Crisis financiera amenaza Universidad Autónoma de Zacatecas

Irma Mejía / Corresponsal 7 EL UNIVERSAL

A dos meses de que concluya el año, se avecina el colapso financiero de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), ya que la asfixian las deudas: con el ISSSTE, por mil 573 millones de pesos, y con el SAT, por 386 millones. Además de un déficit presupuestal por 382 millones de pesos.

La crisis es tan grave que ha impedido el pago de algunas prestaciones contractuales y provocó la reacción de uno de los sindicatos, que ya recurrió al emplazamiento a huelga, que podría estallar el 8 de noviembre y afectar a 5 mil trabajadores y 40 mil alumnos.

La situación es “severamente crítica”, admite el rector Antonio Guzmán Fernández, sobre todo porque a la ministración de noviembre, de 175 millones de pesos, se le recortarán 60 millones; esto implica que en diciembre no se cubra 100% de los aguinaldos, y además se han dejado de pagar las primas de antigüedad de agosto-septiembre-octubre, que ascienden a 95 millones de pesos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el rector que tiene un año en este cargo alerta que otra bomba de tiempo llegará cuando la Secretaría de Hacienda o el ISSSTE ordenen una afectación directa a las participaciones.

Tan sólo de impuestos se deben 256 millones correspondientes a mayo y diciembre 2016, así como todo el ejercicio fiscal 2017. El temor surge porque hace un año el SAT ordenó una retención por 186 millones para cubrir los impuestos de enero a octubre de 2016.

El presupuesto que se requería para sacar los compromisos ordinarios de 2017 superaba los 2 mil millones, pero ante los recortes presupuestales a nivel nacional y local, sólo se autorizaron mil 755 millones 220 mil pesos (79.88% federal y 20.12% estatal).

También como medida, este año el gobierno estatal que encabeza Alejandro Tello aumentó de 5% a 10% el impuesto local que cada año se le aplica a los contribuyentes, para otorgar mayores recursos a la universidad, y hasta el primer semestre la Secretaría de Finanzas reportaba 60 millones de pesos recaudados.

Al cuestionar al rector si existe la posibilidad de que puedan ser embargados por el SAT o ISSSTE, asegura que no es opción, porque los bienes-inmuebles de la UAZ son inembargables: “Sólo queda hacer un llamado de auxilio a todas las fuerzas políticas de la entidad: senadores, gobernador, diputados, para trabajar en una propuesta de rescate”.

Contestan los sindicatos. El Sindicato de Personal Académico de la UAZ instaló formalmente el Comité de Huelga. El martes 17 se realizó el emplazamiento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por violaciones e incumplimientos, por la falta de pago de las prestaciones de seguridad social de 3 mil 500 agremiados. En total la suma reclamada supera los 400 millones de pesos.

Además, la primera toma de la Rectoría ya ocurrió ayer, para reclamar el pago del programa de estímulos, que afecta actualmente a 500 profesores. El plantón se retiró con la promesa de pago para el día 30 de este mes.

Pedro Martínez Arteaga, dirigente sindical del SPAUAZ, considera que el problema de origen son las administraciones rectorales que para completar el pago de nóminas utilizaron las retenciones de los trabajadores.

El líder refiere que en 2014 incluso se presentó una denuncia penal por desvíos de recursos y peculado contra el ex rector Javier Domínguez Garay, y precisó que fue respaldada por un alto número de académicos.

Las últimas dos administraciones rectorales —dice— sólo han empeorado la situación. Culpa principalmente a Domínguez, quien a sabiendas de estar limitados a nuevas plazas, “irresponsablemente contrató casi mil maestros” y abrió campus en municipios “que sólo llevaron al caos financiero”. Sin embargo, también destaca la gestión de Armando Silva (2012-2016), quien contrató a 300 maestros más. Admite que debe velar por las prestaciones de todos los maestros, pero precisa que no dejará de señalar “los graves errores”.

Dentro del acumulado que la Rectoría debe al SPAUAZ, suman 278 millones 762 mil pesos del Impuesto sobre Producto del Trabajo (ISPT), 6 millones que no se pagaron al Fovissste, y 32.3 millones de pesos de cuotas y aportaciones al ISSSTE.

Rafael Rodríguez Espino, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UAZ, dice que la situación con ellos “no es grave”, con un atraso de 15 millones por gratificaciones por jubilación, pero deja en claro que sus agremiados no tienen “prestaciones estratosféricas” como los académicos.

Reprocha que no se agarre “al toro por los cuernos” y se desaparezcan “los privilegios y corrupción” que hay con los docentes. Asegura que unos 500 trabajadores afiliados al SPAUAZ hacen funciones administrativas, pero se reconocen con la plazas académicas, que no les corresponde.

Un caso que se repite. A más de una década, la UAZ vuelve a estar entre la espada y la pared, ya que en 2005 también se debían mil 500 millones de pesos al SAT, ISSSTE y Fovisste, ya que durante 15 años no se habían cubierto salarios y prestaciones.

La Federación accedió a pactar un acuerdo para salvar financieramente a la UAZ y, entre otras cosas, se ofrecieron como pago al ISSSTE varios edificios; a la par se gestionaron recursos extraordinarios y se construyó el Campus Siglo XXI.

Dentro de los compromisos de la UAZ quedaron obtener recursos extraordinarios de bolsas concursables, que se lograrían con programas de calidad, pero estaría limitada a la ampliación de matrículas y plazas. Sin embargo, las administraciones 2008-2012 y 2012-2016 no reportaron seguimiento a dichos compromisos.

En 2013, el ISSSTE comenzó con los requerimientos de las aportaciones obrero-patronales. Para ese año ya era de 600 millones, y la situación llevó al rector Silva a presentar su renuncia, pero el Consejo Universitario no aceptó la dimisión y lo obligó a solventar la situación.

En abril de 2016, se optó por la firma de un addendum al Convenio de Incorporación Total y Voluntaria al Régimen Obligatorio de la Ley del ISSSTE, donde la UAZ reconoció el adeudo histórico y se comprometió a pagar en siete años y ocho meses un total de 100 millones de pesos al año.

A la fecha, la SEP no tiene reconocidas 312 plazas de tiempo completo, 154 de medio tiempo y 27 mil asignaturas horas-semana-mes. Y al mismo tiempo, las pensiones y jubilaciones van en aumento: eran 305 en 2000 y 2017 cerrará con mil 707 pensionados y jubilados que representan un costo de 242 millones.

Medidas emergentes. El rector refiere cuatro medidas extremas. Una fue la suspensión de sobresueldos legales, convenidos con 30 de 90 académicos en el periodo 2007-2010, que habían renunciado al derecho de su jubilación dinámica para recibir únicamente la pensión del ISSSTE.

Fue como vender las jubilaciones —explica— a cambio de un pago inmediato, pero no se tuvo el recurso y erróneamente se les pagaban sobresueldos, mismos que fueron cancelados este año y generaron que el ex rector Domínguez Garay interpusiera una denuncia laboral.

También se obligó a los docentes a cumplir sus horas frente a grupo, se cancelaron 20 contratos de renta, se eliminó la publicidad y se redujeron sueldos y prestaciones extras para funcionarios universitarios.

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