Resumen de revistas – 14 de mayo de 2017

 

Proceso Huachicoleros vs Ejército otra guerra que se pierde

El hombre fuerte de Peña fracasa en la defensa de los ductos

Contralínea Centroamericanos, “esclavos” de la zafra en México

Trabajadores agrícolas de la zafra provenientes de Centroamérica son explotados por la industria azucarera del país en condiciones paupérrimas de vida que rayan en el esclavismo, ante la indiferencia, el abandono oficial y la violación sistemática de sus derechos laborales y sociales

Siempre Macron

Es el alivio que esperaba Europa

Vértigo La trama rusa, ecos del Watergate; crisis en la Casa Blanca

El despido del director del FBI se le revierte a Trump

 

Proceso

 

El hombre fuerte de Peña fracasa en la defensa de los ductos

(Jorge Carrasco Araizaga, págs. 6-10)

 

El funcionario de Pemex encargado de cuidar los ductos, el general Eduardo León Trauwitz, dispone de cuantiosos recursos y del apoyo absoluto de la Sedena; por eso llama la atención que en este sexenio haya crecido tanto el delito de robo de combustible en distintos puntos del país, soslayado por años pese a su escandalosa flagrancia. Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación muestra serias anomalías en el manejo del presupuesto y la infraestructura para vigilancia en este rubro, pero el gobierno pretende usar los enfrentamientos con las bandas de huachicoleros para promover la nueva ley que respalde sus funciones de seguridad pública.  

 

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto puso al militar de sus confianzas, Eduardo León Trauwitz, al frente de la seguridad de Pemex. Jefe de escoltas de Peña desde el Estado de México, el ahora general ha tenido grandes beneficios en este sexenio: ascendió de grado militar más pronto que sus contemporáneos, amplió la influencia de su oficina en la empresa pública y obtuvo una fuerza de 2 mil 500 elementos del Ejército y la Marina para su principal tarea, la vigilancia de los ductos de gasolina.

 

Aunque no es el primer jefe castrense a cargo de la seguridad de las instalaciones de Pemex, el general León Trauwitz ha sido el principal encargado de combatir la “ordeña” de combustible, que viene desde el gobierno de Felipe Calderón pero que se ha agravado en el de Peña Nieto.

 

El Ejército ha sido el principal apoyo del general de Infantería para esta tarea. Pero también ha contado con cuantiosos recursos materiales y económicos, incluidos dos aviones que según los legisladores del PAN terminaron destinados al uso de la Presidencia de la República.

 

Además, de acuerdo con el reporte de la cuenta pública de 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), otros aparatos aéreos comprados para el combate del robo de combustible fueron usados por el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sin que se haya comprobado que fue para la “movilidad táctica y estratégica” de funcionarios para la toma de decisiones de “seguridad nacional”, según reportó la reportera Jesusa Cervantes (Proceso 2107).

 

Aunque el nombre del general León Trauwitz ya se había hecho visible a principios del sexenio, ya que el 31 de enero de 2013 una poderosa explosión destruyó tres niveles de la torre B-2 de Pemex, en la Ciudad de México, el cargo del jefe militar surgió de nuevo en medio de las revelaciones de una probable ejecución extrajudicial de un civil a manos de la Policía Militar (PM), durante una confrontación armada con presuntas bandas dedicadas al robo de gasolina, el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla.

 

La PM se ha convertido en la apuesta del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general de división Salvador Cienfuegos, para mantener la participación de los militares en tareas de seguridad pública, a pesar de su escasa experiencia. Por ello, de la mano del Congreso busca reformar la ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para que vayan más allá de las funciones de vigilancia que ahora realizan.

 

Del choque ocurrido en el llamado Triángulo Rojo del robo de gasolina en Puebla, sólo se conocía la versión del Ejército de que efectivos de la PM fueron atacados en dos ocasiones. En la primera, según dijo, con niños y mujeres como escudos humanos. Pero una semana después, el miércoles 10, el periódico Cambio de Puebla dio a conocer un video en el que se ve la ejecución de un civil cuando estaba sometido por los policías castrenses.

 

El general León Trauwitz pertenece al arma de Infantería. Pero sus posiciones más importantes las ha logrado fuera de la Sedena, al lado de Peña Nieto. Comandante de tropa en sólo dos ocasiones y asesor de mando en dos zonas militares y en una región militar, es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) de la Secretaría de Marina.

 

Su carrera militar dio un giro cuando logró integrarse al Estado Mayor Presidencial (EMP) como coordinador de seguridad presidencial cuando Vicente Fox llegó a Los Pinos. Con Felipe Calderón estuvo a cargo de la seguridad de los jefes de Estado y de Gobierno visitantes hasta que en 2010 pidió licencia al Ejército para irse al Estado de México a cuidar al entonces gobernador Enrique Peña Nieto, a quien después también resguardó durante la campaña presidencial.

 

Como escolta del entonces gobernador, cobró en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado, según su propia declaración de servidor público ante la Secretaría de la Función Pública, en la que sin embargo evitó dar a conocer su patrimonio.

 

Cuando Peña ganó la República de la República promovió a León Trauwitz, que apenas tenía dos años como coronel, a general brigadier. El nombramiento, que recibió en noviembre de 2012 con el aval del mandatario saliente Felipe Calderón, generó molestia en varios mandos militares, ya que no cumplía con los cuatro años requeridos para el ascenso.

 

Además, Peña lo colocó al frente de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex, cargo que a un año de haber llegado transformó y elevó a Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE), responsable de la vigilancia, supervisión y la seguridad física de las instalaciones de la ahora denominada empresa productiva del Estado.

 

Desde ahí, ha tenido el control de cuantiosos recursos para enfrentar a los llamados huachicoleros, dedicados al robo de gasolina en la red de ductos de Pemex.

 

De acuerdo con una entrevista publicada por en el número 488 de la revista Armas, del bimestre marzo-abril del año pasado, para esa tarea siempre ha tenido el apoyo de militares: “El espíritu de esta subdirección a mi cargo es recibir persona militar que se haya retirado dignamente, ya sea del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada de México, o personal que haya causado bja también de las Fuerzas Armadas”.

 

Explicó: “Hoy tenemos desplegados permanentemente más de 2 mil 500 elementos de las Fuerzas Armadas y de Pemex a lo largo de 60 kilómetros de ductos, quienes se encuentran permanentemente combatiendo este ilícito”, que según sus propias estimaciones pasó de 19 mil millones de pesos a 30 mil millones al año.

 

Una vez más, la estrategia equivocada

(Gabriela Hernández, págs. 11-13)

 

Los huachicoleros crecieron como nunca en Puebla bajo el gobierno de Rafael Moreno Valle, quien dejó el poder en febrero último. Analistas y legisladores señalan que las omisiones y fracasos del panista en materia de seguridad fueron aprovechadas por los delincuentes, que ahora tienen presencia en 20 municipios de la entidad y la semana pasada demostraron su poder de fuego al causarle cuatro bajas al Ejército durante un tiroteo en Palmarito. Sin embargo, la estrategia federal de enviar más de 2 mil soldados a combatir a los ordeñadores de ductos, dicen las mismas fuentes, es totalmente equivocada.

 

Palmarito Tochapan, Pue.-  El enfrentamiento de huachicoleros con tropas del Ejército la noche del 3 y la madrugada del jueves 4 en esta localidad puso en entredicho la actuación de la milicia en el combate al crimen organizado. Tras la refriega, en la que murieron cuatro militares y seis civiles, el presidente Enrique Peña Nieto envió más de 2 mil soldados a la zona conocida como Triángulo Rojo, la de mayor incidencia en el robo de combustibles en el país.

 

La guerra contra los llamados chupaductos apenas comienza y ya dio visos de que puede resultar fallida y violatoria de los derechos humanos, como ocurrió en el caso de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. En aquella ocasión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) perpetraron ejecuciones extrajudiciales, como ahora en Palmarito, según los videos difundidos días después del enfrentamiento.

 

Las cámaras que presuntamente colocaron los delincuentes registraron todo. En las imágenes se observa cuando un soldado dispara contra un civil que ya había sido sometido; también registra el momento en que los militares recogen algunos casquillos para alterar la escena del crimen y se llevan los dos artefactos que grabaron el tiroteo.

 

La Sedena pidió que se revise el material, de más de dos horas de duración, para comprobar su autenticidad, y en el cual también se ve cuando un sujeto abre fuego contra los soldados y abate a uno de ellos. Hasta el cierre de edición no había ningún elemento que sustentara la versión oficial de que las bajas de civiles se debieron a que los huachicoleros usaron a mujeres y niños como “escudos humanos”.

 

Testimonios de los lugareños sostienen que los soldados iban tras los huachicoleros y, al llegar al poblado, arremetieron contra las personas que encontraron a su paso. Entre los caídos, dicen, había un ama de casa, un agricultor y un menor; además, aseguran, se llevaron a dos niños, uno de ocho años y otro de 13.

 

A la entrada de Palmarito, en la barda de la iglesia y en la fachada de la Presidencia Auxiliar los pobladores colocaron decenas de mantas en las que exponen sus quejas. “Queremos paz por el bien de los niños. Soldados, no maten a gente inocente”, dice una.

 

Otra alude a los huachicoleros, quienes, según los pobladores, intervinieron para defenderlos del ataque militar: “El pueblo respalda a quien defendió a nuestras mujeres y niños”, se lee en la manta.

 

Habitantes de la localidad refieren que en los últimos días sus casas han sido cateadas sin orden judicial y algunos soldados incluso han encañonado a varios menores y tratan a todos los pobladores como delincuentes.

 

Varios de ellos acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a presentar su queja. El ómbudsman nacional les otorgó medidas cautelares, por lo que la Policía Militar ya no podrá ingresar a Palmarito Tochapan, señalado como uno de los principales bastiones del huachicoleo.

 

Un nuevo modo de vida

De acuerdo con las autoridades estatales, se tienen ubicadas varias bandas que controlan el llamado Triángulo Rojo y se asientan en Palmarito, Palmar de Bravo, Esperanza y Yehualtepec.

 

Uno de los grupos, indican, es comandado por Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas, presunto operador de Los Zetas en Puebla, Veracruz y Tlaxcala; los cabecillas de las otras bandas son Antonio Martínez Fuentes, El Toñín; Gustavo Jiménez Martínez, La Vieja, y Ruselbi Vargas Hernández, El Ruso.

 

Los integrantes de estos grupos portan armas de grueso calibre, como rifles AK47 y R15, por lo que tienen una alta capacidad de fuego, como quedó demostrado en el enfrentamiento con tropas de la Sedena en Palmarito, a las que les causaron cuatro bajas.

 

Los alcaldes de la región advierten que la problemática es más compleja, pues en algunas comunidades el robo de gasolina lo realizan varias familias, quienes cuentan con cisternas y tinacos para almacenarla.

 

Eso quedó demostrado el 4 de enero último, cuando cuatro integrantes de una familia murieron en Tlacotepec de Juárez intoxicados por los gases emanados de la cisterna de su domicilio, donde guardaban 10 mil litros de huachicol.

 

La delegada de la Secretaría de Gobernación en Puebla, Isabel Allende, señala que en numerosas comunidades de la entidad el robo a Pemex ya no es visto como un delito, sino como una “oportunidad” o “modo de vida”.

 

Cuenta que muchos de los vehículos detenidos por la Gendarmería por transportar bidones con hidrocarburo robado llevan a bordo al padre, su  esposa y sus hijos.

 

También, dice, algunos habitantes son cooptados por los delincuentes mediante fiestas o regalos de electrodomésticos; otros simplemente se quedan callados para no enfrentar a los huachicoleros, quienes son sus vecinos, amigos o familiares.

 

A mediados de marzo último, el gobernador Antonio Gali Fayad presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) relacionada con 12 menores que, según comprobaron las autoridades, fueron contratados como halcones por los ladrones de combustible, quienes les pagaban hasta 12 mil pesos mensuales.

 

Según datos de Pemex, en los dos últimos años tuvieron pérdidas de más de 7 millones de pesos al día por la ordeña de ductos. De esa cantidad, el 26% –poco más de 2 millones–, es por el combustible que se extrae de los ductos de la paraestatal ubicados en Puebla.

 

Al principio, los huachicoleros sólo operaban en seis municipios, pero en los últimos meses ampliaron sus actividades a 20, entre ellos Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco, Palmar de Bravo, Tlacotepec, Esperanza, Amozoc, Xoxtla, Tochtepec, San Matías Tlacanaleca, San Martín Texmelucan y otros del sur de la capital poblana.

