Resumen de Revistas del 07 de mayo de 2017

Proceso

Peña y Eruviel al rescate de Del Mazo

Dispendio federal y estatal para levantar a Del Mazo

Contralínea
Con Peña, 17 sacerdotes asesinados y 520 extorsionados

Para el clero, el gobierno de Peña Nieto ha sido un desastre: México ocupa el primer lugar en Latinoamérica de crímenes contra ministros de la iglesia católica. Este régimen pasará a la historia como el más letal para el ejercicio del sacerdocio

Siempre
Guerra en el PAN por el 2018

El debate volvió, pero para mostrar que el enfrentamiento interno por la candidatura presidencial puede provocar un choque de trenes.

Vértigo
En medio de turbulencias globales; economía robusta y en crecimiento

José Antonio Meade, Secretario de Hacienda

Proceso

Dispendio federal y estatal para levantar a Del Mazo
(Veneranda Mendoza, págs. 6-8)

Los gobiernos federal, estatal y municipales mexiquenses de sello priista organizaron un multimillonario esquema para intentar que su candidato a la gubernatura, Alfredo del Mazo, dé color en las encuestas y pueda imponerse en las elecciones del próximo 4 de junio. Una investigación de Proceso revela la creación de tres “subsistemas” orientados a atraer votantes, comprar sufragios y presionar a la ciudadanía. Si eso no bastara, lo cierto es que quien fungirá como árbitro de los comicios –el Instituto Electoral de la entidad– se halla cooptado hasta la médula por el PRI.

Toluca, Edomex.- Toda la maquinaria de los gobiernos priistas en sus tres niveles –federal, estatal y municipal– se encuentra volcada para apuntalar a su candidato a la gubernatura en el Estado de México, Alfredo del Mazo. No escatima mecanismos, no repara en recursos, no se deja acotar por la ley. Y lo hace a marchas forzadas.

Según operadores del PRI, empleados de alcaldías, documentos oficiales y partidistas, delegados municipales, “promotores” del voto y dirigentes opositores, así como fotografías, videos y formatos de enrolamiento –todos consultados por Proceso–, la estrategia electoral priista en el Estado de México se basa en tres estructuras operativas: la G, del gobierno; la P, que designa al PRI, y la H, que identifica a los ayuntamientos, pero también echa mano de estructuras alternas, como gremios y sindicatos oficiales.

Instituto Electoral mexiquense: el árbitro títere
(José Gil Olmos, págs., 9-13)

A un mes de los comicios del próximo 4 de junio, la estrategia de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Eruviel Ávila para conservar el poder en el Estado de México a como dé lugar incluye todo lo que comporta la tradición priista del fraude y la simulación. Un aspecto crucial en este esquema lo representa el árbitro “faccioso” que lleva por nombre Instituto Electoral del Estado de México y que se encuentra cooptado prácticamente en su totalidad por el aparato priista estatal.

“El robo de la elección” ya empezó. El aparato gubernamental federal y estatal apoya al candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, sostiene el senador Alejandro Encinas.

Y resume: Además del uso faccioso del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), los priistas buscan generar miedo en la población con las mantas en las que amenazan de muerte a Andrés Manuel López Obrador o los volantes que dejaron caer en la Feria del Caballo de Texcoco a nombre de un presunto grupo criminal: La Familia Unida.

Candidato al gobierno del Estado de México en 2012, Encinas advierte que, por primera vez en la historia política mexiquense, la oposición en esa entidad va arriba en las encuestas con Delfina Gómez Álvarez, candidata del partido Morena, lo que, afirma, tiene nerviosos a los priistas y al mismo Peña Nieto.

Por eso, reitera, el PRI y los gobiernos estatal y federal ya echaron a andar la máquina del fraude. La esposa del presidente, Angélica Rivera, hace campaña, mientras el gabinete estatal y federal utiliza los programas sociales con fines electorales, señala.

Bernardo Barranco, consejero electoral estatal, dice a Proceso que el IEEM mantiene el carácter “faccioso” que lo ha caracterizado, pese a la reforma de 2014, mediante la cual se intentó darle imparcialidad a los institutos electorales estatales.

Prestigios dudosos, nexos extraños…
(Alejandro Gutiérrez, págs. 14-16)

En julio de 2016, inmerso en los escándalos por tráfico de influencias y otros ilícitos cometidos en España y en México, el entonces presidente del Grupo Villar Mir y de la empresa OHL fue nombrado titular del patronato de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. Su llegada a este cargo y sus negros antecedentes provocaron la renuncia de nueve patronos de la institución, que tiene víncu­los con Enrique Peña Nieto y el gobernador mexiquense Eruviel Ávila, entre otros priistas.

Madrid.- El 12 de septiembre del año pasado la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM) formalizó el arribo de Juan Miguel Villar Mir, principal accionista de la firma OHL, como presidente de su patronato, lo que causó controversias en la agrupación. Cuando se cumplió el protocolo, el cargo estaba acéfalo, pues dos meses antes Eduardo Serra había presentado su dimisión.

Serra tiene un sólido currículum, pues fue secretario de Defensa en el gobierno de Felipe González, titular del Ministerio de Defensa con José María Aznar, así como consejero económico del rey Juan Carlos I.

El nombramiento de Villar Mir se dio pese a las múltiples investigaciones judiciales a los ejecutivos de esa firma en España. A ello se suma el escándalo de su filial mexicana por los acuerdos ilícitos con funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y el del mexiquense Eruviel Ávila en el Estado de México.

Por lo que atañe a la institución –que preside José Varela Ortega y que a principios de siglo se llamaba simplemente Fundación Ortega y Gasset–, son del dominio público sus vínculos con el PRI, así como el apoyo directo otorgado a militantes de ese partido, entre ellos el veracruzano Fidel Herrera Beltrán.

Asimismo, tuvo entre sus alumnos “destacados” a Javier Duarte de Ochoa, quien años después sustituyó como gobernador a Herrera, su tutor. Hoy, Duarte, a quien el presidente Peña Nieto presumió a principios de su sexenio como uno de los integrantes del “nuevo PRI”, está preso en Guatemala, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tal es el acercamiento de la fundación con el PRI que en 2015 Varela Ortega, nieto del filósofo José Ortega y Gasset, dijo en una entrevista radiofónica en México que el capítulo mexicano de “su entidad” –ubicada precisamente en el Estado de México e inaugurada por Felipe de Borbón, entonces príncipe de Asturias– fue inspirado por Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México.

Campaña de doble fondo
(Álvaro Delgado, págs. 17-21)

Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno mexiquense, es la imagen estelar de una serie de spots que grabó el año pasado como presidenta de Juntos Podemos, con el supuesto objetivo de ayudar a los mexicanos radicados en Estados Unidos. Consultada por Proceso, la oficina de campaña de la panista afirma que por esos promocionales, producidos en aquel país, “no se realizó pago alguno”, además de que “nunca fueron utilizados”. Lo cierto es que el gobierno federal le ha dado más de mil millones de pesos a la fundación de la excandidata presidencial.

La producción del spot es impecable: “Cuartel de campaña. Domingo 05:00 PM”, inicia y las cámaras muestran a mujeres y hombres que, portando playeras blancas con vivos en azul y naranja –los colores del Partido Acción Nacional (PAN)–, revisan papeles y acomodan propaganda. Josefina Vázquez Mota camina entre ellos dando instrucciones, mientras en la pantalla se lee: “Esta candidata tiene muchísimo poder”.

Pero enseguida, cuando una cámara toma a una mujer de tez morena, en la pantalla aparece otra frase que precisa: “No se trata de Josefina Vázquez Mota. Se trata de Laura López, mamá soltera con ganas de superarse”.

Mientras las imágenes muestran cachuchas, playeras y otros artículos con el apellido López y la frase “supérate y triunfa”, Laura abraza y besa a Vázquez Mota, quien muestra con la mano derecha un botón promocional con el nombre de la mujer y la etiqueta #EsMiCandidata.

