Víctor Fuentes/REFORMA
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó el campus principal de la Universidad de las Américas (UDLA) en San Andrés Cholula, Puebla, como consecuencia una deuda fiscal de la Fundación Mary Street Jenkins.
El inmueble, de 657 mil 881 metros cuadrados, fue embargado para garantizar un crédito fiscal de 45.2 millones de pesos por omisiones en pagos de impuestos federales en el ejercicio de 2012, que fue fincado por el SAT desde junio de 2014.
En febrero de 2016, el SAT embargó de manera coactiva, es decir, forzosa, el campus de la UDLA, que está valuado en 2 mil 134 millones de pesos, así como 6.5 millones de pesos que estaban disponibles en una cuenta bancaria, según documentos consultados hoy por REFORMA.
El 13 de septiembre, el SAT y la Fundación formalizaron el embargo, es decir, la propia contribuyente solicitó a la autoridad fiscal aceptar el inmueble como garantía de su deuda.
En paralelo, la Fundación promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para impugnar el crédito fiscal, que fue fincado por la Administración Central de Fiscalización Estratégica del SAT.
El pasado 5 de enero, el SAT se negó a devolver los 6.5 millones como pidió la Fundación, ya que esta cantidad fue aplicada para reducir el monto del crédito fiscal original, que bajó a 41.8 millones de pesos, lo que incluye un cálculo de los recargos que se seguirán generando mientras no se liquide el monto total de la deuda.
“El crédito fiscal que le fue determinado se encuentra subjúdice (en litigio), y hasta en tanto el juicio no sea resuelto en definitiva, los bienes que se encuentran garantizando el mismo no pueden solicitarse en devolución”, afirmó el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal en Puebla, Javier González Pioquinto.
El litigio entre la Fundación y el SAT está en etapa de peritajes y puede tomar más de un año, pues el fallo del TFJA será revisable por un tribunal colegiado de circuito, e incluso por la Suprema Corte de Justicia.
Si el crédito fiscal es confirmado y la Fundación no paga, en teoría el SAT podría sacar a remate el inmueble de la UDLA, aunque en la práctica es muy poco probable que se llegue a esa situación.
La Fundación, establecida en 1954 por William O. Jenkins, vive desde hace años un severo conflicto entre los miembros de la familia.
Guillermo Jenkins de Landa acusa a su padre, Guillermo Jenkins Anstead -fallecido en diciembre pasado-, y al resto de la familia de ceder, en abril de 2014, 720 millones de dólares de la Mary Street Jenkins a otra fundación, que ahora tiene su domicilio fiscal en Barbados.
Uno de los bienes cedidos a la nueva fundación fue precisamente el inmueble de la UDLA, aunque el embargo del SAT fue aplicado más de dos años después, con base en una escritura de 1996 ofrecida por la Mary Street Jenkins para probar que es la dueña.