a Tapachula, impedían que los centroamericanos tomaran un aventón.
“Los haitianos nos gobiernan”, se quejó el nicaragüense Ivanox Brandon Molinares, un perseguido de la dictadura del ex revolucionario Daniel Ortega. Pero era injusto: algunos gigantes negros ayudaban a la familia como la de Nilton.
Los últimos estaban a 19 kilómetros de Mapastepec. En un punto perdido, sin la vigilancia ya de los haitianos, detuvieron una camioneta, pero un elemento de la Guardia Nacional los obligó a bajarse. Se hincó un salvadoreño, suplicó por los niños. Sufriría si no sirvió de nada. Esa fue una seña porque cuando siguieron avanzando, llegaron los soldados de la Guardia Nacional a ese punto. Ocho autobuses blancos, patrullas, agentes de migración como el que había aplastado la cabeza a un migrante el sábado.
“Vamos a seguir conteniendo”, había amenazado López Obrador el domingo. Eso hicieron en la entrada a Mapastepec.
Nilton Lizandro escondió a su mujer y sus tres nenas en la maleza. Menos a Niraldy porque la cargaba un haitiano que salió del escondite asustado. A Nilton Lizandro lo detuvieron cuando cruzó el operativo de agentes antimotines para recuperarla.
Por fortuna, dijo por la tarde, Berlin y sus tres niños estaban a salvo. Aunque no sabía dónde iban. Tampoco él y Niraldy cuando eran únicos pasajeros de uno de los autobuses con rumbo desconocido. Mandó un video con su celular: “Mire, aquí la nena va bien, va en el aire acondicionado”, dijo y se reía, su risa amarga causaba más rabia. La nena sonreía.
En la actual administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador han desaparecido y no han sido localizadas un total de 22,946 personas, es decir, en promedio 23 personas cada día entre el 1 de diciembre del 2018 y hasta este lunes 30 de agosto del 2021.
Según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas a cargo de la Secretaría de Gobernación, las entidades con mayor cifra de personas desaparecidas y no encontradas, en la actual administración federal, son Jalisco (3,928 personas); CDMX (1,873); Nuevo León (1,792); Michoacán (1770) y el Edomex (1,717).
En contraparte, los estados con menor número de personas desaparecidas y no localizadas en el actual sexenio son Campeche (10); Tlaxcala (30); Aguascalientes (50); Tabasco (56) y Oaxaca (69).
Ante la dimensión de la tragedia nacional de la desaparición de personas, el mandato y la voluntad política de coordinarse de manera efectiva para el funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda en su conjunto debe de expresarse al más alto nivel del Estado”.
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México
Mientras que por sexo, los hombres son quienes más han desaparecido con el 74.7% (17,088 personas) del total, mientras que las mujeres agrupan el 24.8% (5,709). A su vez, hay 149 registros de personas que desaparecieron y no han sido localizadas cuyo sexo es desconocido.
Al alza desde 2006
El problema de las desapariciones ha crecido de manera importante en los últimos dos sexenios, según muestran los datos de Gobernación.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, desaparecieron y aún hoy en día no han sido localizadas 35,065 personas, es decir, un promedio de 16 desapariciones a diario entre el periodo comprendido del 1 de diciembre del 2012 y el 30 de noviembre del 2018. Dicha promedio se duplicó, en comparación con la administración anterior de Felipe Calderón Hinojosa.
Los estados con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas con Peña Nieto fueron Jalisco (3,928); Ciudad de México (1,873); Nuevo León (1,792); Michoacán (1,770) y Estado de México (1,770).
Por su parte, en el sexenio de Felipe Calderón desaparecieron, y todavía no son localizadas hasta hoy en día, 16,546 personas, lo que significó que en promedio cada día de su sexenio se presentaron 7.5 casos.
Con Calderón, los estados que concentraron el mayor número de personas desaparecidas fueron Tamaulipas (3,745); Coahuila (2,024); Nuevo León (1,935); Jalisco (1,422) y Chihuahua (1,090).