“Laura López es mi candidata –dice la panista–. Y con los cursos de Supérate y Triunfa va a lograr todos sus sueños. Porque la educación es poder. Cuando Laura cambie, cambiará la historia de todo un país. Y cambiará también la historia del mundo.”

Este spot de Vázquez Mota no es parte de su campaña como candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, sino uno de los seis que grabó como presidenta de la fundación Juntos Podemos para promoverse entre los mexicanos en Estados Unidos y que se financiaron presuntamente con parte de los mil 36 millones de pesos que recibió del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los seis promocionales que protagoniza Vázquez Mota, en los cuales aparece reiteradamente la etiqueta #EsMiCandidata, están firmados por la fundación Juntos Podemos (Together We Can), cuyo emblema aparece al final de cada uno junto con las siglas PACT Program, de ayuda a la comunidad mexicana en Estados Unidos, objetivo de la campaña.

No se sabe cuánto costó la producción de estos seis spots porque Vázquez Mota se ha resistido a rendir cuentas sobre el destino de los mil 36 millones de pesos que recibió del gobierno de Peña, pero también sobre cómo obtuvo esa cantidad, que el presidente del PAN, Ricardo Anaya, definió como “un esfuerzo de gestión” de la candidata panista.

Los seis promocionales obtenidos por Proceso son propaganda personalizada y aunque fueron producidos en Estados Unidos, ilustran la opacidad en el uso que le dio Vázquez Mota al dinero público que, etiquetado para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), debió haber sido manejado por los consulados en ese país.

Y el vocero de Vázquez Mota, Herminio Rebollo, confirma que a mediados de 2016 –antes de que estallara el escándalo de los mil 36 millones de pesos–, la candidata protagonizó los spots, luego de que “un productor estadunidense planteó la idea de hacer una campaña de promoción en Estados Unidos de los cursos de Supérate y Triunfa, que forman parte de la red de la iniciativa Juntos Podemos”.

Según Rebollo, el productor, a quien no identifica, hizo los spots, pero “después de valorar todo el proyecto, no se consideró viable” y por ello “no se realizó pago alguno, en virtud de que no se autorizó su proyecto y los spots nunca fueron utilizados”.

Añade: “Sabemos que este productor se apoyó en otro mexicano para la realización de esas pruebas, pero ignoramos si entre ellos hubo algún acuerdo o intercambio de carácter económico; lo que sabemos con certeza es que ninguna de las organizaciones de la red de la iniciativa Juntos Podemos realizó pago alguno. Se trata de spots que ni se utilizaron ni se pagaron”.

Opacidad en origen y destino
La asignación a Vázquez Mota de los mil 36 millones de pesos en 2014, 2015 y 2016 fue también extraña: precisamente en esos tres años el IME recibió inusuales ampliaciones presupuestales, al mismo tiempo que el gobierno de Peña Nieto hizo recortes a programas sociales, según documentos oficiales.

En efecto, en 2014, el presupuesto aprobado para el IME fue de 33.32 millones de pesos, pero ese año tuvo una ampliación de 168.62 millones de pesos y 960 mil pesos de reducciones, por lo que terminó con un presupuesto de 201.94 millones, 506% superior al aprobado por la Cámara de Diputados.

Para 2015, el inusual movimiento se repitió: después de haber sido aprobado un presupuesto de 82.95 millones de pesos para el IME, durante el ejercicio fiscal el gobierno amplió el presupuesto de este organismo en 571.41 millones de pesos y tuvo reducciones por 119 millones de pesos. Así, terminó con un presupuesto de 516.78 millones de pesos, 523% superior al aprobado.

Y en 2016, el movimiento presupuestal fue todavía más prominente. Se aprobó un presupuesto de 73.4 millones de pesos para el IME, pero en el ejercicio fiscal se presentaron ampliaciones presupuestarias por 911.31 millones de pesos y reducciones por 2.66 millones de pesos, de manera que finalizó el ejercicio con un presupuesto de 982.04 millones de pesos, es decir 1,237% superior al originalmente aprobado.

Pero mientras se autorizaban grandes ampliaciones en el IME, el gobierno de Peña aplicó recortes importantes en educación, salud y ciencia y tecnología: en 2015, la ampliación de alrededor de 500 millones de pesos que se autorizó al IME representó la mitad del recorte que sufrió el rubro de ciencia y tecnología ese año.

En 2016, en el rubro de desarrollo social se recortaron alrededor de mil millones de pesos en programas como los de Liconsa, Pensión de Adultos Mayores, Comedores Comunitarios y 3×1 para Migrantes, cantidad similar a la ampliación de más de 900 millones de pesos que le autorizaron al IME ese año.

Guerra de cárteles: El de Sinaloa se divide y el de Jalisco aventaja
(Patricia Dávila, págs. 22-26)

Son varias las organizaciones criminales que luchan por llenar el “hueco” que dejó El Chapo al ser capturado. En ese “quebradero” de mafias destaca, en primer lugar, la guerra intestina que se libra en el Cártel de Sinaloa, donde El Licenciado, recientemente aprehendido, quería tomar el control; no contaba con que la familia de Guzmán Loera está muy bien apuntalada. Por otro lado está el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el cual poco a poco le quita plazas a los sinaloenses y que, según la PGR, es ya el más poderoso de México.

La captura de Dámaso López Núñez, El Licenciado, el pasado martes 2, trabajaría en favor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), con quien el detenido pactó una alianza a fin de tomar el control del Cártel de Sinaloa, maniobra que, según el gobierno federal, haría a la mafia jalisciense la organización del narcotráfico más poderosa del país.

Pero Nemesio Oseguera no necesita ninguna alianza, de acuerdo con Raúl Cervantes Andrade, procurador general de la República, quien el jueves 4 reconoció que el CJNG es el más poderoso de México. Ahora, con El Licenciado preso, El Mencho tiene el camino libre para controlar, sin necesidad de su ayuda, plazas como la península de Baja California, clave para el trasiego de drogas a Estados Unidos y que desde abril de 2015 les disputa a los Arellano Félix y al propio Cártel de Sinaloa.

Por otro lado, a quienes sin duda favoreció la aprehensión del Licenciado es a Iván Archivaldo y a Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, así como al hermano de éste, Aureliano Guzmán Loera, El Guano.

De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR), López Núñez había logrado desestabilizar al Cártel de Sinaloa a tal grado que el pasado febrero intentó él solo quedarse con el control de la península de Baja California, donde El Chapo ya había incursionado; en febrero de 2012, fuerzas federales intentaron, sin éxito, detenerlo en Los Cabos.

Además El Licenciado y su hijo, Dámaso López Serrano, El Mini Lic, habían buscado pactar con la familia Salazar, de abolengo dentro del Cártel de Sinaloa y gracias a la cual el grupo criminal conserva el control del norte de Chihuahua.}

Ahora, luego de la detención del Licenciado, el Cártel de Sinaloa trata de regenerarse: al Guano y sus sobrinos se sumará Miguel Ángel Guzmán Loera, El Mudo, otro hermano del Chapo y quien el pasado martes 2 fue liberado del penal del Altiplano tras cumplir una condena de 11 años por lavado de dinero.

Relato sobre la audiencia con “El Chapo” en Brooklyn*
(Miguel Ángel Vega/Ríodoce, págs. 24-25)

Brooklyn, NY.- Al menos cuatro antiguos sicarios del Cártel de Sinaloa que ahora son testigos protegidos testificarán en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que tentativamente se iniciará en abril de 2018, declaró el pasado viernes 5 el juez Brian Cogan, adscrito a una corte federal del Distrito Este de Nueva York, en la audiencia preparatoria de la actuación que se sigue contra el capo mexicano.

Sin embargo, ni Cogan ni los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ, por sus siglas en inglés) revelaron los nombres de los testigos que tendrán careos con El Chapo.

La Corte de Distrito Este de Nueva York es conocida por los cargos que presentó contra narcotraficantes mexicanos, entre ellos Reynaldo Zambada García, El Rey, extraditado en abril de 2012, y Édgar Veytia, el exfiscal de Nayarit arrestado en San Ysidro, California, en marzo pasado.

