Persiste explotación en San Quintín: CNDH

LUCIANO FRANCO/LA CRÓNICA DE HOY

La CNDH emitió ayer una recomendación dirigida a seis servidores públicos, tres secretarios de Estado y un gobernador, así como al director del IMSS y a un presidente municipal, por acciones y omisiones en perjuicio de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California, quienes continúan viviendo en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza.

Afirmó que se mantienen las condiciones que dieron lugar a la violación a sus derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual.

Por ello, la CNDH emitió la recomendación 2/2017, dirigida al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid; al alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna; a los secretarios de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda; del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y de Educación, Aurelio Nuño, así como al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola.

Tras el análisis de las evidencias del expediente CNDH/6/2015/2338/Q, la CNDH “evidenció la falta de coordinación interinstitucional para la implementación de acciones puntuales y eficientes para atender la situación, la consecución de las actividades de los grupos de trabajo, y la integración de sistemas de información que permitieran tener padrones de personas jornaleras.

“Hubo omisión para hacer un diagnóstico e identificar causas, problemáticas y áreas de oportunidad para canalizar estratégicamente los apoyos, individuales o colectivos, así como programas sociales y de infraestructura”, señala el órgano autónomo.

En un comunicado, señala que las omisiones detectadas confirmaron el incumplimiento de las obligaciones del Estado, a través de sus instituciones, para garantizar de manera efectiva los derechos humanos de esa población; esta circunstancia manifiesta una violación indirecta respecto de las personas jornaleras agrícolas en general, y de personas indígenas, mujeres y la niñez en particular, en dos perspectivas importantes: estructural y cultural.

La CNDH recibió escritos de queja los días 18, 19 y 24 de marzo de 2015, referentes a la detención arbitraria ocurrida el 17 de ese mismo mes y año por agentes de Seguridad Pública estatales, en agravio de más de 200 personas jornaleras agrícolas, entre las que se encontraban mujeres y aproximadamente 50 menores de 18 años, quienes habrían bloqueado la carretera Transpeninsular en protesta por sus inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social.

Como se recordará, los trabajadores agrícolas dijeron entonces que sus contratantes no les pagan un salario digno, ni horas extra, turnos dobles o triples que laboran; no los afilian al IMSS, ni les otorgan las prestaciones de ley, ni respetan los beneficios por gravidez conforme a la norma aplicable.

De lo investigado, se evidenció el uso injustificado de balas de goma, bombas de humo, así como lesiones a personas y daños en viviendas por la carencia de una efectiva supervisión de la actuación de los elementos de seguridad y la falta de aplicación de protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza, así como de dispositivos no letales.

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1011073.html

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