 

El pasado martes 2, la banda identificada como Los Macacos, ligada al robo de hidrocarburos, asaltó a una familia de Quecholac que viajaba por la autopista Puebla-México, a la altura de San Martín Texmelucan. Los delincuentes asesinaron a un niño de dos años y violaron a su hermana de 14 años y a su madre.

 

Estrategia equivocada

Carlos Figueroa Ibarra, sociólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, advierte que la decisión del Ejecutivo de enviar a Puebla más de 2 mil efectivos del Ejército para combatir a los huachicoleros está condenada al fracaso, como ocurrió con la guerra emprendida por el presidente Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto.

 

Existe el riesgo de que la violencia se generalice y los militares cometan violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en Palmarito, dice Figueroa, quien es secretario nacional de Derechos Humanos del partido Morena.

 

Puntualiza: Mandar esa cantidad de soldados a la zona “es insistir nuevamente en la guerra; ya vimos que la opción bélica para erradicar a las bandas criminales es ineficiente. Es una visión punitiva del patrón de la delincuencia en lugar de tener una visión integral para combatirla. Eso ha quedado comprobado en los últimos 10 años en México y en otros países de América Latina”.

 

En el caso del huachicol, opina que, para combatir el delito, se requiere no sólo el uso de la fuerza, sino observar las necesidades insatisfechas de empleo, servicios y justicia social. Si no se atiende eso, es probable que los pobladores se conviertan en aliados de los criminales.

 

Crisis de seguridad

La exdiputada Luna Porquillo sostiene que el asunto del huachicol en Puebla se disparó en el sexenio del panista Rafael Moreno Valle. Dice que éste actuó con dureza en contra del movimiento social, usando incluso equipos de espionaje para perseguir a activistas, políticos y periodistas, pero no hizo nada para detener a los criminales que destruyeron el tejido social de muchas comunidades poblanas.

 

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, se expresó de manera similar: “No se debió llegar a esto; se debió solucionar a tiempo”.

 

Marcos Mazatle, integrante del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano, asegura que la crisis de seguridad que vive Puebla a causa de los huachicoleros tiene responsables, pero que nadie los está investigando.

 

El observatorio pide que se investigue a Facundo Rosas Rosas, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la gestión de Moreno Valle.

 

En julio de 2015, dos mandos policiacos cercanos a Rosas, el director general de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y el encargado del Grupo de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, fueron detenidos cuando custodiaban vehículos con hidrocarburos robados.

 

Eso le costó el puesto a Rosas, quien fue despedido por Moreno Valle en medio de elogios. Nunca se le investigó. Todavía peor, la estructura que armó Rosas en la SSP permaneció intacta, dice Mazatle.

 

Hoy, la ordeña de ductos en Puebla es una próspera industria de la cual depende toda una región; incluso ya tiene su propia cultura, sus canciones y hasta su santo.

 

La senadora perredista Dolores Padierna también pide que se abra una investigación para saber si los recursos procedentes del robo de combustible han servido para financiar la campaña de Moreno Valle, quien busca ser candidato del PAN a la Presidencia.

 

Guanajuato, otro paraíso huachicolero

(Verónica Espinosa, págs. 13-16)

 

De acuerdo con Pemex, cada día en el país son robados 23 mil 500 barriles de hidrocarburos, que se traducen en 21 mil millones de pesos para el crimen organizado. Cuatro de cada 10 tomas clandestinas están en Puebla y en Guanajuato, particularmente en la ciudad de Irapuato. El procurador de esa entidad del Bajío sostiene que ahí se observa la complicidad de algunos trabajadores de la refinería de Salamanca. Aun cuando en Irapuato se ubica la sede de la XII Zona Militar, el Ejército destacado en ella se declara incompetente para frenar la ordeña de ductos.

 

Irapuato, Gto.- En este municipio se ha detectado el mayor número de tomas ilícitas –75– para el robo de hidrocarburos en Guanajuato este año, en lo que parece un desafío abierto de los grupos delictivos dedicados a esa actividad, puesto que aquí está la sede de la XII Zona Militar.

 

A pocos kilómetros de aquí, entre Salamanca y Celaya, está la zona de operación de José Antonio Yepes de la Cruz, El Marro, considerado objetivo prioritario en Guanajuato por sus actividades de robo y trasiego de combustible; se estima que cada mes roba un millón y medio de litros de combustible por cada toma ilegal.

 

El Marro fue señalado el viernes 5 por el general Arturo Velázquez Bravo, comandante de la XII Zona Militar, en una entrevista colectiva que dio a medios locales; lo calificó como la cabeza de un grupo que ha contribuido decisivamente a que las cifras relacionadas con la extracción se hayan disparado en la entidad a partir del 2014, cuando se tenía un registro menor a 20 tomas clandestinas, que pasaron a ser más de mil apenas dos años después.

 

El militar incluso afirmó que la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato tiene detectadas más de cien propiedades a nombre de Yepes.

 

Velázquez dejó entrever algo que posteriormente, en entrevista con Proceso, el procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, asume sin reparos: la corrupción, la complicidad de algunos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) con los grupos delictivos –en este caso específico, desde la refinería de Salamanca– y la falta de vigilancia, control y acatamiento de los propios protocolos de la paraestatal para detectar la extracción ilegal, inhabilitar las tomas clandestinas e impedir el saqueo.

 

Información de la Comisión Nacional de Seguridad, proporcionada por la Procuraduría estatal, ofrece datos de las operaciones de compraventa de hidrocarburos robados en territorio de Guanajuato, entidad que ocupa uno de los primeros sitios en cuanto a ese delito: poco más de 3 millones de litros de combustible recuperado de enero de 2016 a la fecha; 523 tomas clandestinas localizadas y 613 detenidos que han sido puestos a disposición de las instancias federales.

 

Extraoficialmente se supo la Procuraduría General de la República (PGR) ha abierto más de dos mil procesos por extracción y posesión ilícita de hidrocarburos, varios de éstos con personas detenidas, en el estado.

 

Pipas “hechizas” que son adaptadas dentro de tractocamiones de tres ejes o en camiones de redilas, son los vehículos comúnmente asegurados en las carreteras federales y estatales con gasolina o diésel robado en Guanajuato, lo mismo que gasolineras concesionadas que se abastecen, a plena luz del día, con hidrocarburo robado, como ocurrió recientemente en Juventino Rosas.

 

Proceso solicitó los datos respectivos a la Zona Militar y a la Policía Federal, pero no tuvo respuesta. La magnitud del daño a la economía nacional es difícil de medir sin saber cuál es la mella específica a la producción de Pemex.

 

A la vista, los negocios de ordeña en Veracruz

(Noé Zavaleta, págs. 14-15)

 

Xalapa, Ver.- Las autoridades estatales y municipales se muestran sigilosas en lo concerniente a las bandas de huachicoleros que operan en la entidad, aun cuando los expendios clandestinos de venta del combustible extraído de los ductos de Pemex proliferan en las orillas de las carreteras federales que atraviesan la entidad.

 

Es común observar vehículos con garrafones llenos de gasolina en Jesús Carranza, San Juan Evangelista, Acayucan, Minatitlán, en el sur de Veracruz; lo mismo sucede en Tierra Blanca, Tres Valles y Cosamaloapan, en la Cuenca del Papaloapan, y en la región de Los Tuxtlas.

 

En ese negocio participan lo mismo senectos que amas de casa, adolescentes y menores, quienes no se inmutan cuando circulan por la zona  patrullas de la Fuerza Civil y de la Policía Federal.

 

“Aquí sólo se montan los expendios –dice al reportero Ramiro “N”, uno de los huachicoleros que opera cerca de Venustiano Carranza, donde en diciembre pasado fueron abatidos 20 presuntos vendedores de combustible–. No se pregunta de dónde viene la gasolina; sólo hay que darle ‘su mordida’ a los policías locales o federales para que nos dejen trabajar… El combustible es más barato. La gente viene y compra. Así de simple.”

 

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Jaime Téllez Marie, se queja de la pasividad de Pemex para atacar a las bandas que extraen el combustible de sus ductos. Aun así, en el primer cuatrimestre del año se recuperaron 800 mil litros, declaró el jueves 11 en Coatzacoalcos.

 

Según el funcionario, el robo de hidrocarburos ocurre principalmente en tres zonas de Veracruz: las inmediaciones de Córdoba-Orizaba (Omealca, Cuitláhuac, Tezonapa y Cuichapa), que colindan con el llamado Triángulo Rojo de Puebla; la zona de Tierra Blanca y la Cuenca del Papaloapan, y el sur del estado.

 

Los ductos de la violencia

Fuentes locales comentan que detrás de los huachicoleros –algunos de los cuales pertenecen a los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Los Zetas– hay una industria de secuestros, levantones, robo de vehículos, ejecuciones, despojo de tierras y desplazamiento de campesinos, sobre todo en la ruta de ductos de Pemex que llevan de Minatitlán a la Ciudad de México.

 

“En esa ruta proliferan los ranchos donde se almacena la gasolina robada. Lo mismo en Hueyapán de Ocampo que en Chinameca, Soteapan y Coatzacoalcos. En ese entorno hay muchos desaparecidos y ejecutados”, comenta una de las fuentes, que pide el anonimato.

 

Añade: La violencia se exacerba cuando las bandas criminales se “depuran”, y todo sucede con la complicidad policiaca.

 

Si bien la “ordeña” de ductos es una de las principales fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada y afecta a la entidad desde hace varios años, el gobierno de Javier Duarte –preso en Guatemala acusado de delincuencia organizada, peculado y desvío de recursos, entre otros delitos– nunca la combatió.

 

Un guion de la Sedena en el que ya nadie cree

(Gloria Leticia Díaz, págs. 17-21)

 

Activistas proderechos humanos aseguran a Proceso que los videos del enfrentamiento entre militares y huachicoleros en Palmarito, Puebla, la semana antepasada, sólo evidencian la barbarie con la que actúa el personal castrense. Parece que se apegan a un guion: primero atacan, luego alteran el escenario y difunden su versión oficial. Sólo que en éste, como en los últimos casos, los videos grabados los delatan. ¿Qué falta para que la Corte Penal Internacional voltee los ojos hacia la tragedia humanitaria mexicana?, se pregunta uno de los activistas entrevistados.

 

Uso indebido de la fuerza, ejecuciones arbitrarias de civiles rendidos o indefensos, alteración de evidencias y ocultamiento de pruebas, todo ello seguido de una estrategia mediática para distorsionar los hechos y criminalizar a las víctimas, pero sobre todo para deslindar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de las graves violaciones a derechos humanos, forman parte del patrón aplicado paso a paso en Palmarito Tochapan, Puebla, la noche del miércoles 3 de mayo.

 

Consultados por separado, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL); Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), analizan la videograbaciones sobre la incursión militar en el poblado de Palmarito Tochapan.

 

También hacen una revisión de los comunicados emitidos por la Sedena con relación al enfrentamiento con los huachicoleros, en el que cayeron cuatro militares y seis civiles, y la forma como fueron evolucionando. La comparación con los casos que han defendido, algunos de los cuales merecieron recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es inevitable.

 

La primera reacción castrense fue la del comandante de la Sexta Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez, quien durante los funerales de los soldados caídos habló de un “cobarde y vil ataque realizado por miembros de la delincuencia organizada al utilizar mujeres y niños como escudo”.

 

Cuando se divulgaron los videos en las redes sociales, la Sedena emitió un comunicado en el que cuestionó su autenticidad y emplazó a la  Procuraduría General de la República (PGR) a verificarla una vez que intervino en el caso, ocho días después del enfrentamiento.

 

Hasta el viernes 12, la estrategia oficial consistió en difundir versiones atribuidas a mandos castrenses anónimos en el diario Reforma, según las cuales la ejecución extrajudicial de un civil por parte de un soldado “fue de motu proprio y no derivado de una orden superior”. La justificación fue que las tropas actuaron así porque estaban “bajo estrés”.

 

La controversia

Defensor a ultranza de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto declaró el jueves 11 con respecto a los videos: “No tengo nada que declarar. Habrá que hacerse la investigación correspondiente. Y eso es lo que ya ha señalado abiertamente la PGR y la propia Defensa Nacional”.