Esta situación puso en un dilema al juez Cogan, quien le advirtió al Chapo que lo mejor era cambiar a su abogada, Michelle Gelernt, porque su despacho estuvo involucrado en procesos de al menos tres de los testigos protegidos, por lo que legalmente hay un conflicto de intereses en su caso. Sin embargo, el capo no aceptó.

“Le agradezco, señor juez, pero yo deseo seguir con los abogados que tengo”, respondió Guzmán Loera, quien vestía el uniforme reglamentario azul marino, con camiseta café y zapatos negros.

Cogan insistió, incluso le aclaró que, cuanto esté frente a los testigos protegidos, él no permitirá que Gelernt los cuestione, sino que propondrá a otro abogado, lo que podría mermar su defensa. El capo se mantuvo firme en su negativa.

“Necesito que entienda la situación, pues los testigos con los que se careará pertenecieron al Cártel de Sinaloa, y todos han admitido que traficaron grandes cantidades de droga; algunos dicen que lo conocieron muy de cerca. Un abogado que no lleve su caso no podrá defenderlo de una manera correcta”, dijo Cogan.

Guzmán Loera no cedió: “Entiendo lo que me dice, señor juez, pero yo quiero seguir con los abogados que tengo, me siento bien con ellos”.
Cogan agachó la mirada.

A pocos metros de ahí estaba Emma Coronel, esposa del Chapo, vestida con una gabardina beige y blusa negra. Él volteaba a verla constantemente; también estaba su hija Rosa Isela Guzmán.

“Obviamente me dolía verlo así. Se me salían las lágrimas, pero él me miraba y me decía que no llorara, que todo iba a estar bien”, dice Rosa Isela al reportero.

Miles de pandillas estadunidenses, socias del Cártel De Sinaloa
(J. Jesús Esquivel, págs. 27-29)

Vender drogas al menudeo en Estados Unidos les reporta cuantiosas ganancias a los narcotraficantes mexicanos, aunque éstos no pongan nunca un pie al norte de la frontera. Son las pandillas locales las que hacen ese trabajo y, además, se encargan de que las huellas de los cárteles, como el de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación, se borren y sea más difícil para el gobierno estadunidense fincarles cargos. Esos grupos criminales, que operan en cada ciudad de la Unión Americana, no tienen lazos indisolubles con nadie: simplemente se venden al mejor postor.

Washington.- “La sombra del Cártel de Sinaloa está en todo el país; este grupo criminal es casi el dueño absoluto de los mercados de la heroína, la cocaína, la mariguana y las metanfetaminas en más de dos tercios del territorio (estadunidense) sin estar físicamente aquí. Son los pandilleros (locales), sus operadores, quienes les han dado el éxito a los narcotraficantes de México”, explica un integrante del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos.

El funcionario, quien acepta hablar con Proceso a condición del anonimato, confirma desde el gobierno de Donald Trump lo que ya se había dicho extraoficialmente: el creciente control de la distribución y venta de drogas en Estados Unidos por parte del Cártel de Sinaloa se debe a su colaboración con las agrupaciones criminales locales, una gigantesca red de pandillas que transportan, distribuyen y venden las drogas al menudeo.

Esgrimiendo los documentos y los mapas de las redes de distribución y venta de drogas que el gobierno de Donald Trump le atribuye a la mafia sinaloense, el funcionario del DHS presenta además un panorama que califica de “demoledor” para su país: “Otros cárteles, como el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), están siguiendo los pasos del de Sinaloa y ya cuentan con sus propios ejércitos de pandilleros”.

Los análisis de inteligencia del Departamento de Justicia –proporcionados a Proceso para una “rápida revisión y elaborados por la Administración Antidrogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI)– son una radiografía del territorio estadunidense, donde la presencia del Cártel de Sinaloa se propaga como un cáncer.

La alianza de este cártel –dirigido ahora por Ismael, El Mayo, Zambada; los hijos de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, y los vástagos del Chapo Guzmán– con las pandillas y agrupaciones criminales de Estados Unidos no es inquebrantable: las mafias locales se venden al mejor postor.

Los aliados
En uno de los mapas elaborados por la DEA se señala que en el estado de Washing­ton, especialmente en la ciudad de Seattle, el Cártel de Sinaloa distribuye y vende heroína y metanfetaminas por medio de las pandillas somalíes y asiáticas.

“Los somalíes son distribuidores y vendedores muy importantes para el Cártel de Sinaloa en Seattle. Los jefes de estas pandillas jamás han puesto un pie en México ni conocen a los capos del cártel; son simplemente intermediarios que reciben un porcentaje por su participación en la venta y distribución de narcóticos al menudeo”, resalta en la entrevista el funcionario del gobierno de Trump.

“En Chicago, Boston, Nueva York y Filadelfia la mafia rusa y las pandillas irlandesas también colaboran con el Cártel de Sinaloa en la venta de heroína, metanfetaminas y cocaína. El cártel mexicano no tiene límites”, insiste el funcionario.

La relación entre los capos mexicanos y los pandilleros de Estados Unidos data de los setenta. Según investigaciones de la DEA y el FBI, esa colaboración criminal arrancó en Ciudad Juárez, desde donde se empezó a meter mariguana a El Paso, Texas, gracias a la colaboración de los narcotraficantes mexicanos con la pandilla estadunidense que sigue operando ahí hasta la fecha: Barrio Azteca.

Los análisis de inteligencia de las agencias federales estadunidenses concluyen que en Estados Unidos son decenas de miles las pandillas dedicadas a transportar, vender y distribuir todo tipo de narcóticos. No tienen alianzas indisolubles con ningún cártel mexicano, trabajan para el que les pague mejor. Y es por ello que ahora el CJNG compite con el de Sinaloa por el control del mercado estadunidense.­

Los informes de inteligencia indican que el promedio de ganancia de los pandilleros en su relación con el narcotráfico mexicano es de 250 dólares por cada mil que reciben en mercancía para transportar, vender y distribuir al menudeo.

“Los pandilleros conocen todos los recovecos de las calles de los barrios que dominan en las distintas ciudades del país; son, en su mayoría, ciudadanos estadunidenses de muchos orígenes: anglosajones, afroamericanos, hispanos, asiáticos, rusos, irlandeses, haitianos, africanos o italianos, además de otros nacidos en el extranjero”, establece el funcionario entrevistado.­

En las fronteras sur de California, Arizona, Nuevo México y Texas las pandillas que colaboran con grupos del narcotráfico mexicano son hispanas. “El ser bilingües y tener un perfil como el de los mexicanos les facilita la comunicación con los narcotraficantes del Cártel de Sinaloa y de otros grupos. Estos pandilleros se encargan de guardar las drogas en narcobodegas de la frontera sur, así como del transporte y la distribución a distintos puntos del país por medio de otras pandillas y agrupaciones criminales”, explica.

Las pandillas locales tienen la obligación de pagarle al cártel mexicano la cantidad acordada por el precio al mayoreo. Luego se encargan de diseminar la mercancía en paquetes pequeños para entregarla a otros distribuidores o vendedores de distintos puntos de Estados Unidos, que a su vez pulverizan más el cargamento para finalmente vender los estupefacientes al menudeo en las calles.

“Es una larga cadena de colaboración sin alianzas y sin compromisos, lo cual hace más difícil nuestro trabajo para identificarlos. Esto al Cártel de Sinaloa, y a otros, como el CJNG, les conviene, porque sus huellas van desapareciendo y sus líderes están tranquilamente en México, esperando el dinero de la venta sin arriesgar nada”, admite el alto funcionario.

Descorazonadora Ley de Desaparición Forzada
(Gloria Leticia Díaz, págs. 30-32)

Al final de las discusiones de la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el gobierno de Enrique Peña Nieto arrinconó a los colectivos de familias de desa­parecidos y defensores de derechos humanos para que cedieran en sus exigencias básicas. Ante el riesgo de perder incluso los avances parciales que ya se habían acordado, las familias aceptaron la iniciativa del Ejecutivo, que “no llega al corazón de la ley”, una Comisión Nacional de Búsqueda con un objetivo disperso y limitada para investigar, además de que los militares continúan protegidos.