Colectivos acusan inacción
En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, decenas de colectivos y organizaciones sociales realizaron movilizaciones a lo largo de todo el país para exigir a las autoridades acciones y apoyos que ayuden a la localización de más de 90,000 personas desaparecidas en México.
En la capital del país, los integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se plantaron a las afueras de Palacio Nacional para exigir de nueva cuenta una audiencia con el presidente López Obrador.
En protesta también fueron colocadas mantas y carteles con los rostros de sus familiares desaparecidos a lo largo de las vallas que protegen Palacio Nacional, mientras que en el suelo formaron la leyenda “+90.000 ¿Dónde están?”.
Posteriormente, a través de un posicionamiento los colectivos también indicaron que a dos años de que AMLO asumiera siete compromisos con las familias de personas desaparecidas la agenda en el tema tiene pendientes que deben contar con el acompañamiento y respaldo directo del presidente.
Por lo que solicitaron una audiencia con el mandatario mexicano y el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, además de pedir el compromiso público del Ejecutivo federal que envíe un mensaje contundente a las instituciones del Estado para adoptar las políticas públicas que en la materia se han construido en conjunto con la sociedad, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) o el Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB).
“Ante la dimensión de la tragedia nacional de la desaparición de personas, el mandato y la voluntad política de coordinarse de manera efectiva para el funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda en su conjunto debe de expresarse al más alto nivel del Estado”, subrayaron.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que urge dar debida respuesta para que familiares de las víctimas de desaparición tengan acceso a la verdad y la justicia, ya que el fenómeno de las desapariciones debe ser comprendida y encarada de manera integral por el Estado.
Por su parte, ayer la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció 2,635 personas desaparecidas en nuestro país, que involucran a 3,649 familias víctimas indirectas.
Indicó que hasta agosto de este año, alrededor de 397 personas con el estatus de desaparecidas han sido localizadas. (Con información de Jorge Monroy)
Por primera vez el Comité de la ONU visitará México
El gobierno federal informó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU visitará por primera vez nuestro país, en cuanto las condiciones relacionadas con la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 lo permitan.
La Secretaría de Gobernación reconoció que en México prevalecen desafíos importantes en materia de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, por lo que “la experiencia y buenas prácticas que el comité ha desarrollado desde su creación a través de jurisprudencia contribuirán a los esfuerzos de México para fortalecer las capacidades institucionales para la investigación, búsqueda de personas desaparecidas, procesos de rendición de cuentas y reparación para las víctimas”.
A su vez, se anunció la designación del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), el cual tiene la tarea de practicar peritajes pertinentes sobre cuerpos o restos óseos no identificados y así atender la emergencia humanitaria que vive el país.
El subsecretario, Alejandro Encinas Rodríguez informó que el mecanismo contará con cuatro especialistas en identificación forense, una en materia legal y jurídica, una más en cooperación técnica internacional y una más en enfoque psicosocial y acompañamiento de familiares.
Grupos ciudadanos buscan ser partícipes de la planeación de la Ciudad de México a través de una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) contra autoridades que resulten implicadas.
La denuncia se deriva de que las autoridades capitalinas omitieron constituir el consejo ciudadano del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, cuando sí se nombraron ya e instalaron las otras dos instancias del organismo que son la junta de gobierno y el directorio técnico.
Los inconformes demandaron que el Instituto detenga sus funciones en tanto no esté completa su estructura con la integración del Consejo, como fue mandatado en la Constitución de la Ciudad de México.
Además, solicitaron que se investiguen las faltas administrativas y a los funcionarios y a representantes populares que incurrieron en el incumplimiento de una orden constitucional, que viola derechos ciudadanos.
“No puede seguir operando el Instituto de Planeación sin consejo ciudadano”, enfatizó Mayela Delgadillo, quien fungió como diputada constituyente.
Aunque no fijaron un emplazamiento, solicitaron al TJA que se garantice en un corto plazo la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano del Instituto de Planeación, el cual además deberá tener un peso importante en el proceso de conformación del plan y proyecto de planeación para los próximos 20 años.
