Rosa Elvira Vargas/LA JORNADA
Apenas iniciado su mensaje, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, definió que 2016 ”no fue un buen año para los derechos humanos”.
México enfrentó fenómenos de impunidad, desaparición forzada, aparición de fosas, feminicidios y asesinatos a periodistas y defensores de derechos humanos, documentó.
Asimismo, dijo, tampoco se advierte un cumplimiento cabal de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre todo cuando se trata de casos donde las violaciones se relacionan con desaparición forzada, tortura o ejecuciones arbitrarias.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto, buena parte de su gabinete (con la notoria ausencia de los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina) y representantes de organismos defensores de derechos humanos, González Pérez resaltó que 2016 ”fue un año donde las autoridades federales, estatales y municipales no pudieron garantizar plenamente la vigencia y respeto de los derechos humanos en diversas regiones del país”.
Además, la corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas hizo patente ”la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones” y en varias partes del país, ”no hubo condiciones mínimas de seguridad para la convivencia social y pacífica”.
Como lo referiría también momentos después el presidente Peña, el ombudsman habló de los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos, fenómeno que ha continuado este año. Esos hechos no pueden permanecer impunes, dijo.
Demandó entonces investigaciones ”prontas, exhaustivas e integrales” y que las autoridades realicen campañas donde se reconozca la importancia de las tareas de aquellos.
Dedicó también capítulo especial a la formulación de las leyes en materia de seguridad interior y regular el uso de las fuerzas armadas en acciones contra la delincuencia. Tener un marco normativo sobre tales funciones “no implica por sí misma la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia” que enfrenta el país.
Pidió una discusión amplia, plural e informada para formular esa ley que piden las propias fuerzas armadas. E insistió: la seguridad vinculada a las personas debe estar a cargo de instituciones de carácter civil”.
El ejército y la Marina deben regresar a sus cuarteles ”cuando las condiciones del país así lo permitan”, pero bajo un programa gradual y verificable.
Si la mencionada legislación se emitiera, señaló González Pérez, se debe tomar como premisa el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas.
”En modo alguno se debe propiciar que se restrinja o limite indebidamente el legítimo ejercicio de derechos tales como la protesta social, la libertad de expresión o la libertad de tránsito, entre otros”.
Varias veces interrumpido por el aplauso de los asistentes, el ombudsman cerró su mensaje señalando que las autoridades deben entender que el ejercicio del poder es para servir ”y no servirse de él”.
Llamó entonces a rencauzar la vida nacional ”por un camino de rectitud moral, legal y política” que ponga por delante los valores de la civilidad y la responsabilidad, pues el cumplimiento de la ley debe ir aparejado con el comportamiento ético y ejemplar de los servidores públicos.
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