Entrampados en los tiempos legislativos, colectivos de familias de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos terminaron por aceptar “con reservas” un proyecto de ley elaborado por el Senado que no responde del todo a sus demandas y que se quedó atorado en la Cámara de Diputados el 28 de abril.

La llamada Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, no pasó en este periodo como esperaban las familias de las víctimas integradas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Mndmx) y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que fueron sometidas a una presión inusitada para revisar las observaciones al dictamen que hizo el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, seis días antes del cierre del periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

Después de más de dos años de negociaciones en el Senado, esas familias se vieron obligadas a ceder en algunas de las condiciones mínimas expresadas en el dictamen que elaboraron con apoyo de organizaciones civiles, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Participantes en esas reuniones señalan que a eso las orillaron las intervenciones a última hora del subsecretario de Gobernación Roberto Campa, del titular de la Unidad Jurídica de la misma secretaría, David Arellano, y del coordinador de asesores del procurador Raúl Cervantes, José Juan Torres.

Después de días de estira y afloja, los familiares tuvieron que ceder. “No nos quedó otra, es lo máximo a lo que llegamos, y decidimos acompañar la ley aunque sabemos que está mocha, corta y flaca en algunas partes, y que nos quedan debiendo”, reconoce en entrevista Yolanda Morán Isáis, coordinadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).

Focos rojos en la Ciudad de México
(Mathieu Tourliere, págs. 33-34)

De enero a marzo pasado la capital del país alcanzó sus más altos índices delictivos desde 1997. Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encuestas del Inegi, estadísticas de la PGJ y reportes del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México no son las únicas que desmienten el triunfalismo de la procuraduría local y del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quienes insisten en ofrecer estadísticas con delitos a la baja: también los reportes cotidianos de balaceras, asesinatos, robos y agresiones sexuales se multiplican ante la mirada de los ciudadanos, que se sienten inermes.

La Ciudad de México vivió el primer trimestre más violento de los últimos seis años, marcado por un repunte del número de asesinatos, agresiones con armas de fuego y robos violentos: cada día que transcurrió entre enero y marzo, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ CDMX) reportó, en promedio, 2.7 homicidios dolosos, 4.8 lesiones dolosas con arma de fuego, 68 robos con violencia, cinco agresiones sexuales y 44 asaltos violentos a transeúntes.

La semana pasada, mientras se multiplicaban las balaceras y asaltos en lugares públicos y a plena luz del día, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, se enfocaba en su carrera política. En la mañana del miércoles asumió la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), consolidó su acercamiento con el presidente Enrique Peña Nieto y se proyectó, sin decirlo, hacia los comicios de 2018.

En el mismo momento, dos eventos sacudieron los medios capitalinos. Al sur de la metrópoli, en Ciudad Universitaria, trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hallaron el cuerpo de una mujer de 22 años atado a una caseta telefónica en la zona del Instituto de Ingeniería.

La noticia se difundió masivamente en la comunidad estudiantil, que se movilizó el viernes en un “acto político sororario” en repudio a la violencia contra las mujeres, mientras las autoridades universitarias anunciaron un reforzamiento de la seguridad en el campus.

La PGJ CDMX provocó una mayor indignación en Twitter: difundió el jueves una serie de detalles negativos sobre la mujer –entre ellos, que estaba “alcoholizándose y drogándose” la noche anterior, o que “no estudiaba desde 2014, y dejó sus clases en CCH, donde debía materias”–, una práctica de revictimización común en la institución.

El mismo miércoles, cerca de las nueve de la mañana, tres hombres fueron asesinados a balazos en las afueras del mercado de Sonora, en la colonia Merced Balbuena, de la delegación Venustiano Carranza. La procuraduría capitalina filtró rápidamente la información de que los individuos tenían antecedentes penales por robo de vehículo y a transeúnte.

La versión fue que cobraban “derecho de piso” a los mercaderes y se encontraban a punto de asaltar una camioneta cuando un hombre salió por la parte de atrás y los acribilló. Dos fallecieron ahí mismo y el tercero en la ambulancia que lo llevaba al hospital, mientras el homicida y el conductor de la camioneta se desvanecieron en la ciudad.

Apenas cuatro días antes, el viernes 28 de abril, estalló una balacera entre cuatro ladrones y dos policías en el centro comercial Plaza Meave, en el Centro Histórico. Dos asaltantes murieron y los restantes huyeron.

Entre el sábado y el domingo pasados fueron perpetrados cinco asesinatos –entre ellos el de una joven de 17 años– en la zona de San Juan Aragón, en la delegación Gustavo A. Madero, probablemente vinculados. Dos de las víctimas recibieron 17 disparos la tarde del sábado mientras abordaban un taxi.

El domingo, empleados de la Central de Abasto de Iztapalapa encontraron un cuerpo de mujer en posición fetal, envuelto en una bolsa de plástico negra. Una bolsa de plástico transparente cubría el rostro de la víctima; las autoridades supusieron que fue asfixiada.

Las noticias siguieron: a la una de la tarde del lunes, un grupo de hombres robó una joyería en el centro comercial Pabellón Cuauhtémoc; el jueves, un grupo de sujetos asaltó una camioneta de valores afuera del supermercado Walmart en la delegación Gustavo A. Madero, amarró a los custodios y se llevó cerca de 4 millones de pesos; el mismo día se difundió en internet el video del asalto a una pareja en la misma delegación.

Trump “renarcotiza” las relaciones con la región
(Rafael Croda, págs. 53-58)

Para combatir el narcotráfico, el gobierno de Donald Trump regresa a la fallida estrategia del siglo pasado que privilegiaba las medidas represivas y enfocaba el fenómeno como un problema sólo policiaco y no de salud pública. Esta política de corte militarista, que incrementó la violencia y las violaciones a los derechos humanos, ya ha sido rebasada a tal punto que gobiernos de América Latina han aplicado acciones integrales más inteligentes. Pero el nuevo jefe de la Casa Blanca no parece entenderlas y quiere, como en el pasado, “narcotizar” las relaciones con la región.

Bogotá.- Colombia ya acusó recibo de lo que se anticipaba desde hace semanas en círculos políticos de América Latina: que la lucha contra el narcotráfico será el eje de la relación del presidente Donald Trump con la región.

Y, además, que la nueva estrategia para combatir ese fenómeno privilegiará, como en el pasado, las medidas represivas y las operaciones de corte policiaco y militar.

Funcionarios del gobierno colombiano consultados por Proceso dijeron que Washington ha hecho saber a Colombia que el crecimiento de cultivos de hoja de coca en el país es un asunto “demasiado serio” para Trump y que eso requiere “soluciones rápidas” y el empleo de “acciones de fuerza”.

El sociólogo Ricardo Vargas, un experto en cultivos ilícitos y políticas antidrogas, señala que “hay una presión fuerte de Estados Unidos para que Colombia reduzca el área (de plantaciones cocaleras) con un enfoque cortoplacista y represivo”.

Eso, indica, está “deslegitimando” la estrategia de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos incluida en los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.

En la práctica, ya hay comunidades campesinas colombianas que comienzan a sentir la “mano dura” que impulsa nuevamente Washington en el combate a las drogas.

Hay datos que así lo corroboran: en los primeros tres meses de este año, el ejército y la policía han erradicado por la fuerza 8 mil 100 hectáreas de cultivos de hoja de coca, 56% más que en el mismo periodo de 2016.

Sólo en marzo fueron erradicadas 3 mil 452 hectáreas, la cifra más alta para un mes desde hace nueve años, lo que ha provocado protestas y cierres de carreteras de campesinos cocaleros que acusan al gobierno de incumplir el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Pero Ricardo Vargas, investigador sobre drogas del Transnational Institute, señala que el gobierno colombiano está jugando a dos bandas: por un lado, todos los días firma con campesinos acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y por otro, aplica la política del garrote que exige Washington.

“Estamos viendo un caos en el que las comunidades firman acuerdos de sustitución de cultivos con el gobierno y a los pocos días les llegan tropas del ejército erradicando sin dar ninguna explicación. Eso se está repitiendo a lo largo y ancho del país”, sostiene el experto.