“Va a depender de la decisión política que asuman la jefa de Gobierno, el Congreso, Pablo Benlliure, (titular del Instituto de Planeación). Ha habido una serie de irregularidades de lo que pasa en el Instituto y hemos tenido una plática, vemos disposición política”.
Arturo Caballero, de San Pedro Cuajimalpa, cuestionó que las autoridades actuales capitalinas no brindan participación a pueblos y barrios originarios, pues en lugar de hacerlos parte de los procesos de construcción de planes y decisiones sobre planeación, les dan ideas ya consolidadas para que las aprueben.
Y aseguró que se mantendrán suspendidas las consultas ciudadanas hasta que haya una participación amplia de grupos ciudadanos y de pueblos y barrios.
En este mes de julio se superarán los 1,800 días (más de 16 años) de que Alfredo Jiménez Mota fue desaparecido mientras laboraba como periodista en el diario El Imparcial de esta ciudad. Hasta ahora, ninguna autoridad en el ámbito local ni en el federal —que atrajo las indagatorias— han dado con su paradero, ni detenido a ningún sospechoso; mucho menos, llevado ante la justicia a los responsables materiales o intelectuales del crimen.
El caso Jiménez Mota, que investigaba el auge del crimen organizado en Sonora, implica extraoficialmente a funcionarios públicos, con dos de los cuales se reunió la noche de su desaparición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, ha determinado que la inacción gubernamental configura un ejemplo grave de impunidad y ha iniciado un procedimiento para demandar al Estado mexicano por responsabilidad internacional.
Este caso se suma a los más de 150 registrados en México de periodistas asesinados o desaparecidos desde el año 2000, lo que convierte al país en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, solo superado por naciones en guerra civil. De ese número, un porcentaje menor al 10% ha sido esclarecido y castigado.
“La impunidad es algo que alimenta un sentido de vulnerabilidad en el ejercicio cotidiano del periodismo”, aseguró Lourdes Lugo, ahora directora editorial de El Imparcial; en 2005, cuando Alfredo fue desaparecido, formaba parte del equipo de reporteros.
“A pesar del tiempo transcurrido, 16 años, ese sentimiento sigue siendo claro entre nosotros. Nos hace temer que puede volver a pasar, a cualquiera de nosotros. Lo mismo ocurre en las redacciones de medios de comunicación de todo el país. Los ataques siguen y siguen…es una señal de que puedes matar a un periodista y no pasa nada”, dijo Lugo.
Desde la desaparición de Jiménez Mota, añadió, “no se logra tener paz, porque no tienes explicación de lo que pasó, no tienes resultados, no sabes qué pudo haber sucedido, nada. Sólo muchas preguntas sin respuesta”.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene un expediente abierto, sin que se conozcan avances en las indagatorias, tampoco entrega informes a la familia del periodista desparecido o a sus representantes legales. En contraste, testimonios recogidos por colegas de Jiménez Mota apuntan hacia la presunta complicidad en su desaparición de exfuncionarios públicos federales y locales y, como brazo ejecutor, al grupo criminal Los Salazar, ligado al Cártel de Sinaloa.
“El año pasado vinieron los de la FGR. Creo que pusieron a otra fiscal. Dijeron que estaban trabajando, retomando ¡22 líneas de investigación!… (pero) no sabemos nada… igual por la pandemia se olvidaron del asunto”, informó José Alfredo Jiménez Hernández, padre del periodista.
El presidente Vicente Fox Quesada, en Hermosillo, Sonora, con los padres del periodista Alfredo Jiménez Mota. Foto: Cortesía Familia de Alfredo Jiménez Mota
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó ante la CIDH, de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, la demanda de exigir al Estado mexicano una respuesta al virtual cierre de las investigaciones. Tras años de revisiones y de una espera infructuosa por señales de que el caso fuera procesado con diligencia, la Comisión ha hecho un llamado perentorio por conducto de la Secretaría de Gobernación, sin resultados hasta ahora.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, abordó este tema durante una conferencia en Palacio Nacional, el pasado 8 de abril. “Hemos requerido información a la Fiscalía por la Libertad de Expresión… nos ha señalado que se reserva la información por formar parte de una averiguación; esperemos que esta fiscalía especial dé cuenta de avances en torno a este caso de desaparición…”. Encinas declinó hacer declaraciones para la elaboración de este reporte.
