LETICIA FERNÁNDEZ E ILICH VALDEZ/MILENIO
Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México rechazaron la lista de aspirantes a magistrados que realizó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, porque ninguno tiene la carrera judicial.
La Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino es clara al establecer que habrá preferencia para aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia en la impartición y procuración de justicia.
Apenas la semana pasada, Mancera propuso como aspirante a magistrado al actual director jurídico de la Secretaría de Movilidad, Rubén Alberto García; a la directora de administración en Venustiano Carranza, Yohana Ayala, y al ex contralor del IEDF, Miguel Ángel Mesa.
A esta lista se suma el ex diputado del PAN Ernesto Herrera; el oficial mayor del mismo Tribunal Superior de Justicia, Carlos Vargas, y dos integrantes del Consejo de la Judicatura, José Gómez y Marco Antonio Velasco.
Todos serán evaluados por los diputados de la Asamblea Legislativa para ser ratificados o rechazados como nuevos magistrados, cuya labor esencial es la de verificar las resoluciones impartidas por los jueces penales, civiles, familiares y de justicia para adolescentes.
El artículo 16 de la Ley Orgánica del TSJ establece como requisitos tener una antigüedad mínima de 10 años como licenciado en derecho, buena reputación y sin antecedentes penales.
En este mismo apartado, la legislación menciona que “los nombramientos de los magistrados serán hechos preferentemente, de entre aquellas personas que se hayan desempeñado como jueces o que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la impartición o procuración de justicia”.
Los nuevos magistrados ocuparían el cargo por seis años y una vez ratificados su permanencia será vitalicia hasta los 75 años de edad.
Sin impedimento
Rubén Alberto García, aspirante a magistrado no tiene investigación en su contra por el presunto delito de lesiones, ocurrido en 2002.
De acuerdo con la indagatoria de la PGJ, a la que tuvo acceso MILENIO, la falta de pruebas generó que se dictara un acuerdo de “No ejercicio de la acción penal”, por lo que fue cerrado en 2002.
García fue señalado en la indagatoria como exculpado, así lo demuestra la investigación, y no está impedido a ser candidato a magistrado del Tribunal Superior de Justicia capitalino.