Para Vargas, esta es una de las consecuencias del nuevo enfoque antidrogas de Estados Unidos en la era Trump.

Y ese enfoque, dice, “lo van a padecer México, Centroamérica y Colombia, desde luego”, ya que “históricamente las drogas han sido una problemática que ha alimentado otras agendas, como la de seguridad, la del control de comportamiento de los Estados y la de control de fronteras”.

Vargas considera que la administración Trump ubicará el tema de drogas como un problema de seguridad “y por esa vía va a presionar a Latinoamérica para que la política antidrogas se vuelva a radicalizar. Yo no hablaría de una nueva política, sino de un volver atrás en esa materia”.
Para el autor del libro Narcotráfico, guerra y política antidrogas, es inevitable que la estrategia de combate al narcotráfico de la Casa Blanca se cruce con otro tema que obsesiona al presidente de Estados Unidos: la migración.

“El fenómeno migratorio –explica– no tiene para Trump un origen económico o social, sino que lo mete en una compleja trama en donde incluye también lo criminal, y lo criminal son drogas, prostitución e inseguridad, y bajo esa narrativa el tema de las drogas se va a instrumentalizar para poder fortalecer más una política regresiva en materia de migraciones en Estados Unidos.”

Vuelve la falacia: Latinoamérica, “culpable” del consumo de drogas
(Rafael Croda, págs. 56-57)

Bogotá.-Como en los viejos tiempos, Estados Unidos responsabiliza a América Latina del aumento en el consumo de drogas en su territorio. The Washington Post aseguró, en su edición del 5 de marzo y citando informes del Departamento de Estado y encuestas de salud, que el consumo de cocaína en Estados Unidos va en ascenso y que ello se debe al crecimiento de los cultivos de hoja de coca en Colombia.

Señaló que, según el Departamento de Estado, las plantaciones de hoja de coca en Colombia crecieron 97% entre 2013 y 2015, mientras que la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud de ese país indicó que el número de jóvenes estadunidenses que usó cocaína por primera vez creció 61% en ese mismo periodo.
A partir de esos datos, The Washington Post concluye: “Este aumento en el consumo (de cocaína en Estados Unidos) se puede atribuir directamente a la abundante cosecha colombiana” de hoja de coca.

Para Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes de Colombia, esa conclusión es “una falacia que no tiene ningún sustento en la evidencia”. Se origina, dice, “en dos falsos supuestos”: que el consumo de cocaína ha registrado un repunte significativo en Estados Unidos –algo que ningún estudio de ese mismo país avala–, y que el aumento de cultivos de hoja de coca en Colombia automáticamente provoca un incremento en la llegada de cocaína al mercado estadunidense.

Contralínea

Con Peña, 17 sacerdotes asesinados y 520 extorsionados
(José Reyez, Online)

Para el clero, el gobierno de Peña Nieto ha sido un desastre: México ocupa el primer lugar en Latinoamérica de crímenes contra ministros de la iglesia católica. Este régimen pasará a la historia como el más letal para el ejercicio del sacerdocio. En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto se han reportado 520 extorsiones a sacerdotes, 17 asesinados, 25 atentados contra seminaristas, laicos y presbíteros, dos desaparecidos y dos secuestrados. Para el 2018, Peña Nieto podría concluir su mandato con un alza estimada al ciento por ciento de homicidios contra religiosos -por encima del saldo rojo del expresidente Felipe Calderón, en cuyo periodo fueron ultimados 15 sacerdotes-, siendo el sexenio más peligroso para el ejercicio del sacerdocio de la era moderna.

Este fenómeno en creciente desarrollo es resultado de la incapacidad del gobierno mexicano para controlar la violencia desbordada por grupos del crimen organizado en las distintas zonas geográficas del país, advierte Omar Sotelo Aguilar, director de la unidad de investigación del Centro Católico Multimedial (CCM). Asegura que la principal causa de las extorsiones a los religiosos está relacionada con la venta de seguridad por parte de los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado y, en algunos casos, por elementos que pertenecen o formaron parte de las fuerzas armadas de país.

Trata de personas: 21 millones de vidas arruinadas
(Zósimo Camacho, Online)

Hoy, en todo el mundo, al menos 21 millones de niños, mujeres y hombres están siendo explotados en condiciones de abierta esclavitud. Delincuentes trasnacionales se ríen de las débiles penas que gobiernos de todo el mundo prevén para este delito y se reparten un botín que supera los 150 mil 200 millones de dólares al año. Los criminales son individuos y grupos que no sólo forman parte de la delincuencia organizada; muchos trabajan para empresas legalmente establecidas, gobiernos y milicias formales.

Las redes de tratantes de personas van desde individuos y grupos locales hasta funcionarios y directivos de trasnacionales. Reclutadores, transportistas, gerentes, compradores son algunos de los roles que asumen quienes participan en la comisión de este crimen. Muchos cárteles de la droga o del trasiego de minerales y maderas preciosas también son, al mismo tiempo, tratantes de personas. Este filón les sirve incluso para construir negocios y estructuras financieras con el objetivo de lavar dinero. Otro actor con cada vez mayor participación en la trata lo constituyen las organizaciones terroristas del estilo del Estado Islámico y Boko Haram, quienes así consiguen combatientes y servidumbre.

Las víctimas de la trata de personas generalmente han padecido una vida previa de suyo difícil. El documento señala a los pobres, los jóvenes, las personas sin hogar, los no escolarizados, los desempleados, los marginados, los desplazados, los migrantes, los indígenas, los homosexuales, las lesbianas… siempre las personas en situación de crisis: muchas de ellas provienen de guerras, terremotos y otros siniestros causados por desastres naturales. No lo dice el documento, pero si observamos bien, se trata de millones de excluidos por un sistema económico y político injusto.

Mochan 47 mil millones de pesos a programas prioritarios
(Nancy Flores, Online)

Los programas prioritarios del gobierno federal han sufrido un severo recorte a su presupuesto 2017. Entre éstos se encuentran los que se encargan de garantizar la seguridad pública y la soberanía nacional, como los Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional y los Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito –a cargo de la Secretaría de Gobernación–, la Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana y la Adquisición, Construcción, Reparación y Mantenimiento de Unidades Navales. La mochada entre el presupuesto deseable y el ajustado asciende a 47 mil 988.9 millones de pesos, revela un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, dependiente de la Cámara de Diputados.

Así, los 112 programas clasificados con este carácter gastarán este año 798 mil 302.4 millones de pesos, y no los 846 mil 291.3 millones que se deseaban, refiere el reporte Programas prioritarios 2016-2018, dado a conocer el 28 de abril. Los programas más afectados por esa reducción son los de la función de Desarrollo Económico, cuyo monto aprobado resultó 12.3 por ciento inferior a lo deseable, señala el análisis del Centro de Estudios. Basado en datos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del primer trimestre, refiere que a éstos le siguieron los programas vinculados a la finalidad de Gobierno: “su presupuesto aprobado es 9.9 por ciento menor a lo declarado como deseable”.

La desmemoria de Josefina y las tranzas de Enciclomedia
(Miguel Badillo, Online)

Nuestros políticos siempre le apuestan al olvido y confían en la desmemoria de los mexicanos a fin de volver a ocupar cargos públicos sin importar su incompetencia, corrupción y cinismo. Éste es el caso de la candidata panista al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, también exaspirante presidencial por el mismo partido, pues a inicios de la semana pasada esta empresaria convertida en política declaró –en entrevista con el periodista Ricardo Rocha– que ella es la mejor opción para gobernar a los mexiquenses porque tiene la experiencia que adquirió cuando fue secretaria de Estado, primero al frente de Desarrollo Social (entre diciembre de 2000 y enero de 2006) y luego de Educación Pública (de diciembre de 2006 a abril de 2009).