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, de la referida Secretaría de Gobernación, dijo que la FGR les entregó “una ficha muy general”. “Este es un caso emblemático, pues evidentemente (la cerrazón) se multiplica en otras investigaciones. Si no tenemos acceso al expediente, correríamos el riesgo de revictimizar a los familiares para que tengan que repetir todo lo que han dicho por años dentro de las fiscalías”. Es decir, empezar desde cero, 16 años después.
Tampoco hay un seguimiento por parte de los órganos que constitucionalmente deberían hacerlo, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual mantiene abierto el expediente 2005/1515/Q sobre la desaparición de Alfredo Jiménez Mota. Pero desde hace más de tres años no se ha pronunciado sobre la falta de justicia y avances del caso.
En este reportaje para la Alianza de Medios Mx se solicitó desde el pasado 15 de abril información sobre el estado que guarda el expediente de Alfredo Jiménez Mota a la Fiscalía General de la República, pero tampoco respondió, a pesar de que se venció el plazo legal para ello.
Tanto Gobernación como la FGR han desoído la petición de la CIDH para que la familia de Jiménez Mota o sus representantes legales tengan acceso a las investigaciones. De persistir la cerrazón oficial al respecto, la Comisión puede llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asentada en Costa Rica, para dar paso a un juicio que derive en una condena internacional sobre el Estado mexicano mediante sentencia con efectos vinculantes, obligatorios.
Buscaba ser conocido
En abril de 2005 Alfredo Jiménez Mota tenía 25 años y se esforzaba en especializarse en investigaciones periodísticas sobre problemas de seguridad, incluido el narcotráfico, un problema sobre el que poco se sabía ni se publicaba mayormente en los medios de comunicación de Sonora. Primero trabajó en Sinaloa y tiempo después se incorporó a El Imparcial, en Hermosillo, el principal periódico del estado.
Los últimos reportajes que publicó se basaron en informes de inteligencia de la entonces Procuraduría General de la República que vinculaban a Los Salazar con el narcotráfico. En ese entonces, algunos de los integrantes de esa familia incluso aparecían en eventos sociales.
Nadie advirtió del riesgo que corría. Ni siquiera hubo una amenaza directa, apenas un policía le sugirió que tuviera cuidado. En esos días Alfredo en esos días que alguien lo seguía. Una semana antes de su desaparición, refirió a su madre que tres sujetos con la cabeza rapada lo estaban siguiendo.
“Era un muchacho muy inquieto, muy en su papel de joven. Tenía temor de no lograr ser alguien. La ilusión de él era aparecer en la primera plana de los periódicos, dar a conocer su nombre nacional e internacionalmente. ‘Quiero que mucha gente me conozca’, decía por sus escritos y la valentía con la que escribía”, declaró su padre José Alfredo Jiménez Hernández.
El domingo 2 de abril el periodista había desparecido. Un día antes, una llamada telefónica a una compañera dejó un rastro: tenía una reunión con una de sus fuentes. Esa persona era Andrés Montoya García, a la sazón subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora y ahora abogado litigante. El declaró que platicaron abordo de su camioneta mientras circulando por la ciudad, y el tema fue la liberación de un presunto narcotraficante apodado El Estudiante, considerado muy peligroso por las autoridades, sobre el que Jiménez Mota había publicado.
El entonces funcionario sólo declaró en dos ocasiones y aseguró que dejó al periodista en un supermercado y no supo más de él. Dijo que Alfredo le comentó que tenía que ver a otro “contacto”. Ningún otro testigo lo confirmó.
El teléfono celular del periodista muestra que la última llamada que recibió, a las 23:04 horas del sábado, fue del entonces subdelegado de la PGR en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván, quien, según los compañeros de Jiménez Mota, era una de sus principales fuentes de información o “contactos”. Pese a ello, Rojas Galván virtualmente no fue interrogado en las indagatorias ministeriales. Luego dejó el estado. Existen registros de que desde hace varios años es agente del Ministerio Público en el estado de México.
