Sujetan a juicio a 2 por estafa maestra

REFORMA

Jueces de control de la Ciudad de México vincularon a proceso al ex subsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, y al ex Rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), Juan de Dios Nochebuena, por casos de la “Estafa Maestra”

Orlando Íñiguez Delgadillo, juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, procesó ayer a González Tiburcio por el delito de falsedad en declaración, ya que niega que sea suya la firma de un convenio marco que dio lugar a contratos específicos en los cuales presuntamente se desviaron 185 millones 839 mil 480 pesos.

Ayer el juez fijó un plazo de 3 meses a la Fiscalía General de la República (FGR) para cerrar la investigación complementaria contra González Tiburcio, a quien además le impuso como medidas cautelares acudir cada 15 días a firmar al juzgado y la prohibición de salir del País sin autorización judicial.

En tanto, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, del mismo centro judicial, procesó desde el 28 de diciembre a Juan de Dios Nochebuena por uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad de darle una aplicación distinta a fondos públicos o hacer pagos ilegales con ellos.

En este caso, al ex Rector se le imputa la subcontratación presuntamente ilegal por la misma suma antes referida, de diversos servicios como el diseño de software para automatizar el registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.

El convenio marco que la FGR atribuye haber firmado a González Tiburcio, fue suscrito en enero de 2016 entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la UPFIM, con el propósito de que la secretaría contratara mediante convenios específicos los servicios de la universidad.

Pero la FGR señala que, luego de que la Sedatu contratara a la UPFIM, ésta subcontrató empresas que a su vez destinaron el dinero a compañías cuyos accionistas desconocieron formar parte de ellas o incluso eran “factureras”.

Julio Hernández Barros, abogado del ex subsecretario, precisó vía telefónica que en el caso de su cliente no existe ningún daño patrimonial que reclame la autoridad federal, dado que le imputan haber firmado un convenio general sin contenido económico.

El litigante cuestionó que el ex subsecretario pasara de denunciante a acusado, ya que él fue quien presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu por la falsificación de su firma y ahora la FGR sostiene en un peritaje que esa rúbrica sí es de su persona.

“Si se hubiera quedado callado y no denuncia la falsedad de su firma, no tendría ningún problema; su problema viene cuando denuncia esa falsificación, porque va al OIC antes de que se lleve a cabo cualquier auditoría y dice que no es su firma”, señaló Hernández Barros.

“El OIC sin embargo le da vista a la FGR y no hace lo que tiene que hacer, que es una investigación administrativa, mientras que la FGR tarda un año y medio en resolver la investigación y dice en un dictamen que sí es su firma, lo cual es falso. Mi cliente pasó de denunciante a imputado, de manera muy extraña”.

Agregó que, contrario a lo que afirma la autoridad, en estos contratos del software sí está acreditada la entrega del servicio contratado.

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1596674&v=5

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