Samuel Adam / REFORMA
Cd. de México (09 mayo 2017).- El activista Gustavo García, integrante del Comité Ciudadano de la Colonia Granada, tramitó un amparo contra el bono de 100 mil pesos que recibió cada uno de los 66 diputados de la Asamblea Legislativa para celebrar los días del Niño y de las Madres.
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REFORMA publicó el 28 de abril que los legisladores se aprobaron 6.6 millones de pesos para gastar en estas festividades, tras un acuerdo administrativo de la Comisión de Gobierno, a cargo del perredista Leonel Luna.
García, abogado de profesión, solicitó ayer ante un Juez de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad el amparo, responsabilizando a la Comisión y a cada uno de los legisladores de un acto de inconstitucionalidad.
“Ninguno de estos preceptos (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa) establece que la Asamblea en lo colectivo, ni sus diputados en lo individual, deben apoyar los festejos del Día del Niño y del Día de las Madres.
“De hecho, estos festejos no pueden ser considerados como parte de la tarea legislativa, de gestión de soluciones o de orientación de sus representados”, señala el documento, en poder de REFORMA.
Todo ciudadano, agregó el abogado, puede tener interés jurídico y legítimo del ejercicio de los recursos públicos por parte de la Asamblea.
“La ley marca claramente que las gestiones deben ser para problemáticas o para orientar políticamente a su representado, no para tareas de la Secretaría de Desarrollo Social, el DIF, de programas sociales blindados con beneficiarios vigilados y transparentes.
“Para qué darle a cada diputado 100 mil pesos para que se los gaste como guste y no rendir información de en qué lo gasta”, reclamó.
Si el amparo cumple los requisitos necesarios y lo admite el juez, se tendría que solicitar un informe a la comisión de Gobierno y a cada y uno de los diputados para que en un lapso de 15 días rindan un informe justificado de si es constitucional el bono.
Posteriormente, podrían darse audiencias constitucionales y, si el Juez determina que es un acto de autoridad inconstitucional, tendría que ordenar que se revoque ese acuerdo, lo que representaría que cada diputado devolviera los 100 mil pesos.
Además, generaría jurisprudencia si los diputados intentan concederse bonos a discreción más adelante.
“Más allá de la protesta que pudiéramos hacer en redes sociales, por escrito, uno queda con el sentimiento de que no hay justiciabilidad y exigibilidad de derechos en la Ciudad, yo opté más allá en los juicios de Amparo”, señaló.
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