En los meses posteriores se reportaron varias ejecuciones en contra de Los Salazar. Funcionarios de la PGR aseguraron de manera extraoficial a periodistas que daban seguimiento al caso que entre las víctimas de esos asesinatos se hallaban los autores de la desaparición de Jiménez Mota, quienes lo habrían privado de la vida y luego ocultado su cadáver.
Se ignora si algo de esas presunciones figura en el expediente judicial. Las autoridades realizaron varias pesquisas en el desierto de Sonora. Y luego, nada. Nada en 16 años.
Duelo sin fin
Don José Alfredo, padre de Alfredo Jiménez Mota, recordó que hace 16 años, después de enterarse que había desaparecido su hijo y de que se hizo acompañar por su esposa para presentar una denuncia, le dijo a ella: “Va a ser un largo caminar para ti y para mí…”. “Pero nunca imaginé que iba a ser un camino sin final, una pena inacabable”.
“Es una incertidumbre que te queda clavada toda la vida, no sabemos qué fue de él. Que te desaparezcan a un hijo es una llaga constante, que está picando todo el tiempo, no deja de sangrar. A los que murieron se les llora o les llevan una flor. Pero así es algo muy malo; uno lo recuerda en vida, lo cree con vida. Por eso estamos luchando, a pesar de las adversidades. Sólo espero que estemos con vida cuando se resuelva”, dijo. Él tiene ahora 67 años y su esposa, doña Esperanza, 72.
—¿Cuánto tiempo seguirán pidiendo Hasta cuándo justicia? —se le preguntó a Jiménez Hernández.
—Hasta que nos muramos —contestó.
El caso Jiménez Mota no es el único en el que participó la mafia de Los Salazar. En 2017, 12 años después, la periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua. El atentado fue atribuido a ese mismo grupo. También existen declaraciones ministeriales que involucran en el crimen a grupos políticos de la región.
Es así como mantener en impunidad un caso abre la posibilidad de que se cometan otros más, advierte la CIDH en múltiples sentencias. Así lo explica: El Estado es responsable ante “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.
Ante la ausencia de justicia por la inacción del Estado mexicano en este caso, la única vía para impedir el olvido y frenar la impunidad ha sido la CIDH. El caso fue presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y aceptado en octubre de 2015, porque se reconoció que no es razonable el tiempo transcurrido sin que existan resultados de las indagatorias.
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, sostuvo que el de Jiménez Mota es un caso simbólico y representativo. “Cuando no hay justicia, el Estado no está cumpliendo con lo que realmente dicta la Constitución y la institucionalidad de un país”, expuso.
El periodista Alfredo Jiménez Mota, durante una cobertura periodística. Foto: Archivo Notimex
Exigencias ante la CIDH
Tras el reclamo ante la CIDH, y a fin de evitar el riesgo de una sentencia condenatoria por la parte de la Corte Iberoamericana, el Estado mexicano, por la vía de la Secretaría de Gobernación, mostró apertura a la búsqueda de lo que en la normatividad de la Comisión se denomina “solución amistosa”.
La familia de Jiménez Mota, con el acompañamiento de la SIP, han expuesto varias exigencias para ello.
“Básicamente estamos pidiendo que se reabra el expediente, que s reanuden las investigaciones, con acceso para la familia y sus representantes legales. Un caso de desaparición no prescribe en el derecho internacional. También reformas al marco legal en este campo, como mejoras en el mecanismo federal de protección de periodistas,” explicó Ricardo Trotti.
“Desde que fue creado, estamos denunciando continuamente que ese mecanismo no tiene rigor en sus protocolos ni recursos humanos, económicos y profesionales para proteger con eficacia a los periodistas”, dijo. El referido mecanismo se halla bajo la responsabilidad del citado Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.
También, citó Trotti, se está solicitando una reparación económica para la familia de Alfredo. Además, alguna acción simbólica por parte del Estado mexicano, como dotar con el nombre del periodista a una calle de la población en donde laboró o en la que viven sus padres.