O Josefina tiene mala memoria o –como la mayoría de los políticos mexicanos– es cínica: esa experiencia de la que alardea ahora tiene saldos negativos para la sociedad. Primero como secretaria de Desarrollo Social no sólo incumplió con el objetivo de abatir los índices de miseria, sino que fue en ese tiempo que empezó a aumentar el número de personas en situación de pobreza. Una tendencia que, lamentablemente para millones de mexicanos, no se ha detenido. De ello hay constancia en la prensa: “Vicente Fox inició su gestión con 40 millones de pobres, y concluyó con una cifra superior a los 50 millones, pese a que uno de sus ofrecimientos de campaña fue precisamente terminar con la ‘dictadura de la miseria y la ignorancia’ que aqueja a este país”, escribió la reportera Alma Muñoz el 30 de noviembre de 2006 (La Jornada).

Espionaje a usuarios, el nuevo plan de negocios
(Gonzalo Monterrosa, Online)

Hemos dicho muchas veces que la privacidad se va convirtiendo en cosa del pasado. Con Facebook, Whatsapp y tantas aplicaciones que permiten comunicarnos utilizando nuestros smartphones, ahora ya es casi obligatorio que los demás sepan en qué lugar te encuentras y con quién; y además debes estar disponible en todo momento. Aunado a esto, la violación a la privacidad y el espionaje para recolectar información sobre los hábitos de las personas con una finalidad económica se van convirtiendo poco a poco en el estándar.

El caso más reciente es la demanda que sufre en estos momentos la empresa Bose, fabricante de los famosos audífonos inalámbricos. Aparentemente, la empresa consideró excelente la idea de que los usuarios, además de pagar una buena cantidad de dinero por los aparatos, también debían nutrir a su equipo de marketing mientras escuchan su música. Se acusa de que Bose podría recibir, mediante la app, datos sobre la música que les gusta a los usuarios, los programas de radio que escuchan y los podcast favoritos, entre otras cosas.

Vértigo

economía robusta y en crecimiento
(Ángel Hernández, págs 4-12)

En un contexto de incertidumbre internacional, donde prevalece una gran volatilidad, con un crecimiento mundial menor al esperado, con bajo rendimiento industrial en Estados Unidos, así como una caída en la producción petrolera del país y los precios internacionales del combustible, la economía de México nuestra sin embargo estabilidad y se mantiene en crecimiento, afirma el secretario de Hacienda y Crédito Publico, José Antonio Meade Kuribreña. El responsable de las finanzas nacionales destaca en entrevista que las reformas realizadas a la economía en administraciones anteriores –continuadas por el actual gobierno- han permitido enfrentar uno de los entornos más difíciles que México ha vivido en mucho tiempo.

Respecto del endeudamiento público y el aumento de la inflación, temas que preocupan entre el análisis e inversionistas, explica que se espera que el nivel de duda se estabilice empiece a caer a finales de año, además de que se logrará un superávit primario –el primero desde 2008-, lo que evitará que el gobierno se endeude para pagar intereses. Sobre los aumentos de precios, refiere que son temporales por el incremento de los combustibles y la depreciación del peso frente al dólar, pero las expectativas son que se estabilicen a principios del próximo año.

A manera de contexto, Meade puntualiza que lo más difícil para una economía es la incertidumbre y los grados de esta son muy importantes, como se vio en la relación con el vecino país del norte: desde el resultado electoral en Estados Unidos hasta que empezara la nueva administración, y una vez empezada esta se tendría mayor información que permitiría acotar escenarios posibles, lo que ayudaría a los actores económicos a tener un mejor horizonte de planeación. José Antonio Meade, se muestra cauto y refiere que la incertidumbre sigue estando presente y continúan los escenarios de riesgos, como los derivados de la versión de que el presidente de EU firmaría una orden ejecutiva para abandonar el TLCAN, lo que ocasionó una depreciación del peso frente al dólar y mayor incertidumbre.

El secretario de Hacienda destaca que en medio de un panorama complicado la economía mexicana tiene fortaleza en su mercado interno, así como capacidad de generar y de abrir espacios de inversión al sector privado. Y en un marco donde empieza a repuntar el crecimiento en el mundo, las exportaciones mexicanas están presentes, su capacidad manufacturera sigue vigente.

El bajo crecimiento de la economía es igualmente un tema que genera polémica y discusiones entre expertos y políticos, pero para el secretario de Hacienda hay que evaluarlo respecto del contexto: no es comparable el crecimiento que hoy se tienen con el pasado, si se toma en cuenta que el sector energético se desplomo en su plataforma y n su precio, lo que quiere decir que el PIB petrolero en México ha caído en los últimos años.

En referencia a quienes demandan un cambio de modelo de desarrollo, Meade Kuribreña dice que esas voces “desde alguna perspectiva tiene razón” y por eso se hicieron las reformas. Insiste en que deben preservarse el buen manejo de las finanzas públicas y el ejercicio prudente del espacio fiscal, como un activo de la economía mexicana.

En el edomex, todos los recursos partidistas
(José Antonio Caporal, págs 16-21)

Las campañas por la gubernatura del Estado de México entran en su etapa final: Josefina Vázquez, del PAN; Alfredo del Mazo, del PRI-PVEM-PANAL-PES; Juan Zepeda, del PRD; Óscar González, del PT; Delfina Gómez, de Morena, y Teresa Castell, independiente llevan a cabo sus últimos recorridos en los 125 municipios de la entidad. Buscan gobernar el estado que concentra el mayor número de inscritos en la Lista Nominal de Electores a nivel nacional, con once millones 313 mil 341, que representan 13.3% del total de ciudadanos con derecho a votar.

Pensión para adultos mayores, apoyos para madres trabajadoras, rehabilitación de escuelas, creación de planteles educativos a nivel medio superior y superior, mejora del transporte público, creación de empleos, impulso a la agricultura, construcción de clínicas y hospitales, abasto de medicamentos, cuidado del ambiente y, sobre todo combatir la inseguridad pública son las principales ofertas de campaña que realizan los candidatos. En la tarea se utilizan todos los recursos partidistas, ya que la elección mexiquense, coinciden los analistas, es fundamental para las aspiraciones de los institutos políticos rumbo a los comicios presidenciales del próximo año.

Luis Carlos Ugalde, director de la Consultoría Integralia, apunta que la importancia del Estado de México es obvia y fundamental, sin embargo dice, “los números son preliminares: las encuestas siguen mostrando más de 20% de indecisos, sea porque se trata de voto oculto o de castigo o de personas que siguen sin saber por quién votara. Sobre esto último el ex consejero electoral refiere que hay más de once millones de electores pero, indica, “se calcula que solo 45% asistirá a emitir su voto y lamentablemente vemos que la apatía y el abstencionismo marcan a la entidad mexiquense, dejando que unos pocos decidan por la mayoría”. De ahí hace una invitación a los ciudadanos para que vean la elección con responsabilidad social y hagan de ella un instrumento para influir en la toma de decisiones colectivas.

Ley contra la tortura, un gran paso en derechos humanos
(Ricardo Pérez Valencia, págs 28-32)

En nuestro país el combate a la tortura es una de las mayores preocupaciones de las autoridades y de la sociedad, por lo que resulta imprescindible contar con un marco jurídico encaminado a prevenir, investigar y sancionar la tortura. De acuerdo al Índice Global de Impunidad que realiza la Universidad de las Américas Puebla, México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayor impunidad, donde la tortura y malos tratos son generalizados y relatados en distintos informes de carácter internacional. Es importante reconocer que frente a la gran preocupación demostrada por la sociedad mexicana debido a la persistencia de este fenómeno, nuestras instituciones han adoptado medidas diversas en el ámbito de sus competencias.

La más reciente fue la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, prometida hace más de dos años por el Ejecutivo federal, dictamen que estuvo detenido casi un año en la Cámara de Diputados. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Amnistía Internacional (AL) celebran la aprobación de esta ley contra la tortura, afirmando que constituye un paso adelante para hacer frente a la crisis d derechos humanos que prevalecen en el país.