 

Los activistas de derechos humanos coinciden en que las tropas desplegadas en Palmarito, así como los mandos de la Sedena, actúan como si siguieran un guion, el mismo que han seguido en ocasiones anteriores y que las organizaciones civiles tienen plenamente identificado.

 

Aguirre Espinosa advierte: en los videos se observa “de manera muy gráfica la filmación en tiempo real del momento en que elementos del Ejército cometen una ejecución arbitraria”, pero también “un homicidio alevoso en contra de un elemento del Ejército que merece toda nuestra condena, todo nuestro rechazo y que debe ser también ser investigado”.

 

Apunta que los videos de Puebla se sumarían a otro divulgado de forma profusa sobre la tortura a una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en el que participaron militares y policías federales.

 

“Parecería que es a través de estos videos, y no de investigaciones serias por parte de las procuradurías, como la sociedad mexicana está conociendo los alcances de las graves violaciones a derechos humanos que cometen las Fuerzas Armadas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico”, lamenta el abogado del Centro Prodh, organización que representó a una de las sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya, Estado de México, en la que fallecieron 22 personas, de las cuales entre 12 y 15 fueron ejecutadas por elementos del 102 Batallón de Infantería de la Sedena, de acuerdo con la recomendación 51/2014 del ómbudsman nacional.

 

Según Aguirre, entre las similitudes que se advierten entre el caso Tlatlaya y el de Palmarito está el hecho de que en ambos hubo enfrentamientos previos y el sometimiento de civiles antes de que los militares procedieran a las ejecuciones arbitrarias y a las acciones encaminadas a ocultar los hechos.

 

El abogado resalta que si bien en el caso de Tlatlaya la falsedad de la versión oficial fue puesta en evidencia por la intervención de periodistas, que dieron voz a las víctimas sobrevivientes, lo cierto es que ello no significó el esclarecimiento del caso, pese a que el Centro Prodh documentó que los militares que actuaron tenían la instrucción de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

 

El caso sigue impune, dice Aguirre. Y recuerda: “Hay una acusación por parte de la PGR, que tuvo sus limitaciones porque sólo formalizó cargos contra siete efectivos por el homicidio de ocho personas, lo que fue suficiente para que un juez dictara auto de formal prisión contra los presuntos implicados”.

 

El caso Palmarito divide a los senadores

(Jenaro Villamil, págs. 18-19)

 

Un día después que se divulgó el video de la ejecución de un civil a manos de militares en la localidad de Palmarito, Puebla, el presidente del Senado, Pablo Escudero, afirmó que la Ley de Seguridad Interior se dictaminará en la Cámara alta y no en San Lázaro porque, enfatizó, es “urgente” que México cuente con una ley que permita el retorno de los militares a sus cuarteles.

 

El legislador del Partido Verde dijo también que envió oficios a las comisiones dictaminadoras y a la Junta de Coordinación Política del Senado para que se reúnan “a la brevedad” y tracen el calendario de trabajo; es decir,  que convoquen a un periodo extraordinario para dictaminar las iniciativas de los senadores Roberto Gil Zuarth, del PAN, y Miguel Barbosa Huerta, del Bloque Parlamentario PT-Morena.

 

Escudero no mencionó la del senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del PT-Morena, quien presentó la suya el 17 de marzo pasado, y se opone a la intención de regularizar la función de militares y marinos como policías estatales y municipales.

 

Entrevistado en su oficina del Senado, Bartlett descalificó el llamado de Escudero porque, dice, “él no puede arrebatarle la función de cámara de origen a la de Diputados y ésta no ha dictaminado esta ley por distintas razones, entre ellas, porque existe una oposición muy fuerte dentro y fuera del país”.

 

“El senador Escudero está en un estado de emergencia febril”, sentencia Bartlett, quien considera que la urgencia de su compañero se debe al escándalo ocasionado por los videos de la ejecución en Palmarito, Puebla, durante el operativo del miércoles 3 para detener a traficantes de combustible robado a Pemex.

 

Y abunda: “Palmarito es una demostración fehaciente de que ni el Ejército ni la Marina pueden ser los policías. Es mentira que estemos en contra del Ejército. Al contrario, lo que acaba de suceder nos indica que hay que proteger al Ejército y no puede estar más en funciones de policía”, abunda el senador petista.

 

“Es una falacia este argumento de que no podemos enfrentar a los ladrones de combustible sin el ejército. Se tiene que hacer con las policías. Por supuesto que es una responsabilidad de los gobernadores, pero también del presidente de la República. Regresar al ejército a los cuarteles es una decisión del presidente de la República, no se necesita de ninguna ley para eso.”

 

Gobernador de Puebla durante la administración de Ernesto Zedillo, Bartlett también subraya que el crecimiento de los huachicoleros y el robo de combustible en Puebla, de la que es oriundo, “fue un problema que dejó crecer el gobierno de Rafael Moreno Valle”.

 

Y agrega: “Como poblano te puedo decir que es un problema que dejaron crecer. Es un asunto político. Cuando fui gobernador de Puebla no existía este problema. Un gobernador debe saber lo que pasa en su estado y debe solucionarlo. Lo que ha ocurrido es el síntoma de un total desgobierno”.

 

“El gobierno va a querer fregárselo”

(José Gil Olmos, págs. 22-23)

 

Fuera de la cárcel, luego de tres años de reclusión, José Manuel Mireles anunció que seguirá luchando por liberar a Michoacán del yugo del crimen organizado, aunque ahora lo hará sin armas. Su hija Briana, en entrevista con Proceso, pinta un cuadro desolador de Tepalcatepec, la tierra del cirujano recién liberado, donde la vida de su padre estaría en riesgo por la amenaza permanente de las bandas criminales, pero, sobre todo, dice ella, por la animadversión que tiene el gobierno hacia el hombre que organizó las autodefensas en su estado.

 

El viernes 12, una vez que José Manuel Mireles Valverde salió del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, en Tepic, Nayarit, el exjefe de las autodefensas armadas anunció que mantendrá su lucha, pero de manera pacífica.

 

En declaraciones que se difundieron el mismo día de su salida, Mireles precisó que estuvo preso por decir lo que pensaba, no por hacer las cosas que decía, y anunció que su lucha tendrá que continuar, pero sin armas:

 

“Si duré en una guerra dos años buscando justicia, yo la voy a seguir buscando toda mi vida, donde quiera que me encuentre, en el nivel que me encuentre, porque de qué nos sirve tener libertad con un mal gobierno o de qué nos sirve tener un buen gobierno que no tiene autoridad o, lo que es peor, de qué nos sirve tanta autoridad si no hay justicia.”

 

No obstante, el exjefe de las autodefensas michoacanas precisó que ya no será por la vía armada, como lo hizo esos dos años en los cuales comandó a las autodefensas, que en su mejor momento llegaron a estar integradas por 10 mil personas armadas en las zonas de Tierra Caliente, Purépecha y Costa.

 

Los peligros

Briana Mireles es la que más vio a su padre desde que fue detenido el 27 de junio de 2014, acusado de portación de armas y posesión de drogas.

 

En estos tres años la hija de Mireles incluso radicó un año en Sonora para estar cerca de su padre, encarcelado primero en ese estado, y cuidar la salud del cirujano. A últimas fechas siguió visitándolo en el Cefereso de Tepic; la última vez, dos semanas antes de su liberación bajo palabra.

 

Briana dice en entrevista que durante tres años le negaron a su padre la libertad y que ésta sólo se logró una vez que un grupo de michoacanos radicados en Estados Unidos envió una carta de denuncia a la ONU y una demanda al juez quinto de distrito radicado en Uruapan, exigiendo justicia para el doctor Mireles y los demás autodefensas presos.

 

–¿Corre peligro la vida de su padre si regresa a Tepalcatepec?

 

–Cada quien conoce lo que tiene en su casa y mi papá es necio, quiere regresar al pueblo.

 

Mil veces le dije: ‘Prefiero tenerte encerrado y venir a verte cada mes, que ir a llevarte flores’.

 

–¿Usted ve que la situación es tan peligrosa en Tepalcatepec?

 

–Sí. En toda la zona hay mucho peligro, no sólo en Tepalcatepec. Hay guerra entre los mismos cárteles. Los Viagras, que una vez fueron autodefensas, están peleando contra otros que también fueron autodefensas. Ellos pueden involucrar a mi papá. Yo digo que no sería conveniente que fuera a Tepalcatepec, pero él sabrá…

 

–¿Habló en algún momento con su papá de que regresara a Tepalcatepec?

 

–Sí, hace 15 días que lo vi hablé con él, pero es muy terco y dijo que quería regresar a Tepalcatepec. Le dije que, por mí, lo dejaba (encerrado) uno o dos años, no por ser una mala hija o querer algo malo para él… pero no es lo mismo estar afuera de la cárcel que estar adentro.

 

Recuerda que en una de las últimas visitas a la cárcel de Nayarit, su padre le dijo que quería seguir la lucha, pero sin armas.

 

“Ahorita hay una lucha bajo el agua en la que todos debemos participar. En Tepalcatepec hay muchas enfermedades, hay niñas con 12 o 13 años con sida, hay un registro de papiloma muy grande en niñas de menos de 15 años. Entonces lo que mi papá me dijo es que quería luchar para mejorar las condiciones de salud del pueblo, la necesidad de cultura; porque la cultura que se maneja entre los jóvenes en el pueblo es la de drogarse y traer armas. Lo que quiere mi padre es meter cines y otras formas de diversión. Entonces me dijo que su lucha era cambiar esa cultura”.

 

Briana Mireles viven en Tepalcatepec y sabe lo que sucede en ese pueblo, del cual surgieron las autodefensas el 24 de febrero de 2013 para terminar con la violencia y el sojuzgamiento al que los tenían sometidos los Caballeros Templarios. “¿Para que sirvió la lucha si la cosa está peor que antes?”, dice Briana y pone como ejemplo los secuestros que siguen presentándose y las extorsiones en los comercios, principalmente donde se venden los alimentos básicos.

 

“En los últimos seis meses ha habido reportes de que llega gente a tomar fotos a los niños cuando salen de la escuela. Hace unos meses hubo el caso de un niño que se lo querían llevar, le pusieron un paño en la nariz pero alcanzó a gritar, salió toda la gente y dejaron al niño desmayado a media calle. Lo iban a secuestrar. Ese caso es del que supimos, pero hay muchos secuestros, robos y otras cosas que no se han denunciado. Se necesita dar seguridad al pueblo, porque las autoridades que están ahorita están robando de manera descarada.”

 

–La situación de antes, cuando estaban los Caballeros Templarios, en comparación con la actual, ¿es peor?

 

–Para mí está peor. Antes el kilo de carne estaba a 90 pesos. Cuando estaban los Caballeros Templarios subió a 120 pesos y ahorita está a 150. Entonces uno se pregunta: ¿la lucha para qué fue? No hay ninguna mejoría, los garrafones de agua se compraban a ocho pesos y ahora están en 13.

 

–¿Cree que para el gobierno su papá pueda resultar un peligro o una amenaza?

 

–Sí. El gobierno va a querer fregárselo, el gobierno es el primer enemigo de mi papá. En la zona, a las autodefensas que eran gente que estaba con mi papá, los mataron las autoridades. Eso está muy peligroso. Actualmente siguen abusos de las policías, por eso se hicieron los cárteles, por los abusos de los policías; los cárteles se hicieron por los niños a quienes les mataron a sus papás, a los que violaron a sus mamás y sus hermanas. Luego se hicieron autodefensas dizque para defender a la gente, pero después se portaron igual.

 

“Ahorita ya no hay para dónde irse. Todo el mundo necesita ser autodefensa para proteger sus propias casas. Por eso está complicado que se venga mi papá, porque no se puede confiar en nadie.”

 

El estado consentido de Pemex

(Jesusa Cervantes, págs. 24-27)

 

Sin tener instalaciones petroleras, desde 2013 el Estado de México se ha visto beneficiado con grandes cantidades –más de 500 millones de pesos hasta la fecha– del dinero que Pemex destina a minimizar el impacto ambiental y económico que sus actividades ocasionan en numerosas entidades del país. En efecto, el Edomex no padece los estragos ambientales de la industria extractiva de los hidrocarburos, pero ahí habrá elecciones este año.

 

Alejada de actos de fiscalización administrativa y asumiendo un papel de benefactora, la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con una caja chica mediante la cual distribuye de manera discrecional recursos a los 32 gobiernos estatales, el más afortunado de los cuales es, curiosamente, el Estado de México, donde habrá elecciones el próximo domingo 4 de junio.