“Exigimos que no quede impune. Lo que estamos buscando que se haga justicia, que quede constancia que le quitaron su derecho de libertad de expresión y lo desaparecieron por lo que escribía, y eso no es justo”, añadió José Alfredo Jiménez, padre del periodista desaparecido. “Y pedimos que se haga una ley que exija más castigo y obligue a resolver estos casos”.
Esta administración llegó al gobierno hace 30 meses, en diciembre de 2018, y la SIP de inmediato solicitó a las autoridades mexicanas respuesta a las peticiones planteadas ante la CIDH.
Derecho a la memoria
La SIP lanzó en 2020 una campaña contra la impunidad y la llamó “Lápices Inmortales”. De esta forma se honra a periodistas desaparecidos o asesinados. El de Alfredo es uno de los casos emblemáticos, al igual que el de la periodista guatemalteca Irma Flaquer y el del colombiano Carlos Lajud Catalán.
Los familiares prendas personales con ADN de los tres periodistas para la fabricación de una serie de lápices únicos. El motivo es honrar “la esencia de esos periodistas ultimados por informar la verdad”, plantea la SIP.
Ricardo Trotti explica que tener a Alfredo en la campaña busca visibilizar el caso y presionar a las autoridades mexicanas para que haya justicia. “En México hay muchísimos periodistas asesinados cuyos casos no tienen visibilidad porque no han sido investigados para determinar sus causas,” explicó. “En memoria de Alfredo, quisiéramos que la sociedad y el gobierno comprendan que la vida de un periodista es muy importante.”
“Hay momentos —sostiene Don Alfredo— que no tenemos esperanza de saber ciertamente la verdad de lo que sucedió. Ocultan muchas verdades, hay intereses ocultos. Sólo pedimos que resuelvan el caso, que lo esclarezcan, así se va a sentar un precedente si lo logran resolver y castigar a los culpables. Así, los que quieran hacer daño a los comunicadores, a los compañeros de mi hijo, lo van a pensar”.
En Sonora, periodistas se han manifestado para exigir justicia en el caso de Alfredo Jiménez Mota. Foto: Cortesía Familia de Alfredo Jiménez Mota
La ausencia, una marca
La desaparición de Jiménez Mota marcó un antes y después. No sólo para los periodistas en Hermosillo, entre quienes se extendió el miedo; sino que además, por primera vez en la historia periodística de México, a través de la una convocatoria de la Sociedad Interamericana de Prensa, en agosto de 2005 se reunieron en la capital sonorense los directores de los medios de todo el norte del país en lo que se conoció como Encuentro de Editores de la Frontera Norte.
La reunión no sólo fue un acto de solidaridad, sino de preocupación ante el crecimiento de los ataques contra periodistas y surgió el primer puente de comunicación y acciones específicas para defenderse de los embates a la libertad de expresión en esa región del país. Así quedó plasmado en la llamada Declaración de Hermosillo, que planteó, entre otros puntos, una exigencia a las autoridades para atender los casos, entrenamiento para periodistas, investigaciones de los ataques y una solidaridad permanente ante estos casos.
*Este reportaje fue elaborado por el equipo de periodistas e investigadores auspiciado por Alianza de Medios Mx, en la que participa El Economista de la Ciudad de México.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el titular de la Autoridad Educativa Federal, Luis Humberto Fernández Fuentes, afirmaron que el regreso a clases presenciales en la capital del país fue un éxito, al señalar que más de 90 por ciento de las escuelas abrieron sus puertas.
Ante la poca afluencia de alumnos a los planteles confiaron en que con el tiempo se irá normalizando la asistencia. Lo más importante es que se abrieron prácticamente todas las escuelas de la ciudad, públicas y privadas, expresó la titular del Ejecutivo local.
El funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) insistió en que la mayoría de las escuelas reiniciaron actividades ayer, aunque no dio cifras sobre el número de estudiantes y maestros que regresaron a las aulas.
Dijo que la experiencia internacional marca que en otros países el reinicio de clases comienza con una asistencia de alumnos de entre 10 y 15 por ciento de la matrícula, que con el paso del tiempo se va incrementado, por lo cual previó que en el caso de la capital del país en tres o cuatro semanas se regularizará la presencia de los estudiantes.
