La estructura para el destino final de desechos COVID está rebasada

DANIEL BLANCAS MADRIGAL / LA CRÓNICA DE HOY

La estructura para recolectar, transportar, acopiar, incinerar o dar destino final a los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) en México es limitada: incluye unas 130 empresas —en los diversos giros— para cubrir todo el país, de acuerdo con el directorio de autorizaciones publicado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), instancia encargada de los permisos.

La demanda, desmedida en los tiempos del COVID-19, el escaso control y las transas entre particulares han derivado en trasiegos furtivos, en los cuales intervienen compañías fantasma, sin registro ante autoridades ambientales y sanitarias…

¿Son suficientes 130 empresas para cumplir con la disposición idónea de estos desechos, más aún en tiempos críticos por la pandemia?, ¿para cubrir las necesidades de los casi 5 mil hospitales —públicos y privados— en territorio nacional?

En mayo se generaron, tan sólo por el coronavirus, 2 mil toneladas de residuos, lo cual representa casi la mitad del promedio mensual de 5 mil toneladas de residuos totales —por toda la operación hospitalaria— reportado en un estudio del Senado de la República antes de la enfermedad.

“Quizá las autoridades federales puedan decir que las empresas son suficientes, pero viendo la capacidad de tonelaje que tienen y la gran cantidad de residuos en el contexto de la emergencia, está claro que se quedan cortas. Es imposible manejar tantas toneladas con lo que se tiene y menos cuando llevamos más de tres meses de generación ascendente”, señala Karen Barajas, quien trabajó en la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación de la Profepa de 2014 a 2018.

Se han encontrado basureros de material infeccioso en áreas de estacionamiento cercanas a condominios.

“No sólo es lo que producen los enfermos en unidades hospitalarias, sino el equipo médico de protección, lo que se está usando en la limpieza, lo de las personas enfermas en su casa y los cubrebocas utilizados por la población”.

Aunque el artículo 170 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente faculta a la Semarnat para clausurar de manera temporal, parcial o total estos establecimientos “cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública”, la experta pide cautela y sensibilidad a las autoridades.

“En medio del COVID las clausuras deben valorarse, porque se requieren manos; mejor reparar omisiones, porque esas anomalías no surgieron de la noche a la mañana, inspeccionar a las empresas y supervisar el cumplimiento a la normatividad, pero no propiciar con medidas fáciles y mediáticas un mayor almacenamiento de los RPBI en hospitales o centros de acopio, que según la ley no pueden tener lo recolectado más de seis meses”, dice Barajas, también abogada especialista en derecho ambiental.

Este reportero escudriñó en la base de datos de la Semarnat sobre prestadoras de servicio para el manejo de RPBI, y éstos fueron los resultados: 19 empresas con permiso de incineración; 34 para el tratamiento de desechos mediante procesos de esterilización, radioondas y desinfección química; 17 para almacenamiento o acopio temporal y 64 para la recolección y transporte. Un total de 134, con autorización vigente.

En el último ramo de recolección y transporte se suma no sólo a las identificadas de forma clara con la etiqueta RBBI, sino a las descritas con aval para trasladar, “sangre y los componentes de ésta; patológicos, cultivos y cepas de laboratorio; materiales empapados con sangre o sus derivados, desechos clínicos, biomédicos o médicos regulados y sustancias infecciosas para el hombre”.

“Faltan principalmente empresas encargadas de destruir o dar destino final a los residuos, están saturadas, trabajando las 24 horas del día con los hornos encendidos, y te dicen: ahorita no te puedo recibir”, afirma Jesús García Hernández, consultor en el tema y quien coordina la empresa Ambiental 21, dedicada a la recolección.

“Ha sido un periplo instalarlas, no sólo por razones ambientales sino políticas. Las comunidades aledañas se oponen, además de que el equipo es caro y la mayoría viene del extranjero; sobra la burocracia y la corrupción para obtener permisos de impacto ambiental, de riesgo, uso de suelo y otros municipales. Nosotros llevamos a incinerar a una planta en Tepeji del Río, hay otras en Toluca y Tenango del Valle, pero son pocas”.

Otro especialista: Christopher Magloire Ortiz Vidal, de Ingeniería Especializada en Seguridad Industrial y Medio Ambiente (Iesima), sugiere ampliar el tiempo de almacenaje permitido en los centros de acopio mientras éstos se ajusten a la legislación vigente, “porque los 100 kilos que antes generaba un hospital en 15 días, ahora salen en un día, y es mucho mejor tenerlos ahí que en los propios centros de salud o en lugares inadecuados, peligrosos para los ciudadanos”.

La Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat ya visualiza la autorización de vehículos con cajas herméticas y refrigerantes para ampliar la capacidad de los participantes en este ámbito.

Y en medio de amenazas, tribulación y escasez, comienzan a develarse las historias en torno a compañías ficticias…

“Hay empresas que trabajan sin papeles, escondiéndose de la autoridad, y son las que más van a tirar los residuos a lugares inapropiados, exponiendo a las comunidades, a la flora y a la fauna”, describe Lourdes Medina, agente de una permisionaria en el manejo de RPBI, la cual opera en Tepeji del Río, Hidalgo.

Apenas en marzo pasado, inspectores de la Profepa descubrieron un condominio en Monterrey abocado al acopio de residuos generados por terceros, los cuales eran acumulados, de manera increíble, en el área de estacionamiento. Según la dependencia, el lugar carecía de identificación y los documentos presentados resultaron inválidos. No tenía permiso. “Las empresas que quieran instalarse deberán presentar un proyecto para obtener la aprobación, que se basará en la evaluación de posibles impactos ambientales o riesgos”, concluyó el peritaje de los inspectores, quienes tienen su propia historia en medio del desconcierto…

Auxilio

En el pico de la pandemia, la Profepa lanzó una campaña en redes sociales para promover las denuncias contra infractores: “¡Si ves que alguien deja o tira bolsas o botes de color rojo o amarillo, denúncialo, se trata de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, y son dañinos para la salud y el ambiente”.

Las cifras

●  RPBI generados en mayo, sólo por COVID: 2 mil toneladas
●  Promedio mensual de RPBI generados en hospitales, en tiempos normales y por toda la operación, según Semarnat: mil 500 toneladas
●  Promedio mensual de RPBI generados en hospitales, en tiempos normales y por toda la operación, según el Senado de la República: 5 mil 800 toneladas

El engranaje

1. En hospitales, clínicas, centros de salud, laboratorios, consultorios y centros de investigación se generan los RPBI.
2. Una empresa se encarga de recogerlos ahí y de transportarlos a otra compañía con permiso para destruirlos o a un centro de acopio temporal.
3. Los centros de acopio no pueden almacenarlos por más de 6 meses.
4. Las empresas con permiso para darles destino final pueden utilizar métodos como: incineración, destrucción por medios químicos, esterilización, trituración y confinamiento en celdas especiales para residuos tratados.

https://www.cronica.com.mx/notas-la_estructura_para_el_destino_final_de_desechos_covid_esta_rebasada-1155519-2020

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