 

Aun cuando esa entidad no alberga instalaciones petroleras, ha recibido de la paraestatal 521 millones 144 mil 507 pesos en los últimos cuatro años bajo el rubro de “Donativos y Donaciones”.

 

La mayor entrega la recibió durante el primer año de la presidencia de Enrique Peña Nieto, originario de ese estado y donde el PRI y los gobiernos federal y estatal, preocupados por la debilidad de su candidato, han echado mano de todas las estratagemas a su alcance para ganar la elección y apuntalarse así en la carrera por la Presidencia de la República para 2018.

 

En 2013 el Edomex contó con 217 millones 942 mil 572 pesos, la mayor donación para una entidad no petrolera; en 2014, cuando el precio del crudo estaba a la alza, obtuvo de Pemex 225 millones 627 mil 195 pesos. El resto de los recursos para llegar a los más de 521 millones de pesos los obtuvo en 2015, 2016 y el primer trimestre del año en curso.

 

El programa Donativos y Donaciones es manejado por la Gerencia de Desarrollo Social que, según su página web, busca fortalecer el vínculo con las comunidades para minimizar “el riesgo en la operación, derivado de conflictos sociales”. Aunque en realidad tales “conflictos sociales” se derivarían de las actividades de Pemex, que no se realizan en el Edomex sino en otras 12 entidades: Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

 

Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede revisar “cuando lo considere conveniente” el destino final de los recursos, Pemex se limita a recibir fotografías de las obras para las cuales se solicitaron recursos y, según su página web, da seguimiento al uso de los recursos o notifica si se recibió o no el “informe de comprobación” de parte de la entidad beneficiada.

 

De acuerdo con la ley y con el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, corresponde al Consejo de Administración aprobar “los criterios y lineamientos” para la entrega de donativos y donaciones, y al director en turno, autorizar los pagos.

 

De Pemex para el Teletón

Para entregar los donativos y donaciones a los estados, Pemex fijó indicadores que “permiten determinar la asignación y distribución de los recursos”: se trata de “producción petrolera, instalaciones petroleras, inversión, número de trabajadores petroleros, pasivos ambientales, población en municipios impactados y el índice de marginación”.

 

Al no ser el Estado de México una entidad petrolera, no reúne los requisitos, como no sea el último; pese a ello, Pemex le ha entregado cientos de millones en especie y tan sólo en 2016 le dio 4 millones de pesos en efectivo, los cuales no tienen nada que ver con actividades petroleras.

 

Se trata de 4 millones que se le entregaron al gobierno del priista Eruviel Ávila y que éste a su vez dio a la Fundación Teletón, según se establece en el reporte 2016 de Pemex, el cual señala como fin específico: “Apoyar los programas de la Fundación de Rehabilitación Infantil Teletón, A.C., para niños, niñas y adolescentes de escasos recursos con discapacidad”.

 

Además de entregarle ese 2016 la cantidad de 1 millón 600 mil litros de combustible –que en dinero fueron 19 millones 985 mil 194 pesos–, ese año fue el de más bajo reparto para los demás estados, incluyendo los petroleros, debido a la baja del precio del crudo.

 

En 2013 el Edomex recibió 217 millones 942 mil 572 pesos divididos así: 6 mil 220 toneladas de asfalto, con valor de 56 millones 661 mil 870 pesos, y 15 millones 288 mil 213 litros de gasolina, con valor de 161 millones 280 mil 702 pesos.

 

En 2014 se le dieron en efectivo 15 millones 500 mil pesos que, según el reporte de Pemex, fueron para el municipio de Ixtapaluca en apoyo a sus obras de infraestructura y equipamiento urbano. Además, 36 millones 303 mil 989 pesos en asfalto y 173 millones 823 mil 206 pesos en gasolina.

 

Pero también es cierto que no todos los años fueron buenos para el Edomex. En 2015 apenas obtuvo 27 millones 618 mil 247 pesos. En cambio, la Ciudad de México recibió ese año 47 millones 957 mil 520; la mayor parte –47 millones 600 mil– en efectivo.

 

Con Del Mazo, el conservadurismo religioso

(Rodrigo Vera, págs. 28-31)

Las organizaciones de laicos de las iglesias evangélica y católica, que el año pasado se movilizaron contra la iniciativa presidencial para reconocer el matrimonio igualitario, apoyan al priista Del Mazo en su campaña por la gubernatura del Estado de México. No les importa que Vázquez Mota represente a un partido católico: el primo del presidente es más fuerte que la panista en las encuestas, además de que se manifestó contra el aborto y la adopción por parejas homosexuales.

 

El candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, tiene hasta el momento las preferencias electorales tanto de la jerarquía católica como de las iglesias evangélicas, sobre todo por su claro rechazo al aborto y a las bodas gay, los dos principales requisitos que exigen esos cultos para apoyar, a través de sus organizaciones de laicos, a los participantes de esta contienda electoral.

 

El pasado 3 de mayo, en una entrevista radiofónica en W Radio, a Del Mazo se le preguntó:

 

–¿Cuál es su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?

 

–En contra; estoy a favor de los derechos de la familia.

 

–¿Despenalización del aborto?

 

–En contra; estoy a favor de la vida.

 

–¿Adopción en parejas homosexuales?

 

–En contra.

 

De esta manera, el candidato priista se granjeó por el momento al Frente Nacional por la Familia (FNF), conformado por más de mil organizaciones de laicos católicos y de otras Iglesias, y el cual surgió el año pasado para protestar, paradójicamente, contra la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, primo de Del Mazo, encaminada a legalizar las bodas gay.

 

Al INAI, un progobiernista, procatólico y antitransparencia

(Arturo Rodríguez García, págs. 30-31)

 

Partícipe de uno de los episodios de mayor opacidad desde que existe un marco jurídico para la transparencia, Francisco Javier Acuña Llamas fue electo presidente del organismo encargado de garantizarla: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

 

En 2007, como empleado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), él fue uno de los autores del proyecto que, en unas cuantas semanas, resolvió que a las boletas de la cuestionada elección presidencial de 2006 no podía aplicárseles la ley de transparencia.

 

La idea era simple: si dos de las presuntas ventajas de la entonces llamada “transición a la democracia”, es decir democracia electoral y transparencia, estaban en duda, el caso era de interés público y, por lo tanto, periodístico. Fue así como Proceso, bajo la dirección de Rafael Rodríguez Castañeda, decidió ir a la médula del sistema mediante una solicitud de acceso a la información con el propósito de realizar un recuento de votos.

 

Si bien el semanario sabía que el resultado de ese recuento no tendría validez jurídica, toda vez que la elección ya estaba calificada, buscaba determinar periodísticamente si en efecto Felipe Calderón había resultado ganador o si Andrés Manuel López Obrador tenía razón en denunciar fraude electoral y en su exigencia de recuento “voto por voto, casilla por casilla”.

 

Proceso realizó la solicitud al Instituto Federal Electoral (IFE), que la rechazó y, arrogándose facultades que no tenía, adujo que la apertura de los paquetes electorales y un eventual recuento ciudadano significarían un riesgo para la seguridad nacional.

 

Posteriormente, el propio TEPJF confirmó la negativa de acceso aunque con otros argumentos.

 

En su sentencia, los magistrados partieron del principio de que el derecho de acceso a la información, como cualquier otro, no es absoluto o ilimitado. En cuanto a la petición de Proceso, dijeron que era prácticamente irracional solicitar el acceso directo a las boletas –más de 41 millones– de la elección presidencial.

 

“Enorme”, el daño patrimonial causado por bancos y afores

(Jenaro Villamil, págs. 32-34)

La Comisión Federal de Competencia Económica se lanzó hace unos días contra los bancos más grandes del país y las mayores afores por prácticas deshonestas que afectan directamente a los trabajadores y a la hacienda pública del país. En el caso del erario y los inversionistas, el daño se estima en alrededor de 100 mil millones de pesos diarios. En esta trama de escándalo se halla implicado el equipo de quien fuera secretario de Hacienda, Luis Videgaray. “No estamos ante un asunto menor sino ante un posible daño patrimonial enorme”, dice a Proceso un académico y analista financiero.

 

En menos de un mes la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), encabezada por Alejandra Palacios Prieto, tomó dos decisiones que han cimbrado al mundo financiero y bursátil mexicano, pero también a la cúpula hacendaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente al equipo formado por el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.

 

La primera decisión fue el anuncio, el pasado 19 de abril, de una investigación sin precedente para analizar la posible colusión entre grupos financieros, casas de bolsa, administradoras de fondos de retiro (afores) y organismos reguladores durante los últimos 10 años para beneficiarse del manejo y servicio del mercado de valores gubernamentales, calculado en 6.2 billones de pesos, en perjuicio de la hacienda pública.

 

En un comunicado, el jefe de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena Labarthe, calculó que el daño causado al erario y a los inversionistas por esta práctica de colusión podría ser del orden de “los 100 mil millones de pesos diarios”.

 

Para el profesor Raymundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de economía y finanzas del Tecnológico de Monterrey, “no estamos ante un asunto menor sino ante un posible daño patrimonial enorme” que “involucraría, básicamente, a los seis mayores bancos que habrían actuado como un cártel para fijar tasas de interés, y eso provocó que el gobierno mexicano haya tenido que pagar más”.

 

La segunda decisión importante de la Cofece se dio a conocer el pasado jueves 4 y fue la sanción histórica, de mil 100 millones de pesos, a cuatro grandes afores privadas (Profuturo, Sura, Afore XXI Banorte y Principal), así como a 11 personas físicas acusadas de realizar “prácticas monopólicas absolutas” que afectaron la competencia y la rentabilidad de los fondos de ahorro para el retiro de 31 millones de mexicanos.

 

La Cofece aclara a Proceso que se trata de mercados diferentes y de investigaciones con ritmos y ciclos distintos, pero en ambas se presumen “prácticas monopólicas absolutas”.

 

El voto útil será definitorio en el Estado de México

(Jesús Cantú, págs. 38-39)

El segundo debate entre los seis aspirantes a gobernar el Estado de México dejó claro que la batalla real es entre el candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal-PES, Alfredo del Mazo Maza, y la de Morena, Delfina Gómez, y que para ganar necesitan el voto de los simpatizantes de los otros cuatro contendientes.

 

El primero que definió quién era su opositora real fue el candidato tricolor, pues en su intervención inicial la atacó: “Delfina no está preparada para ser gobernadora”; luego volvió a la carga al revisar el tema económico, donde hizo dos referencias. Ella fue la única que mereció un ataque directo de Del Mazo.

 

Por su parte, Delfina enfocó sus baterías en ese candidato evidenciando que el PRI –con casi 90 años de permanencia en el gobierno del Estado de México– es el enemigo a vencer.

 

Prácticamente todas las encuestas de preferencia electoral difundidas hasta hoy muestran un empate técnico entre esos dos candidatos; pero también coinciden en cuatro tendencias: la estabilización del porcentaje de ciudadanos que dicen que votarán por Del Mazo; un ligero incremento en las preferencias de Delfina; una declinación de la intención de voto por la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, y un ligero incremento en el porcentaje de simpatías del perredista Juan Zepeda.

 

Los estudios también permiten adelantar que el ganador obtendrá poco más de una tercera parte de los votos emitidos, pero difícilmente llegará a 40%, salvo que en los días previos a la elección se produjese la declinación de alguno de los candidatos, particularmente de los abanderados del PAN y el PRD, quienes suman porcentajes de dos dígitos; la sumatoria de las preferencias por los otros contendientes es de un solo dígito.

 

Sin embargo, como ya sucedió en las elecciones presidenciales de 2000 y 2006, cuando de último momento los electores cambiaron el sentido de su voto a favor de alguno de los competidores con probabilidades reales de ganar, puede anticiparse que en la elección del próximo gobernador del Estado de México se presentará el fenómeno del voto útil.

 

La encuesta del periódico Reforma pregunta cuál sería su segunda opción de voto; en los casos de quienes votarían en primer lugar por Josefina Vázquez Mota y Juan Zepeda, la que mayor número de respuestas recibió fue Delfina Gómez. El voto de la panista se dividiría 19% para la candidata de Morena, 17% para Del Mazo y 13% para Zepeda, mientras que en el del perredista la distribución sería 24% para Delfina, 17% para el priista y 15% para Josefina.