La legislación detalla que se prevé penas de diez a 20 años de cárcel y de 500 a mil días de salario mínimo como multa al servidor público que incurra en este delito. La pena aumentará en la mitad, es decir, hasta 30 años de prisión, cundo la victima de tortura sea niño, niña o adolescente, si es una mujer gestante, una persona con discapacidad, un adulto mayor o si la víctima es sometida a cualquier forma de violencia sexual, tengo la condición de inmigrante, afrodescendiente o pertenezca a una comunidad indígena.

Con todo, algunas voces externan el temor de que esta ley si no se aplica de manera eficaz, puede convertirse en letra muerta. Así, habrá que ir evaluando si se está cumpliendo el objetivo de la creación de esta urgente nueva legislación y viendo los potenciales beneficios que pueden traer una ley en esta materia, para que México vaya transformándose en un país de pleno respeto a los derechos humanos.

Siempre!

Trampa y provocación al Ejército

(Beatriz Pagés, Online)

La llamada telefónica que se recibió en la 25 Zona Militar de Puebla para denunciar la existencia de una toma clandestina de combustible en el municipio de Palmarito, y la forma como fueron atacados integrantes del Ejército mexicano cuando llegaron al lugar, tienen la apariencia de ser un escenario montado, preparado, por el crimen organizado.

Los hechos deben ser interpretados como una trampa y provocación al Ejército mexicano.

La intención es obvia: responsabilizar al Ejército de las muertes ahí ocurridas, para enfurecer a la población, provocar la intervención de Derechos Humanos y obligar a los militares a dejar la plaza en posesión de los grupos delictivos dedicados a la extracción clandestina de gasolina.

Las fuerzas armadas vuelven a ser víctimas de la delincuencia, pero también y sobre todo de los partidos políticos; se han negado a aprobar la Ley de Seguridad Interior con el argumento de que se quiere militarizar el país.

Lo paradójico del caso es que quienes se oponen a la presencia de las fuerzas armadas en puntos estratégicos del país no están preocupados por el escandaloso saqueo de hidrocarburos por el que Pemex y el país pierden 35 mil millones de pesos al año.

Los hechos recientes evidencian que el robo de gasolina se ha convertido —tal vez después de la venta de droga— en el más importante negocio de la delincuencia organizada y que, frente a su poder, el gobierno mexicano carece de una estrategia real, para impedir la constante violación de los ductos.

Pemex ha señalado que en la succión de combustible puede estar implicado personal de la empresa por la complejidad y el riesgo que implica la ordeña. La gran pregunta es si solo participan técnicos e ingenieros o si, en la red de corrupción, están implicados altos ejecutivos de la institución.

El saqueo, que cada segundo se hace a través de miles de tomas clandestinas, no es nuevo, pero el uso de la población civil para enfrentarla a las fuerzas armadas indica que el crimen organizado ha logrado, otra vez, aparecer como el redentor de los pobres.

Se vuelven a repetir escenarios similares a Ayotzinapa o Nochixtlán donde la delincuencia se monta en la pobreza para desacreditar las instituciones.

Guerra en el PAN por el 2018

(Armando Reyes Vigueras, Online)

Fue una sesión del Consejo Nacional del PAN distinta. El órgano partidista, antes encargado de la elección del presidente nacional del partido, retomó su origen deliberativo con el tema electoral y el debate volvió, pero para mostrar que el enfrentamiento interno por la candidatura presidencial puede provocar un choque de trenes.

En tribuna, Juan José Rodríguez Prats, Felipe Calderón y Ricardo Anaya mostraron el estado de ánimo de los azules. A más de un año de distancia de la elección de 2018, lo que se demostró en el órgano panista es que a algunos les urge ya contar con un candidato presidencial —en la idea de que López Obrador corre solo y es líder en las encuestas—, y por eso las presiones sobre Anaya para que defina si va a buscar ser el abanderado panista, las declaraciones de Moreno Valle de que no hay candidaturas plurinominales y las expresiones de Felipe Calderón de que podría dejar el partido que lo vio nacer, políticamente hablando.

Nadie quiere ceder y las batallas en el interior del blanquiazul se suceden con regularidad. Una de ellas es por la forma en que se va a elegir al candidato presidencial, pues no todos están de acuerdo con el proceso en el que ganaron Felipe Calderón en 2006 y Josefina Vázquez Mota en 2012.

Al parecer, uno de los más interesados en revisar —incluso modificando el marco legal interno— es el propio expresidente Felipe Calderón.

Pleito en la panadería

(Humberto Musacchio, Online)

Felipe Calderón está convertido en ave de tempestades. Un día se enreda en un pleito feroz con Humberto Moreira, a quien acusa de haber recibido de un contratista millones de pesos “en costales”, lo que respalda con un documento, presuntamente de una corte federal de Corpus Christi, Texas, según el cual fueron varios los “sobornos” a partir de 2008, justamente cuando el presidente de México no era otro que Felipe Calderón Hinojosa, quien debió saber de esos ilícitos y actuar en consecuencia, lo que no hizo por ineptitud, indolencia ¿o complicidad?

A la candidata de Morena a la gubernatura mexiquense no le reconoce capacidad para ocupar tan alto cargo y, según él, Delfina depende de Andrés Manuel López Obrador, con lo que incurre en discriminación de género, algo que debería tener presente, pues algunos comentaristas señalan que su interés en promover a Margarita Zavala como precandidata presidencial tiene por móvil convertirla en su títere. Por supuesto, en uno y otro caso hay que rechazar esas versiones torcidas que groseramente faltan al respeto a las mujeres e ignoran sus capacidades.

Ahora el rijoso michoacano, el mismo que hizo ejecutar a cien mil mexicanos en su loca y antipolítica guerra para combatir el crimen organizado, la ha tomado contra sus propios compañeros de partido, especialmente contra Ricardo Anaya, presidente del PAN, a quien tanto Calderón como Rafael Moreno Valle acusan de estar trabajando para su propia candidatura presidencial en perjuicio de Margarita Zavala y de Moreno Valle.

Tres razones para que Calderón deje el PAN

(José Luis Camacho Acevedo, Online)

Estas pudieran ser las razones por las cuales Felipe Calderón quiere abandonar el PAN, partido que lo vio nacer en el mundo de la política.

Miguel Ángel Yunes Linares, quien después de ganar las elecciones a gobernador de Veracruz, se colocó en una posición privilegiada para competir de forma mediática. Después capitalizó a su favor la captura de su antecesor, Javier Duarte en Guatemala. Entonces, Yunes es hoy en día el principal competidor a vencer.

Ricardo Anaya Cortés, líder nacional de su partido, que tiene controlada la estructura base en Coahuila y Nayarit, tanto así, que es probable que se repita la hazaña de las elecciones de 2016, y que el PAN se lleve dos de las tres gubernaturas que se disputan este 2017.

Rafael Moreno Valle, quien puede ser el factor bisagra entre el PRD y Morena, a través de su exsecretario de Gobierno, Luis Maldonado, actualmente en la campaña de Juan Zepeda, candidato perredista a gobernador del Estado de México. El exmandatario de Puebla, en caso de no resultar beneficiado en la lucha por la candidatura a la presidencial de 2018, podría amagar con la posibilidad de abandonar las filas panistas y actuar como factor bisagra entre el PRD y Morena.

Inaceptable negociar TLC bilateralmente

(Irma Ortiz, Online)

Luego de su atronadora declaración de que derogaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por no convenir a los intereses de Estados Unidos, Donald Trump se echó para atrás. Sin embargo, las reacciones negativas para nuestro país siguen presentes, un nervioso mercado cambiario que elevó al dólar hasta casi 20 pesos por unidad y sobre todo, la incertidumbre.

Esta situación se daba al tiempo que trascendía una filtración del Congreso norteamericano, en donde se señalaba que el gobierno de Trump estaría dispuestos a revisar todos los acuerdos del Tratado, es decir, abrirían la caja de Pandora. La posterior rectificación del presidente Trump vendría acompañada de conversaciones telefónicas con los presidentes de México y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau quienes, aseguró, le habrían llamado para pedirle que no se retirara y ante quienes se comprometió a no hacerlo.