Ayer, los funcionarios acudieron a la escuela secundaria técnica 11, Dr. Manuel Sandoval Vallarta, que realizó un retorno a clases escalonado con 50 por ciento de su matrícula y donde aseguraron que ha habido apoyo y entusiasmo de la gran mayoría de los padres de familia por regresar.
Si bien la mandataria capitalina admitió que hay padres que aún tienen sus reservas y desean cursos a distancia, expresó que podemos decir que fue un regreso a clases exitoso, por lo que agradeció a los maestros su labor de convencimiento a las familias para emprenderlo de forma segura.
En cuanto a los insumos para guardar las medidas sanitarias, Fernández Fuentes señaló que se distribuyeron alrededor de un millón y medio de litros de gel a las escuelas, la mayor parte obtenido por donaciones; además de que se entregaron termómetros y cubrebocas, por lo cual, afirmó, los protocolos se están cumpliendo en todos los planteles.
Más tarde, al realizar un recorrido por escuelas junto con la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, manifestó que los maestros conocen el protocolo, por lo que en caso de detectar un posible caso de Covid-19, se informará a la jurisdicción sanitaria, que tomará medidas según la situación de cada plantel.
Como antes, como siempre… una vez más, con grandes letras colocadas sobre la calle, a las puertas de Palacio Nacional, llegó el reclamo: ¿Dónde están? ¡Son más de 90 mil! Sólo cambia la desmesurada cifra. Un recordatorio de la trágica realidad.
Apenas amanecía este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, cuando se congregaron decenas de familiares para reclamar el paradero de sus hijos, hermanos, padres; para exigir al gobierno federal el cumplimiento de los compromisos de búsqueda ofrecidos al comenzar esta administración; para pedir que México acate los términos de los tratados internacionales firmados y avance en la investigación, castigo y reparación del daño por los miles de desaparecidos.
Convocados por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos (MND) se concentraron en la Plaza de la Constitución para reiterar su demanda endémica: Justicia y verdad.
Esta vez con una singular manera de expresión, usaron ropa que enviaron familiares de las víctimas de todo el país para coser las letras que resumen su reclamo: ¿Dónde están?
En silla de ruedas, Yolanda Isaías llegó temprano para sumarse a la protesta. Actualmente reside en Irapuato, ciudad que adoptó como refugio después de huir de Torreón, bajo amenazas para acallar sus reclamos de justicia por la desaparición de su hijo Dan, perpetrada –asegura– por miembros del Ejército. Eso fue en 2008, han pasado 13 años y aún persigue la justicia para su hijo, cuya desaparición ha traído secuelas siniestras: dos de los presuntos responsables detenidos fueron asesinados en el penal, pero uno más anda libre, sin castigo por su responsabilidad.
Las circunstancias son diversas, cada historia es una fatalidad con un mismo patrón: desaparición, amenazas, impunidad, miedo y dolor.
Teresa Valadez residía en Guaymas, donde su hermano Fernando desapareció el 11 de agosto de 2015. Su exigencia por encontrarlo y su reclamo de justicia la tiene ahora recorriendo el país, ocultándose ante las amenazas. Estoy en el mecanismo (de protección), resume su vida hoy. Desde entonces vive aquí y allá, para que no la encuentren. Ayer decidió ir al Zócalo para leer ante Palacio Nacional el mensaje central del Movimiento:
A dos años de que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) ofreció un compromiso de atender la situación de los desaparecidos, vemos una agenda integral pendiente. El MND pidió intensificar el diálogo y que el gobierno se allane para permitir la visita oficial del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, ofrecida desde 2020 y que más tarde, ayer mismo, se formalizó.
Hasta la concentración llegaron el embajador de la Unión Europea, Gautier Mignot, y el representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jesús Peña, quienes expresaron su solidaridad con los familiares de los desaparecidos y ratificaron su compromiso de respaldar su demanda de justicia.