 

Mejoras y omisiones de la diplomacia mexicana

(Olga Pellicer, págs. 41-42)

 

El tema de los funcionarios públicos de carrera es importante por su significado para la gobernabilidad y la estabilidad de un país. Se trata, sin duda, de elementos que garantizan el buen funcionamiento y la continuidad de la administración pública en momentos de transición, en particular al ocurrir cambios de gobierno. En México, esa garantía es casi inexistente; la costumbre, por el contrario, es la rápida sustitución de funcionarios y proyectos del gobierno anterior para colocar a los amigos que aseguran lealtades y la puesta en marcha de propósitos nuevos. Semejante costumbre le ha costado, no poco, a la posibilidad de tener planes de largo plazo indispensables para enfrentar los problemas nacionales.

 

Existen algunas excepciones en la administración pública. Una de ellas es el Servicio Exterior Mexicano (SEM), integrado en dos terceras partes por funcionarios de carrera y el resto por nombramientos políticos que, en ocasiones, pueden contribuir a mantener y elevar el profesionalismo del área. Otras veces son la manera utilizada por el grupo en el poder para darle un destino a quienes más vale mantener alejados. La designación de Fidel Herrera como cónsul de carrera en Barcelona (lo de Consulado General se omitió para que no tuviese que pasar por el Senado) es un buen ejemplo de esas prácticas y su costo para la imagen de México.

 

El SEM de carrera está integrado por un número muy reducido de funcionarios que no ha crecido en todo lo que va del presente siglo. Son mil 250 profesionistas, fácilmente olvidados dentro del conjunto de la burocracia desigual que tenemos en el país.

 

El SEM ha merecido pocos reconocimientos y enfrenta circunstancias difíciles para ejercer sus responsabilidades. Las condiciones para ascender son frecuentemente imposibles, dado el poco presupuesto que se otorga a la creación de nuevas plazas; las formas de evaluación tienen un alto componente de arbitrariedad y no hay alicientes para la actualización de conocimientos; hay una gran distancia entre la imagen de glamur que muchos le atribuyen a los diplomáticos y las demandas de trabajo y problemas cotidianos que enfrentan.

 

Por todo ello, la decisión del canciller Videgaray de tomar en cuenta los esfuerzos que venían haciendo diversos funcionarios dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores para modificar el reglamento existente y abrir la puerta a un mejoramiento de las condiciones de trabajo, perspectivas y ampliación del SEM es un paso, sin duda, positivo.

 

Cuatro medidas merecen subrayarse: primero, las que permiten desbloquear el embotellamiento que impedía que fluyeran merecidos ascensos. Al ofrecer 50 plazas de ministro se abre la compuerta que hasta ahora sólo permitía a 10 funcionarios pasar a dicho nivel. Se podrán, así, otorgar ascensos a buen número de los que llevaban años esperando subir desde los peldaños más bajos. En segundo lugar, la decisión de celebrar un concurso de ingreso para 100 nuevos integrantes, lo cual permitirá que se eleve a mil 350 el número de miembros del SEM, cifra que mantiene a México muy por debajo de otros países comparables, como Brasil; pero al menos es un avance. En tercer lugar la revisión de la metodología para evaluar a los funcionarios caracterizada, hasta ahora, por la importancia que se concedía a opiniones que podían ser muy arbitrarias. Finalmente, la fijación de reglas para la rotación de adscripciones que permitirá eliminar la incertidumbre de quienes deben moverse con todo y familia de un lugar a otro.

 

Palestino-mexicanos: Dos patrias, un corazón dividido

(Beatriz Lecumberri, págs. 44-47)

 

Medio centenar de mexicanos viven repartidos en Cisjordania, fundamentalmente en los alrededores de Jerusalén y en la región de Belén. Como todos, sufren los rigores cotidianos de la ocupación israelí y enfrentan la permanente hostilidad de su ejército. Sus vidas diarias, sus exilios y nostalgias permitirían escribir un libro. Viajeros, cultos, emprendedores, apasionados, comprometidos… Estos palestino-mexicanos viven intensamente entre sus dos patrias.

 

Cisjordania.- “Tan cerca y tan lejos”, suspira Fadi Abu Hilal y señala desde la azotea de su casa la emblemática cúpula dorada de la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén. Sin controles militares y sin muro de separación, este mexicano-palestino podría acceder al lugar santo musulmán en pocos minutos. Sin embargo, no ha puesto un pie en la mezquita Al-Aqsa desde 2006.

 

“Los israelíes no me dan permiso porque, según ellos, no tengo nada que hacer en Jerusalén. Lo más grave es que ya no me hace falta ir. Me he acostumbrado. Ellos ganaron”, afirma, resignado, este odontólogo de 32 años.

 

Fadi Abu Hilal pertenece a la pequeña comunidad mexicana que reside en Palestina y que no llega a 50 personas. Son musulmanes y cristianos, palestinos y mexicanos, comen humus y chile y hablan español con inconfundible acento mexicano, aunque para la mayoría, su lengua materna sea el árabe. Se llaman Issa, Fadi o Jalil pero también Betty, Frida o Jorge y llevan prácticamente toda la vida intentando amansar su nostalgia: la de Palestina cuando vivían en México y la de México ahora que viven en Palestina.

 

Todos ellos se conocen y se reúnen al menos una vez al año, el 16 de septiembre, para celebrar la fiesta nacional mexicana.

 

Fadi Abu Hilal, el “doctor Fadi”, como se le conoce en la ciudad de Abu Dis, nació en México, donde su padre representaba a la Organización para la Liberación de Palestina. Vivió 10 años en el Distrito Federal hasta que, a partir de 1993, comenzaron a soplar vientos de esperanza con motivo de los acuerdos de paz de Oslo entre israelíes y palestinos.

 

Llegó a Abu Dis, la tierra de su padre, en 2000, poco antes de que estallara la Segunda Intifada, un levantamiento que provocó en cinco años la muerte de más de 5 mil palestinos y mil israelíes.

 

“Tenía 15 años. Al inicio se siente una gran emoción por todo lo que significa el retorno, pero desafortunadamente las cosas uno se las imagina de una manera y al llegar se topa con una realidad distinta”, explica.

 

Con la Intifada los enfrentamientos entre israelíes y palestinos eran cotidianos y la violencia y el miedo formaron rápidamente parte de la vida diaria de la familia. A poca distancia de la casa comenzó a alzarse el muro de separación que Israel levantó en torno a Cisjordania, argumentando razones de seguridad, a pesar de las críticas internacionales.

 

Antes de que existiera esa pared de hormigón, Abu Dis y Jerusalén eran casi una sola. En este momento, trayectos que antes se realizaban en 10 minutos toman una hora y media, numerosos vecinos han perdido sus trabajos, actividades simples como ir al colegio o llegar urgentemente a un hospital se convierten en pesadillas cotidianas.

 

“La Intifada significó eso: vivir en un lugar donde te sientes encarcelado sin estarlo realmente”, resume este mexicano.

 

Esa sensación de ahogo cotidiano y la falta de expectativas hicieron que Fadi volviera a México para hacer una especialización en cirugía oral y maxilofacial. Hace cuatro años regresó, se casó con Walá, una odontóloga palestina, y recientemente abrió un consultorio privado en una localidad cercana a Abu Dis.

 

“La mayoría de mi vida la he pasado en México, pero mi casa es aquí. En árabe hay un refrán que dice que el ‘paraíso sin gente no se puede pisar’, que quiere decir que donde está tu gente está tu hogar”, estima.

 

Fadi Abu Hilal describe las vicisitudes de su día a día con realismo, resignación y pragmatismo. “Somos un pueblo que tiene esperanzas y ambiciones pero también hay que ser realista y pensar qué es lo mejor para nosotros. ¿Voy a arriesgar mi vida por ir a Jerusalén? No”, zanja, sin perder su tono pausado.

 

Su casa, un pequeño edificio donde viven también sus padres, está cerca de una base militar israelí y a menudo allí hay enfrentamientos entre soldados y manifestantes o simplemente niños envalentonados que deciden lanzar piedras en dirección a los soldados. En el portón de entrada Fadi muestra tres agujeros de bala. “Y una bomba de gas israelí entró hace poco a la sala de mis padres”, explica, señalando una ventana que desde entonces fue enrejada.

 

El contacto con sus amigos mexicanos es permanente y la cuestión de quedarse o marcharse resulta inevitable. “Pero no quiero cometer el mismo error de los palestinos que se fueron desde 1948, con la esperanza de volver y no pudieron”, opina.

 

“Solamente palestina”

Ni a Fadi ni al resto de la comunidad mexicana, su pasaporte extranjero les es de mucha ayuda. Sobre todo si ya poseen un documento de residencia palestina que deben mostrar en cada punto de control del ejército israelí.

 

“Durante algún tiempo viví en Palestina con mi pasaporte mexicano y los soldados israelíes me trataban bien. En cuanto tuve mi residencia palestina todo cambió. Me transformé en una basura para ellos. A veces me siento tratada como un animal. Un militar me dijo una vez: ‘Tira a la basura tu pasaporte porque aquí no te va a servir de nada. Para nosotros eres sólo palestina’”, explica Betty Saadeh, casi al borde de las lágrimas.

 

Esta mexicano-palestina de 37 años recibe a la corresponsal de Proceso en la representación diplomática mexicana en Palestina, en la ciudad cisjordana de Ramallah, donde trabaja como asistente del embajador a cargo. Esta oficina es una especie de consulado informal que atiende a la pequeña comunidad de mexicanos.

 

Entre las banderas de México y Palestina, Betty asegura sentirse “en casa”. “Esta oficina es mi segundo hogar, aquí hablo español y me siento en América Latina”, explica.

 

Betty Saadeh y su familia encarnan perfectamente a los miles de palestinos que tuvieron que abandonar su tierra y volvieron con la esperanza de participar en un proceso de paz y en la construcción de un Estado próspero.

 

La familia de su abuelo paterno huyó de Belén durante la guerra de 1948, cuando se creó el Estado de Israel. Llegó a México en barco, desde Líbano, y Betty nació en La Paz, Baja California. Parte de la familia regresó en los noventa, alentada por el espíritu de los Acuerdos de Oslo.

 

Betty estudió en Belén, pero ante la situación inestable fue enviada por sus padres a Chile. Allá se casó y tuvo dos hijos. Tras divorciarse volvió a Palestina en 2010 con su hija. En este momento duda entre marcharse con su hija a un lugar con más posibilidades o quedarse junto a sus padres.

 

“Soy palestina pero latina”, afirma. Sonriente y muy expresiva, maquillada con esmero y vistiendo ropa moderna, la apariencia de Betty y su vida sorprenden a buena parte de la sociedad palestina. “En Palestina no se acepta muy bien el hecho de que una mujer, una madre, viva sola con su hija, pero mi familia me ha dado la libertad y confía en mí. Ahora tengo novio pero si me caso perderé esta libertad”, explica.

 

Y su revolución personal no termina ahí. Betty es la líder de las Speed Sisters, el primer grupo de mujeres que pilota autos de carreras en Medio Oriente y que se hicieron internacionalmente conocidas gracias a la película del mismo nombre: Speed Sisters (2015).

 

“Mi papá corría y me dijo: ‘¿Y tú, por qué no?’ Pero no es fácil en Palestina. No me importa lo que diga la gente, porque sé que no estoy haciendo nada malo, pero sin el respaldo de mis padres no podría ser quien soy”, asegura.

 

Le brillan los ojos cuando habla de su pasión por las carreras, pero hace tiempo que no consigue entrenarse, después de que una patrulla de soldados israelíes le disparara a poca distancia una bomba de gas lacrimógeno durante un entrenamiento.

 

“Bajé del coche y sentí el impacto en la espalda. La quemadura me duró semanas. Desde entonces tengo miedo, aunque mi sueño sería representar a la mujer palestina en carreras internacionales”, confía.

 

Contralínea

 

Centroamericanos, “esclavos” en plantaciones de México

(José Reyes, Online)

 

Hacinados en barracas sin servicios de higiene, salubridad, alimentación precaria, míseros salarios e intensas jornadas de trabajo, más de 80 mil jornaleros agrícolas migrantes centroamericanos y nacionales sobreviven en los ingenios de azúcar de México, donde la marginación, discriminación y exclusión social prevalecen durante décadas bajo la indiferencia oficial. Los 52 ingenios que hay en el país, en el periodo de zafra –de noviembre a junio– emplean en conjunto a 80 mil trabajadores agrícolas, de los cuales 12 mil laboran en siete ingenios de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, entre mexicanos y centroamericanos que viven en las regiones cañeras.