Para algunos analistas, la amenaza de Trump estaba dirigida a nuestro país —como ya es su costumbre—, sin embargo, en opinión del exembajador de México en Canadá, Francisco Suárez Dávila, la rabieta estaba dirigida a Canadá, como señala a Siempre! También habla de las presiones económicas estadounidenses que habrían provocado la rectificación del voluntarioso mandatario norteamericano. Estos son sus conceptos.

México puede pararse de la mesa de negociación del TLCAN

(Nora Rodríguez Aceves, Online)

México tiene con que sentarse a la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio para America del Norte (TLCAN), porque para todos es claro, y sobre todo en Estados Unidos, que es un factor de competitividad, que es un mercado muy importante en los sectores agropecuario, de manufactura y de servicios.

“México tiene una posición de fortaleza y tiene que hacer valer su participación en el mercado y en la industria norteamericana. Estados Unidos no le está haciendo un favor a nuestro país. Estados Unidos, México y Canadá, deben sentarse a la mesa para ganar, si ésta no es la visión de los estadounidenses México tiene que levantarse de la mesa y retirarse, porque aún sin tratado tiene que aportar, siempre y cuando no adopte las mismas medidas proteccionistas y la misma visión de cerrazón que la administración de Donald Trump. Mientras no le copiemos estaremos mejor que si adoptamos políticas similares”, afirma Luz María de la Mora Sánchez, profesora asociada en la División de Estudios Internacionales del CIDE.

“Lo único claro es que el TLCAN sigue funcionando, los flujos comerciales siguen creciendo, de acuerdo a los datos de comercio de los primeros meses de este año, las exportaciones de Estados Unidos y de México crecieron más o menos 3% con respecto al mismo mes del año anterior, con todo y la incertidumbre que hay”.

Huachicoleros, expresión de la subcultura delincuencial

(Armando Reyes Vigueras, Online)

El fenómeno de los “huachicoleros” –ubicados en los municipios poblanos de Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo–, mismo que se relaciona con el robo de hidrocarburos, también ha mostrado una serie de ramificaciones sociales, pues la base social de apoyo para esta forma de delincuencia genera expresiones ciudadanas que incluso generan una defensa de esta actividad por pobladores de estas regiones.

El pasado 4 de mayo, una patrulla militar se enfrentó con presuntos huachicoleros en Palmarito, municipio de Quecholac, luego de que las fuerzas armadas acordonaron la zona, pobladores de dicho lugar cerraron la autopista en demanda de la salida del ejército, al cual acusaron de desaparecer a varias personas de la localidad. El bloqueo fue retirado luego de 4 horas luego de una serie de negociaciones entre los pobladores y autoridades del gobierno estatal. Y es que personal militar realizaba reconocimientos terrestres en ese poblado luego de que recibieran un llamado de emergencia sobre una toma clandestina de combustible en la zona y al acudir, fueron recibidos a balazos, sin que pudieran responder, ya que los presuntos criminales se ocultaron detrás de un grupo de mujeres y niños, el hecho se registró a las 20.15 horas.

De acuerdo a un comunicado de la secretaría de la Defensa, se realizó una nueva agresión alrededor de las 22 horas, en donde un grupo de hombres a bordo de cinco camionetas blindadas abrieron fuego que en este caso, si fue repelida por los militares. El saldo fue de 10 muertos, entre ellos 4 militares y 12 agresores detenidos, entre ellos dos menores edad, que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y a quienes se les aseguraron armas y los vehículos.

El enfrentamiento se da luego de que se reforzara la vigilancia en la zona, luego de la salvaje agresión a una familia en la carretera México Puebla, en el kilómetro 87+950, en donde fueron violadas dos mujeres— una menor de edad— y el asesinato de un bebé. Se investiga si el ataque estaría ligado a los llamados también chupaductos.

Severa reprimenda de la CIDH a México

(Raúl Jiménez Vázquez, Online)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe anual 2016. En el capítulo V está contenido el resultado del seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe 2015 sobre la situación de derechos humanos en México. A lo largo de 87 páginas, el ombudsman hemisférico da cuenta y razón pormenorizada del desastre humanitario en el que se halla envuelto nuestro país en virtud de la prevalencia de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y ataques generalizados a los derechos humanos de la comunidad lésbico-gay, las mujeres, los niños y adolescentes, los periodistas, los indígenas, los migrantes y los defensores de quienes son agredidos en su dignidad e integridad.

Dentro del subcapítulo “Seguridad ciudadana”, al gobierno federal se le hacen cinco severos reproches: I) no haber implementado un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; II) haberse abstenido de llevar a cabo acciones de fortalecimiento de la policía para realizar tareas de seguridad pública conforme a estándares internacionales de derechos humanos; III) no haber reorientado el abordaje del tema del narcotráfico de un enfoque de militarización y “combate frontal”, a uno con perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública; IV) no haberse asegurado de que en casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, las líneas de investigación incluyan la responsabilidad por cadena de mando; V) no haber adoptado e implementado medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación con operativos y tareas de seguridad pública en donde haya privación de la vida.

Ello evidencia palmariamente una total falta de voluntad política para atender y resolver esos importantes señalamientos, lo que le atribuye al Estado mexicano una seria responsabilidad internacional ya que no se ha dado cumplimiento al deber fundamental de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Desaparición involuntaria: ni una más

(Angélica de la Peña Gómez, Online)

México ha sufrido un vuelco desfavorable en la opinión internacional y no se recuperará hasta que haya justicia y se sepa el paradero de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada.

Este grave fenómeno obliga a aceptar sin cortapisas la magnitud del desastre de la desaparición forzada de personas y de la desaparición cometida por particulares que de manera cruenta se padece en prácticamente la mitad de las entidades federativas.

Obliga a atender el desastre de las policías en los tres órdenes de gobierno, el desacierto de enviar a militares y navales a funciones de seguridad pública violando la Constitución, y también a reconocer el derecho inalienable de miles de familias que, desde el sexenio de Calderón, exigen al gobierno la verdad sobre el paradero de sus familiares y las exigencias de justicia y de reparación, porque por desgracia se cuentan más de 30,000 personas desaparecidas en los últimos 10 años.

Al entrar en vigor se deberá crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas; el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas tanto comunes como clandestinas, el Protocolo Homologado de Búsqueda; los ámbitos de gobierno correspondientes deberán constituir la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Estatales de Búsqueda y además se deberá especializar policías para este cometido.
Impacto

Mancera, en tiempo… y forma

(Roberto Cruz, Online)

Lo habíamos dicho: Miguel Mancera, el hombre que no tiene partido, pero los quiere a todos, se mueve sin aspavientos. Se mueve con la cadencia de la propia marea.

Si Andrés Manuel López Obrador lo llama “prepotente” por el cese de Miguel Torruco como Secretario de Turismo, éste sólo le envía un saludo: “Le mando muchos saludos; que le vaya muy bien a don Andrés Manuel”.

O si el propietario de Morena le llama “títere” y “pelele” de la “mafia en el poder”, él vuelve a repetir el “saludo”,

El orden desorganizado

(Juan Bustillos, Online)

Más allá del resultado del debate del martes, Alfredo del Mazo Maza (para diferenciarlo de su abuelo y de su padre con quienes comparte nombre y ya fueron gobernadores) debe dar rienda suelta a su instinto y sacudirse la tutela de las 3 o 4 corrientes locales de poder mexiquense que han convertido a su campaña en un “desorden organizado” espectacular que mantiene preocupados a quienes desde la cúpula federal le confiaron la llamada “madre de todas las batallas”.

Más allá de acumular gubernaturas para la heráldica familiar, tiene una doble misión histórica ineludible: garantizar al PRI alguna posibilidad de competir en el 2018 y dotar a su partido de una fracción priísta mexiquense sólida y poderosa en la Cámara de Diputados en donde, por aquello del previsible equilibrio en el Congreso entre las tres fuerzas dominantes, PRI, Morena y PAN y sus aliados pequeños, el alicaído PRD y los independientes, en el Congreso se disputará el verdadero gobierno, el de Coaliciones.

El PRI es un experto en esa especie de gobiernos de coaliciones que se dieron en los sexenios anteriores de la era panista.

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