Por un día, las rejas que protegen Palacio Nacional se convirtieron en una galería de vidas truncadas: Diego Maximiliano, septiembre de 2015 (se precisa al calce de su fotografía), edad 21 años; Jaime Quezada, 24 de octubre de 2018; Raúl Gómez, 4 de mayo de 2019… la estadística patentizada en el último recuerdo de sus familiares, para quienes esos rostros no son un número más.
Fue un largo día de protesta, de exigencia, uno más en esta prolongada historia de terror.
Impecable, la primaria pública Ernesto Alconedo, ubicada en San Juan de Aragón, tuvo algunos cambios en la rutina: flechas amarillas marcaban dónde entrar y salir, mientras una cinta de “precaución” y trafitambos impedían a los padres y niños arremolinarse en la puerta, como ocurría antes.
Los niños llegaron a cuentagotas y por momentos eran más las mamás formadas para pedir información que los menores listos para ingresar, todos con cubrebocas y abrigados. Pocos se despedían de beso.
Alfonso, quien cursa el cuarto grado, llegó con pantalón de mezclilla, sudadera y mochila de rueditas. Su mamá, Diana de la Luz, cuenta que su pequeño ya quería estrenar sus útiles; además, tenía claro que no podría juntarse con sus compañeros y por eso llevó su propio juguete, aunque tuviera que jugar solo.
Cuenta la falta que le hacía a su hijo volver a su salón, pues el encierro le provocó estrés, aunque reconoció sentirse insegura ante la epidemia; sin embargo, confió en que todo estará bien al paso de los días.
“Mi hijo se estaba volviendo un poco agresivo en casa. La verdad yo veo que muchos niños salen, están en la calle y como que para la escuela ponen muchos pretextos. Opino que es bueno que siga su camino y siga aprendiendo”, expresó.
En la primaria José Martí, en la colonia Del Valle, cinco docentes recibieron a los alumnos, cuya única garantía de su salud fue sólo la toma de temperatura. “Te amo, mi amor. Le echas ganas, tú puedes; ya no llores. Pon atención a lo que te van diciendo”, decía cariñoso un padre a su hija de no más de seis años, antes de despedirse.
Jonathan, de seis años, dijo estar contento de regresar a clases; aprendió todas las medidas sanitarias que debía adoptar en la escuela.
Una mayor asistencia de alumnos se vio en la secundaria diurna 85, República de Francia. Si bien a los alumnos mostraron gusto por reencontrarse, los padres refirieron que la alta asistencia fue más bien por la presión de los directivos del plantel, pues, según ellos, no había una estrategia de educación en línea para los que no quisieran retomar sus actividades presenciales. Por ello, en próximos días tendrán una asamblea para informarles estos protocolos.
En la colonia Morelos, no todas las escuelas abrieron sus puertas, como la primaria Julio Zárate, en la calle Hojalatería, a unos metros del Metro Morelos, donde ningún docente se presentó. Pero a unas calles de allí, entre Avenida del Trabajo y Jardineros, la Miguel Alemán sí abrió: a las 07:45 horas ya había unos 70 menores acompañados de sus padres.
Las vacunas tendrán como misión servir para la inoculación contra COVID-19 en nuestro país, indicó la Cofepris.
Previamente, los biológicos pasaron por una serie de análisis entre los que están pruebas de esterilidad, identidad y potencia. Por su parte, el Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, dio luz verde para seguir con la autorización de uso de emergencia de la vacuna AstraZeneca.
A su vez, la Organización Mundial de la Salud, rige de manera global la liberación de los medicamentos mediante un sistema de lote por lote, donde se toma en cuenta la naturaleza y variabilidad inherente del producto.
Los seis lotes envasados en el Edomex contienen 866 mil 500 dosis, 753 mil 900 dosis, 726 mil 800 dosis, 711 mil 600 dosis, 676 mil 200 dosis y 726 mil 600 dosis, respectivamente, informó la Cofepris.
Durante la pandemia, se han liberado 27 millones 786 mil 100 dosis de la vacuna AstraZeneca.
Además, la dependencia del Gobierno de México indicó que estas vacunas son susceptibles de ser exportadas o donadas a otros países.