 

La Forma Migratoria de Trabajadores Fronterizos (FMTF) surge del Programa de Migración para la Frontera Sur de México, que contempló cuatro líneas estratégicas para una mejor gestión en esta parte del país: facilitación de la documentación de los flujos migratorios; mayor protección de los derechos de los migrantes; mayor seguridad fronteriza; y  una mayor y mejor infraestructura material y tecnológica. Entre los objetivos se planteó convertir esta franja en una zona digna, ordenada, segura y moderna para facilitar la vida transfronteriza y la gestión de los flujos migratorios. En Huixtla, 70 por ciento de los jornaleros extranjeros obtuvo su permiso laboral, y de éstos menos de la mitad lo tramitó personalmente. Otro 20 por ciento señaló que fue el cabo (líder de las cuadrillas de trabajadores y enganchador), quien lo apoyó en su trámite. El 37 por ciento desconoció quién hizo su trámite en las oficinas del INM. Los permisos son portados por sus usuarios debido a que los buscan para los papeles.

 

Agresiones a periodistas, atentados contra los derechos de toda la sociedad

(Álvaro Cepeda Neri,  Online)

 

El comunicador de periodismo Raúl Rodríguez Cortés, preciso columnista crítico en El Universal –donde el 3 de marzo pasado publicó “EU destruye a sus niños”– es de lo mejor que tienen los noticieros de Televisa. Y nos ha ofrecido una síntesis sobre el problema. “La procuraduría de la Cuidad de México capturó ayer a José Castrejón, un joven de 28 años al que se le imputa la amenaza a periodistas y artistas a través de twitter. Operaba desde Puebla. Amenazó, entre otros, a Denise Maerker, Héctor de Mauleón, Leo Augusto, al caricaturista Alarcón y al comediante Adrián Uribe, entre otros”. Ciertamente ese personaje lleva tiempo dedicado a repartir intimidaciones. Unas con hasta carácter de ultimátum, a punto de cumplirse. Particularmente pone en su mira a reporteros, columnistas y analistas que no embonan con su criterio extremista, donde hacen contacto los radicalismos de izquierda y derecha, esa zona desde donde los francotiradores, den o no la cara o los pillen tras sus trincheras, enseñan los dientes y cumplen sus bravatas. No es una labor gratuita. Debe recibir una compensación. Incluso un salario. O apegado al triunfo de una causa.

 

Ese delincuente digital busca un imposible: que los periodistas abandonen su tarea. Lo cual no será posible. Pero debe quitársele la espada con la que el tal Castrejón amenaza. Porque del dicho al hecho hay un trecho que puede él o sus simpatizantes reducir para cumplir sus amenazas. Y es que el periodismo en todas sus modalidades, pero sobre todo el escrito donde los reporteros y columnistas informan y critican los abusos de los funcionarios y los delincuentes, es lo que más desprecian unos y otros, por lo que les interesa, sobremanera, silenciarlo e incluso eliminarlo, empezando por amenazar. Así, asaltan domicilios de la prensa y personalmente ejecutan agresiones y homicidios; y ahora lo hacen digitalmente y en forma anónima (hasta que son descubiertos), como es el caso del tuitero poblano.

 

Tráfico de órganos humanos: familias y comunidades devastadas

(Zósimo Camacho, Online)

 

En México, en el mercado negro, un riñón cuesta 125 mil dólares, es decir, alrededor de 3 millones de pesos. El donante, si es que se le pagó, recibió apenas 7 mil dólares o 133 mil pesos. Como en casi todo el tráfico ilegal de mercancías, el intermediario es el que se queda con la mayor parte de las utilidades. Sí, mercancías. ¿Qué no lo es bajo este sistema? Los órganos humanos se venden al mejor postor, aprovechando la desesperación de quienes quieren vivir y tienen dinero y de quienes quieren vivir y lo único que tienen son sus cuerpos. Pero el riñón es apenas uno de los órganos que se comercializan ilegalmente en México y en todo el mundo. Es el más popular pero no es el único. Redes trasnacionales de tratantes de personas y de traficantes de órganos humanos también tienen a la venta hígado, corazón, pulmón y páncreas. El tráfico de órganos destaca por su crueldad entre las actividades del crimen organizado. De manera clara y abierta, los tratantes sacan el máximo provecho del sufrimiento de los demás: el comprador espera la muerte a menos que reciba un trasplante; y el vendedor está tratando de pagar una deuda, escapar de la pobreza o, muy a menudo, no tiene otra opción: sus captores o sus acreedores le quitan uno o varios órganos mediante engaños o a la fuerza.

 

En el Transnational Crime and the Developing World se explica que el tráfico de órganos en todo el mundo se realiza mediante cuatro modalidades. La primera es en la que el tratante recluta a un “vendedor” y al equipo médico para el comprador. Otra, cuando el destinatario del órgano busca directamente y convence a un vendedor (esta modalidad se encuentra en plena emergencia gracias a las posibilidades que brinda el internet). Las otras dos son aún peores, la del engaño y extorsión; y la del asesinato. Ocurren cuando los tratantes sacan de sus poblados a personas con la promesa de darles trabajo. Y cuando los migrantes llegan a su destino son obligados a donar uno de sus riñones. Una de las variantes es que los acreedores obligan a pagar a los deudores con uno de sus órganos. Otros son engañados, al decirles que el riñón que van a vender les volverá “a crecer”. O también les dicen que no tendrán ninguna complicación de salud. Lo cierto es que quienes venden su riñón nunca mejora su situación económica ni la de su familia. Y, por el contrario, las dificultades de salud que tendrán por atenciones médicas deficientes o nulas, harán empeorar su situación económica. No podrán trabajar y su familia y su comunidad tendrán menos esperanzas de mejorar. Todo esto lo saben los tratantes que, sin más objetivo que hacerse de dinero, arruinan la vida de miles de familias.

 

Complicidad del gobierno y militares, detrás del robo de combustibles

(Nancy Flores, Online)

 

Hace más de 15 años que el saqueo de combustibles es un grave problema que causa pérdidas multimillonarias a Petróleos Mexicanos (Pemex). La merma anual por este ilícito podría sumar entre 15 mil millones y 20 mil millones de pesos, estimó el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade (Excélsior, 10 de mayo de 2017). Pemex, por su parte, calcula las pérdidas en 10 mil millones de pesos anuales. Pero ese monto se refiere sólo a los miles de barriles que los llamados huachicoleros extraen de los ductos (un promedio de 600 mil barriles de hidrocarburos cada mes).

 

Aparte están los gastos multimillonarios que han hecho tanto la empresa como el gobierno federal para “combatir” el delito. En el primer caso, Pemex ha invertido millones de pesos en la supuesta modernización y optimización de las operaciones del sistema de distribución, así como en su sistema de seguridad, que incluye tecnologías para medir permanentemente el flujo de combustibles en ductos y monitorear sus autotanques. Además, paga al Ejército por la custodia de la red de ductos. En el caso del gobierno, éste ha asumido los costos de los operativos militares para, supuestamente, “desarticular” a los grupos vinculados al robo de combustibles. Y es que desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), miles de millones de pesos del erario se han destinado a la supuesta lucha contra la extracción ilegal de hidrocarburos, sin que a la fecha se logre siquiera contener el problema. Por el contrario, cada vez es mayor la sustracción.

 

El Estado Islámico y el terrorismo en redes sociales

(Gonzalo Monterrosa, Online)

 

El terrorismo y las redes sociales son una mezcla peligrosa. Cuando ideas incendiarias se unen a personas inestables que viven en países occidentales (sin tomar en cuenta a quienes viven en países de las zonas bombardeadas, ocupadas y que han sufrido muertes en sus propias familias a manos de las fuerzas armadas de países occidentales, principalmente Estados Unidos), muchos pueden ver al terrorismo como la única manera de obtener venganza ante quienes parecen todo poderosos e invulnerables. Eso lo sabe el Estado Islámico, mejor conocido como ISIS (del inglés Islamic State of Iraq and Syria) y suele utilizarlo muy bien. Ahora el tema cobra nueva importancia. No sólo es por la demanda que los familiares de las víctimas de la masacre de San Bernardino presentaron contra empresas como Twitter, Facebook o Youtube, a las que acusan de haber permitido que existieran y se multiplicaran las cuentas y la propaganda de ISIS y que derivaron en varios ataques terroristas. Todos recordamos esos videos en cámara lenta, bien producidos, de una estética muy cuidada que terminaban con el asesinato de los que ellos denominaban enemigos. Se reclama que las empresas demandadas sabían del uso que la organización le estaba dando, que estaban utilizando las redes sociales y sitios para llegar a nuevos reclutas y para recibir donaciones.

 

La masacre sucedió en 2015 en San Bernardino, California: Syed Farook y su esposa dispararon a sus compañeros de trabajo, asesinaron a 14 personas y ambos murieron en el lugar cuando la policía trataba de detenerlos. El teléfono de Farook fue recuperado y generó un gran debate sobre la privacidad. Su teléfono es otro tema que vuelve a ser noticia, pues estaba bloqueado y el FBI (la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos) exigía a Apple que le diera las herramientas necesarias para acceder a la información. Consideraban que, al estar muertos los dos atacantes, en el dispositivo se podrían encontrar muchas respuestas y motivos del ataque, además de buscar contactos y pistas para la investigación. La empresa se negó e inició un largo proceso legal. Hubo quienes reclamaron a la empresa por no ayudar a las autoridades y quienes la apoyaron por proteger la privacidad de los usuarios, pues si violaban el derecho de uno, abrían la puerta para que la autoridad solicitara acceso al de todos.

 

Los mensajes del EPR

(Jorge Lofredo, Online)

 

En su comunicado del 1 de mayo pasado, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) ratificó su posición como continuidad histórica del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo antes que proceso de unidad revolucionaria. La estructura y contenido del texto, sin embargo, son idénticos al presentado hace casi 12 años atrás bajo el nombre Un poco más de historia, que resultó clave al negar por primera vez y en forma pública los argumentos que ahora ratifica. A 21 años de su nacimiento como PDPR-EPR, la fecha elegida para volver a establecer la misma posición que acabó provocando salidas y escisiones de su seno desde 1996, supone un claro mensaje hacia el ámbito de las organizaciones político-militares.

 

En aquella ocasión el texto decidió hacerse público en medio de interminables cruces de comunicados entre fracciones que rompieron con la dirección nacional partidaria, donde cada una articuló y estructuró su propia visión de la historia que a primera vista se creían excluyentes. Pero las coyunturas variaron ya que un somero recuento establece que en la actualidad los demás grupos llevan tiempo en silencio, y si bien no constituye novedad que las estructuras clandestinas en algún momento determinen clausurar su comunicación con el exterior, lo más llamativo aquí es que el EPR mantiene ininterrumpida la frecuencia de sus publicaciones.

 

Vértigo

 

La trama rusa, ecos del watergate: crisis en la casa blanca

(Arturo Moncada, págs 4-8)

 

Desde mucho antes se su victoria electoral, las sospechas sobre algún tipo de conexión entre el entorno del ahora presidente Donald Trump y la Rusia de Vladimir Putin han estado sobre la mesa… y el despido fulminante del director del Federal Bureau Investigation (FBI), James Comey, no hace más que multiplicar las conjeturas. El asunto se ha vuelto tan delicado, que muchos en Washington ven reaparecer el fantasma del caso Watergate, el escándalo por el que el presidente Richard Nixon tuvo que admitir antes de ser juzgado por haber mentido y tras echar también en su momento al fiscal especial que investigaba aquellas escuchas.

 

En cuanto al Rusiagate, los analistas destacan que Comey, de 56 años, considerado un independiente, fue nombrado hace tres años por Barack Obama y su mandato expiraba en 2023, pero para justificar su despido Trump se apoyó en una recomendación del fiscal general Jeff Sessions, y de su ayudante, Rod Rosentein. Y lo despidió pocas horas después de que Comey reconoció públicamente errores graves, en su declaración ante el Comité Judicial del Senado, sobre el cado de los correos privados de Hilary Clinton.

