Jorge Suárez-Vélez / REFORMA
Estamos a poco más de un año de las elecciones presidenciales. Con éstas, miles de mexicanos harán su agosto. Según datos de Banco de México e Integralia, en la elección presidencial de 2012 el flujo de dinero en efectivo aumentó 37 mil millones de pesos.
Se desviarán recursos públicos, infinidad de entidades privadas donarán por debajo de la mesa, y seguramente habrá dinero de organizaciones criminales que encontrará el camino para comprar influencia.
La pregunta delicada es qué espera quien paga. En el gobierno de Veracruz, vimos cómo Duarte interpretó su contribución a la campaña presidencial del PRI como una especie de licencia para robar. Los faltantes en el estado se multiplicaron exponencialmente a partir de 2012. Igualmente, las entidades privadas esperan tener acceso a obra pública, a contratos o, en forma más amplia, a la posibilidad de influir en políticas públicas.
La opacidad en el financiamiento de las campañas garantiza que vendrá un sexenio más de corrupción estructural. Como hemos visto, es complicado llamar a rendición de cuentas a quienes otorgaron los recursos para que gane quien podría exigirlas. Eso funciona a todos los niveles, desde municipal hasta federal.
¿Cuántos de los casos omitidos de corrupción flagrante provienen de conflictos de interés similares? Hay casos que no parecen tener otra explicación. Por ejemplo, está el caso de Pemex Fertilizantes. Según Animal Político, esa empresa perdió 7,800 millones de pesos en 2016, la gran mayoría de la pérdida proviene de cargos como depreciación, amortización y obsolescencia de activos. En español, la compra por parte de Pemex de las empresas Fertinal de Fabio Covarrubias y de Agro Nitrogenados de Alonso Ancira parecería ser un fraude en el cual se pagaron once mil millones de pesos por dos empresas que eran poco más que chatarra.
Por ello, se vuelve extraordinariamente sospechoso el silencio alrededor de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, a pesar de que estas operaciones se suman a la acusación en su contra por haber recibido un pago de cinco millones de dólares por parte de un ejecutivo de Odebrecht en noviembre de 2014, a cambio de favores para la constructora brasileña. Entre diciembre de 2012 y febrero de 2016, con Lozoya al frente de Pemex, Odebrecht recibió contratos directos por alrededor de 20 mil millones de pesos.
En la cloaca internacional que abrió la investigación del fiscal Sergio Moro a Petrobras, sólo México y Venezuela no reaccionaron inmediatamente solicitando información para investigar la acusación expuesta. ¿Quién protege a Lozoya? O, más bien, ¿a quién está cubriendo Lozoya? ¿De dónde vinieron las órdenes para compras multimillonarias que bajo ningún criterio tenían sentido?
El costo de las campañas electorales crecerá, conforme éstas estén más reñidas. Y los partidos políticos buscarán hacerse de los recursos necesarios, ignorando topes de ley. Aumenta el riesgo de que haya mayor influencia de “mal” dinero. La ascendente opacidad en el financiamiento de campañas electorales contribuirá a mayor impunidad.
En el Estado de México, el tope oficial de gastos de campaña por candidato en el estado ascendió a 87% del que se estableció para la elección presidencial de 2012. Si éstas son el prólogo de la elección presidencial que se avecina, considerando lo que está en juego en 2018, veremos un desembolso récord que garantizará que la corrupción siga en ascenso. Urge que exijamos transparencia real y que premiemos a candidatos dispuestos a garantizar la absoluta nitidez en el financiamiento de sus campañas.
Si no exigimos ahora, antes de que la contienda empiece, nos tendremos que resignar a que la escandalosa corrupción que vivimos nos asfixie, y a que haya más dinero -bien o mal habido- influyendo en las agendas políticas por venir.
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