 

El motivo señalado por Trump es una supuesta quiebra de confianza en Comey por la forma en que este gestiono la investigación a los correos electrónicos de la excandidata presidencial demócrata: el jefe del FBI afirmó primero que la entonces secretaria de Estado no debía ser acusada de crimen alguno, pero después incendio la campaña electoral al anunciar la reapertura del proceso, apenas once días antes de la votación. Trump, quien se benefició electoralmente de la polémica gestión de ese expediente que perjudicó la imagen de su adversaria, habiendo incluso elogiado entonces a Comey públicamente y en varias ocasiones por la conducción del proceso, ahora no tuvo empacho en despedir a quien, al parecer, se volvió un funcionario incómodo para el mandatario.

 

El despido de Comey levantó alertas entre integrantes de ambos partidos. Muchos sugieren que Trump busca interferir políticamente en la investigación sobre la supuesta intervención electoral rusa y se ha cuestionado la independencia del FBI. Algunos congresistas republicanos atacaron al presidente por tomar una decisión precipitada que podrá tener profundas implicaciones para su conglomerado. Según la prensa estadounidense la decisión sugiere que Trump podría estar intentando esconder algo. En su defensa el jefe de Estado afirmó que Comey fue destituido porque “ no era capaz de dirigir con eficacia la oficina”.

 

Por lo pronto hoy la llamada trama rusa agudiza la sensación de una crisis institucional en la Casa Blanca: ante la deteriorada confianza en el presidente y el riesgo de que el despido fuese utilizado para neutralizar la investigación, los demócratas pidieron el nombramiento de un fiscal independiente o de un comité especial que blinde la investigación. Los próximos pasos de Trump serán determinantes para aclarar las dudas. La plaza de Comey ha quedado provisionalmente en manos de su adjunto y el presidente tiene ahora que buscar un sustituto. Los analistas advierten que si el elegido decide cerrar el caso, le escandalo se volverá imparable. No obstante, no será el fin de la investigación: tanto el Senado como la Cámara de Representantes tienen sendas indagatorias propias abiertas al respecto.

 

Firmes 

(José Antonio Caporal, págs 18-26)

 

Las bandas del crimen organizado dedicadas al robo de combustible que es propiedad de Petróleos Mexicanos se extienden por todo el territorio nacional: corrompen a autoridades locales, utilizan a pobladores para sus fines ilícitos – incluso usan a mujeres y menores como trabajadores, “halcones” y hasta “escudos humanos” -, comercializan lo sustraído ilegalmente y se convierten en un “poder paralelo” al Estado mexicano en las zonas donde delinquen.

 

Ante dicho panorama autoridades locales y la sociedad demandan la presencia de los elementos del Ejército mexicano, quienes invariablemente acuden al auxilio de los gobiernos estatales y municipales cuando estos quedan rebasados por la delincuencia debido a la falta de capacidad de sus policías. Las Fuerzas Armadas confrontan a los grupos delictivos y lo hacen incluso sin contar con el marco jurídico adecuado que permita actual fura del “limbo jurídico” en que se encuentra, al tener que llevar a cabo acciones que corresponden a los cuerpos policiacos.

 

Es decir, se ven obligadas a operar en medio de la indefinición jurídica porque como parte de su defensa del bienestar nacional defienden la seguridad interior y también el orden público sin ser policías por lo que urge una definición del marco legar en que deben actuar en aras del bienestar social. Lo peor es que algunas voces cómplices de la delincuencia propagan juicios erróneos respecto de las actuaciones de las Fuerzas Armadas.

 

No menos grave es el hecho de que la mayor parte de los militares salen pronto libres, y obviamente, regresan a sus actividades delictivas: es la impunidad que impera y no solo daña a las instituciones del Estado mexicano y a las autoridades democráticamente electas, sino que causa también un grave deterioro al tejido social.

 

Como bien sabemos los grupos dedicados al robo de combustible en Puebla, denominados huachicoleros, agredieron a elementos de la Secretaria de La Defensa Nacional: utilizaron a mujeres y niños como “escudos humanos” y con ello evitaron que los soldados respondieran el ataque; además mataron a cuatro militares e hirieron a una decena de ellos.

 

El presidente Enrique Peña Nieto reiteró su “más energética condena a los cobardes actos de agresión contra personal del Ejercito mexicano”. Durante el homenaje que se rindió en Puebla a los cuatro militares caídos, el general Juan Manuel Rico destacó que el Ejercito “se siente indignado, por no se dejará intimidar: por el contrario, permanecerá unido para brindar seguridad a las sociedad”.

 

Human rights watch

(Lotería Semanal, págs 38-39)

 

Esta organización denunció que las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentan los riegos de que inmigrantes mueran en centros de detención de ese país, donde la atención medica ya es precaria.

 

Desplazamiento forzado

(Nacionales, págs 42-43)

 

De acuerdo con el informe Especial sobre Desplazamiento Interno (DFI) en México, dado a conocer por la comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2012 y 2015 se registraron 35 mil 433 personas víctimas de desplazamiento forzado interno. Al respecto, el senador perredista Isidro Pedraza solicitó ante la Comisión Permanente elevar a rango constitucional este fenómeno. Con esta reforma, “la federación, así como las entidades federativas, deberán diseñar e implementar programas y acciones específicas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas a quienes se les reconozca como víctimas de desplazamiento forzado interno”, destaca el documento.

 

La disputa por el Edomex

(Lourdes Mendoza, pág 40)

 

Estamos a un parpadeo de la elecciones del Estado de México y luego del segundo debate entre los candidatos a la gubernatura que queda claro que Delfina Gómez y Alfredo del Mazo se disputarán el primer lugar entre el electorado el 4 de junio. Josefina Vázquez Mota, quien arrancó como puntera en las encuestas, ahora pelea con Juan Zepeda pro no quedarse en cuarto lugar. Al inicio de la campaña todo apuntaba  a que la elección seria de las “finas”, pero la panista ya quedó atrás.

 

Fue un círculo de ataques. Del Mazo sorteó los golpes, muchas veces los ignoro, mientras que el enemigo número uno de la maestra fue Del Mazo, quien a su vez fue el más golpeado por Josefina. Al final de cuentas, el diseño del debate provoco que todo pareciera una serie de spots. Hubo un punto interesante, ya que Juan Zepeda sepultó la idea de  declinar por Delfina como lo pidió Andes Manuel López Obrador, con lo que también se enterró una alianza de Morena y el PRD para 2018.

 

No habrá reconciliación entre Morena y el PRD. El inicio de este divorcio lo causó el Pacto por México, lo que ocasionó que en 2012 AMLO abandonara al Frente Progresista conformado por PRD, PT y MC. Las cartas se mueven constantemente y cada vez será más interesantes las jugadas de los presidenciales.

 

Siempre!

 

Los huachicoleros y el Macron mexicano

(Beatriz Pagés, Online)

 

Después de ver el video publicado en YouTube con el título Lo que verdaderamente pasó en Palmarito y de escuchar en radio la versión del periodista que dio a conocer el material, es inevitable preguntarse al servicio de quién están ciertos medios, ¿de la legalidad o del crimen?

 

El periodista de marras muy nervioso y muy activo salió a repetir aquí, allá y a donde lo dejaran hablar que el Ejército Mexicano era quien había atacado a los huachicoleros —léase crimen organizado dedicado a robar combustible— y que los militares se habían excedido, para variar, en el uso de la fuerza.

 

Es más, al comunicador le interesaba, sobre todo, desmentir el boletín oficial de la Secretaría de la Defensa donde la institución denunció cómo los delincuentes utilizaron a niños y mujeres para impedir que los soldados les dispararan.

 

El autor del reporte periodístico confesó haber editado el video, obtenido por cierto de las cámaras instaladas en las calles por los huachicoleros, pero lo que evitó decir, a toda costa, es que las imágenes no muestran los diferentes eventos y la historia completa de lo que ocurrió ahí.

 

Lo que interesó únicamente al reportero fue que se difundiera en todas partes una imagen donde se ve a un soldado disparar en la nuca a un civil que había participado, desde una camioneta, en el ataque a un convoy militar, para desacreditar al Ejército.

 

¿Y a quién o a quiénes conviene posicionar la imagen de un ejército represor, ilegal y violador? Solamente —y fundamentalmente— a la delincuencia organizada.

 

Muchos nos preguntamos si trabajos periodísticos de ese tipo serían aplaudidos en países donde se persigue con todo rigor y como una obligación patriótica el terrorismo.

 

Para la legalidad del país no solo es nociva la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública federal, también tiene un efecto perverso que los medios de comunicación se pongan del lado de los criminales escudándose en la trillada y mal ejercida libertad de expresión.

 

Los hechos en Puebla han provocado un fuerte cambio en el escenario nacional porque dejan ver la verdadera radiografía del poder alcanzado por el crimen organizado y la red en la que están involucrados todos: cárteles del narcotráfico, alcaldes, tal vez gobernadores, ejecutivos y técnicos de Pemex, sociedad civil y, de manera directa o indirecta, medios de comunicación.

 

Todo esto muestra, a unos cuantos meses de que arranque el proceso presidencial 2018, un país sin control institucional. ¿Quién o cuál de toda la lista de presidenciables puede venir a poner orden?

 

El triunfo de Emmanuel Macron en las elecciones francesas ha encendido en México el chip de la imaginación política.

 

Cada partido ha comenzado a voltear para ver si en alguna parte encuentra al “Macron mexicano”.

 

La pregunta es simple, y no, por cierto, la respuesta: ¿cuál de todos los que se mencionan es el Macron que puede poner a salvo al país de la corrupción y la criminalidad?

 

Robo de gasolina, asunto de seguridad nacional

(Emma Islas, Online)

 

Apenas salen los primeros rayos del sol y las filas ya son largas. En ese mercado, los clientes —en su mayoría transportistas— no buscan verduras, carne o frutas, buscan cómo aminorar sus gastos. Su salida: adquirir gasolina barata, que pese a los riesgos que corren —de ser detenidos o atentar contra la vida útil de sus unidades— les ayuda a que les rindan más sus ingresos. Los vendedores, entre los que se puede encontrar a familias enteras, incluyendo niños, apilan sus garrafas llenas de combustible que venden a menos de la mitad de lo que cuesta en las gasolineras cercanas. Saben que su producto es oro, ante el incremento de las gasolinas. La creciente venta ilegal de gasolina se ha convertido en una epidemia que poco se ha ido extendiendo. Se habla de que hoy es el mejor negocio para muchos cárteles de la droga, que supera en ganancias a los estupefacientes, que se venden en el mercado negro tanto de México como de Estados Unidos y Centroamérica.

 

Al hablar sobre la situación que se vive hoy en el país por el robo de combustible, Rubén Salazar Vázquez, director general de Etellekt Consultores, consultoría encargada de elaborar el reporte “Situación actual y perspectiva sobre el robo de hidrocarburos en México”, señala que, contrario a lo que sucede, este delito siempre debió de ser visto como un asunto de seguridad nacional.

 

Se le debió de dar un control más integral. No solo en el tema de seguridad, sino en lo que se refiere a la corrupción que se genera a su alrededor, “sobre todo cuando es un hecho la entrada de capitales privados por la reforma energética”. Salazar Vázquez considera que el problema del robo de combustible ha mostrado ciertas variaciones en su comportamiento. La principal es que se trasladó al centro del país, al concentrarse en cuatro estados, pero específicamente en dos de manera muy importante: Puebla y Guanajuato.

 

Con base en información proporcionada por Pemex, dice que por primera vez en la historia estos dos estados rebasaron el número de mil tomas clandestinas. Puebla con 1,600 tomas y Guanajuato 1,300, lo que representa el 42 por ciento del total de tomas que se registraron durante 2016 a escala nacional que fueron más de 6, 800. Otro fenómeno que —explica—– se está dando a la par de estas perforaciones ilegales es el crecimiento de un mercado negro, en concreto en el estado de Puebla, que se ha expandido ante un crecimiento de proyectos de la industria de la construcción y que tienen como su principal mercado el sector transportista. Transporte de carga, pasajeros, concesionados —incluyendo taxis— que se surten de dicho mercado negro.

 

La versión del ejército en el caso Palmarito

(Armando Reyes Vigueras, Online)

 

Para la Secretaría de la Defensa Nacional, no hay duda: si alguno de sus elementos cometió una falta debe ser juzgado conforme a la ley, pero también se deben considerar todos los elementos que considere la investigación y no lanzar juicios apresurados, esto con relación a los sucesos que tuvieron lugar en la comunidad de Palmarito en el estado de Puebla. La difusión de un video en el que se aprecia una acción que es interpretada como un disparo a quemarropa hacia un civil herido tirado en el piso de parte de un soldado, ha despertado una nueva polémica en la que la institución castrense es calificada como violadora de los derechos humanos.

 

No obstante, la versión del ejército no se ha recuperado para contar esta historia. De acuerdo a fuentes militares consultadas por Siempre, hay varios elementos que se han dejado fuera de los comentarios que se han hecho en columnas periodísticas, además de no considerar que la Sedena ha dejado en manos civiles la investigación de lo acontecido en dicha población. Las fuentes consultadas no ocultan la molestia con el diario Cambio de Puebla, en especial con el columnista Arturo Rueda, quien se ha encargado de afirmar que el ejército oculta información, además de señalarlo como transgresor de los derechos humanos.

 

A condición no mencionar su nombre, nuestro interlocutor confió algunos puntos que levantan suspicacia del lado militar, como el hecho de que los soldados están –de acuerdo a las imágenes ofrecidas en los videos– repeliendo en todo momento las agresiones que sufren en el poblado –pudiendo apreciar la muerte de uno de ellos por la espalda–, además de que se obvian las investigaciones del caso –necropsias si fueran necesarias– para adelantar conclusiones y sentencias en contra de las fuerzas armadas. Adicionalmente, muestra extrañeza por la manera en que se quiera culpar a toda la institución por la actuación de un solo elemento –aunque sea cierta la falta que cometió–, pese a que no se concluye la investigación.

 

En vilo por falta de presupuesto

(Angélica de la Peña Gómez, Online)

 

La libertad de expresión es unos de los derechos humanos más importantes a partir del siglo pasado, contemplado en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución, y además surge en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945, entre otros instrumentos, los cuales constituyen un requisito sine qua non para la construcción y fortalecimiento de sociedades democráticas y del conocimiento.

 

Desde su entrada en vigor, el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en 2012 ha enfrentado problemas que poco a poco han sido resueltos, algunos de manera eficiente, otros siguen estando pendientes;  hoy uno de ellos es verdaderamente preocupante y grave: la falta de presupuesto. Se ha informado que los recursos presupuestales cubrirán las necesidades del Mecanismo hasta el mes de septiembre, lo que impedirá que quienes están siendo hoy protegidos por este mecanismo, hombres y mujeres, en los últimos tres meses de este año simplemente estarán indefensos.

 

Es inaudito que un ente a cargo de la Secretaría de Gobernación deje de funcionar por falta de recursos; es inaceptable que la vida de mujeres y hombres periodistas y defensores de derechos humanos corra riesgos por un presupuesto insuficiente; es una tragedia que el goce del derecho a la libertad de expresión dependa de monedas. Es urgente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de garantizar durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, la operación del Fideicomiso y la implementación de las medidas de protección otorgadas a las y los beneficiarios de las medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

 

Crucial incógnita política

(Raúl Jiménez Vázquez, Online)

 

La noticia sobre la Conferencia de Seguridad Centroamericana, la cumbre militar que tuvo lugar hace unos días en Cozumel bajo la conducción de los jefes de los Comandos Norte y Sur de Estados Unidos, ha pasado totalmente inadvertida. Ello no obstante que según notas de prensa, entre otros acuerdos, las fuerzas armadas de México y Guatemala impulsarán un proyecto de fuerza de tarea que tendrá a su cargo la vigilancia de la frontera común. Contando con el apoyo del Comando Sur, llevarán a cabo patrullajes terrestres, aéreos y de reconocimiento, además del intercambio de información e inteligencia, estandarización de protocolos y procedimientos.

 

La presencia de los máximos generales estadounidenses denotó claramente que la piedra angular del encuentro fue la seguridad regional, concepto geopolítico emanado de la política antiterrorista del Homeland Security cuya expresión material más significativa es la ampliación del perímetro de seguridad del vecino país del norte más allá de la frontera del río Bravo.

 

El imperativo de la seguridad regional se proyectó en el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, el famoso ASPAN o TLCAN plus que fue suscrito en 2005 en la ciudad de Waco, Texas. Más tarde se fortaleció con la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida, merced a la cual se legitimó la presencia e intervención directa en cuestiones reservadas a los mexicanos a integrantes de múltiples agencias de seguridad, órganos militares y cuerpos de mercenarios al servicio de Estados Unidos. Un espeso velo ha impedido el escrutinio ciudadano de este silente proceso geopolítico de alineamiento a las políticas y estrategias belicistas de los halcones de la Casa Blanca.

 

Sin embargo, la secrecía fue rota con la conferencia de Cozumel. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina hicieron público su papel de copatrocinadoras de la cumbre miliciana, sus personeros participaron en las mesas de trabajo e hicieron suyos los acuerdos expuestos por un militar guatemalteco en una reunión de medios en la que extrañamente no figuraron los jerarcas del Pentágono ni los voceros de nuestras fuerzas armadas.

 

Así pues, las estructuras castrenses ahí representadas realizarán las acciones necesarias para la preservación de la seguridad regional, incluyendo el control de los flujos migratorios. Ello lógicamente excluye el escenario de que los efectivos militares estén recluidos en sus cuarteles y guarniciones, es decir, en aras de ese objetivo supranacional deben permanecer en las calles y en estado de alerta permanente.

 

A la luz de lo anterior, cabe preguntarse si el empecinamiento en sacar adelante, al costo que sea, la ley de seguridad interior tiene que ver con estos acuerdos, los cuales sin duda son por completo ajenos a los intereses nacionales y al texto puntual de la carta magna que nos legaron los constituyentes de Querétaro.

 

Esta es una crucial incógnita política cuyo despejamiento debe ser una prioridad de las organizaciones de la sociedad civil.

 

Impacto

 

‘Amapolita dorada’

(Fausto Alzati, Online)

 

Oscuras, pero estridentes voces insisten en revivir muertos para incendiar, de nueva cuenta, las escuelas normales rurales. Hay, ya, datos suficientes para asumir, con muy poco margen de error, que los infortunados 43 normalistas de Ayotzinapa hace mucho están muertos, sus cadáveres incinerados en un basurero y sus cenizas dispersadas en la corriente de un río.

 

Me uno, nuevamente, al indescriptible dolor de sus familiares y amigos. Reclamo justo castigo para sus victimarios y lloro por ellos junto con todos los jóvenes que en México y el mundo alzan su voz de indignación y dolor. Estos muertos se suman a los incontables inocentes sacrificados en esta tierra, donde, desde hace mucho, la crueldad ha sido elevada a virtud: Desde los ofrendados a Huitzilopochtli; los torturados y quemados vivos en la plaza pública, por la “santa” inquisición, ante morbosas muchedumbres cómplices; los que mi general Pancho Villa mataba “en caliente”; los del 2 de octubre del 1968 y los del 10 de junio de 1970, y los tantos que a diario mueren o viven vidas de muerte por el hambre y la desnutrición, la miseria y la ignorancia; la ausencia de oportunidades de ocupación productiva y remunerada; los acosados por los desalmados cacicazgos de “señores” de la amapola, la mariguana, las rutas de la coca, etcétera, y sus sicarios, sin olvidar a los tantos que mediante el terror cotidiano se apoderan de la tierra y el agua; las hijas y las mujeres de los pobres de un México de pesadilla.

 

‘Mad max’ a la mexicana: Ejército y ‘huachicoles’

(Roberto Cruz, Online)

 

Cuando las fuerzas federales, especialmente el Ejército y la Marina, entraron, de lleno, al combate del narcotráfico, el asunto cambió de estatus. Las anchas con las que actuaban los cárteles se acotaron.

 

Ello implicó todo, incluso la fuerza letal, para contener a los facinerosos de finales del Siglo XX y principios del XXI, muchas veces mejor armados que las propias fuerzas del Estado.

 

Recientemente, cuando las fuerzas federales (especialmente el Ejército) entraron, de lleno, al combate del robo de combustible a Petróleos Mexicanos, el asunto cambió también de estatus.

 

Y empezó bajo la pauta impuesta por los mismos grupos delincuenciales, con violencia sin límites y protegiendo, “a muerte”, su ilegal actividad.

 

Desde el 3 de mayo, los “chupadores” de combustible, en apariencia, se mantienen agazapados. Ya calaron a los militares. El “huachicolerismo” tiene, sin embargo, un asunto nuevo. Se llama Palmarito.

 

Fortalecer apoyo a maestros y educación, plantea

(Redacción, Online)

 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que el país requiere seguir fortaleciendo el apoyo a los maestros, y anunció un plan para que a partir de junio mujeres puedan terminar su licenciatura en línea usando una de sus dos horas de comida.

 

En Expo Reforma, donde estuvo acompañado por el secretario de Educación capitalino, Mauricio Rodríguez Alonso, apuntó que naciones que han enfrentado crisis económicas y sociales han resurgido con la educación, por lo cual un México bien educado, “lo vemos en otros países, tiene beneficios inmediatos”.

 

Un ejemplo palpable es la India, que tanto ha invertido en educación y ahora es un referente de innovación. “Esto es lo que necesita nuestro país, esto es en lo que debemos seguir trabajando”, destacó en ocasión del Día del Maestro.

 

Cienfuegos agradece a familias de militares apoyo incondicional

(Redacción, Online)

 

En el marco de la ceremonia de graduación de 212 soldados egresados de la Escuela Militar de Capacitación de Tropas del Servicio de Ingenieros, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, agradeció a las familias de los militares el incondicional apoyo que les han otorgado.

 

“Es preponderante el respaldo de las esposas y esposos, padres e hijos, para su desarrollo profesional”, refirió.

 

Cienfuegos puso énfasis en la necesidad de que los militares se sigan sintiendo respaldados por sus familias para que el Ejército y la Fuerza Aérea puedan seguir apoyando a México.

 

El gobierno tiene que hacer su tarea en robo de combustible: Moreno Valle

(Redacción, Online)

 

El gobierno federal tiene que hacer su tarea ante el robo de combustible a PEMEX en diversos estados de la República, reiteró Rafael Moreno Valle, quien agregó: el que maneja Pemex es el gobierno federal, tienen ductos de cientos de kilómetros y ellos son los que saben en qué momento está fluyendo más combustible, tienen sistemas para saber dónde se está perforando un ducto y tiene un área de seguridad que en teoría es la que debería estar resguardando esta situación.

 

El presidente de la comisión política del PAN aseguró que, si el SAT hiciera auditorías a gasolineras, podría detectar quiénes venden gasolina robada para castigarlos con la cárcel.

 

¿Peña, Eruviel y Ruiz Esparza, en manos de Topete y Díez?

(Redacción, Online)

 

Los viejos dirían que el gobierno mexicano ve la tempestad en Sudamérica y no se arrodilla, o que, peor aún, no pone sus barbas a remojar después de ver el insólito caso de Lula da Silva, el legendario luchador social, orgullo de la izquierda mundial, declarando ante un juez con un pie en la cárcel, y con el otro a punto de ingresar, acusado de haber sido supuestamente beneficiado, con cantidades multimillonarias, por la empresa Odebrecht.

 

Algo similar podría ocurrir en México si la PGR no toma en serio el cruce de acusaciones entre las empresas Infraiber y la española OHL, y de una vez por todas ventila en tribunales si es cierto o no lo que una dice de la otra, y viceversa.

 

De hecho, las varias averiguaciones previas resultado del enfrentamiento entre ambas empresas podrían ser tema del Tribunal Federal Electoral y contaminar el proceso presidencial de 2018, que está por iniciar, e incluso las elecciones a gobernador del Estado de México, a realizarse el próximo 4 de junio.

 

Error, descalificar al Ejército: Mancera

(Redacción, Online)

 

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa expresó su respaldo a las Fuerzas  Armadas del país y manifestó que se equivocan quienes descalifican al Ejército Mexicano.

Entrevistado en Expo Reforma durante la celebración del Día del Maestro, expresó que el Ejército realiza una labor extraordinaria en distintas zonas del país cuidando la vida de mucha gente, y que dejar de hacer esas labores comprometería  la seguridad nacional.

 

Por ello mientras no se cuente una policía completa, integral y evaluada en todos los territorios, “tenemos que seguir reconociendo su labor no solo en materia de combate a la delincuencia sino también en la ayuda prestada ante los embates de la naturaleza”, expresó.

 

No se puede descalificar de ninguna manera al ejército que, en cambio, es un orgullo nacional, su retiro de las calles debe darse de una manera gradual y estar bien planeado, agregó.

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